DEMANDA DE NULIDAD. CUANDO EL PROMOVENTE NO HAYA RECIBIDO LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO PROCEDE REQUERIRLO CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA QUE INFORME LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DE DICHA RESOLUCIÓN. DEMANDA DE NULIDAD. NO DEBE TENERSE POR NO PRESENTADA CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO NO SE INDIQUE, ANTE LA FALTA DE LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR NO HABERLA RECIBIDO, LA FECHA EN QUE SE CONOCIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.
AMPARO DIRECTO 548/2014. 4 DE DICIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EDGAR BRUNO CASTREZANA MORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: GUSTAVO VALDOVINOS PÉREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado.
1. Antecedentes del acto reclamado.
Para el efecto de una cabal comprensión en la solución de los conceptos de violación, se impone contar con los siguientes datos relevantes, atento a las constancias que tuvo a su alcance la autoridad responsable.
1. Por oficio **********, de dieciocho de octubre de dos mil trece, el delegado federal en Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración comunicó al quejoso que a la fecha del oficio, no existía solicitud de devolución del billete de depósito **********, exhibido como garantía por el quejoso depositante, dentro del trámite migratorio de internación iniciado a favor de una persona de nacionalidad cubana, que fue autorizado el siete de abril de dos mil once.
2. Por oficio **********, de veinte de noviembre de dos mil doce (sic), el delegado federal referido comunicó al quejoso que en relación con su solicitud de devolución del billete de depósito fijado para garantizar los gastos de repatriación de la extranjera antes aludida, lo prevenía para que presentara alguno de los siguientes documentos, según el Acuerdo por el que se expide el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración:
"En caso de que el billete de depósito se haya presentado para el ‘Trámite de acreditación de requisitos para obtener calidad, característica y, en su caso, modalidad migratoria’ para la internación de un extranjero al país, el solicitante presentará alguno de los siguientes documentos:
"a) Copia del oficio con el que el INM negó el trámite;
"b) Constancia de no uso de la autorización del trámite y/o de la presencia física del extranjero ante la representación consular a la que se dirigió la autorización para documentar, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores; o,
"c) Documento que acredite fehacientemente el desistimiento de la solicitud de trámite."
3. Por oficio **********, de diecisiete de febrero de dos mil catorce, el delegado federal aludido resolvió hacer efectiva la garantía que fue avalada por el billete de depósito, consistente en la repatriación de la extranjera referida a su país de origen, lo que no aconteció, porque en el propio Instituto Nacional de Migración no existía registro de su salida a pesar de que su permiso terminó el dos de febrero de dos mil doce, lo que consintió el quejoso promovente al no presentar lo requerido.
4. En el mismo oficio **********, de diecisiete de febrero de dos mil catorce, se ordenó la notificación al quejoso promovente, con base en el artículo 8 Bis, fracción IV, del Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, a través de la sección de avisos en la propia delegación federal, notificación que debía permanecer por diez días. En lo que interesa, esa resolución es la siguiente:
"Cuarto. Notifíquese con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 Bis, fracción IV, del Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de noviembre de 2013, a través de la sección de avisos en esta delegación federal, en razón de que no fue posible llevar a cabo la notificación de manera personal, debiendo permanecer por un término de diez días en dicha sección y, finalmente, certificando dicho acto." (subrayado añadido)
5. Inconforme con esa resolución, el trece de mayo de dos mil catorce el quejoso promovió demanda de nulidad en contra del contenido del oficio **********, de diecisiete de febrero de dos mil catorce.
6. Por acuerdo de quince de mayo de dos mil catorce, la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa requirió al actor para que, acompañado a su escrito de demanda: a) precisara la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado; b) Exhibiera una copia adicional de la demanda y sus anexos; y, c) Exhibiera una copia del escrito por el que diera cumplimiento a lo requerido. Lo anterior, con el apercibimiento de tener por no presentada la demanda, en términos del artículo 15, fracciones I y VI y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En lo que interesa, el acuerdo es del contenido siguiente:
"Visto lo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, fracciones VII y XIII, de la ley orgánica de este tribunal, en relación con el diverso 15, fracciones I y VI y penúltimo párrafo y 40, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo: ... b) Informe la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución impugnada ... apercibido de que, en caso de incumplimiento, se tendrá por no presentada la demanda ..." (subrayado en el original)
7. Por escrito de treinta de mayo de dos mil catorce, el actor, en cumplimiento de lo requerido, manifestó que como el oficio impugnado se notificó en términos del artículo 8 Bis, fracción IV, del Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, a través de la sección de avisos de la propia delegación federal, era claro que tal notificación surtía efectos a partir del día siguiente al del término de los diez días en dicha sección y, finalmente, al certificar dicho acto. De ahí que, a su juicio, una vez que el demandado contestara, se tendría conocimiento de la certificación aludida.
8. En proveído de tres de junio de dos mil catorce, el Magistrado instructor tuvo por no presentada la demanda, porque el actor fue omiso en señalar la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de la resolución impugnada. Lo anterior con base en el artículo 15, fracción VI y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En lo que interesa, el acuerdo es del contenido siguiente:
"De la revisión de autos se advierte que el promovente fue omiso en señalar la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de la resolución impugnada, no obstante que le fue expresamente requerida ...; se dice lo anterior, toda vez que si bien el ocursante manifiesta que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 Bis, fracción IV, del Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, la resolución impugnada fue publicada en la sección de avisos de la autoridad emisora, dicha información -además de ser del conocimiento de este instructor, según consta en el auto de dieciséis de mayo citado- es insuficiente para satisfacer cabalmente el requisito formal a que alude la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ya que, finalmente, no se informa la data precisa en que tuvo conocimiento del acto combatido; en consecuencia ... se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de dieciséis de mayo de dos mil catorce, por lo que se tiene por no presentada la demanda. Sin que obste (sic) para determinación alcanzada, el hecho de que el promovente sostenga que, una vez que la demandada formule su contestación respectiva, se tendrá conocimiento de la fecha en que se hizo la certificación de notificación de la resolución impugnada y, con ello, la certeza del término para la presentación de la demanda, dando con ello cumplimiento a la prevención de trato; toda vez que dicha circunstancia no lo exime de la carga procesal de informar la fecha en que tuvo conocimiento de dicha resolución, pues de otra forma se incumpliría con la prevención establecida en la referida fracción VI del numeral 15 de la ley invocada, a la par de admitir una demanda que no reúne los requisitos establecidos por la ley para ese efecto." (subrayado añadido)
9. En contra de ese acuerdo, el actor interpuso el recurso de reclamación que fue resuelto por sentencia interlocutoria de uno de septiembre de dos mil catorce, por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el sentido de confirmar el proveído de tres de junio de dos mil catorce que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, sobre la consideración básica de que el artículo 15, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, permite prevenir al actor para que cuando afirme que no recibió constancia de notificación, señale la fecha en la que tuvo conocimiento de la resolución impugnada, a fin de determinar la oportunidad en la presentación de la demanda.
Lo anterior, puesto que, a juicio de la responsable, el contenido de la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no debe interpretarse de forma literal, por cuanto que no prevé que se señale la fecha en que el actor tuvo conocimiento del contenido de la resolución impugnada, sino la fecha en que fue notificado. Esa interpretación, sostiene la responsable, atiende a lo tutelado en el precepto que consiste en que el demandante allegue a juicio todos los documentos y los hechos que se estiman indispensables para resolver y que permitan a la autoridad demandada una debida defensa.
Tal es el acto reclamado en el juicio de amparo.
2. Violaciones procesales.
Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal(11) y 171 de la Ley de Amparo,(12) en el primer amparo directo que promueva un justiciable, con relación a un proceso administrativo, y en ocasión de una resolución que ponga fin al juicio, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y de aquellas que, en su caso, se adviertan en suplencia de la queja.
Este amparo directo es el primero que promueve la parte quejosa, con motivo de una resolución que puso fin al juicio natural. Por tanto, a fin de evidenciar el cumplimiento de las precitadas normas, conviene destacar:
a) La resolución que puso fin al juicio, es aquella que confirmó el proveído de cuatro de junio de dos mil catorce, dictado por el Magistrado instructor y que tuvo por no presentada la demanda de nulidad; esto es: la sentencia interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
b) Las únicas violaciones procesales que pueden existir hasta el momento procesal del juicio natural, son las que, en su caso, se hayan cometido desde la presentación de la demanda de nulidad hasta la sentencia interlocutoria referida.
c) No es posible analizar oficiosamente la existencia de transgresiones adjetivas, ya no se actualiza alguna hipótesis de suplencia de la queja.
d) La parte quejosa no formuló conceptos de violación de carácter adjetivo o procesal.
e) Por tanto, cualquier violación procesal que se haya cometido desde la presentación de la demanda de nulidad hasta la sentencia interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil catorce, no podrá ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo posterior.
f) Empero, lo anterior no implica que haya precluido la oportunidad para impugnar las violaciones procesales posteriores a esa etapa procesal del juicio de origen, en su caso.
Sentado lo anterior, los motivos de inconformidad se resolverán, atento a sus características y los temas efectivamente planteados.
3. Violaciones de fondo.
3.1 Requerimiento de precisar la fecha en que se tuvo conocimiento del acto impugnado.
Alega el quejoso, en una parte de su último concepto de violación, que el artículo 15, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo indica los documentos que el promovente del juicio de nulidad debe adjuntar a su demanda, y prevé distintas consecuencias para el caso de incumplir con esa carga procesal, según la importancia del documento omitido.
Agrega que, por ejemplo, cuando se omite adjuntar las pruebas de la actora, la consecuencia es tenerlas por no ofrecidas, mientras que cuando dejan de acompañarse los documentos previstos por las fracciones I a VI, el resultado será tener por no presentada la demanda.
Por tanto, dice, si no toda omisión de acompañar documentos tiene las mismas consecuencias, ya que se atiende a la importancia del documento para el ejercicio de la acción, es claro que cuando no se señala la fecha en que se practicó la notificación porque no se recibió constancia de ésta o porque se practicó por correo, no obstante que exista requerimiento con apercibimiento, entonces la consecuencia de tener por no presentada la demanda de nulidad resulta desmedida, pues la magnitud de la sanción no guarda equilibrio con la obligación formal incumplida.
El concepto de violación anterior es esencialmente fundado, porque al quejoso no se le podía requerir que exhibiera una notificación de la que no dispone, ni que proporcionara una información con la que no cuenta, además de que el apercibimiento que finalmente se le impuso no está contemplado en la ley aplicable.
En efecto, los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevén los requisitos de la demanda de nulidad y los documentos y datos que el actor en ese juicio debe indicar, así como las consecuencias para el caso de omisión o inobservancia de algún requerimiento. En suma, tales exigencias son:
I. Datos que se exige expresar en la demanda:(13)
I.1 La demanda de nulidad se desechará cuando el promovente no exprese:
I.1.1 Nombre del demandante, domicilio fiscal y domicilio para oír y recibir notificaciones.
I.1.2 Nombre del representante común, cuando la demanda se promueva por dos o más personas; previo requerimiento del Magistrado instructor para que presente cada uno su demanda, dentro del plazo de cinco días.
I.1.3 Resolución que se impugna. En caso de que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, se precisará la fecha de su publicación.
I.1.4 Conceptos de impugnación.
I.2 La demanda de nulidad se tendrá por no presentada, cuando el promovente no exprese:
I.2.1 Autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad; previo requerimiento al promovente para que lo señale dentro del término de cinco días.
I.2.2 Los hechos que den motivo a la demanda; previo requerimiento al promovente para que lo señale dentro del término de cinco días.
I.2.3 Nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya; previo requerimiento del Magistrado instructor al promovente para que lo señale dentro del término de cinco días.
I.2.4 Lo que se pida; previo requerimiento del Magistrado instructor al promovente para que lo señale dentro del término de cinco días.
I.3 Las pruebas se tendrán por no ofrecidas cuando en la demanda de nulidad no se expresen las que se ofrezcan; previo requerimiento al promovente para que las señale dentro del término de cinco días.
I.4 El Magistrado instructor proveerá lo conducente para la sustanciación y resolución del juicio en la vía que proceda (sumaria u ordinaria) cuando no se indique que se tramitará en la vía sumaria.
II. Documentos que se exige acompañar a la demanda:(14)
II.1 La demanda de nulidad se tendrá por no presentada cuando el promovente no adjunte:
II.1.1 Copia de la demanda y de los documentos anexos, para cada una de las partes; previo requerimiento al promovente por el Magistrado instructor para que los presente dentro del plazo de cinco días.
II.1.2 Documento que acredite la personalidad; previo requerimiento del Magistrado instructor al promovente para que lo presente dentro del plazo de cinco días.
II.1.3 Documento en que conste la resolución impugnada; previo requerimiento al promovente para que lo presente dentro del plazo de cinco días.
II.1.4 Copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad, si se impugna una resolución negativa ficta; previo requerimiento al promovente para que lo presente dentro del plazo de cinco días.
II.1.5 Constancia de la notificación de la resolución impugnada; previo requerimiento al promovente para que lo presente dentro del plazo de cinco días.
II.2 Las pruebas se tendrán por no ofrecidas cuando el promovente no adjunte:
II.2.1 Cuestionario que deba desahogar el perito, firmado por el demandante; previo requerimiento del Magistrado instructor al promovente para que lo presente dentro del plazo de cinco días.
II.2.2 Interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, firmado por el demandante, cuando los testigos tengan su domicilio fuera de la sede de la Sala; previo requerimiento al promovente para que lo presente dentro del plazo de cinco días.
II.2.3 Pruebas documentales que ofrezca. Si se trata de documentos considerados información confidencial o comercial reservada, deberá indicarse así. Debe señalarse el archivo o lugar en que se encuentran los demás documentos que no obren en poder del demandante. De los que pueda tener a su disposición, acompañará copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la promoción de la demanda. Si no se adjuntan a la demanda, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días, apercibido de tener por no ofrecidas las pruebas.
III. Cuando no se haya recibido constancia de notificación:
III.1 Si se alega que la resolución administrativa fue ilegalmente notificada, deberá indicarse la fecha en que se conoció y los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma.(15)
III.2 Si se aduce que la resolución no fue notificada, y que por ello no se conoce, deberá indicarse expresamente y señalar la autoridad a quien se atribuye tal resolución, su notificación o su ejecución.(16)
III.3 Si no se recibió constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, con indicación de la fecha en que dicha notificación se practicó.
Importa destacar de lo anterior que:
a) Acorde con tales preceptos, en los datos que deben expresarse en la demanda (artículo 14), ni en los documentos que deben acompañarse a la misma (artículo 15), se encuentra previsto como requisito para la admisión de la demanda de nulidad de una resolución administrativa el consistente en indicar la fecha en que se tuvo conocimiento del acto administrativo impugnado.
Es así, ya que no puede estimarse que el requisito de precisar la fecha de publicación cuando se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general (artículo 14, fracción II) sea aplicable a actos particularizados, justamente porque tales actos, por regla general, no se publican, sino que suelen dirigirse a la persona determinada individualmente.
b) Las únicas omisiones que tienen establecidas como sanción, el tener por no presentada la demanda, previo requerimiento para subsanarlas, bajo apercibimiento en ese sentido, son las siguientes:
b.1) Precisar la parte demandada (artículo 14, fracción III).
b.2) Expresar los hechos que den motivo a la demanda (artículo 14, fracción IV).
b.3) Precisar nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya (artículo 14, fracción VII).
b.4) Lo que se pida (artículo 14, fracción VIII).
b.5) Adjuntar copia de la demanda y de los documentos anexos (artículo 15, fracción I).
b.6) Adjuntar el documento que acredite la personalidad del promovente (artículo 15, fracción II).
b.7) Adjuntar el documento en que conste la resolución impugnada (artículo 15, fracción III).
b.8) Adjuntar copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad, cuando se impugne una negativa ficta (artículo 15, fracción IV).
b.9) Adjuntar constancia de la notificación de la resolución impugnada (artículo 15, fracción V).
c) La demanda se desechará en los siguientes casos:
c.1) Si se omite el nombre del demandante (artículo 14, cuarto párrafo).
c.2) Cuando se promueva por dos o más personas y no se nombre representante común (artículo 14, cuarto párrafo).
c.3) Cuando no se indique la resolución que se impugna (artículo 14, cuarto párrafo).
c.4) Cuando no se expresen conceptos de impugnación (artículo 14, cuarto párrafo).
d) Cuando se trata de la constancia de notificación de la resolución impugnada, que es uno de los documentos que deben acompañarse a la demanda (artículo 15), se establecen las siguientes hipótesis:
d.1) Existe tal constancia de notificación (artículo 15, fracción V).
d.2) Se alegan vicios en la notificación de la resolución, ya que no fue notificada o lo fue ilegalmente (artículo 16, primer párrafo) y, por tanto:
d.2.1) Cuando se alegue que la resolución administrativa fue ilegalmente notificada, deberá indicarse la fecha en que la conoció (artículo 16, fracción I).
d.2.2) Si se aduce que la resolución no fue notificada y que por ello no se conoce, deberá indicarse expresamente, y señalar la autoridad a quien se atribuye la notificación o su ejecución (artículo 16, fracción II).
d.3) Si no se recibió constancia de notificación o ésta fue practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, con indicación de la fecha en que dicha notificación se practicó (artículo 15, fracción VI).
Si esto es así, resulta claro que asiste razón al quejoso cuando afirma que la sanción que le impuso la responsable, consistente en tener por no presentada la demanda de nulidad, resulta desmedida pues la magnitud de esa sanción no guarda equilibrio con la obligación formal incumplida.
En principio, debe decirse que el acceso a la justicia constituye un derecho humano previsto tanto en la Constitución Federal como en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. Los preceptos relativos de tales instrumentos normativos disponen lo siguiente:
Artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
"Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley."
Artículo 25.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
"Artículo 25. Protección Judicial
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."
Los preceptos anteriores consagran el derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes y a tener un medio de defensa ante los Jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o la convención de referencia, todo lo cual se traduce en el derecho humano de acceso a la justicia.
Al interpretar el texto del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para satisfacer el derecho fundamental de acceso a la justicia no basta con la existencia formal de un recurso sino que, además, es necesario que el mismo sea efectivo, es decir, capaz de producir resultados o respuestas al problema planteado y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada.
Afirma que la obligación del Estado de proporcionar un recurso no se reduce a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales y a la posibilidad de acudir a ellos, sino que se extiende a que los recursos estén dotados de "efectividad", es decir, que la persona tenga la posibilidad real de interponerlo y de lograr, por su conducto, la protección de sus derechos fundamentales.
En esta tesitura, debe decirse que el juicio de nulidad constituye precisamente un medio de defensa al alcance de los gobernados que pretendan acceder a la justicia ante la violación a sus derechos humanos por parte de la autoridad.
Así, la determinación del juzgador de tener por no presentada una demanda de nulidad, cuando tal decisión no encuentra apoyo en la ley, implica en, sí misma, un impedimento para el acceso a la justicia eficaz establecida en los instrumentos normativos precisados con antelación. Esto es, cuando tal conducta no se ajusta a la ley, se traduce en una violación a ese derecho humano, porque impide, en forma contraria a derecho, que el justiciable acceda a un medio de defensa que legalmente le corresponde.(17)
Luego, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que el tener por no presentada la demanda de nulidad por la parte quejosa en el juicio de origen, no se encuentra ajustado a derecho, al inobservar lo dispuesto en los referidos preceptos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
En efecto, la legislación aplicable, artículo 8 bis del Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, que dispone las formas de notificación, textualmente dice:
"Artículo 8 Bis. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas, podrán realizarse por cualquiera de los siguientes medios:
"I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;
"II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo;
"III. Mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente el envío de los mismos;
"IV. Mediante su publicación en la sección de avisos de la oficina de trámites migratorios que corresponda, cuando los interesados se nieguen a recibir la notificación, se desconozca el domicilio de la persona a la que haya de notificarse, exista una causa de fuerza mayor que impida llevar a cabo la notificación en términos de lo previsto en las fracciones I y II de este artículo, o cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente, siempre que se certifique debidamente la publicación y el retiro de la notificación en la sección de avisos, o
"V. Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal.
"Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar.
"En todo lo no previsto en el presente artículo, se aplicará supletoriamente lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles."
De la transcripción anterior se advierte, pues, que en tal precepto sí se prevén formas de notificación en las que existirá una constancia de notificación que se entregue al particular (personalmente, oficio, telefax, comunicación electrónica, correo ordinario, mensajería, telegrama); empero, también se disponen formas de notificación en las cuales no existe constancia de notificación que se entregue al particular (publicación en la sección de avisos y edictos).
Lo anterior fue soslayado por la responsable al validar el acuerdo de tres de junio de dos mil catorce, recaído a la promoción por la que el quejoso actor pretendió dar cumplimiento al requerimiento de señalar la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto impugnado, y en el que el Magistrado instructor determinó tener por no presentada la demanda de nulidad, con fundamento en el artículo 15, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Es así, porque la Sala responsable debió advertir que el actor se encontraba en el supuesto de la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; esto es, era el caso de que al ser notificado mediante publicación en la sección de avisos de la autoridad demandada, no contaba con una constancia de notificación, según se desprende de la propia resolución de diecisiete de febrero de dos mil catorce, que pretendió impugnarse en el juicio de nulidad (folio 10).
En otras palabras, la responsable dejó de advertir:
a) Que el requerimiento con apercibimiento realizado al actor, con base en la fracción V del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, era incongruente con su si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25518-3ccfea34/demanda-de-nulidad-cuando-el-promovente-no-haya · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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