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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL ESTABLECER LA CONSECUENCIA DE TENERLA POR NO PRESENTADA CUANDO EL PROMOVENTE NO SEÑALE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO EN CASO DE NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN O HABERSE PRACTICADO ÉSTA POR CORREO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE INTERPONE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SU MATERIA COMPRENDE TAMBIÉN EL PROVEÍDO DE PREVENCIÓN DEL QUE DERIVA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 565/2014. · Registro digital (IUS): 25595
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-04-24
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Pág. 1374.

AMPARO DIRECTO 565/2014. 15 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAFAEL MARTÍN OCAMPO PIZANO. SECRETARIA: ANGÉLICA DEL CARMEN ORTUÑO SUÁREZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son parcialmente fundados pero insuficientes y, en lo restante, infundados, los motivos de inconformidad vertidos por el quejoso.

Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil catorce ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, **********, por su propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo federal contra la resolución contenida en el oficio número **********, de diecisiete de febrero de dos mil catorce, emitida por el **********, por medio de la cual ordena hacer efectiva la garantía consistente en el billete de depósito número **********, por el monto de $**********.

Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil catorce, el Magistrado instructor emitió una prevención al promovente, bajo el apercibimiento que de no cumplimentarla se tendría por no presentada la demanda.

A través del ocurso recibido el dos de junio de dos mil catorce en la referida oficialía de partes, el promovente pretendió dar cumplimiento a la prevención precisada en el párrafo anterior, del que se dio cuenta por auto de cuatro de junio de dos mil catorce, donde se tuvo por incumplido el requerimiento y, en consecuencia, por no presentada la demanda.

Inconforme con el proveído emitido por el Magistrado instructor, el promovente interpuso recurso de reclamación por escrito presentado ante la oficialía de partes de la Sala responsable el siete de julio de dos mil catorce, el cual, previo trámite de ley, fue resuelto el cinco de septiembre del dos mil catorce, en el sentido de confirmar el proveído reclamado.

La resolución referida en el párrafo que antecede constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa, en donde se hacen valer los conceptos de violación que a continuación se analizan, en orden distinto al propuesto y en forma conjunta, los que guardan estrecha relación, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.

Es pertinente establecer que en la demanda se hacen valer argumentos en donde se cuestiona la constitucionalidad del artículo 15, fracción VI y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; sin embargo, tal impugnación parte de la interpretación que de dicho numeral hizo la autoridad responsable, lo que lleva a establecer la necesidad de que, previo al estudio de constitucionalidad, se realice el inherente al criterio interpretativo del precepto en comento.

Este tribunal externa su afinidad con la siguiente jurisprudencia proveniente de los Tribunales Colegiados de Circuito, que presenta los siguientes datos de localización, rubro y texto:

"Novena Época

"Registro digital: 163236

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXIII, enero de 2011

"Materia(s): Común

"Tesis: I.7o.A. J/62

"Página: 2831

"AMPARO DIRECTO. CUANDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDÓ EL ACTO RECLAMADO, QUE POR REGLA GENERAL SON DE ESTUDIO PREFERENTE, DEPENDEN DE LA INTERPRETACIÓN QUE DE ELLA REALIZÓ LA RESPONSABLE, POR EXCEPCIÓN, DEBE ANALIZARSE ÉSTA PRIMERO. Atendiendo al principio de prelación, por regla general, en el juicio de amparo directo es de estudio preferente el aspecto de inconstitucionalidad de la norma en que se fundó el acto reclamado, pues de considerarse fundado, se concederá la protección de la Justicia Federal para que se deje insubsistente el fallo y se emita otro que la autoridad responsable ya no podrá fundar en la misma disposición, generando mayores beneficios que una protección de garantías por aspectos de legalidad, para lo cual, debe precisarse si la sentencia combatida se apoyó en la norma que se tilda de inconstitucional, ya que el supuesto contrario acarrearía la inoperancia de los argumentos planteados; sin embargo, esta regla tiene una excepción, cuando los conceptos de violación del planteamiento de inconstitucionalidad dependen de la interpretación que realizó la responsable a la norma impugnada pues, desde luego, corresponderá en primer término que el tribunal confirme el criterio interpretativo, ya que, si con motivo del cuestionamiento de legalidad, del cual depende el de constitucionalidad, el órgano jurisdiccional en amparo alcanza una conclusión distinta de aquella que sostuvo la responsable para sustentar su fallo, es obvio que en este nuevo pronunciamiento ya no existirá motivo alguno para que se analice el tópico de constitucionalidad de leyes, dando lugar a conceder el amparo para que se deje insubsistente el fallo y se emita una nueva resolución con base en la interpretación que del numeral controvertido fije el órgano colegiado en amparo."

Concepto de violación primero y parte conducente del segundo.

Indebida resolución de los argumentos expresados contra la legalidad del acuerdo de prevención emitido en el juicio.

Hace valer el quejoso que acepta el hecho de que entre los supuestos de procedencia para el recurso de reclamación, establecidos en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se encuentra el acuerdo por el que se emite una prevención en el juicio, pero estima que ello no impide su impugnación al controvertirse el proveído que tiene por no presentada la demanda, ya que este último se funda precisamente en él.

Que bajo el criterio asumido por la autoridad responsable, se le deja en estado de indefensión al no permitirle la impugnación del acuerdo por el que se llevó a cabo el requerimiento que se estimó incumplido.

Estima que, en el caso, carece de sustento legal la prevención de mérito, toda vez que desde el escrito de demanda quedó de manifiesto su desconocimiento de la constancia de notificación de la resolución impugnada, al provenir de un procedimiento que considera ilegal, siendo que el artículo 15, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es aplicable solamente en los casos donde en la demanda se haga constar que no se recibió la constancia de notificación o que ésta se llevó a cabo por correo, sin que en el caso se actualizara alguno de esos supuestos.

Que si la prevención se sustenta en la estimación de que la demanda resultaba oscura, la legalidad del acuerdo emitido por el Magistrado instructor dependía de la cita del artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, sin que se cumpliera con ello en el proveído emitido.

Son parcialmente fundados, pero insuficientes, los motivos de inconformidad que se analizan.

Los artículos 58-3, 58-9, 59 y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, son del texto siguiente:

"Artículo 58-3. La tramitación del juicio en la vía sumaria será improcedente cuando:

"I. Si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58-2;

"II. Simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en el artículo anterior, se controvierta una regla administrativa de carácter general;

"III. Se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el capítulo II del título V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

"IV. Se trate de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual;

"V. Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, incluyan alguna otra carga u obligación, o

"VI. El oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a las personas señaladas como testigos.

"En estos casos el Magistrado instructor, antes de resolver sobre la admisión de la demanda, determinará la improcedencia de la vía sumaria y ordenará que el juicio se siga conforme a las demás disposiciones de esta ley y emplazará a las otras partes, en el plazo previsto por los artículos 18 y 19 de la misma, según se trate.

"Contra la determinación de improcedencia de la vía sumaria, podrá interponerse el recurso de reclamación ante la Sala Regional en que se encuentre radicado el juicio, en el plazo previsto por el artículo 58-8 de esta ley."

"Artículo 58-9. Las medidas cautelares, se tramitarán conforme a las reglas generales establecidas en el capítulo III de esta ley. El Magistrado instructor estará facultado para decretar la resolución provisional o definitiva que corresponda a las medidas cautelares.

"Contra la resolución del Magistrado instructor dictada conforme al párrafo anterior procederá el recurso de reclamación ante la Sala Regional en la que se encuentre radicado el juicio."

"Artículo 59. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del Magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sala o Sección respectiva, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate."

"Artículo 62. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda. ..."

En el juicio contencioso administrativo federal se regula el recurso intraprocesal especificado como de "reclamación", a través del cual, pueden controvertirse resoluciones de trámite emitidas, ya sea por el Magistrado instructor, o bien, por la Sala, que para efectos de practicidad pueden agruparse de la siguiente forma:

Resoluciones emitidas por el Magistrado instructor susceptibles de controvertirse en el recurso de reclamación.

1. Tratándose de la demanda, la contestación, la ampliación, la contestación a la ampliación o una prueba, procede contra la resolución que la admita, deseche o tenga por no presentada.

2. Por cuanto hace al sobreseimiento antes del cierre de la instrucción en el juicio, procede contra la resolución que lo decrete o niegue.

3. En lo que atañe al tercero interesado, procede contra la resolución que admita o rechace su intervención.

4. Respecto de la determinación de la vía sumaria, procede contra el acuerdo que declare su improcedencia.

5. Procede contra la resolución que conceda, niegue, modifique o revoque la medida cautelar, ya sea provisional o definitiva.

Resoluciones emitidas por la Sala impugnables en el recurso de reclamación.

1. Las resoluciones que decreten medidas cautelares positivas.(5)

Es preciso tomar en consideración que para salvaguardar el cumplimiento de la garantía de acceso completo y eficaz a la impartición de justicia, prevista por el numeral 17 de nuestra Carta Magna, especialmente tratándose de los órganos primarios, no puede limitarse la procedencia del recurso para un supuesto de entre diversos que conllevan similares consecuencias; razón por la cual, la materia de impugnación en el recurso en comento no debe delimitarse bajo una interpretación literal de la norma, sino que debe hacerse extensiva a los casos análogos a los expresamente delimitados por el legislador.

Es procedente citar, por analogía, la siguiente tesis emitida por Nuestro Más Alto Tribunal, que presenta los siguientes datos de localización, rubro y texto:

"Novena Época

"Registro digital: 200152

"Instancia: Pleno

"Tesis: aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: III, abril de 1996

"Materia(s): Constitucional, Administrativa

"Tesis: P. LVIII/96

"Página: 126

"RECLAMACIÓN EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE ESE RECURSO SÓLO PARA LOS ACUERDOS QUE DESECHAN UNA DEMANDA DE NULIDAD, Y NO EN CONTRA DE LOS QUE LA TENGAN POR NO INTERPUESTA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversos criterios jurisprudenciales, que el juicio administrativo debe contener las condiciones que faciliten al particular la aportación de elementos en que funda su derecho. Si de lo dispuesto en el artículo 242 del Código Fiscal de la Federación se llega a establecer que el recurso de reclamación sólo es procedente contra el auto que desecha una demanda y no contra aquel que la tiene ‘por no interpuesta’, esa reglamentación pugna con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, porque al limitar el uso del recurso a un supuesto de entre varios que tienen similares consecuencias, priva al interesado del derecho a la impartición de justicia, en tanto que le impide el acceso a los órganos primarios de justicia, resultando, en consecuencia, violatorio de las garantías de debido proceso legal y de audiencia. Por tanto, como en el código referido no existe una regla que señale con toda precisión la diferencia entre los términos ‘desechar’ y ‘tener por no interpuesta’, evidentemente se trata de situaciones análogas contra las que, por igualdad de razón, debe tramitarse el recurso de reclamación como medio ordinario de defensa."

Este tribunal es coincidente con el razonamiento esencial establecido en la siguiente jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito:

"Novena Época

"Registro digital: 188370

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, noviembre de 2001

"Materia(s): Administrativa

"Tesis: VI.3o.A. J/5

"Página: 458

"RECLAMACIÓN. PROCEDE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SÓLO CONTRA RESOLUCIONES EXPRESAMENTE CONSIGNADAS EN ÉL, SINO TAMBIÉN CONTRA AQUÉLLAS DE NATURALEZA ANÁLOGA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció criterio en cuanto a que la interpretación del citado precepto no debe hacerse de manera limitativa sino amplia, en aras de la garantía de defensa del contribuyente, y si bien esa interpretación surgió a la luz del texto de la ley vigente en mil novecientos noventa y cuatro (que no contemplaba expresamente la reclamación cuando se tenía por no interpuesta la demanda), con posterioridad el legislador adecuó el contenido del artículo al espíritu de ese criterio judicial (ahora sí lo prevé para el caso referido), de donde se advierte que el recurso de reclamación en el juicio fiscal procede no sólo contra las resoluciones referidas en él, sino en todos los casos donde los temas giren sobre tales puntos; de manera que si dicho recurso procede contra las determinaciones expresamente referidas, de igual forma resultará procedente en casos no previstos pero análogos."

En el caso, la Sala responsable emitió el siguiente pronunciamiento:

"A criterio de los Magistrados integrantes de esta Sala, el argumento referido se considera inatendible. Por principio, cabe precisar que el auto materia de impugnación en la presente instancia, lo es el de cuatro de junio de dos mil catorce, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda, por estimar que el actor no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en el diverso proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce. En ese contexto, el requerimiento formulado al actor mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce no reviste la materia de impugnación, de conformidad con lo que establece el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sino, como se dijo, lo es el diverso auto de cuatro de junio de dos mil catorce, por el cual se tuvo por admitido el citado medio de defensa, según consta en el proveído de nueve de julio del año en curso. A fin de evidenciar lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 59 antes referido, que establece: ‘Artículo 59. (se transcribe).’. Del precepto legal que antecede se advierte que el recurso de reclamación únicamente procede contra las resoluciones del Magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción, así como las que admitan o rechacen a un tercero. Ahora bien, en el caso, del contenido de los argumentos formulados por el accionante en el segundo agravio, se advierte: a) Que no controvierten de manera directa la determinación del Magistrado instructor en la que tuvo por no presentada la demanda. b) Que, por el contrario, van encaminados a controvertir el requerimiento previo a admitir, contenido en el proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce, que formuló el Magistrado instructor. Sin embargo, el requerimiento previo a admitir no puede ser materia de análisis, ya que el recurso de reclamación únicamente procede respecto de los supuestos que establece el artículo 59 de la ley adjetiva en cita, dentro de los cuales no está el requerimiento previo a admitir. Así las cosas, de las constancias que obran en autos se deduce que la materia de la litis en el presente recurso lo es el proveído de cuatro de junio de dos mil catorce, por el que se tuvo por no interpuesta la demanda de nulidad y no el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce. De ahí que sean inatendibles los argumentos del actor contra el aludido requerimiento, ya que este último no es impugnable por vicios propios en vía de reclamación."

No es objetivamente correcta la determinación de la Sala al calificar de inatendibles los agravios expresados por el recurrente, mediante los cuales cuestionó la legalidad del acuerdo recurrido, al impugnar a su vez la legalidad del proveído que constituía su antecedente inmediato.

Se pondera el hecho de que el acuerdo por el cual el Magistrado instructor emite una prevención en el juicio contencioso administrativo, no se ubica entre las hipótesis legales que expresamente regulan los numerales antes citados, ni puede considerarse un caso análogo a dichas hipótesis; no obstante, deben tomarse en consideración las circunstancias que distinguen el caso en particular.

En efecto, el acuerdo expresamente materia de la reclamación en el juicio de nulidad del que emanó el acto reclamado, es el proveído de cuatro de junio de dos mil catorce por el que se tuvo por no presentada la demanda, que sí se ubica entre los supuestos literalmente señalados por el legislador como impugnables a través del recurso de reclamación.

Al respecto, es pertinente mencionar que la determinación emitida por el Magistrado instructor de tener por no presentada la demanda, no deriva de un pronunciamiento aislado, sino que constituye la consecuencia aplicada para lo que estimó como el incumplimiento a un requerimiento previo que efectuó al justiciable.

En esa tesitura, el debido análisis de la legalidad del acuerdo por el cual se tuvo por no presentada la demanda, cuando constituye la consecuencia derivada de una prevención contenida en un proveído anterior, no puede acotarse al estudio específico de los motivos y fundamentos que se expresan en el primer acuerdo referido, sino que debe comprender a la propia resolución que le da origen y sustento.

Estimar que el justiciable se encuentra impedido para cuestionar la legalidad del acuerdo que emite la prevención, y que sólo puede verificarse la legalidad del ulterior auto por el que se tuvo por cumplido o no lo requerido, constituye una violación a la garantía de acceso a la impartición de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que se puntualizan a continuación.

En casos como el que nos ocupa, la declaratoria de tener por no presentada la demanda no constituye una cuestión diversa del ejercicio de ponderación del Magistrado instructor para verificar si se cumplió o no el requerimiento por él emitido, por lo que no resulta aceptable que deba pasarse por el contenido del requerimiento sin poder cuestionar su legalidad y limitar la impugnación a verificar si se cumplió o no un requerimiento que, en sí mismo, puede carecer de sustento acorde al marco legal.

A consideración de este tribunal, no puede aceptarse que únicamente sea susceptible de verificación si se cumplió lo requerido por el Magistrado instructor, excluyendo la posibilidad de dilucidar si el propio requerimiento se apega a derecho, ya que la litis bien puede trascender al hecho de si se cumplió o no lo exigido, o a la circunstancia de controvertir que dicha prevención no debió existir, lo que, desde luego, constituye una cuestión de estudio previo.

Un elemento adicional que sustenta la determinación emitida descansa en el hecho, igualmente precisado con antelación, relativo a que el acuerdo por el que se emite un requerimiento en el juicio contencioso administrativo federal por omisión de requisitos formales en el escrito de demanda, no es impugnable por sí solo, vía recurso de reclamación, que constituye el medio de defensa ordinario establecido por el legislador para dirimir las cuestiones que se susciten en el devenir de la instrucción del juicio, siendo que, acorde con la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, se reserva la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, quedando excluido de ello lo atinente a cuestiones meramente procesales.

Cobra aplicación, por analogía, la siguiente jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal, que presenta los siguientes datos de localización, título, subtítulo y texto:

"Décima Época

"Registro digital: 2006589

"Instancia: Pleno

"Jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 7, Tomo I, junio de 2014

"Materia(s): Común

"Tesis: P./J. 37/2014 (10a.)

"Página: 39

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;’; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ‘... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo’; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."

En esa tesitura, si el acuerdo que emite una prevención por omisión de cuestiones formales en el escrito de demanda no es susceptible, por sí solo, de impugnación vía recurso de reclamación y, a su vez, respecto de este tipo de actos la procedencia del juicio de amparo indirecto se reserva para aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos en los términos antes puntualizados, para no dejar en estado de indefensión al justiciable, lo conducente es determinar que sus motivos y fundamentos sí son controvertibles con motivo del oportuno recurso de reclamación que se interponga contra el proveído que dé cuenta con el cumplimiento o incumplimiento de lo requerido, y aplique la consecuencia que el marco legal determine.

Un último argumento que sustenta la conclusión alcanzada recae en el hecho de que los medios de defensa, en general, son creados por el legislador con la finalidad de otorgar a los justiciables elementos que faciliten la defensa de sus derechos, por lo que no deben ser tratados con un rigorismo que los convierta en trampas procesales que, en vez de facilitar, obstaculicen la defensa de tales derechos, como ocurriría de sostener la postura de que en el recurso de reclamación contra el acuerdo en comento no puede cuestionarse la legalidad del requerimiento que dio origen a la consecuencia, sino únicamente constatarse si se cumplió o no lo exigido.

Una vez delimitado el hecho de que en el juicio contencioso administrativo federal seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sí es dable que se controviertan los motivos y fundamentos del acuerdo por el que se emite una prevención por presuntas omisiones formales en el escrito de demanda, con motivo de impugnación, vía recurso de reclamación interpuesto contra el auto que tiene por no presentada la demanda por la declaratoria de incumplimiento de lo requerido, es preciso establecer que, aun cuando en un principio la Sala responsable declaró inatendibles los agravios vertidos por el quejoso sobre dicha cuestión, ello no constituye impedimento para que este tribunal resuelva de fondo la legalidad del acuerdo de prevención, en el entendido de que en el propio texto del acto reclamado, paralelo a la declaración de inatendibles de dichos agravios, la responsable emitió un pronunciamiento donde estableció como apegado a derecho el requerimiento de mérito.

En efecto, el quejoso indica que la Sala responsable omitió emitir su pronunciamiento sobre argumentos que controvertían la legalidad del requerimiento emitido, tales como que desde el escrito de demanda quedó de manifiesto el desconocimiento de la forma en que se notificó el acto impugnado y que debía tenerse como tal la del propio procedimiento, y que se brindaron elementos suficientes para admitir de conformidad la demanda, pues al contestarla su contraria se contaría con los elementos para conocer la oportunidad en su presentación, por lo que debió privilegiarse el acceso a la impartición de justicia, sobre la posible duda respecto de dicha cuestión que, de existir, el juzgador debió esperar a que se integrara debidamente la litis.

Si bien el quejoso asume que no fueron contestados dichos argumentos, lo cierto es que sí lo llevó a cabo la autoridad responsable en forma global, al emitir un pronunciamiento sobre la legalidad tanto del acuerdo de requerimiento (aun cuando previamente declaró que quedaba excluido de la ma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25595-bc8c6152/demanda-de-nulidad-el-articulo-15-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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