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AMPARO DIRECTO 410/2021. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. PONENTE: NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLVERA.
CONSIDERANDO:
DÉCIMO.—Estudio. Resultan fundados, en parte, los argumentos hechos valer por la quejosa en su primer concepto de violación y, por ende, suficientes para alcanzar parte de sus pretensiones, aunque para así estimarlo se atienda a la causa de pedir, como enseguida se verá.
En apoyo a esto, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, con número de registro digital: 191384, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión, la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."
• Violación a las normas esenciales del procedimiento que rigen para el perfeccionamiento de las actas de hechos, que dieron origen a la diversa acta de investigación administrativa por la que se rescindió la relación de trabajo a la actora, así como de otros documentos.
Pues bien, importa indicar de inicio, que el juicio de amparo directo se rige por el principio de concentración, conforme al cual el Tribunal Colegiado de Circuito tiene el deber de procurar resolver el asunto en su integridad, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, lo que de suyo implica el pronunciamiento de todas las violaciones procesales que se hagan valer por la parte quejosa, como lo dispone el artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como los diversos 74 y 174 de la Ley de Amparo; así como respecto de las violaciones cometidas en la resolución impugnada, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución definitiva de la controversia.
Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 813, con número de registro digital: 2006743, cuyos título, subtítulo y texto son los siguientes:
"VIOLACIONES PROCESALES. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE TODAS LAS QUE HAGAN VALER LAS PARTES O LAS QUE, CUANDO ELLO PROCEDA, ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011). Del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, así como del proceso legislativo que le dio origen, se sigue que el juicio de amparo directo se rige por el principio de concentración, acorde al cual el Tribunal Colegiado de Circuito debe procurar resolver el asunto en su integridad, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, lo que implica pronunciarse sobre todas las violaciones procesales que se hagan valer y las que advierta en suplencia de la queja, cuando ello proceda, así como de las violaciones cometidas en la sentencia, laudo o resolución reclamada, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución definitiva de la controversia. En ese tenor, la circunstancia de que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional advierta que la resolución impugnada adolece de un vicio formal, no le impide analizar las violaciones procesales que pudieran trascender a su sentido, al encontrarse obligado a ello ya que, aun cuando determine su existencia, válidamente puede destacar la violación formal advertida, a fin de evitar que la autoridad responsable incurra de nueva cuenta en ella, al emitir la resolución que corresponda en cumplimiento a la ejecutoria de amparo."
En las anotadas condiciones, de los preceptos invocados párrafos arriba, este órgano colegiado efectuará el estudio de las violaciones procesales hechas valer, con el fin de evitar nuevas demandas de amparo por ese tipo de vulneraciones, teniendo en cuenta que las mismas no necesariamente deberán prevalecer sobre los vicios de fondo que, en su caso, lleguen a encontrarse en el laudo reclamado, y que generen mayor beneficio en favor de la quejosa, pues de ser así se soslayaría el pronunciamiento de las irregularidades procesales que se adviertan.
En principio, este tribunal de amparo procederá al análisis de las violaciones procesales hechas valer por la universidad quejosa, a manera de conceptos de violación que, a su juicio, contrarían las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, el análisis de los conceptos de violación se realizará en diverso orden al propuesto, o bien de manera conjunta, sin que ello pueda causar perjuicio al impetrante, pues lo que interesa es que este tribunal se ocupe de cada uno de ellos.
Violación procesal inoperante.
Pues bien, en primer orden se tiene que en una parte del primer concepto de violación señala la universidad quejosa que respecto de la prueba ofrecida con el numeral 15 (consistente en original del acuse de recibo del oficio de acreditación **********, de 14 de junio de 2016, recibido por el Comité Ejecutivo del STUNAM), al realizarse el cotejo ofrecido respecto a dicha probanza, el actuario adscrito a la Junta responsable, de manera ilegal e incongruente, asentó en la diligencia que se encontraba en la calle **********, cerciorado de ser el domicilio correcto, por así indicarse en la placa de identificación que se encontraba en la esquina de la calle, percatándose que la colonia no era **********, como lo señaló la demandada, sino **********, por lo que al ser impreciso el domicilio, no era posible desahogar el cotejo.
Sin embargo, dice la impetrante del amparo que en la razón actuarial no se precisó si se encontraba en el número **********, de la calle **********; es decir, no dijo a qué altura de la calle ********** se encontraba, por lo que dicha razón actuarial no cumple con los requisitos de legalidad y seguridad jurídica, por lo que estima que debe concederse el amparo para que se deje insubsistente la razón actuarial, y se ordene reponer el procedimiento para que se comisione de nueva cuenta al actuario para que realice el cotejo de la referida documental.
Es inoperante lo vertido en tal sentido por la universidad quejosa, pues a través de ello pretende impugnar la forma en que se llevó a cabo la diligencia de cotejo, sin exponer alguna razón por la que estime que fue ilegal la actuación del fedatario.
Marco normativo.
Para justificar tal postura, es preciso señalar que cuando en la demanda de garantías no se actualiza algún supuesto para suplir la queja deficiente, y el quejoso, al controvertir alguna actuación de la autoridad responsable señalando que se incumple con las formalidades esenciales que rigen el procedimiento, tiene el deber de exponer las razones jurídicas por las cuales considera dicho incumplimiento y demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad, para que el Tribunal Colegiado de Circuito pueda ponderar lo argumentado y considerar que si resulta o no contraria a derecho la conducta imputada a la responsable, ya que no basta que en la demanda de garantías sólo se realice una afirmación dogmática de la conducta que se pretende atribuir a la autoridad, pues ello resultaría inoperante, dado que no podría ser tomado en cuenta como concepto de violación, al no tratarse de una reflexión jurídica concreta que ponga de manifiesto la ilegalidad de la actuación de la cual se queja; lo que constituye un impedimento técnico para que esta autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse al respecto, pues de hacerlo se estaría supliendo la queja deficiente, sin que se actualice alguno de los supuestos que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo.
En apoyo a lo anterior, es dable citar el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro y texto señala lo siguiente:(44)
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si no se exponen las razones por las que se estima que la responsable estaba obligada a declarar las correctas consideraciones contenidas en la sentencia de primer grado, sino que en la demanda de garantías sólo se hace una afirmación dogmática al respecto, tal aseveración no puede tomarse en cuenta como concepto de violación, dado que no consiste en un razonamiento jurídico concreto que combata las apreciaciones contenidas en el fallo reclamado."
De igual modo, es aplicable por analogía, el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:(45)
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado."
Caso concreto.
En la especie, la inoperancia de los argumentos expresados por la universidad quejosa se actualiza, pues a través de los mismos pretende controvertir la actuación realizada por el fedatario adscrito a la Junta del conocimiento, afirmando que el razonamiento asentado en la diligencia levantada por éste el trece de marzo de dos mil dieciocho, no cumple con todos y cada uno de los requisitos de legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que no asentó todos los medios de convicción necesarios para determinar que no era posible desahogar el cotejo, ya que no precisó a qué altura de la calle ********** se encontraba, ni dijo cuál era el nombre de la calle a la que hacía referencia cuando asentó "hacía esquina", en la que según apreció la placa que señalaba la colonia **********, por lo que debe concedérsele el amparo para que se deje insubsistente dicha actuación y se comisione al actuario nuevamente al desahogo de la diligencia de cotejo ofrecida.
Sin embargo, es patente que a través de dichos argumentos el quejoso no expone las razones de derecho por las que estima que es incorrecta la actuación del fedatario, puesto que sólo se concreta a señalar de manera subjetiva que no se cumplieron los requisitos de legalidad en el levantamiento del acta, sin expresar algún argumento tendiente a demeritar que lo asentado por el actuario resultaba inexacto; es decir, mediante el cual evidenciara que el fedatario estaba en la colonia correcta, o que en el domicilio en que se ubicó se encontraba el lugar donde debía llevarse a cabo el cotejo, con independencia de que la placa señalara el nombre de otra colonia a la indicada en el escrito de pruebas.
Por tanto, tales aseveraciones resultan insuficientes para ser analizadas, al no combatir a través de razonamientos jurídicos concretos la actuación del diligenciario, lo que se traduce en un impedimento técnico para que este órgano colegiado pueda pronunciarse al respecto, máxime que no se actualiza algún supuesto para suplir la queja deficiente, al ser la quejosa la parte patronal en el juicio de origen. De ahí que se insista en la inoperancia de los argumentos analizados.
Violación procesal infundada.
En el mismo primer concepto de violación, refiere la quejosa que se violan en su perjuicio las normas esenciales del procedimiento, porque en el juicio de origen, con la debida oportunidad, ofreció como prueba, identificada con el numeral 3, el acuse de recibo del oficio **********, de tres de octubre de dos mil dieciséis; con el numeral 7, el acuse de recibo del oficio **********, de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, y con el numeral 9, el oficio **********, de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis; ofreciendo su correspondiente perfeccionamiento, con independencia de que fueran o no objetadas por la actora.
Sin embargo, la Junta responsable fue omisa en ordenar y desahogar dicho perfeccionamiento, por lo que se debe reponer el procedimiento para que se ordene el desahogo de dichas probanzas y se les dé pleno valor probatorio.
Resulta infundado lo expuesto por la quejosa en tal sentido, ya que contrario a lo que refiere, en el particular no se actualiza la violación al procedimiento que pretende atribuir a la Junta responsable respecto de las probanzas identificadas con los numerales 3, 7 y 9.
Marco normativo.
Para justificar tal postura, es preciso indicar que, por regla general, los documentos que forman parte del procedimiento de investigación administrativa que se sigue por las faltas que se atribuyen a un trabajador, y que en el juicio son ofrecidos con firmas originales de sus suscriptores, en términos del artículo 796, en relación con el diverso 795 de la Ley Federal del Trabajo,(46) deben considerarse como documentos privados y, por tanto, por su naturaleza no adquieren valor probatorio pleno; y para que no den lugar a que se invaliden, deben perfeccionarse mediante la ratificación de su contenido y de la firma ahí plasmada, a fin de dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a los firmantes del documento, con el objeto de que no se presente la correspondiente indefensión pues, precisamente por tratarse de un documento privado, debe ser ratificado por sus signantes, a fin de alcanzar plena eficacia probatoria, ya que de no hacerlo, la acusación perdería sus efectos y no habría lugar a imponer sanción alguna.
No obstante, lo anterior se exceptúa cuando el trabajador acepta el contenido y la firma del documento que se pretende perfeccionar, por lo que resulta innecesario ordenar el perfeccionamiento del documento a través de la ratificación de su contenido y firma de quienes participaron en él, pues evidentemente, ante la aceptación de su contenido por parte del operario, el documento adquiere la fuerza demostrativa que se pretende por su oferente.
En apoyo a lo anterior se cita, por su contenido, la tesis de jurisprudencia I.13o.T. J/23 (9a.), del índice de este Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que establece lo siguiente:(47)
"ACTAS ADMINISTRATIVAS DE INVESTIGACIÓN LEVANTADAS POR EL PATRÓN POR FALTAS DE LOS TRABAJADORES. PARA QUE ADQUIERAN VALOR PROBATORIO PLENO DEBEN PERFECCIONARSE MEDIANTE COMPARECENCIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE QUIENES LAS FIRMARON, AUN CUANDO NO HAYAN SIDO OBJETADAS POR LOS EMPLEADOS, SALVO SI ÉSTOS ACEPTAN PLENAMENTE SU RESPONSABILIDAD. Las actas administrativas de investigación levantadas por el patrón por faltas de los trabajadores, deben considerarse como documentos privados en términos del artículo 796, en relación con el diverso numeral 795, ambos de la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, no adquieren valor probatorio pleno si no son perfeccionadas, lo cual se logra a través de la comparecencia ante el órgano jurisdiccional de quienes las firmaron, para así dar oportunidad al trabajador de repreguntar y desvirtuar los hechos contenidos en ellas, por tratarse de una prueba equiparable a la testimonial; circunstancia que opera aun cuando las actas no hayan sido objetadas por el trabajador, pues de lo contrario, es decir, que su ratificación sólo procediera cuando se objetara, implicaría la grave consecuencia de otorgar a la parte patronal, aun en forma eventual, el poder de formular pruebas indubitables ante sí, sin carga de perfeccionamiento, a fin de lograr un acto que, como cierto tipo de terminación de las relaciones laborales, sólo puede obtenerse válidamente mediante el ejercicio de una acción y su demostración ante el tribunal competente. Lo anterior se exceptúa cuando el trabajador acepta plenamente su responsabilidad en el acta administrativa de investigación, o en el caso de que en la demanda laboral o a través de cualquier manifestación dentro del procedimiento, admita la falta cometida respecto de los hechos que se le atribuyen como causal de separación del trabajo, pues ante tal confesión, es innecesaria la ratificación de las aludidas actas."
Caso concreto.
Establecido lo anterior, se reitera que son infundados los argumentos hechos valer por la impetrante del amparo dado que, en el caso, no se actualiza la violación procesal que pretende, pues como bien lo estimó la Junta responsable al pronunciarse sobre la admisión de las referidas pruebas, identificadas con los numerales 3, 7 y 9, toda vez que el actor reconoció su contenido y firma, y al no haber duda respecto de su exactitud, era innecesario su perfeccionamiento. Es verdad que el demandado al ofrecer las referidas pruebas identificadas con los numerales 3, 7 y 9, en su escrito de doce de septiembre de dos mil diecisiete,(48) consistentes en las documentales relativas al original del acuse de recibo del oficio **********, de 3 de octubre de 2016, que resuelve rescindir el contrato individual de trabajo a la actora; original del acuse de recibo del oficio **********, de 23 de septiembre de 2016, suscrito por la jefa de unidad de la Dirección General de Personal que cita a la actora a la audiencia de investigación administrativa, y original del acuse de recibo del oficio **********, de 28 de septiembre de 2016, suscrito por la jefa de unidad de la Dirección General de Personal, que informa el cambio de fecha a la actora para la audiencia de investigación administrativa firmado de recibido por la actora, para su perfeccionamiento, con independencia de que fueran objetadas, ofreció la ratificación de su contenido y firma a cargo de la actora y de los demás suscriptores.
Sin embargo, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el 12 de septiembre de 2017,(49) la parte actora, al objetar las pruebas de su contraria, reconoció e hizo suyas las mencionadas probanzas, identificadas con los numeral 3, 7 y 9, aceptando como propias las firmas plasmadas en dichos documentos; tal como se aprecia de lo siguiente:
"En uso de la voz, la parte actora manifiesta:"
"La ofrecida en el apartado 3, la misma se reconoce y se recoge la confesión voluntaria y expresa que obra en el cuarto renglón y que textualmente señala ‘por medio del cual mi mandante resolvió rescindir el contrato individual de trabajo’ (sic), de lo que se desprende que la actora fue rescindida como lo manifiesta la demandada el 3 de mayo del 2016, en consecuencia, no cumplió con los requisitos del contrato colectivo de trabajo y violó los derechos del debido proceso de la actora demandante, toda vez que la demandada en la cláusula 23 del contrato colectivo de trabajo que la misma incluso exhibe, se obliga a no rescindir la relación laboral y, no obstante lo anterior, la misma confiesa haberlo hecho.
"La ofrecida en el apartado 7, se reconoce la firma de acuse de recibo, pero son falsos los hechos que se le imputan.
"La ofrecida en el apartado 9, se reconoce en su contenido y en su firma de la actora."
Luego, la Junta del conocimiento, al celebrar la audiencia de 12 de enero de 2018,(50) proveyó en la parte que interesa lo siguiente:
"Por lo que hace a las documentales ofrecidas por la UNAM, bajo los numerales 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 21, 22 y 23, las cuales la parte actora reconoció e hizo suyas, por tal motivo, al no ponerse en duda su exactitud como lo establece el artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo, éstas no necesitan medio especial de desahogo y a las mismas se les dará el valor probatorio al momento de dictar la resolución correspondiente."
Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, no se actualiza la violación procesal que pretende hacer valer la quejosa, pues al ser reconocido el contenido y firma de las referidas probanzas por la trabajadora, era innecesario ordenar el perfeccionamiento solicitado, ya que, ante dicho reconocimiento, los documentos adquirieron la fuerza demostrativa que pretendía su oferente y, por ende, la decisión de no ordenar su perfeccionamiento, no le causa perjuicio alguno a este último.
De ahí lo infundado de los argumentos analizados.
Violación procesal infundada.
En otro orden, se tiene que en el propio primer concepto de violación, alega la inconforme que la autoridad responsable viola las normas del procedimiento, pues en el juicio laboral ofreció la prueba identificada con el numeral 10, consistente en el original del "Acta de audiencia de investigación administrativa", levantada en contra de la actora el 29 de septiembre de 2016, la cual, para su perfeccionamiento, se ofreció la ratificación de quienes en ella participaron, siendo debidamente ratificada por ********** y **********, en audiencia de 24 de abril de 2018; por **********, **********, **********, en audiencia de 30 de abril de 2018, y por **********, en audiencia de 29 de agosto de 2018.
Sin embargo, dice la quejosa respecto de la ratificación por parte de ********** y ********** (testigos de descargo), la Junta, en las respectivas audiencias de 18 de octubre y 29 de noviembre de 2018, decretó ilegal e incongruentemente su deserción, pues dicha autoridad, en las audiencias anteriores de 29 de agosto de 2018 y 4 de octubre del mismo año, determinó que quedaba a cargo de la demandada (hoy quejosa) presentar a las ratificantes, obligándole a lo imposible, porque éstas tenían intereses opuestos a la demandada y, por ende, no podía presentarlas, y aunque insistió en un término prudente para proporcionar el último domicilio que tenía registrado la trabajadora mencionada en primer orden, e insistió en que el domicilio proporcionado de la segunda trabajadora era el correcto, la Junta no acordó favorablemente su solicitud, por lo que considera que debe concedérsele el amparo, para el efecto de que se reponga el procedimiento y se ordene nuevamente la notificación de las ratificantes para que acudan a la audiencia de reconocimiento de contenido y firma.
Es infundado lo planteado por la quejosa.
Marco normativo.
Lo anterior se afirma, pues de lo establecido en los artículos 776, 780, 781, 784, 795, 796, 800, 802, 804, 805, 810, 811 y 812 de la Ley Federal del Trabajo,(51) se infiere que cuando se ofrece como prueba en el procedimiento laboral un acta administrativa levantada con motivo de una falta atribuible al trabajador, y en virtud de que el documento por sí mismo no hace prueba plena de su contenido, para alcanzar fuerza demostrativa se requiere que el oferente solicite su perfeccionamiento mediante la ratificación de su contenido y firma, señalando los nombres y domicilios de los signantes; esto es, el perfeccionamiento de dicho documento se efectuará a solicitud del oferente, para que pueda otorgársele eficacia probatoria, y la Junta debe ordenar la ratificación aludida y, si no lo hace, o lo hace sin cumplir con las formalidades necesarias para el desahogo de dicho perfeccionamiento, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, siempre y cuando dicha violación haya trascendido al resultado del laudo y afectado las defensas del quejoso.
Lo anterior tiene sustento en el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 856, con número de registro digital: 2001057.
"ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA CAUSA DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. SU PERFECCIONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. De los artículos 776, 780, 781, 784, 795, 796, 800, 802, 804, 805 y 810 a 812 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que cuando se ofrece como prueba en el procedimiento laboral un acta administrativa levantada con motivo de una falta atribuible al trabajador, el oferente debe solicitar su perfeccionamiento mediante la ratificación de su contenido y firma, señalando los nombres y los domicilios de los signantes, esto es, el perfeccionamiento de dicho documento se efectuará a solicitud del oferente, para que pueda otorgársele eficacia probatoria, y su omisión no puede subsanarla la Junta respectiva, es decir, si el oferente no pide el perfeccionamiento ésta no está obligada a ordenar el desahogo de la ratificación y, por ende, la omisión de la autoridad bajo ese supuesto no actualiza violación alguna a las leyes del procedimiento laboral; así, sólo si el oferente solicita el perfeccionamiento, la Junta debe ordenar la ratificación aludida, y si no lo hace, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, siempre y cuando dicha violación haya trascendido al resultado del laudo y afectado las defensas del quejoso."
Ahora bien, en el levantamiento del acta administrativa, generalmente participan:
1) El titular o representante de la patronal que investiga el caso y elabora el acta;
2) El trabajador sujeto a investigación;
3) El representante sindical;
4) La o las personas afectadas directa o indirectamente con la conducta del trabajador investigado, o que presenciaron la realización de dicha conducta (testigos de cargo);
5) Las personas que testifican a favor del trabajador (testigos de descargo); y,
6) Las personas que les constan el levantamiento del acta (testigos de asistencia).
Entonces, para que el acta administrativa alcance eficacia demostrativa, es menester que sea ratificada por quienes en ella participaron, a fin de darle oportunidad al trabajador de repreguntar o desvirtuar los hechos contenidos en la misma y, ante ello, es estrictamente necesario que sea ratificada por el representante de la patronal, al ser quien imputa la falta, y debe sostenerla en presencia del trabajador y ante la autoridad laboral, así como por los testigos de cargo, por ser quienes resultaron afectados directa o indirectamente con la conducta del trabajador, o bien por haber presenciado el desarrollo de los hechos de los que derivó la conducta que se pretende sancionar o que le imputan, toda vez que el trabajador tiene derecho a escuchar de viva voz los motivos de su acusación y las razones de los testigos de cargo para justificar su conocimiento de los hechos y su presencia en el lugar, día y hora en que se cometieron.
Sin que para la validez o eficacia probatoria plena del acta administrativa sea necesaria la ratificación del contenido y firma del trabaja
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30530-b6dc4d6c/acta-administrativa-para-su-perfeccionamiento-es-innecesaria-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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