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Modo: Corpus Pro

VIOLACIONES PROCESALES. PUEDEN INVOCARSE EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO POSTERIOR, SI LEGAL Y MATERIALMENTE NO ERAN SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN O ANÁLISIS OFICIOSO DESDE EL PRIMERO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 107/2015. · Registro digital (IUS): 27889
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-06-15
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Pág. 2726.

AMPARO DIRECTO 107/2015. 14 DE MAYO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÉDGAR BRUNO CASTREZANA MORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: JUAN CARLOS CORONA TORRES.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Decisión del tribunal.

Preámbulo

El origen del caso es la demanda laboral que ********** y ********** promovieron contra 1) **********, Sociedad Anónima de Capital Variable; 2) **********; 3) **********; y, 4) el responsable o propietario de la fuente de trabajo.

La pretensión principal de los actores fue el pago de la indemnización constitucional. Los hechos que la fundamentaron, en lo toral, son los que enseguida se expresan:

Ver hechos

En oposición a la pretensión de los actores, los demandados 1) **********; 2) **********; y, 3) ********** negaron lisa y llanamente la relación de trabajo.

Al resolver el caso, por laudo de siete de enero de dos mil quince, la responsable encontró probada la existencia de una relación de trabajo entre los actores y los demandados, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable y **********.

A diferencia de ello, la citada autoridad consideró que entre los actores y ********** no existió dicho vínculo.

En contra del laudo aquí reclamado, los quejosos hacen valer sus conceptos de violación. Respecto de esa impugnación, teniendo en cuenta que la legislación aplicable en el juicio común es la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, este tribunal decide lo que enseguida se expone.

Violaciones procesales

El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal establece que en el primer juicio de amparo directo que promueve un justiciable en relación con un proceso ordinario, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y aquellas que, cuando proceda, se adviertan en suplencia de la queja.

Asimismo, prescribe que si las violaciones procesales no se invocaron en un primer juicio, bien mediante concepto de violación o, en su caso, en suplencia de la queja, ya no podrán examinarse en un juicio de amparo posterior.

No obstante, la imposibilidad jurídica para hacer valer esas violaciones o para analizarlas en suplencia de la queja en un juicio de amparo posterior, por regla general sólo se extiende a aquellas que, por existentes, debieron invocarse en el primer juicio, es decir, las que desde ese instante la quejosa estaba en posibilidad legal y material de hacer valer, o aquellas otras que en el mismo momento el Tribunal Colegiado de Circuito podía examinar oficiosamente.

Ello, porque no sería lógico ni jurídico entender que el Constituyente identificó e impuso un deber a la quejosa, así como al Tribunal Colegiado de Circuito, en lo respectivo, si frente a él no están en posibilidad legal ni material de cumplirlo.

Consecuentemente, las violaciones procesales pueden invocarse en un juicio de amparo posterior si legal y materialmente no eran susceptibles de impugnación o análisis oficioso desde el primer juicio, como por ejemplo, las que sobrevienen o surgen con posterioridad a una reposición del procedimiento derivada del cumplimiento de la protección constitucional otorgada en un primer juicio de amparo.

En la especie, nos encontramos frente al segundo amparo que promueven los quejosos, parte señalada como patronal en el juicio laboral, por lo que en su favor no opera la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

En su demanda de amparo, los inconformes hacen valer una violación de naturaleza procesal.

Inadmisión de pericial (sic).

Dicen los quejosos que, respecto de las tarjetas de identificación que exhibieron los actores, ofrecieron la prueba pericial en materia caligráfica, grafoscópica y grafométrica, la cual tenía el objeto de anular el valor probatorio de dichas documentales; no obstante, incorrectamente no fue admitida la prueba y, sobre ella, no se manifestó la responsable.

Es inoperante tal planteamiento.

Al promover el primer juicio de amparo promovido por la quejosa, esto es, el identificado como ********** del índice de este tribunal, aquélla no hizo valer ningún concepto de violación procesal, de suerte que en la ejecutoria respectiva se expresó:

"En la demanda de amparo no hacen valer conceptos de violación de naturaleza procesal. Por ello, por cuanto a los quejosos, los aspectos procesales del juicio han de considerarse superados, de suerte que, lo que sigue, es atender a la impugnación que contra el contenido del laudo reclamado se formula expresamente."

Fue así que en la sentencia de dicho juicio de amparo, este órgano jurisdiccional sólo examinó la regularidad constitucional del laudo reclamado.

Ahora bien, en el caso, la violación que en este segundo juicio de amparo hacen valer los quejosos, la pudieron haber invocado desde el primer juicio de amparo. No hay razón que material o jurídicamente les impidiera la formulación de esa impugnación. No obstante, no lo hicieron.

Por ello, respecto de la violación que hacen valer opera la regla del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, que impide a este tribunal examinarla, al no haberse invocado desde el primer juicio de amparo. De ahí que se califique como inoperante el concepto de violación.

No habiendo diverso concepto de violación de naturaleza procesal en la demanda de amparo, lo que sigue es analizar la impugnación que se dirige contra el laudo reclamado.

Laudo

En su demanda de amparo los quejosos hacen valer los siguientes conceptos de violación:

• La responsable valoró incorrectamente las dos tarjetas de identificación exhibidas por los actores supuestamente expedidas por ********** (prueba 8), la copia al carbón del pago de anticipo (prueba 9) y la copia fotostática simple de la constancia de tiempo de embarque (prueba 10); ello, porque esos documentos, al ser meras presunciones o indicios, respectivamente, no son suficientes, por sí solos, para crear convicción y tener por acreditada la relación de trabajo;

• En materia laboral no existen como prueba los indicios, por lo que éstos, en el caso, no pueden acreditar la relación de trabajo;

• Las presunciones y los indicios con base en los cuales se condenaron, no son aptos de concatenarse.

• Las dos tarjetas de identificación exhibidas por los actores supuestamente expedidas por ********** (prueba 8), la copia al carbón del pago de anticipo (prueba 9) y la copia fotostática simple de la constancia de tiempo de embarque (prueba 10) no pueden robustecerse una con otra, ya que requieren de otro tipo de pruebas para tal efecto; y

• No se debió establecer condena con base en un sueldo no acreditado, sino que al igual que en el primer laudo, la fijación del salario se debió dejar al incidente de liquidación, condenándose en términos de un salario mínimo;

• Fue incorrecto que en el laudo reclamado se estableciera como salario de condena uno que no fue acreditado en autos; más si aquél llevaba consigo imprecisiones, irregularidades y ambigüedades.

Antes de calificar los anteriores conceptos de violación, es conveniente precisar qué es lo que consideró la responsable sobre las pruebas que los quejosos mencionan y cuál es la información que de ellas en efecto deriva. Para esto, se utiliza el siguiente cuadro:

Ver cuadro

A partir de las anteriores pruebas, la responsable encontró existente la relación de trabajo entre el actor y los demandados ********** y **********.

I. Pruebas como indicios.

Ahora bien, atendiendo a su causa de pedir, este tribunal considera que es inoperante el motivo de disenso en el que se alega que en materia laboral no existen como prueba los indicios, por lo que éstos, en el caso, no pueden acreditar la relación de trabajo.

En efecto, la apreciación de la copia simple de la constancia de tiempo de embarque de veintiuno de abril de dos mil tres, como un indicio, es una consideración que la responsable externó en cumplimiento de los efectos de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo **********. En esa sentencia se determinó:

"• Considere que la copia simple de la ‘constancia de tiempo de embarque’ de veintiuno de abril de dos mil tres, exhibida por la parte actora, sí merece valor probatorio, pero con el grado de un mero indicio."

Dicho de otra forma, respecto de la determinación del grado convictivo de la prueba, la responsable no conservó libertad jurisdiccional, por lo que estaba obligada a estimar que la documental en copia simple es un indicio.

Entonces, como el grado convictivo del instrumento demostrativo del que se habla se determinó en el laudo reclamado, en cumplimiento de una sentencia de amparo, aquél constituye un aspecto definido del juicio común, por lo que no puede reexaminarse vía nuevo juicio constitucional. De ahí lo inoperante del concepto de violación.

Con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, lo expuesto encuentra apoyo en la siguiente tesis de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal de la Nación, de rubro y texto:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN UNA SENTENCIA QUE CUMPLIMENTA EJECUTORIA ANTERIOR, RESPECTO DE PUNTOS EN LOS QUE EL TRIBUNAL RESPONSABLE NO CONSERVÓ JURISDICCIÓN PROPIA.—Cuando en una ejecutoria se concede el amparo para efectos, al cumplimentarla el tribunal responsable queda vinculado a los puntos establecidos en dicha ejecutoria y únicamente conserva jurisdicción propia para resolver los demás puntos de la litis, pero sobre las bases dadas. En este orden de ideas, la sentencia que cumplimenta una ejecutoria de amparo, sólo es impugnable mediante un nuevo juicio constitucional, cuando las violaciones en que, se pretende, se incurrió, conciernen a cuestiones respecto de las cuales el tribunal conserva jurisdicción, y no respecto de aquellas que podrían constituir un incumplimiento de la anterior ejecutoria de amparo, una repetición del acto reclamado en el juicio de garantías, o una ejecución defectuosa o excesiva del fallo constitucional. Por consiguiente, si en un juicio de amparo contra una sentencia de esa naturaleza se formulan conceptos de violación sobre las cuestiones especificadas, deben desestimarse por inoperantes, puesto que por un lado esos problemas son ajenos al juicio promovido y, por otro, en cualquiera de dichas hipótesis el interesado puede interponer, según el caso, los medios de defensa previstos en los artículos 104 a 113 de la Ley de Amparo, que se refieren a los incidentes de inejecución de las sentencias de amparo, y de repetición del acto reclamado, o el recurso de queja previsto en la fracción IX del artículo 95 del mismo ordenamiento."(42)

II. Apreciación conjunta de pruebas.

Alegan los quejosos que las dos tarjetas de identificación exhibidas por los actores supuestamente expedidas por ********** (prueba 8), la copia al carbón del pago de anticipo (prueba 9) y la copia fotostática simple de la constancia de tiempo de embarque (prueba 10) no pueden robustecerse una con otra, ya que requieren de otro tipo de pruebas para tal efecto.

Es inoperante el motivo de disenso.

En principio, la responsable no relacionó convictivamente la copia al carbón del recibo del pago de anticipo con alguna otra de las documentales que citan los quejosos. Como se ha visto, a esa prueba se le negó eficacia probatoria en el laudo reclamado.

Así pues, en el caso, la impugnación dirigida contra la valoración de la copia al carbón del recibo de pago de anticipo, parte de una premisa falsa. De ahí su inoperancia.

Por igualdad de razón, con base en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, apoya lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.—Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida."(43)

Por otro lado, en lo que ve a la impugnación de valoración conjunta de las dos tarjetas de identificación exhibidas por los actores y la copia fotostática de la constancia de tiempo de embarque, este tribunal aprecia que la misma fue planteada y fue examinada en el diverso juicio de amparo directo **********.

En la ejecutoria de ese juicio, en relación con la valoración de las tarjetas de identificación y su grado probatorio, este tribunal consideró que las documentales eran susceptibles de ser valoradas con el restante material probatorio que obra en autos. Textualmente se expresó:

"...En sentido opuesto al sostenido por los quejosos, el hecho de que la prueba merezca valor probatorio (en grado de presunción), no limita su aptitud para ser valorada en forma aislada. En realidad debe ser valorada con el restante material probatorio susceptible de ello, pues de los artículos 835, 836, 840, fracción IV, y 841 de la Ley Federal del Trabajo se infiere un regla de actuación jurisdiccional que dice que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se encuentran obligadas a valorar todo el material probatorio legalmente allegado a juicio, sea en su aspecto individual como en conjunto."

Esto significa que las tarjetas de identificación de los actores, como pruebas, podían ser valoradas con otros "medios" de convicción, como en el caso lo fue la copia simple de la constancia de tiempo de embarque.

De manera que la impugnación que los quejosos ahora hacen valer, por cuanto a la valoración conjunta de pruebas en el laudo reclamado, ya fue examinada en el juicio de amparo anterior y no fue declarada eficaz; por ello, las consideraciones respectivas de la responsable quedaron y constituyen pronunciamiento firme, de suerte que su contenido ya no puede ni debe ser nuevamente juzgado. Luego, es inoperante el concepto de violación que controvierte las consideraciones del laudo reclamado en las que se expresó que la constancia de copia simple de tiempo de embarque robustece las tarjetas de identificación de los actores.

Sobre la inoperancia, a una conclusión similar llegó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en su jurisprudencia VII.1o.C. J/15, la cual desde luego se comparte, en la que determinó que "si en los conceptos de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo."(44)

Lo considerado no soslaya que el concepto de violación de los quejosos también puede interpretarse en el sentido de que como estándares probatorios, una presunción no puede ser relacionada con un indicio.

Sin embargo, si se toma en cuenta que el estándar probatorio es el grado de convicción que una prueba o conjunto de pruebas producen en el juzgador, bien por su percepción y racionalidad personal, o por mandamiento de ley, es de concluirse que, lo que se relaciona o valora conjuntamente son las pruebas, no los estándares probatorios.

Lo que crea la convicción no es el estándar en sí, pues éste sólo es una medida de aquélla, sino la prueba como instrumento susceptible de valorarse aisladamente o en su conjunto. Por ello, es que el concepto de violación de los quejosos, atendiendo al principio de caridad en la interpretación, se apreció desde su enfoque técnicamente correcto, esto es, como aquel que en términos de la impugnación dice que las pruebas documentales ofrecidas por los actores no pueden valorarse conjuntamente.

III. Salario de condena.

Como diverso concepto de violación, los quejosos afirman que no se debió establecer condena con base en un sueldo no acreditado, sino que, al igual que en el primer laudo, la fijación del salario se debió dejar al incidente de liquidación, condenándose en términos de un salario mínimo.

Asimismo, dicen que fue incorrecto que en el laudo reclamado se estableciera como salario de condena uno que no fue acreditado en autos; más si aquél llevaba consigo imprecisiones, irregularidades y ambigüedades.

Apreciados en su conjunto, como lo faculta el artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundados los anteriores planteamientos.

En efecto, según su aclaración de demanda, los actores expresaron que "en principio" su salario era uno integrado, determinado en función de lo siguiente:

"...salíamos a pescar a altamar dos veces al mes y cada vez que salíamos pescábamos como promedio 4 toneladas de camarón y 1 tonelada de escama, por lo que al mes pescábamos como promedio 8 toneladas de camarón y dos toneladas de escama, por cada tonelada de camarón se nos pagaba por parte de los demandados la cantidad de $**********. (sic) pesos y por cada tonelada de escama se nos pagaba la cantidad de $********** pesos cada una, por lo que esto hacía un total de $********** pesos al mes, por la pesca de camarón y $********** pesos al mes de escama, dicha cantidad era repartida entre cuatro personas de la tripulación incluidos nosotros, más la cantidad de $********** pesos que se nos pagaba a cada uno en forma semanal como salario base, por lo que mensualmente percibían mis representados de los demandados (sic) un salario integrado de $********** pesos por cada uno..."

Empero, en la misma aclaración de demanda, los actores afirmaron que a partir de septiembre de dos mil cinco, el salario mensual que se les pagó fue el de $********** (**********, moneda nacional).

Este tribunal aprecia que en lo narrado por los actores respecto de su último salario no hay oscuridad, ambigüedad o irregularidad alguna. El señalamiento de que su salario mensual fue de $********** (**********, moneda nacional) es claro y preciso.

Ahora bien, no debe soslayarse que, en el caso, la parte identificada como patronal negó la existencia de la relación de trabajo, pero la responsable consideró existente ese vínculo.

Como regla general, cuando no hay controversia sobre la existencia de la relación de trabajo, la prueba del monto del salario corresponde a la patronal, como deriva del artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo que, de no colmar tal carga la patronal, también por regla general ha de tenerse por cierto el salario precisado por la actora.

Cosa distinta ocurre cuando el demandado niega lisa y llanamente la relación de trabajo, pues en tal caso, la materia de prueba, en principio, se centra en la existencia de la relación de trabajo. De forma que de no probarse existente el vínculo laboral, claro está que no será necesaria la prueba del salario como condición de trabajo. A diferencia de ello, si se acredita o se concluye existente la relación o contrato de trabajo, el salario señalado por la parte actora como condición laboral debe tenerse por cierto, pues respecto de ella no se suscitó controversia. En tal virtud, en lo general y como una consecuencia de la certeza del vínculo de trabajo, debe tenerse por cierto el salario indicado por la parte trabajadora.

Sobre esto son ilustrativas las siguientes tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos:

"SALARIOS, PRUEBA DEL MONTO DE LOS.—Si al contestar la demanda, el patrón negó la existencia de la relación contractual de trabajo, y en el juicio se acreditó su existencia, el laudo que lo condena sobre la base del salario que el actor señaló en su demanda, no es violatorio de garantías en su perjuicio, pues tocaba al demandado probar cuál era el monto de dicho salario, si lo consideraba diferente del sañalado en la demanda, y si no lo hizo precisamente por la negativa, rotunda de la existencia de la relación laboral, la Junta procedió legalmente al condenar conforme al precisado en la demanda."(45)

"CONTRATO LABORAL, NEGATIVA DEL; CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE (CONSECUENCIAS). Ante la negativa de la demandada de la existencia de la relación laboral al actor sólo le corresponde justificar la relación laboral, al igual que el tiempo extra trabajado, ya que el monto del salario no podía ser materia de controversia, pues de la forma en que se contestó la reclamación, resultaba lógico que de probar su acción el actor, tenía que admitirse también que los términos de su contratación eran los apuntados por él. Por esta razón no procedía la inversión de la carga de la prueba para obligarlo a justificar el monto del salario por sus servicios, pues si el patrón negó solamente la existencia del contrato de trabajo, ya que a ello se constriñó toda su defensa, quedó sujeto a las resultas del juicio, o sea que si el trabajador justificaba la celebración de dicho contrato, debía aceptarse que éste lo había sido en la forma y términos expresados por él sin necesidad de ninguna otra probanza."(46)

Atendiendo a las anteriores bases normativas, en la especie, no fue incorrecto que la responsable tuviera por cierto el salario señalado por los actores por la cantidad mensual de $********** (**********, moneda nacional), pues al tenerse por existente el vínculo laboral, como un hecho no controvertido, debía tenerse por cierto ese salario.

Sin que el salario de condena pudiera fijarse con base en el mínimo, como incorrectamente lo aducen los quejosos, pues ese supuesto opera cuando el trabajador omite indicar el monto de su salario diario;(47) lo que en la especie no aconteció. Esto, incluso, si se considera que a partir del salario mensual que los actores expresaron, se obtiene que su salario diario fue de $********** (********** pesos), según la siguiente operación aritmética:

$**********/ 30 días del mes regular = $********** diarios.

Lo considerado no soslaya que:

a) En el laudo emitido el nueve de diciembre de dos mil trece, el cual fue precisamente la materia del juicio de amparo directo **********, la responsable consideró que no contaba con elementos suficientes para determinar el salario que los actores percibían y así poder cuantificar las prestaciones de condena, por lo que ordenó la apertura del incidente de liquidación; y

b) En el laudo que ahora se reclama, la responsable varió su consideración, de suerte que en este último, como se ha visto, tomó como salario de condena diario el de $********** (**********, moneda nacional), derivado del sueldo mensual que los actores expresaron, por la cantidad de $********** (**********, moneda nacional).

Empero, en ello, este tribunal no encuentra ninguna ilegalidad. Máxime porque la determinación del salario de condena fue un aspecto que por virtud del juicio de amparo ********** no quedó firme, en tanto que en él no se examinó ese tema, dado que el sentido del laudo sobre él, estaba condicionado a que, cumplida la sentencia de amparo, la responsable considerara existente la relación de trabajo entre los contendientes.

Dicho de otra forma, la fijación de un salario de condena estaba sujeta a la existencia de la relación de trabajo, por eso, en el mencionado juicio de amparo directo no se examinó y no debía examinarse ese tema, de suerte que quedó sujeto a las resultas de la determinación que la responsable pronunciara respecto de aquel hecho, esto es, sobre si existió o no un vínculo de trabajo entre el actor y los demandados.

De ahí que la variación de la consideración de la responsable sobre la determinación del salario de condena, en ese aspecto, no torna ilegal el laudo reclamado.

IV. Prueba de la existencia de la relación de trabajo.

Como diverso concepto de violación, los quejosos afirman que la responsable valoró incorrectamente las dos tarjetas de identificación exhibidas por los actores, supuestamente expedidas por ********** (prueba 8), la copia al carbón del pago de anticipo (prueba 9) y la copia fotostática simple de la constancia de tiempo de embarque (prueba 10); ello, porque esos documentos, al ser meras presunciones o indicios, respectivamente, no son suficientes, por sí solos, para crear convicción y tener por acreditada la relación de trabajo.

Atendiendo a su causa de pedir, es infundado el planteamiento en lo que corresponde a la quejosa **********, y es fundado en lo que ve al quejoso **********.

IV.I. Existencia de la relación de trabajo con **********.

Contrario a lo que alega la quejosa, este tribunal observa que, en el caso, las dos tarjetas de identificación con fotografía, correspondientes a cada uno de los actores, cuya emisión se atribuye a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, son pruebas con base en las cuales puede acreditarse la existencia de la relación de trabajo.

En efecto, las documentales de las que se habla son dos tarjetas de identificación con fotografía, originales, correspondientes a cada uno de los actores, cuya emisión se atribuye a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues en ellas aparece el nombre de esa persona moral, un sello original que la identifica, y una firma autógrafa original estampada –según los actores en su ofrecimiento–, por ********** (a quien se le identificó como jefe de personal).

La eficacia probatoria de las documentales de las que se habla, es un tema ya definido en el juicio de amparo **********. En éste, textualmente se consideró:

"De acuerdo con el artículo 802 de invocada codificación,(48) se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe; en el caso quien lo elaboró, lo controla y lo suscribe (sello y firma estampada al reverso), es decir, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable; por lo que su sola presentación en el juicio laboral, en principio, genera la presunción de que es auténtico.

"Lo considerado encuentra apoyo en la siguiente tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"‘DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES A LOS. CARGA DE LA PRUEBA.—En materia laboral el que objeta de falso un documento debe probar su objeción. Por lo que si una de las partes objeta en su autenticidad un documento privado, la carga de la prueba corresponde a ella, mas no a la contraparte, quien tiene a su favor la presunción de que el documento es auténtico; máxime si el documento contiene al calce la firma del objetante.’(49)

"A juicio de este tribunal, esa presunción, si bien no constituye la prueba plena que se genera por la ratificación de los documentos –de contenido, reconocimiento del sello o de la firma que aparece en ellos–, atendiendo a que en el juicio laboral los laudos deben dictarse a verdad sabida, en conciencia y a buena fe guardada, y sin sujetarse a formulismos sobre estimación de pruebas, según se infiere del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, ha de considerarse como bastante para erigirse como fundamento del mérito probatorio de esas documentales, concretamente como prueba de su autenticidad, a partir de la cual es válido generar convicción de certeza respecto de su contenido y origen.

"Sobre esto, incluso ha sido clara la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar que ‘los documentos privados que se atribuyen a una de las partes, conservan eficacia probatoria, aunque hayan sido objetados en su autenticidad, si la parte que hizo la objeción no rindió pruebas suficientes para acreditarla’.(50)

"De esta forma, aun cuando en el caso las identificaciones fueron objetadas en cuanto a autenticidad por la parte señalada como patronal, lo cierto es que no acreditó tales oposiciones. Ante ello, como documentos privados, las identificaciones exhibidas por los trabajadores merecen eficacia probatoria –por lo menos en grado de presuncional– como acertadamente lo consideró la responsable.

"A esta misma conclusión llegó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 77/2012 (10a.), en la cual estableció que ‘de los artículos 20, 21, 776, 784, 804, 805 y 830 al 834 de la Ley Federal del Trabajo se infiere que si el actor, para acreditar la relación laboral cuya existencia niega el patrón, exhibe como prueba la documental consistente en la credencial o gafete que lo acredita como su trabajador, sin que aquél la objete o demuestre su objeción en cuanto a su contenido y firma, y de su análisis la Junta advierte diversos datos de identificación que lo vinculan laboralmente con aquél, dicha probanza resulta apta para demostrar la prestación de un trabajo personal y, por ende, para presumir la existencia de la relación laboral’. Lo anterior, desde luego, salvo prueba en contrario."

Conforme a lo ya dilucidado por este tribunal, la presunción a la que se hizo referencia, en principio, se dirige a la autenticidad de los documentos. De ahí que, ante esa presunción de autenticidad, se dijo que es válido generar convicción de certeza respecto del contenido y origen de los documentos.

De ello se siguió que, como documentos privados, las identificaciones exhibidas por los trabajadores, en principio, merecen eficacia probatoria respecto de su contenido –por lo menos en grado de presuncional–.

Ahora, en el proceso laboral una presunción que no se encuentra desvirtuada por prueba en contrario es bastante para que se tenga por acreditado el hecho que sostiene.

Esto lo confirma, verbi gratia, la jurisprudencia 2a./J. 12/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RELACIÓN LABORAL. LA PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN SOBRE DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN DEBE CONSERVAR Y QUE NO PRESENTÓ, ES SUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA ACREDITAR DICHA RELACIÓN

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27889-ce18556b/violaciones-procesales-pueden-invocarse-en-un-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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