PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO LABORAL. TIENE VALOR PROBATORIO LA COPIA SIMPLE OFRECIDA POR EL TRABAJADOR, CUYA AUTORÍA ATRIBUYE A LA DEMANDADA, SI EN SU DEFENSA EMITE UN ALEGATO DE VALORACIÓN Y NO UNA OBJECIÓN.
AMPARO DIRECTO 676/2022. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 27 DE OCTUBRE DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. PONENTE: NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA. SECRETARIO: CHEDORLAOMER RAMÍREZ LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
NOVENO.—Estudio de los conceptos de violación. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación propuestos, los cuales serán analizados atento a lo expresamente planteado por la parte quejosa, en virtud de que conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor, no opera en su favor la suplencia de la queja.
Cabe acotar que los motivos de disenso se atenderán en un orden diverso al propuesto, en términos de lo establecido en el artículo 76 de la citada ley, dada la calificativa que de los mismos se realizará.
Aspecto preliminar.
**********, promovió juicio laboral en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de quien reclamó el pago correcto de la prima de antigüedad, pues adujo que únicamente se le pagaron doce días de salario por cada año de servicios y/o parte proporcional, conforme a la cláusula 59 Bis del contrato colectivo de trabajo, con motivo de su jubilación por años de servicios, pero a su parecer, dijo que se le debieron pagar treinta y ocho días más por año; esto es, cincuenta días de salario por cada año o parte proporcional de servicios.
Asimismo, reclamó la correcta integración del monto relativo al pago correcto y diferencias que resultaran entre lo que le fue pagado y lo que se le debió pagar, ya que se omitieron integrar diversos montos, entre ellos, los conceptos 32 y 33, relativos a los estímulos por puntualidad y asistencia.
A saber:
Ver tabla 1
Dijo que a partir del uno de agosto de dos mil nueve se jubiló por años de servicio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, y demás aplicables al Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto en el pacto laboral para todos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Que derivado de ello recibió un finiquito por concepto de jubilación por años de servicios el catorce de octubre de dos mil nueve; sin embargo, el instituto demandado realizó el cálculo y pago de manera incorrecta.
El Instituto Mexicano del Seguro Social adujo que el actor celebró convenio ante la Junta Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual fue voluntad de las partes lo manifestado en él, en el que aceptó de conformidad la cantidad precisada en la cláusula segunda; por tanto, aceptó los montos calculados y pagados.
Refirió que existía dolo por la accionante para variar las cantidades que se pagaron.
Respecto a lo que interesa, adujo que era improcedente la inclusión de los conceptos 32 y 33 al salario integrado que se tomó en cuenta para el cálculo de su prima de antigüedad, en términos de la cláusula 59 Bis, cuya naturaleza contractual emanaba del Régimen de Jubilaciones y Pensiones que le fue aplicable.
Además, dijo que carecía de legitimación para ejercer las acciones que se tratan, ya que los estímulos por asistencia y puntualidad no formaban parte del salario integrado, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo vigente.
Al dictar el laudo, la Junta determinó que eran procedentes el pago y el ajuste relativos a los estímulos 32 y 33, referidos a la puntualidad y asistencia, ya que se demostró que los había percibido en las últimas veinticuatro quincenas laboradas y, por tanto, procedía la nulidad parcial de convenio de jubilación firmado entre las partes.
Del perfeccionamiento de pruebas.
En el primer concepto de violación el quejoso argumenta que el laudo es ilegal y que vulnera el contenido de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; refiere que la autoridad conculcó sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, en razón de que omitió observar y aplicar correctamente las normas que rigen el asunto que fue sometido a su conocimiento, limitándose a condenarlo.
Es inoperante el concepto de violación.
Marco Normativo.
Ciertamente, se destaca que en la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/48,(28) que este cuerpo colegiado comparte, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.", se estableció que los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida; por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida en que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y el porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.
Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002,(29) de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.", ponderó, en lo que interesa, que el hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera establecido en jurisprudencia que para que procediera el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, bastaba con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedecía a la necesidad de precisar que no necesariamente debían plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implicaba que los quejosos o recurrentes se limitaran a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren.
La jurisprudencia de referencia es de la literalidad siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."(30)
Caso concreto.
Delimitado el anterior marco normativo, en el caso, como se dijo, el quejoso aduce argumentos genéricos con los que no logra proponer conceptos de violación que puedan ser analizados por este cuerpo colegiado.
Lo anterior se estima así, pues basta leer su concepto de violación, el que en una apreciación general, al considerar que fue ilegal el laudo porque la responsable no aplicó correctamente las normas que rigen el asunto que fue sometido a su conocimiento, se limita a condenarlo.
Teniendo en cuenta lo anterior, si el Máximo Tribunal de la Nación ya estableció que la institución de la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, ya que a ellos les corresponde exponer razonadamente porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren, inconcuso es que, en el caso, al haber esgrimido manifestaciones genéricas, y no existiendo la suplencia de la deficiencia de la queja a su favor, los motivos de disenso deben ser declarados inoperantes; considerar lo contrario implicaría que este cuerpo colegiado analizara: 1) A qué normativa aplicable se refiere, particularizando el precepto que aduzca; 2) En qué actuaciones es que no se aplicó correctamente un precepto normativo; y, 3) De qué manera se debió interpretar y aplicar el eventual precepto normativo, que no hizo la Junta; hipótesis que al no ser expuestas implicaría un ejercicio en suplencia de la queja que, como se dijo, no es procedente en el presente asunto.
De la existencia de un convenio.
En parte de su primer concepto de violación, aduce que la Junta omitió examinar que en los autos del expediente laboral, constaba de forma fehaciente que celebró con la accionante un convenio finiquito ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el catorce de octubre de dos mil nueve, instrumento por medio del cual se le cubrieron todas y cada una de las prestaciones laborales a que tenía derecho.
Convenio que, dice, fue sancionado por la autoridad laboral correspondiente, por lo cual la actora carecía de acción y derecho para reclamar las prestaciones.
En apoyo cita la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE C0NCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 y 2a./J. 1/2010)."(31)
Es infundado lo controvertido por el instituto quejoso.
Marco normativo.
Para justificar tal postura, es preciso señalar que los convenios celebrados y ratificados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, si bien dependen del consenso de las partes para su celebración, tal circunstancia de ninguna manera implica que su clausulado se encuentre enteramente a su arbitrio.
Pues de la lectura de los artículos 33(32) y 987(33) de la Ley Federal del Trabajo se puede apreciar que los acuerdos de voluntades celebrados ante la autoridad laboral resultan vinculantes para las partes y son elevados a categoría de laudo, ya que para su ratificación es necesaria la aprobación de la Junta, en torno a que no entrañan renuncia de derechos, proscrita por la Carta Magna.
En ese sentido, al obtener la categoría de laudo por disposición de ley, y con la finalidad de dar cumplimento efectivo al mandato del referido artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, relativo a que la Junta debe analizar que el convenio no entrañe renuncia de derechos, es dable concluir que deben observarse las mismas formalidades que revisten a los laudos en relación con las firmas que debe contener, en tanto ambos actos tienen en común que definen cuestiones sustantivas de la relación de trabajo, como el salario, categoría, liquidación, pensiones, jornada, vacaciones, aguinaldo o antigüedad.
De esta manera, los artículos 889(34) y 890(35) de la Ley Federal del Trabajo, establecen que para la validez de las resoluciones de los tribunales de trabajo se requiere que estén debidamente firmadas, tanto por los integrantes de la Junta, como por el secretario que las autoriza, ya que la firma que plasma la autoridad laboral en dichos documentos, es el signo manifiesto con el que validan su contenido, cumpliendo de esta manera con la obligación que le imponen los mencionados preceptos legales.
La falta de nombre o firma en el laudo de alguno de los integrantes de la Junta constituye una violación formal y, ante la omisión de alguno de ellos, es claro que no existe certeza de la autenticidad del acto; por ende, el laudo es inválido. Dichas reglas también son aplicables a los convenios fuera de juicio, pues para que se tengan por legalmente ratificados, deben contar con las firmas de todos los miembros de la Junta, así como del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
Es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 147/2007,(36) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de firma del laudo por parte de alguno de los integrantes de un tribunal de trabajo o, del secretario de acuerdos, trae consigo su nulidad, sin que para el caso pueda hacerse pronunciamiento sobre su constitucionalidad, pues no debe surtir efecto jurídico alguno, ya que de lo contrario se estaría subsanando el vicio de origen. Conforme a ello, el órgano de control constitucional oficiosamente, sin necesidad de que en la demanda de amparo correspondiente se expresen conceptos de violación sobre tal aspecto e independientemente de quién la promueva, deberá declarar la nulidad del laudo y ordenarle al tribunal que lo emitió subsanar tal formalidad, sin que ello se traduzca en suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la Ley de Amparo."
En consecuencia, ante la falta de firmas en el acta de votación y el laudo mismo, tal proceder no puede estimarse válido y carece de eficacia jurídica; por identidad de razón, si la falta de la formalidad en comento trae consigo la nulidad de los laudos, entonces, los convenios ratificados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben seguir la misma suerte, a fin de brindar seguridad jurídica y certeza a las partes respecto a que se constató que el convenio no contiene renuncia de derechos.
Corrobora lo anterior, por las razones que informa, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2019 (10a.),(37) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONVENIO CELEBRADO FUERA DE JUICIO LABORAL RATIFICADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. PARA SU VALIDEZ ES NECESARIO QUE TENGA LA FIRMA DE TODOS SUS MIEMBROS, ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA FE. Por regla general, el convenio celebrado en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo tiende a definir aspectos sustantivos de la relación laboral tales como salario, categoría, jornada, vacaciones, liquidación, aguinaldo y antigüedad; por lo cual, en atención a que esas condiciones de trabajo, tratándose de conflictos laborales, se determinan al resolver el fondo del asunto en el laudo, y sin soslayar que surten efectos desde su celebración entre las partes, como se infiere de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 167/2016 (10a.), se concluye que para que el convenio relativo se tenga por legalmente ratificado al no contener renuncia de derechos, debe contar con las firmas de todos los miembros de la Junta respectiva, así como del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, al igual que acontece tratándose de los laudos conforme a los artículos 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo; máxime que la sola presencia del secretario indicado es insuficiente para considerar que la Junta haya analizado que el convenio no conlleva renuncia de derechos. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 18 de la ley de la materia, que prevé que en caso de duda en la interpretación de las normas de trabajo debe atenderse a la más favorable al trabajador, por lo que la ratificación de los convenios a que se refiere el numeral 33 de la ley en comento debe entenderse como la firma de todos los miembros de la Junta para que pueda considerarse congruente con el mandato de impedir cualquier renuncia de derechos."
Caso concreto.
En lo particular, se tiene que para acreditar que se le pagó la prima de antigüedad con un monto distinto al que le correspondía, por no incluir diversos conceptos que a su parecer tenía derecho, ofreció como prueba el convenio de finiquito celebrado entre la accionante y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de patrón, ante la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el catorce de octubre de dos mil nueve.
Al contestar la demanda, el instituto dijo que no procedía modificación alguna respecto de los montos del convenio, porque fue elaborado conforme a derecho, ya que el mismo se adecuó a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que fue elaborado por escrito, se estableció de manera clara y circunstanciada los hechos que lo motivaban (la indemnización que como liquidación finiquita le correspondía por motivo de su jubilación por años de servicios), y que fue ratificado y aprobado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que cumplió con todos los requisitos legales para tener plena validez, en ese tenor, se trataba de cosa juzgada.
Por ser relevante al caso, se inserta en imagen el convenio:
Convenio laboral.
Se suprime imagen
Destacado lo anterior, debe señalarse que, contrario a lo dicho por el quejoso, el convenio que presentaron las partes no fue ratificado y firmado por la totalidad de los integrantes de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el catorce de octubre de dos mil nueve, ya que únicamente aparece la firma del secretario de Acuerdos de la misma; por tanto, no se puede concluir que se trata de cosa juzgada que actualice la improcedencia de lo solicitado por la accionante.
En ese tenor, si la responsable analizó dicho convenio y declaró la nulidad parcial del convenio de finiquito celebrado entre la actora y el Instituto Mexicano del Seguro Social en su calidad de patrón, ante la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje el catorce de octubre de dos mil nueve, para incluir en la cuantificación de la prima de antigüedad los conceptos 32 y 33, correspondientes a los estímulos por asistencia y puntualidad, fue precisamente porque no había sido sancionado por la diversa Junta mencionada; consecuentemente, el actuar de la autoridad responsable fue correcto, pues no estaba imposibilitada para dilucidar sobre la procedencia de la integración del pago que reclamó, ya que en la ratificación del mismo, celebrada ante la autoridad laboral, sólo aparece la firma del secretario de Acuerdos y no así la de su presidente ni la de los representantes de los trabajadores y del patrón, a pesar de que ahí se asentó que se suscribía ante esa Junta, que constituye un órgano colegiado.
Lo anterior implica un incumplimiento al artículo 890 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que es necesario que en la actuación de ratificación del convenio celebrado fuera de juicio, aparezca la firma de la totalidad de los miembros de la Junta y, por ende, sí debía resolver sobre las pretensiones de la actora en su escrito inicial de demanda; de ahí lo infundado del concepto de violación. Aunado a ello, debe estimarse incorrecta la pretensión del quejoso en el sentido de que aplicaba al caso la tesis de jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010)."; ello, porque su eventual aplicación deriva de que el convenio laboral se encuentre firmado por la totalidad de los miembros de la Junta, esto es, del secretario de Acuerdos, su presidente y los representantes de los trabajadores y del patrón.
De la valoración de los recibos de pago.
En el segundo concepto de violación, controvierte que la responsable omitió realizar un estudio correcto de las constancias que obran en autos, en particular en las documentales consistentes en las copias simples de los tarjetones de pago a nombre de **********, a los que de forma ilegal les concedió valor probatorio pleno toda vez que con independencia de su objeción, al ser documentos privados ofrecidos en copias simples, su contenido puede ser susceptible de modificaciones y, por tal motivo, no debieron (sic) convicción real ya que no fueron perfeccionadas.
En ese sentido, aduce que la autoridad laboral no debió apoyarse en ellas para condenarla al pago de los estímulos por asistencia y puntualidad, ya que constituyen prestaciones extralegales.
Respecto al tema, insiste en que no debieron tener valor probatorio pleno al carecer del correspondiente cotejo, ya que con independencia de que hubiesen sido objetados o no, la responsable debió apreciar que jamás las hizo propias en su totalidad, ni existió reconocimiento tácito del derecho del actor de que le fueran cubiertos los estímulos por asistencia y puntualidad.
Apoya su concepto de violación con los criterios siguientes: "ACCIÓN EN MATERIA LABORAL. REQUISITOS QUE LA JUNTA DEBE CUMPLIR PARA EL ANÁLISIS DE SU PROCEDENCIA AL DICTAR EL LAUDO.";(38) y "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS."(39)
El quejoso pretende aclarar que, si bien es cierto hizo propio el tarjetón de pago correspondiente a la primera quincena del mes de agosto, no lo hizo en su totalidad, pero que, en todo caso, al tratarse del reclamo de prestaciones extralegales, era carga del actor acreditar que percibió en cuando menos 18 de 24 quincenas los estímulos por (32) asistencia y (33) puntualidad.
Cita en apoyo las tesis: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUANDO SUS TRABAJADORES DEMANDEN LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTÍMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD A LA BASE SALARIAL PREVISTA EN LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, O EL PAGO CORRECTO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN FUNCIÓN DE UN SALARIO INTEGRADO POR ESOS CONCEPTOS, POR REGLA GENERAL DEBEN EXPRESAR LA TEMPORALIDAD DE LA PERCEPCIÓN DE DICHAS PRESTACIONES."(40); y "COPIA FOTOSTÁTICA REGULADA POR EL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VALORACIÓN DE LA."(41)
Lo dicho por el quejoso es infundado.
Marco normativo.
Es dable precisar que del artículo 840, fracción IV, de la ley aplicable, se prevé que los laudos deben contener la enumeración de las pruebas y su apreciación por parte de la Junta, y que deben dictarse a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresando los motivos y fundamentos legales en que se apoyen.
En cuanto a la prueba documental y las objeciones que pudieran ocurrir, de la contradicción de tesis 202/2004-SS, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que la objeción o impugnación de documentos es un procedimiento a través del cual la contraparte de la oferente ataca la documental exhibida en el proceso, alegando y, en su caso, probando que no es auténtica por ser inexacta o falsa, con el fin de lograr que no sea considerada por la responsable al momento de valorar las pruebas integrantes del sumario y dictar el laudo respectivo, de manera que para que pueda ser tomada en cuenta la objeción que se formula contra un documento, es necesario que el objetante concrete su objeción, esto es, debe decir el porqué de la misma, pues si no lo hace así, la objeción, aunque se formule con el propósito de que la Junta reste valor probatorio al documento de que se trate, en nada puede afectarlo.(42)
En el caso, se precisa que en materia de trabajo existe la premisa relativa a que el que objeta de falso un documento debe probarlo, mas no a la contraparte, quien tiene a su favor la presunción de que el documento es auténtico.
Apoya lo dicho, el criterio de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido:
"DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES A LOS. CARGA DE LA PRUEBA. En materia laboral el que objeta de falso un documento debe probarlo. Por lo que si una de las partes dice haber objetado de falso un documento, la carga de la prueba corresponde a ella, mas no a la contraparte, quien tiene a su favor la presunción de que el documento es auténtico."(43)
Otra hipótesis que regularmente puede surgir en un juicio laboral es que una parte ofrezca una prueba documental, pero que la contraparte no la objete, en esos casos se ha establecido que ésta puede generar valor probatorio para demostrar lo pretendido; al respecto se insertan los criterios de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que apoyan dicha afirmación, a saber:
"DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Si una de las partes no objeta el documento privado presentado por la parte contraria, acepta su validez y, por lo tanto, debe considerársele con valor probatorio, por acreditar el hecho correspondiente; esto es, el hecho que quiera demostrarse, aun cuando no haya sido ratificado dicho documento."(44)
"DOCUMENTOS EN MATERIA DE TRABAJO, OBJECIONES A LOS. Si la empresa no objetó los documentos ofrecidos por el trabajador, en cuanto a su autenticidad, sino solamente en cuanto al valor probatorio de los mismos, y la responsable, usando de su facultad para estimar las pruebas, concedió a dichos documentos el valor que estimó pertinente, la empresa quejosa no puede tachar de falsos los citados documentos, que no fueron objetados oportunamente en cuanto a su autenticidad."(45)
Caso concreto.
En el particular, la parte actora presentó diversos recibos de pago para demostrar que percibió diversos conceptos extralegales como pago del último año de servicios, esto es, antes de su jubilación.
A saber:
"c) Fotocopias de los tarjetones de pago pertenecientes a la actora con matrícula ********** de las quincenas primera de julio de dos mil ocho a la segunda de julio de dos mil nueve.
"Prueba con la que se pretenden acreditar las diversas prestaciones percibidas por el actor al servicio de la demandada, como son los conceptos: 01 (sueldo), 11 (complemento de ayuda de renta), 20 (ayuda de renta), 22 (antigüedad), 29 (prima vacacional), 32 (estímulos por asistencia), 33 (estímulos por puntualidad), 48 (actividades recreativas y culturales), 49 (aguinaldo), 50 (despensa) y 55 (fondo de ahorro), todos ellos como parte integral del salario que recibió la actora hasta el último día laborado para la moral demandada. Prueba que se relaciona con los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del escrito de demanda. Anexo II Bis.
"d) Fotocopias de los tarjetones de pago pertenecientes a la actora con matrícula **********, correspondientes al pago mensual del mes de septiembre de dos mil nueve, así como el pago mensual de noviembre de dos mil nueve como jubilada por años de servicios.
"Prueba con la que se pretende acreditar que el demandado omitió integrar en la cuantía básica que determina la pensión mensual de la actora, como son los conceptos: 01 (sueldo), 11 (complemento de ayuda de renta), 20 (ayuda de renta), 22 (antigüedad), 29 (prima vacacional), 32 (estímulos por asistencia), 33 (estímulos por puntualidad), 48 (actividades recreativas y culturales), 49 (aguinaldo), 50 (despensa) y 55 (fondo de ahorro), todos ellos como parte integral de su pensión de jubilación por años de servicios. Prueba que relaciono con los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de mi escrito de demanda. Anexo II Bis.
"...
"Medios de perfeccionamiento.
"...
"Se ofrece para el caso de que fueran objetados de manera especial, el cotejo y la compulsa de las documentales del número 2 del inciso c), con los originales que obran en el departamento de personal y desarrollo de la **********, del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, sito en: **********, piso **********, Col. **********. C.P. **********, Delegación **********, México, Distrito Federal, esquina **********. De la actora **********, matrícula **********, de las quincenas primera de julio de dos mil ocho a la segunda de julio de dos mil nueve. Por conducto del C. Actuario comisionado para tal efecto debiéndose decretar los apercibimientos de ley respectivos para el caso de que la demandada se negase a exhibir los documentos, teniéndose por perfeccionadas las ofrecidas en mi escrito de pruebas.
"Se ofrece para el caso de que fueran objetados de manera especial, el cotejo y la compulsa de las documentales del número 2 del inciso d), con los originales que obran en el departamento de Personal y Desarrollo de la ********** del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, sito en: calzada **********, **********, piso **********, colonia **********. C.P. **********, Delegación **********, México, Distrito Federal, esquina con **********. De la actora **********, matricula **********, correspondientes al pago mensual del mes septiembre de dos mil nueve, así como el pago mensual de noviembre de dos mil nueve como jubilado por años de servicios. Por conducto del actuario comisionado para tal efect
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31446-90cab165/prueba-documental-en-el-juicio-laboral-tiene-valor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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