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Modo: Corpus Pro

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. PARA EL CÁLCULO DE ESA PRESTACIÓN A QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), EL CONCEPTO DE AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DEBE SER CONSIDERADO COMO INTEGRANTE DEL SALARIO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO SEÑALADO EXPRESAMENTE EN LA DEMANDA LABORAL, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE QUE FORMÓ PARTE DEL SALARIO DEL TRABAJADOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2020. · Registro digital (IUS): 30349
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-01-28
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, Pág. 2477.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, GRACIELA M. LANDA DURÁN, GUSTAVO GALLEGOS MORALES, SUSANA MAGDALENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO Y ALEJANDRO GRACIA GÓMEZ. AUSENTE: MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA. DISIDENTE: ROSA EUGENIA GÓMEZ TELLO FOSADO. PONENTE: GRACIELA M. LANDA DURÁN. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (abrogada), por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto (sic) Circuito.

Así como con lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales mediante un nuevo esquema de trabajo ante la contingencia por el virus COVID-19.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Magistrado Casimiro Barrón Torres, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto (sic) Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios, se precisa que el tema de la contradicción expresado en la denuncia no vincula a este Pleno de Circuito a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, al resolverla se puede acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis, con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de sus integrantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. V/2016 (10a.),(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."

Bajo tal marco de referencia, es necesario reseñar brevemente y en lo conducente, las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes que, de acuerdo al oficio de denuncia, son los siguientes: el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto (sic) Circuito en los amparos directos 478/2019, 631/2019, 721/2019, 735/2019 y 773/2019 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto (sic) Circuito, al resolver los amparos directos 571/2018, 711/2018 y 756/2018.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto (sic) Circuito, al resolver el amparo directo 631/2019:

• Destacó que se reclamó un laudo dictado en un juicio laboral promovido por un trabajador jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien demandó y obtuvo condena por el pago de diferencias en la prima de antigüedad, prestación prevista en la cláusula 59 bis del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el citado instituto y su sindicato de trabajadores.

• Agregó que el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió el juicio de amparo directo y en una parte de sus conceptos de violación tildó de violatoria de sus derechos esa condena, al haberse integrado al salario para el pago de la prima de antigüedad, el concepto de ayuda para actividades culturales y recreativas, que no fue reclamado por la parte actora en su escrito inicial de demanda laboral, ni en manifestación verbal alguna durante el procedimiento, por lo que no formó parte de la litis.

• Concepto de violación que declaró fundado porque indebidamente la Junta responsable, al resolver en relación al salario para realizar el cálculo del reclamo de prima de antigüedad, incluyó ese concepto de ayuda para actividades culturales y recreativas; no obstante el actor omitió solicitar su incorporación y, acotó, que del análisis de la demanda laboral se advertía que demandó el pago de: "las diferencias del pago de la prima de antigüedad que se me cubrió mediante convenio al término de la relación laboral que tuve con la patronal demandada."

• Enseguida, hizo transcripción del hecho cuarto de la demanda laboral relativo a esa prestación, y de lo resuelto en el laudo(2) sobre ella, para luego destacar que el actor, ahí tercero interesado, no solicitó que en el salario base para la cuantificación de la prima de antigüedad se incluyera el concepto inherente a la ayuda para actividades culturales y recreativas (sino únicamente otros conceptos que relacionó), por lo cual no formó parte de la litis.

• Agregó que la Junta responsable al incluirlo, sin justificación introdujo cuestiones ajenas a la litis, al no haber sido pedida ni planteada por las partes, lo que consideró como una incongruencia y falta de exhaustividad en el dictado del laudo que contravino lo dispuesto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, y atentó el principio de seguridad jurídica en perjuicio del quejoso.

• Concluyó con la concesión del amparo al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que la Junta laboral, al resolver en relación al pago de diferencias de la prima de antigüedad, prescindiera de considerar que el actor demandó la inclusión del concepto de ayuda para actividades culturales y recreativas, como parte del salario para el cálculo de esa prestación.

En similares términos, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto (sic) Circuito resolvió los diversos amparos directos 478/2019, 721/2019, 735/2019 y 773/2019, mismos que por cuestiones de economía y sencillez se omite mayor precisión al respecto.

En aparente contraposición a lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto (sic) Circuito, al resolver el amparo directo 571/2018, en lo que interesa:

• Destacó que se reclamó un laudo dictado en un juicio laboral promovido por un trabajador jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien demandó (y obtuvo condena), el pago de diferencias en la prima de antigüedad, previsto en la cláusula 59 bis del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el citado instituto y su sindicato de trabajadores (vigente en dos mil ocho).

• Agregó que el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió el juicio de amparo directo en cuyo único concepto de violación tildó de incorrecta esa condena, al haberse integrado al salario para el pago de la prima de antigüedad, el concepto relativo a la ayuda para actividades culturales y recreativas, que no fue reclamado por la parte actora en su escrito inicial de demanda laboral, ni en manifestación verbal alguna durante el procedimiento, por lo que no formó parte de la litis, mismo que declaró infundado en los términos siguientes:

"En efecto, es de afirmarse lo anterior, habida cuenta que la entonces actora en su escrito de demanda, entre otras cosas, reclamó:

"‘A. Por la prestación a que se refiere la cláusula 59 bis del contrato colectivo de trabajo vigente, se reclama el pago de 326 días, a razón de salario de $761.71 pesos, que autorizan las cláusulas 1a. y 93 del mismo contrato colectivo, cuyo reclamo es por la suma de $284,317.46 pesos (doscientos cuarenta y ocho (sic) mil trescientos diecisiete pesos con 46/100 M.N.), que se genera desde la fecha de ingreso al trabajo, y que cito en el hecho número uno de la demanda, hasta el día 1 de marzo del 2008. Proceden al respecto las siguientes jurisprudencias que solicito se apliquen en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.’

"Tales preceptos contractuales establecen lo siguiente:

"‘Cláusula 59 bis: Separación por jubilación por años de servicios. A la separación del trabajador con motivo de su jubilación por años de servicios, pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, el instituto le pagará como prima de antigüedad, el importe de 12 días del salario, por cada año efectivo laborado y la parte proporcional correspondiente a la fracción de año, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor de quince años.

"‘Los trabajadores que se separen por las mismas causas, con menos de quince años de antigüedad en el servicio, recibirán del instituto doce días de salario por cada año efectivo de servicios, sin que el pago de la antigüedad pueda exceder del importe de tres meses de salario, computados a razón del que disfrute el trabajador en el momento que le sea otorgada la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez.

"‘Asimismo, les cubrirá todas y cada una de las prestaciones que les adeudare, por concepto de salarios, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro y aquellas a que tuvieren derecho de conformidad a las cláusulas relativas al presente contrato.’

"‘Cláusula 1. Definiciones.

"‘Para la interpretación y aplicación de este contrato, se establecen las siguientes definiciones:

"‘...

"‘Salario: Es el ingreso total que obtiene el trabajador como retribución de sus servicios.’

"‘Cláusula 93. El salario se integra con los pagos hechos en efectivos por sueldo, gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador a cambio de su trabajo en los términos de este contrato.’

"De los anteriores preceptos se obtiene, en lo que interesa, que el hoy tercero interesado, en el tópico que nos atañe, reclamó la prestación prima de antigüedad, a razón de salario, lo que incluye pagos hechos en efectivo por sueldo, gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador a cambio de su trabajo, por tanto, debe entenderse solicitado en términos completos, sin que para tal comprensión o determinación resulte necesario efectuar un tabulador con cada uno de los conceptos que –desde su perspectiva– lo integran, pues ello constituye una carga desmedida para el trabajador.

"De ahí que si bien, en la especie, no se precisó específicamente en la demanda el concepto 048 Ayuda para actividades culturales y recreativas, lo cierto es que el reclamo del pago de la prima de antigüedad se hizo de forma completa, con base en la definición de salario, y será en todo caso la autoridad laboral del conocimiento quien determine primero, su procedencia, y segundo, los conceptos que la integran.

"Máxime que, cabe destacar, que al respecto existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ayuda para actividades culturales y recreativas integra el salario para efectos del pago de la prima de antigüedad, con motivo de la jubilación por años de servicio establecida en la cláusula 59 bis del contrato colectivo de trabajo, por lo que resulta indiscutible que ésta sí deba integrarse al salario para el pago de la prima de antigüedad.

"La jurisprudencia a que se hizo referencia es de rubro y texto siguientes:

"‘SEGURO SOCIAL. LA AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS, PREVISTA EN LA CLÁUSULA 47 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE RIGE EN EL INSTITUTO RELATIVO, INTEGRA EL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD.’."

En similares términos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto (sic) Circuito, resolvió los amparos directos 711/2018 y 756/2018, de manera que, por cuestiones de economía y sencillez, únicamente se citan los pormenores del diverso 571/2018, por ser el que de manera más clara refleja el criterio de ese tribunal respecto del punto jurídico denunciado como contradictorio.

CUARTO.—Existencia de la contradicción. En principio, debe considerarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado qué se requiere para determinar si existe una contradicción de tesis, para lo cual deben advertirse los elementos siguientes:

a) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten, expresa o implícitamente, criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales; y,

b) Que sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)

Y la diversa P./J. 93/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(4)

Bajo ese contexto, existe la contradicción de tesis puesto que los Tribunales Colegiados sostuvieron criterios discrepantes sobre el mismo punto de derecho al pronunciarse en torno a si se viola el principio de congruencia cuando al resolverse un juicio laboral promovido por un trabajador jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se demandó el pago de diferencias en la prima de antigüedad, la Junta responsable integra al salario base para su pago, el concepto de ayuda para actividades culturales y recreativas que no fue reclamado expresamente por el trabajador.

Lo anterior, en la medida que ambos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron su criterio en amparos directos en los que se impugnó un laudo dictado en un juicio laboral en el que un trabajador jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, demandó entre otras prestaciones, el pago de diferencias en la prima de antigüedad, prevista en la cláusula 59 bis del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el citado instituto y su sindicato de trabajadores, y obtuvo condena.

Los dos pronunciamientos surgieron a raíz de que el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió juicio de amparo directo y como concepto de violación tildó de incorrecta esa condena, al haberse integrado al salario para el pago de la prima de antigüedad el concepto de ayuda para actividades culturales y recreativas, que no fue reclamado por la parte actora en su escrito inicial de demanda laboral.

Concepto de violación que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto (sic) Circuito, al resolver el amparo directo 631/2019, consideró fundado bajo el argumento de que el actor, ahí tercero interesado, no solicitó que en el salario base para la cuantificación de la prima de antigüedad se incluyera el concepto inherente a la ayuda para actividades culturales y recreativas (sino únicamente otros conceptos), por lo cual no formó parte de la litis y, al incluirlo, sin justificación, la Junta laboral introdujo cuestiones ajenas a la controversia, lo que consideró como una incongruencia y falta de exhaustividad en el dictado del laudo que contravino lo dispuesto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, y atentó contra el principio de seguridad jurídica en perjuicio del quejoso.

En contraposición a lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto (sic) Circuito, al resolver el amparo directo 571/2018, consideró infundado el concepto de violación bajo la consideración de que el trabajador demandó el pago de esa prestación acorde con lo previsto en las cláusulas 1, 59 bis y 93 del contrato colectivo de trabajo, preceptos que transcribió para luego decir que se reclamó la prestación a razón de salario y que debía entenderse solicitado en términos completos, sin que para tal comprensión o determinación resultara necesario efectuar un tabulador con cada uno de los conceptos que –desde su perspectiva– lo integran, lo que calificó como una carga desmedida para el trabajador.

Consecuentemente, como se indicó en el oficio de denuncia, se trata de criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho, consistente en determinar si se viola el principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, cuando al resolverse un juicio laboral promovido por un trabajador jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se demandó el pago de diferencias en la prima de antigüedad, la Junta responsable integra al salario base para el pago de esa prestación, el concepto de ayuda para actividades culturales y recreativas que no fue reclamado expresamente por el trabajador.

SÉPTIMO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno del Decimoquinto Circuito que se desarrolla a continuación:

El punto jurídico a dilucidar, como se anticipó, es el relativo a determinar si se viola el principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, cuando al resolverse un juicio laboral promovido por un trabajador jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, que demandó el pago de diferencias en la prima de antigüedad, la Junta responsable integra al salario base para el pago de esa prestación, el concepto de ayuda para actividades culturales y recreativas que no fue reclamado expresamente por el trabajador.

Para esclarecer lo anterior, es pertinente partir de la circunstancia de que la prima de antigüedad (que fue la prestación reclamada en los juicios laborales que dio (sic) origen a la contradicción de criterios), es una prestación prevista en el artículo 59 bis del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y su sindicato de trabajadores, que tiene lugar con motivo de la jubilación por años de servicio, y prevé que corresponde al importe de doce días de salario por cada año efectivo laborado, entendiéndose por salario, el ingreso total obtenido por el trabajador como retribución por sus servicios definido en las cláusulas 1 y 93 del citado pacto.

También se debe partir de la premisa de que la contradicción de criterios surgió de la interpretación y aplicación de la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de uno de mayo de dos mil diecinueve.

Precisión que se hace en consonancia a lo previsto en el artículo séptimo transitorio de ese decreto de reformas, en el que se estatuye que los procedimientos que se encuentren en trámite ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales y Locales serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

Bajo ese contexto, debe considerarse que el artículo 841(5) de la Ley Federal del Trabajo, vigente en esa época, dispone que los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero las Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a estudiar pormenorizadamente las rendidas, así como a valorarlas y, a expresar los motivos y fundamentos legales en que se apoyen.

Y, el diverso 842(6) de la ley en cita establece que los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.

Fundamentación y motivación que deben cumplir los laudos de las Juntas laborales, que debe interpretarse de manera acorde y conforme con los derechos fundamentales de debido proceso y legalidad que se consagran en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Debido proceso (que antes también se conocía como garantía de audiencia) que obliga al juzgador, en este caso a las Juntas laborales, a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva mediante un pronunciamiento de todos los puntos litigiosos materia del debate.

Obligación de las Juntas que no debe desvincularse de lo dispuesto del diverso imperativo de las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos, que se prevé en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que conlleva que deben expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deben ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad.

Fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional que se satisface mediante el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, la cita de los preceptos jurídicos, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión, además, que debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.

Sobre este aspecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 139/2005,(7) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."

Concomitante con lo anterior, de lo previsto en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, derivan diversos principios que todo laudo debe observar como son el de congruencia, que se divide en interna y externa, así como el de exhaustividad. En este caso, interesa el primero de ellos, que predica que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna.

Luego, se dice que existe congruencia externa cuando lo resuelto en el laudo concuerda con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, cuando esa resolución que pone fin al juicio laboral no distorsiona o altera lo pedido o lo alegado en defensa.

Sobre ese aspecto aplica, en lo conducente, la jurisprudencia IV.2o.T. J/44(8) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito, cuyo criterio este Pleno comparte, que establece:

"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia –externa– significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal."

Ahora bien, esos principios de fundamentación y motivación, así como de congruencia y exhaustividad, se satisfacen cuando un trabajador jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social demanda el pago de diferencias de la prima de ant

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30349-7581b117/prima-de-antiguedad-para-el-calculo-de-esa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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