COPIA SIMPLE EXHIBIDA EN EL JUICIO LABORAL. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL ORIGEN, AUTORÍA O ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL SE ATRIBUYE A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE.
AMPARO DIRECTO 205/2017. 6 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN MANUEL VEGA TAPIA. SECRETARIO: RAFAEL CARLOS QUESADA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Estudio.
En el primer concepto de violación aduce el instituto quejoso que la parte trabajadora recibió el pago de su prima de antigüedad mediante convenio de veinticinco de agosto de dos mil nueve, que fue ratificado ante la Junta Federal Número Nueve de Conciliación y Arbitraje y que dicha autoridad estimó que no había renuncia de derechos y procedió a aprobarlo; por tanto, dice que la acción intentada es improcedente, puesto que la responsable está impedida para analizar cuestiones que ya fueron sancionadas y de las cuales se estableció que no había renuncia de derechos, constituyéndose con carácter de laudo ejecutoriado, de conformidad con los artículos 33, segundo párrafo, 53, fracción I y 987 de la Ley Federal del Trabajo; situación que dice el inconforme la responsable omitió analizar, siendo que la resolución de la Junta implica una nulidad parcial del convenio en cita.
Para justificar su dicho, el quejoso cita el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.): "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010)."
Es infundado el motivo de disenso sintetizado.
En principio es importante destacar que la celebración de un convenio pone de manifiesto que las partes contendientes han llegado a un arreglo sobre sus respectivas pretensiones y, mientras no se declare la nulidad de lo convenido, lo plasmado en ese acuerdo debe estimarse ajustado a la realidad. Sin embargo, este tribunal estima que contrario a lo alegado por el quejoso, es procedente la acción de nulidad parcial de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, en los términos del citado artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.
Dicho lo anterior, no se desconoce el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.),(3) (citada como fundamento por el quejoso), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 699 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas»; sin embargo, debe ponderarse su contenido a la luz de la tesis 2a. LV/2015, (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 20, Tomo I, julio de 2015, página 821 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de julio de 2015 a las 9:15 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"JURISPRUDENCIA 2a./J. 17/2015 (10a.) (*), DE RUBRO: ‘CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).’. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN. En la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el convenio laboral resulta vinculante para las partes, por lo que si posteriormente el trabajador hace valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el Tribunal Laboral, dicha acción resulta improcedente. Sin embargo, en atención al artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo, que establece que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, la tesis jurisprudencial referida sólo es vinculante para los juicios promovidos a partir del 13 de abril de 2015, lunes hábil siguiente a la fecha en la que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Así, en los casos tramitados con anterioridad a esa fecha, debe considerarse que los actores ya habían ejercido el derecho para demandar la nulidad del convenio, lo cual resultaba procedente en atención a los criterios abandonados por la jurisprudencia aludida."(4)
En esa jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 217 de la Ley de Amparo, sostuvo que el criterio en que apoya su reclamo el quejoso es vinculante para los juicios promovidos a partir del trece de abril de dos mil quince y, en el caso, la demanda laboral se presentó el seis de octubre de dos mil nueve,(5) como se advierte del sello de la Oficialía de Partes Común de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Es decir, resulta inaplicable la jurisprudencia invocada por el instituto quejoso(6) (que en su ámbito de temporalidad fue estudiado en la tesis mencionada) y con la cual pretende sustentar su argumento de la improcedencia de la acción intentada; de ahí lo infundado de su concepto de violación.
En ese orden de ideas, se insiste que, aun cuando no haya pronunciamiento expreso respecto a la pretensión de la nulidad del convenio controvertido, lo cierto es que en parte sí fue nulificado; cuestión que es factible conforme a lo anotado, es decir, por haberse detectado que parcialmente contenía renuncia de derechos.
Luego, en el segundo concepto de violación aduce la quejosa que se le condenó al pago de prestaciones extralegales con base en pruebas deficientes para acreditar el dicho del actor. Ello, puesto que la cláusula 93 del contrato colectivo de trabajo, así como los recibos de pago (tarjetones) fueron exhibidos en copia simple.
También, dice la inconforme que las circunstancias de hecho no se adecuaron a las de derecho, siendo que las documentales en comento fueron indebidamente valoradas, puesto que no hacen prueba plena, lo que se traduce en que la acción no está acreditada.
Cita el contenido de las jurisprudencias: "PRUEBAS. APRECIACIÓN DE LAS. POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.", "PRUEBAS, FALTA DE VALORACIÓN DE LAS. ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS." y "COPIA FOTOSTÁTICA REGULADA POR EL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VALORACIÓN DE LA."
Además, en ese concepto de violación argumenta el amparista que la responsable no acató el principio de exhaustividad a que está obligada, justificando su argumento con la jurisprudencia: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS."
Lo sintetizado es infundado.
Se afirma lo anterior, ya que, con independencia de que esas documentales -recibos de pago- sean copia simple y no hubiesen sido perfeccionadas, no implica que no tengan valor probatorio para demostrar lo pretendido por la actora, máxime que la Junta tiene libre apreciación que en conciencia efectúa respecto de las pruebas y conforme a la litis planteada.
En efecto, cierto es que los documentos relativos a los tarjetones de pago fueron ofrecidos en copia simple por su oferente (actora). Sin embargo, a pesar de que éstos no hayan sido perfeccionados, ello no implica que no puedan ser un indicio que oriente en la decisión que a conciencia realice la Junta. Aserto que se corrobora de la jurisprudencia 4a./J. 32/93, registro digital: 207769, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 68, agosto de 1993, página 18, de rubro y texto siguientes:
"COPIA FOTOSTÁTICA REGULADA POR EL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VALORACIÓN DE LA.-Para determinar la eficacia probatoria de la prueba documental privada consistente en copia fotostática sin certificar, debe atenderse, ante todo, a que la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 797 y 801, establece la regla general de que tratándose de pruebas documentales, éstas deben ofrecerse originales. Esta carga que pesa sobre el oferente de pruebas documentales, de exhibir en original las que tenga en su poder, se justifica con mayor razón, cuando el oferente es el patrón y se trata de documentos que, de acuerdo con el artículo 804, tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. Por su parte, el artículo 798 cataloga como documentos privados tanto a las copias simples como a las copias fotostáticas, pese a que éstas últimas, en realidad, son representaciones fotográficas del documento considerado como cosa u objeto. Esta observación es importante en virtud de que la naturaleza real de este tipo de probanza no puede desconocerse al efectuar su valoración. En efecto, como la copia fotostática se obtiene mediante métodos técnicos y científicos a través de los cuales es posible lograr la composición, arreglo o alteración de los objetos reproducidos, no puede descartarse la posibilidad de que aquélla no corresponde de una manera real o auténtica al contenido exacto o fiel del documento o documentos de los que se toma. De ahí que cuando el oferente exhibe copias fotostáticas sin certificar y éstas son objetadas, debe señalar el lugar donde se encuentra el original para que se lleve a cabo la compulsa o cotejo correspondiente, y si no lo señala, aquel documento carecerá de valor probatorio, en virtud de que no habrá modo de comprobar su fidelidad o exactitud. Si la copia fotostática que se ofrezca no es objetada, ello no trae como consecuencia el que el documento privado tenga valor probatorio pleno, aunque sí constituirá un indicio cuyo valor será determinado por la Junta al apreciarlo, en conciencia, con las demás pruebas; en efecto, aun cuando el artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las copias hacen presumir la existencia de los originales, de ello no puede inferirse que la falta de objeción da lugar a aceptarlas como prueba plena, en virtud de que la especial naturaleza de la copia fotostática, a la que ya se aludió, constituye un riesgo que no puede ser desconocido por el juzgador e impide que le otorgue valor de prueba plena. Por último, puede darse el caso de que el propio oferente de la copia fotostática, aunque no sea objetada, solicite su compulsa o cotejo, señalando el lugar donde se halla el original, la que de efectuarse, perfeccionaría dicha prueba documental.(7)
Ahora bien, en el caso, de la adminiculación de las pruebas de autos, se tiene que la valoración de dichas copias simples fue correcta, pues el propio instituto quejoso allegó al juicio como pruebas, los originales de dos de los recibos de pago, específicamente, los correspondientes a la quincena de "1a-Jul-2009 No. **********",(8) documento que coincide con uno de los talones en copias simples allegados por el actor(9) y que corresponden a las últimas quincenas que le fueron pagadas.
De ahí que el indicio o presunción de la existencia de los originales queda satisfecho, pues con independencia de la precisión realizada en el párrafo que antecede, el aserto anterior se colma con el recibo de pago original ofrecido por el instituto demandado, pues se corrobora la existencia y se presume la fidelidad de los documentos; es por ello que es factible otorgarles pleno valor probatorio.
Aunado a lo anterior, debe ponderarse a quién se le atribuye la autoría de los recibos de pago, es decir, al propio instituto demandado; esto es, quien objeta es el autor de los documentos -talones de pago-, por lo que, en todo caso, sería a éste a quien correspondía demostrar que los conceptos reclamados no se pagaban habitualmente.
En efecto, en la audiencia celebrada el tres diciembre de dos mil diez, el apoderado del instituto demandado en cuanto a la objeción de las pruebas ofrecidas por la actora, entre ellas los recibos de pago, refirió lo siguiente:
"En uso de la palabra, el apoderado del ********** dijo: Que en este acto con la personalidad que tengo debidamente acreditada en autos, vengo a ofrecer como pruebas contenidas en un escrito constante de 3 fojas útiles de fecha 5 de abril de 2010, el cual acompañado de 3 anexos, mismo que ratifico y reproduzco, solicitando se agregue a los autos, en cuanto a las pruebas ofrecidas por mi contraria, éstas las objeto en términos generales en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende darles, así como en contenido y firma y como se desprende de la marcada con el numeral III, último párrafo, en el cual la oferente propone cotejo y compulsa; éste no es de valorarse, en virtud en (sic) que la objeción se está efectuando en cuanto a contenido y firma, por lo que al no ser el medio idóneo, solicito al momento de dictaminar, se le dé el valor que corresponda (foja 130 del expediente laboral ********** y sus acumulados ********** y **********)."
Es así, que atendiendo a los términos de la manifestación, el instituto demandado implícitamente aceptó la existencia de los recibos de su autoría; esto es, haberlos expedido. Sin embargo, lo relevante en este punto es reiterar que la "autoría" de dichos documentos se atribuyó por el actor al instituto demandado y éste no la desconoció, como tampoco desconoció la existencia de los mismos.
En otras palabras, si las copias simples ofrecidas en el juicio por el actor, se atribuye en cuanto a su (i) origen, (ii) autoría o (iii) elaboración de sus originales a la parte contraria de la oferente (instituto demandado) y si éste no negó dicha existencia, ya sea porque (i) no refute que haya expedido el documento relativo, (ii) ni exprese su discrepancia de contenido frente a la copia, implica que la valoración de los documentos en copia simple realizada por la responsable -sin desconocer que son indiciarios- se refuerza ante la aceptación tácita del documento; de ahí la legalidad en la determinación de la responsable.
En tales condiciones, es legal la valoración que realizó la Junta responsable de la copia simple de los tarjetones de pago exhibidos por la actora, máxime que, se reitera, en los autos del juicio laboral obra copia simple de un recibo que fue exhibido por el demandado y que coincide con las exhibidas por la actora.
Respecto de este último aspecto cabe precisar que este tribunal tiene pendiente de aprobación la tesis en la que se contendrán las consideraciones aquí estudiadas en cuanto a la valoración de documentos que provienen de la autoría de alguna de las partes en el juicio laboral.(10)
En ese sentido igualmente es infundado el argumento vertido en ese mismo segundo concepto de violación en el que el peticionario de amparo estima que de tales documentos no se corrobora la habitualidad (18 de 24 quincenas cuando menos) en la percepción de los conceptos 32 y 33 que pretende la parte actora sean integrados a la cuantía de la prima de antigüedad que le fue previamente otorgada. Citando al respecto la jurisprudencia: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS ESTÍMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DE SU REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, INTEGRAN EL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD CON MOTIVO DE LA SEPARACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO."
Para justificar el aserto mencionado, es menester destacar que, ciertamente, la Junta del conocimiento determinó que la carga probatoria corresponde al actor, al considerar que las prestaciones que reclama son de carácter extralegal, lo cual se estima apegado a derecho, puesto que los estímulos o premios por asistencia y puntualidad no tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal del Trabajo, sino en el Reglamento Interior de Trabajo, cuya base legal se encuentra en el contrato colectivo de trabajo.
Orienta lo anterior, la tesis con registro digital: 242571, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Quinta Parte, enero a diciembre de 1987, página 43, que indica:
"PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE.-Quien alega el otorgamiento de una prestación extralegal, debe acreditar en el juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está obligada a satisfacerle la prestación que reclama; y, si no lo hace, el laudo absolutorio que sobre el particular se dicte, no es violatorio de garantías individuales."(11)
Por ende, tratándose de prestaciones extralegales, el trabajador tiene la carga de demostrar el derecho a recibir el beneficio invocado, para lo cual deberá justificar que se encuentra en el supuesto previsto en las cláusulas del contrato colectivo de trabajo en que sustente su exigencia, entonces, no basta que el trabajador demuestre la existencia de la prestación extralegal, sino que debe acreditar que se ubica en los supuestos de hecho que se establecen en la prestación relativa; cuestión que, contrario a lo estimado por la quejosa, quedó satisfecha.
Sin embargo, el derecho a percibir tales prestaciones quedó acreditado con el contenido de la cláusula 59 bis del contrato colectivo de trabajo y de los artículos 91 y 93 del Reglamento Interior de Trabajo (que por cierto son documentos que el instituto demandado ofreció en copia); del mismo modo, al resultar que los recibos de pago sí son constitutivos de convicción, debe apreciarse que de éstos se tiene que, como lo dijo la responsable, por el concepto 32 lo recibió la trabajadora en 23 quincenas y el diverso 33 en 24 quincenas,(12) (fojas 92 a 106 del juicio natural) siendo así correcto que esté demostrada la habitualidad en la percepción de los pagos, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 52/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 1056 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas», que cita como fundamento la parte quejosa y este órgano jurisdiccional estima aplicable en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.
Dicho criterio es el identificado con el registro digital: 2006546, del siguiente tenor:
"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS ESTÍMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DE SU REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, INTEGRAN EL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD CON MOTIVO DE LA SEPARACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. Los estímulos de asistencia y puntualidad regulados en los artículos 91 y 93 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, integran el salario para efectos del pago de la prima de antigüedad con motivo de la jubilación por años de servicio, cesantía en edad avanzada o vejez, establecida en la cláusula 59 Bis del contrato colectivo de trabajo que rige en la citada institución, al prever que corresponde al importe de 12 días de salario por cada año efectivo laborado, el cual debe entenderse en términos de las cláusulas 1 y 93 del contrato indicado, como el ingreso total obtenido por el trabajador como retribución por sus servicios y se integra con los pagos hechos en efectivo por sueldo, gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación entregada a cambio de su trabajo en los términos del contrato, lo cual encuentra justificación, además, en la jurisprudencia 2a./J. 63/95 (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual contiene la interpretación de la integración del salario de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. En esas condiciones, si la prima de antigüedad constituye una prestación que se otorga al trabajador al finalizar su vida laboral como un reconocimiento a su esfuerzo y colaboración durante sus años de servicio, debe considerarse que la variabilidad de los estímulos de puntualidad y asistencia, por sí, no impide que sean considerados como parte integrante del salario para efectuar su cálculo, ya que si el trabajador demuestra que los percibió con regularidad durante su vida laboral, es dable sostener que en reconocimiento a su esfuerzo por asistir puntualmente a su centro de trabajo de manera habitual, dichos estímulos deben integrarse al salario para efectos del cálculo de la prima de antigüedad. En la inteligencia de que si por habitual se entiende ‘lo que tiene carácter de hábito por su frecuencia o su constancia’, para los efectos precisados deben considerarse para calcular su salario integrado siempre y cuando los hubiere obtenido por lo menos en 18 de las 24 quincenas de que se compone el último año de servicios previo a su jubilación, pues sólo así podría estimarse que se cumplió con la finalidad perseguida con el otorgamiento de tales prestaciones, esto es, un hábito que le representa al trabajador un beneficio inmediato y también futuro, pues tal cifra equivale al 75% de las quincenas del año, lo que hace suponer la presencia de una práctica que si bien no es absoluta, sí lo es, por lo menos, regular y constante."
En este sentido, se tiene que la enjuiciante sí acreditó el derecho a percibir la prestación salarial y la percepción habitual de los conceptos de asistencia y puntualidad, ya que los percibió habitualmente; motivo por el cual se colma lo que el Alto Tribunal estableció como la habitualidad que se requiere para su inclusión en el salario para el pago de la prima de antigüedad, así como que dicho concepto no le fue incluido en el salario relativo a la prima de antigüedad.
Por tanto, si los estímulos de asistencia y puntualidad forman parte del salario con el cual debió realizarse el pago correspondiente a la prima de antigüedad, al ser procedente su inclusión al quedar demostrado su habitualidad, es legal la condena impuesta por la responsable por el pago de diferencias en razón de que aquéllos no le fueron considerados al trabajador al momento de recibir la prima de antigüedad.
A mayor abundamiento, debe precisarse al quejoso que la exhibición del convenio de finiquito no corrobora que los conceptos 32 y 33 hayan sido integrados al salario con el que se cuantificó la prima de antigüedad, pues aunque dichos conceptos aparezcan enlistados en dicho convenio, corresponden a prestaciones generadas y no cubiertas. Máxime que, contrario a lo que manifestó el quejoso en su primer concepto de violación en que dijo: "Al efecto, del análisis de la cédula de liquidación se desprende que se encuentran desglosados los conceptos 32 y 33, estímulos por asistencia y puntualidad.", lo cierto es que ninguna de las partes del juicio natural allegó la cédula de liquidación a fin de que la responsable verificara la excepción de pago aducido por el instituto demandado.
Finalmente, es infundada la manifestación aducida por el instituto quejoso de que la responsable no haya precisado con base en qué realizó la determinación de que dichos conceptos forman parte de la prima de antigüedad.
Lo anterior dado que la Junta fundamentó su actuación con el contenido de la jurisprudencia de título y subtítulo: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS ESTÍMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DE SU REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, INTEGRAN EL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD CON MOTIVO DE LA SEPARACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO."; además, ponderó el contenido de los recibos de pago que en copia simple fueron allegados por la parte actora, de donde justificó la habitualidad en el pago de los conceptos demandados; precisó los montos a considerar; y, realizó la operación aritmética que finalmente le arrojó la diferencia a pagar respecto de la prima de antigüedad.
En las condiciones relatadas y, al no haberse demostrado la ilegalidad del acto reclamado, lo procedente es negar el amparo y la protección constitucional solicitados a la institución quejosa.
Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al presidente y actuario de la Junta responsable.
Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 22/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.-La interpretación sistemática y lógica de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, constitucional, y 158 de la Ley de Amparo, así como de los principios de indivisibilidad de la demanda, de celeridad, de concentración y de economía procesal, que sustentan la procedencia del juicio de amparo directo, permiten la impugnabilidad en esta vía de los actos de ejecución de las sentencias definitivas o laudos, cuando se combaten como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a las resoluciones definitivas indicadas. Esta afirmación encuentra apoyo en el hecho de que la competencia otorgada en la Constitución y en la Ley de Amparo para que los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una sentencia definitiva o laudo, igualmente los faculta para conocer y resolver sobre los actos de ejecución respectivos que no se impugnan por vicios propios, debido a que entre la sentencia definitiva o laudo y su ejecución, con las características descritas, existe un vínculo jurídico causal que hace lógico concluir que la ejecución corra, por derivación necesaria, la misma suerte de aquéllos."(13)
Por lo expuesto y fundado, así como con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución; 73, 182, 185, 186, 188, 189 y 217 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito, resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al **********, contra los actos de la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo dictado el quince de julio de dos mil quince, en el juicio laboral ********** y sus acumulados ********** y **********, así como contra los actos de ejecución reclamados en vía de consecuencia al presidente y actuario de la misma.
Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a la autoridad responsable; vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, integrado por los señores Magistrados presidente Juan Manuel Vega Tapia, Héctor Pérez Pérez y Héctor Arturo Mercado López, siendo ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
3. "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010)."
4. "Amparo directo en revisión 97/2015. Comisión Federal de Electricidad. 13 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán, en relación con el criterio contenido en esta tesis; votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa."
5. Juicio laboral relativo a la demanda 1500/2009, del índice de la responsable.
6. Título y subtítulo: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010)."
7. "Contradicción de tesis 80/90. Entre el Sexto Tribunal Colegiado y el Séptimo Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de mayo de 1993. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Ernesto Aguilar Gutiérrez. Tesis de jurisprudencia 32/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, por cinco votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas, Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte. Nota: Por ejecutoria del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la Segunda Sala declaró improcedente la solicitud de sustitución de jurisprudencia 17/2013 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis."
8. Constancia glosada al juicio de origen, folios 91 y 92.
9. Visibles a fojas 47 y 48.
10. Precedentes:
Ver precedentes
11. "Amparo directo 466/87. Angelina Areli Rebolledo Vivas. 23 de septiembre de 1987. Cinco votos. Ponente: Ángel Suárez Torres.
"Séptima Época, Quinta Parte:
"Volumen 88, página 23. Amparo directo 5983/75. Juan González Ibarra. 5 de abril de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez. Secretaria: Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo.
"Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 13, Quinta Parte, página 31, tesis de rubro "PRESTACIONES EXTRALEGALES, TÉRMINO PARA EXIGIR LAS."
12. En la foja 98 se aprecia que se le realizó doble pago del concepto 33, que en la quincena anterior no se le había realizado.
13. Publicada en la página 5, Tom
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27580-4853bae3/copia-simple-exhibida-en-el-juicio-laboral-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DEMANDA LABORAL, OSCURIDAD DE LA, RESPECTO DE PRESTACIONES DESVINCULADAS DE LA ACCIÓN PRINCIPAL. LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL LAUDO RESPECTIVO DEBE D (141 (H))
- DEMANDA LABORAL, OSCURIDAD DE LA, RESPECTO DE PRESTACIONES DESVINCULADAS DE LA ACCIÓN PRINCIPAL. LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL LAUDO RESPECTIVO DEBE D (282 (H))
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