PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y SUS TRABAJADORES. SI EN SU CUANTIFICACIÓN NO SE INTEGRARON DIVERSAS PRESTACIONES EXTRALEGALES, EL RECLAMO DE SU PAGO CORRECTO DEBE SUSTANCIARSE CONFORME A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL.
AMPARO DIRECTO 113/2020. 21 DE MAYO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ. SECRETARIO: ISMAEL MARTÍNEZ REYES.
Xalapa, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintiuno de mayo de dos mil veinte.
VISTO para resolver el juicio de amparo directo de trabajo 113/2020 promovido por **********, ********** y **********, por conducto de su apoderado legal, contra el acto y por la autoridad que enseguida se precisan, y,
RESULTANDO:
PRIMERO. **********, ********** y ********** por conducto de su apoderado legal **********, promovieron juicio de amparo directo contra el acto de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en el laudo pronunciado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral **********.
SEGUNDO. Mediante proveído de seis de febrero de dos mil veinte, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, residente en esta ciudad, admitió a trámite la demanda, lo que originó la formación del juicio de amparo directo laboral 113/2020; emplazó a los terceros interesados y el Ministerio Público de la adscripción presentó el alegato 50/2020 (folios 15 a 26).
TERCERO. Mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte se turnó el expediente al Magistrado relator Jorge Alberto González Álvarez, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer del presente juicio de amparo directo, conforme a los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II, 34, 170, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor; 37, fracción I, inciso d), y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este último relacionado tanto con el Acuerdo General 3/2013 que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el veintitrés de enero de dos mil trece referente a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al Acuerdo General 49/2014 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de doce de noviembre de dos mil catorce, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho del mismo mes y año, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz; así como la residencia, competencia y jurisdicción territorial; ya que se reclama un laudo dictado por la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lugar donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. La existencia del acto reclamado fue aceptada por la prenombrada Junta federal, señalada como responsable al rendir su informe justificado y además se encuentra acreditada con los autos del expediente laboral ********** de su índice.
TERCERO. La demanda constitucional fue presentada oportunamente, conforme al artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor, ya que el laudo reclamado se notificó personalmente al apoderado legal de los quejosos el diez de octubre de dos mil diecinueve (folio 185 del expediente laboral), notificación que surtió efectos ese mismo día, en términos del artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; y la demanda se presentó el treinta de octubre siguiente, según consta de la certificación que aparece al final de la misma y el propio apoderado lo reconoce en su ocurso; esto es, al penúltimo día hábil del término legal de que disponía para hacerlo, al ser inhábiles los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación; tal como se ilustra en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
CUARTO. Este tribunal no transcribirá, en su integridad, el laudo reclamado ni los conceptos de violación, acaso lo más relevante, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia, inclusive el artículo 74 de la Ley de Amparo nada dispone al respecto, con tal de que se resuelvan las cuestiones efectivamente planteadas, y por otra parte, se han entregado junto con esta resolución copias certificadas respectivas a los Magistrados integrantes de este cuerpo colegiado, tal y como determinó el Pleno de este Tribunal Colegiado, en sesión extraordinaria de doce de diciembre de dos mil diecinueve.
Es aplicable la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, visible en la página 406, Tomo IX, abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; y la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."
QUINTO. Para mayor claridad en la exposición del presente asunto, es conveniente destacar los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias que integran el juicio generador y de las cuales se advierte lo siguiente:
1. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil catorce, ante la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, por conducto de sus apoderados legales, demandaron al Instituto Mexicano del Seguro Social las siguientes prestaciones:
"...A) El pago correcto de la indemnización establecida en la cláusula 59 bis del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el instituto demandado y sus empleados, dado que para determinar el monto de la citada indemnización, la demandada realiza una integración que constituye los salarios de nuestros representados, pero omite considerar en la citada integración los conceptos 48, "Actividades culturales y recreativas" y 55 "Fondo de ahorro", así como habitualmente formaban parte integrante del salario de nuestros representados, por lo que reclama la integración salarial adecuada y en consecuencia el pago correcto de la indemnización a que se refiere el citado clausulado..." (folio 1 del juicio laboral).
En audiencia de conciliación demanda y excepciones, de veinticuatro de junio de dos mil catorce, el apoderado de los actores, de viva voz, amplió el capítulo de prestaciones de su demanda inicial, en los siguientes términos:
"...que se viene reclamando por los conceptos 32 "estímulos por puntualidad"; 33 "estímulos por asistencia", considerandos en los artículos 91 y 93 del Reglamento Interior de Trabajo previstos en la cláusula 59 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el IMSS y sus trabajadores bajo el bienio 2011-2013..." (folio 88).
2. La Junta responsable, admitió a trámite la demanda y radicó el asunto bajo el procedimiento ordinario; asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (folios 76 y 77).
3. El instituto demandado contestó la demanda interpuesta en su contra oponiendo las excepciones de falta de acción y de derecho, la de prestaciones extralegales, la de impuestos sobre el producto del trabajo y de la renta; la de falta de legitimación activa, oscuridad y defecto legal, plus petitio y la de pago y demandó en reconvención de la parte actora, las prestaciones siguientes: la devolución del pago realizado de los conceptos "32" y "33", estímulos de asistencia y puntualidad y el pago de daños y perjuicios por reclamar prestaciones improcedentes que no están en el contrato colectivo de trabajo (folios 98 a 133 del juicio laboral).
4. En audiencia de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, el apoderado legal de los actores desistió únicamente de **********, **********, **********, **********, **********, así como de **********, y solicitó continuar el juicio por **********, ********** y **********, petición que fue acordada de conformidad por la Junta responsable (folio 135).
5. Mediante escrito de cinco de enero de dos mil quince, el apoderado de los actores contestó la demanda en reconvención, alegando su improcedencia y que las pensiones son de utilidad pública (folios 146 a 148).
6. Seguido el juicio en sus etapas procesales, la Junta responsable otorgó a las partes el término de dos días para presentar sus alegatos el cinco de junio de dos mil quince (folio 164), el uno de julio de ese mismo año cerró la instrucción (folio 165) y en veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve dictó laudo, en cuyos puntos resolutivos concluyó:
"...PRIMERO. La parte actora **********, ********** y ********** no probaron su acción y la demandada INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia:
SEGUNDO. Se absuelve al demandado INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, del otorgamiento y pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el presente juicio por los CC. **********, ********** Y ********** del inciso A) de la demanda y su aclaración en los términos establecidos en la parte considerativa de esta resolución.
TERCERO. Se absuelve a los actores **********, ********** y ********** del todas y cada una de las prestaciones demandadas en reconvención por el IMSS en los términos establecidos en la parte considerativa de esta resolución.
Notifíquese personalmente a las partes..." (folios 175 a 184).
Laudo que se erige como acto reclamado en esta vía.
SEXTO. Al margen de los conceptos de violación planteados, este tribunal advierte de oficio una violación procesal que trascendió al resultado del laudo en perjuicio de los quejosos.
La violación procesal advertida consiste en que la Junta responsable ordenó admitir y tramitar la demanda laboral bajo las reglas del procedimiento ordinario, cuando debió ser en la vía especial, por haberse reclamado en el juicio laboral el pago correcto de la prima de antigüedad debido a la falta de integración de diversos conceptos extralegales al salario que sirvió de base para calcular su pago.
En efecto, los quejosos demandaron en el juicio laboral, sustancialmente el pago correcto de la indemnización establecida en la cláusula 59 bis del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, relativa a la prima de antigüedad, por estimar que no se integraron en el salario que sirvió de base para su cálculo los conceptos "032 Estímulos por asistencia", "033 Estímulo por puntualidad", "48 Actividades Culturales y Recreativas" y "55 Fondo de Ahorro".
Es pertinente precisar que los indicados conceptos constituyen prestaciones extralegales puesto que no tienen su fundamento en la Constitución General de la República, ni en la ley laboral federal, sino en el precisado contrato colectivo de trabajo y en el Reglamento Interior de Trabajo correspondiente; sin embargo, no debe perderse de vista que la citada cláusula 59 bis del pacto colectivo laboral, en realidad contempla el derecho al pago de la prima de antigüedad equivalente a la prevista por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que se otorga al trabajador al finalizar su vida laboral como un reconocimiento a su esfuerzo y colaboración durante sus años de servicios, y tiene como presupuesto para su otorgamiento la terminación de la relación de trabajo.
Así, pese a que se trata de una prestación prevista en la cláusula 59 bis del citado pacto contractual, sigue conservando la naturaleza de una prestación legal, pues en aquel instrumento sólo se amplían los derechos en favor de los trabajadores, pero sin variar su finalidad esencial indemnizatoria al final de la relación de trabajo en términos de la legislación laboral; en otras palabras, la prima de antigüedad de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social están contempladas en el contrato colectivo de trabajo, puesto el citado instituto dentro de su contrato colectivo de trabajo prevé prestaciones legales superiores a las de la Ley Federal del Trabajo, y en esas condiciones, la referida prestación se cubre en términos de lo pactado en el contrato colectivo de trabajo aplicable.
Precisado lo anterior y retomando la violación procesal advertida, en primer término se destaca como premisa normativa, que la vía es un presupuesto procesal, porque es una condición necesaria para la regularización del desarrollo del proceso sin la cual no puede dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa; es decir, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse válidamente o con eficacia jurídica un proceso, y deben ser analizados de manera oficiosa por el juzgador.
La prosecución de un juicio en la forma que establece la ley tiene el carácter de presupuesto procesal que debe ser atendido previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor es procedente, pues de no serlo el juzgador estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas.
Por ello, el estudio de la procedencia del juicio es un presupuesto procesal que, por lo mismo, es una cuestión de orden público y debe estudiarse de oficio, porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las controversias, sin permitirse a los particulares escogerla. Esto es, si bien los gobernados tienen la facultad de ejercer sus derechos, no la tienen para elegir caprichosamente el procedimiento que se debe seguir para ello, pues como se expuso, la prosecución de un juicio en la forma que establece la ley es una cuestión de orden público y se rige por el principio de indisponibilidad mediante el cual, aquélla no puede sustituirse, modificarse o variarse por las partes, ya que el trámite está previsto en la ley precisamente para garantizar la legalidad del mismo.
No es factible admitir que se pueda consentir, ni tácita ni expresamente, un procedimiento que no es el establecido por el legislador para el caso concreto, porque la vía correcta para buscar la solución a un caso no es una cuestión que dependa de los particulares y ni siquiera del juzgador, sino que está determinada por el legislador ordinario, en uso de la facultad que el artículo 17 constitucional le otorga.
Por tanto, aunque exista un auto que admite la demanda y ordene tramitarla en la vía propuesta por la parte solicitante, y aunque la parte demandada tiene la posibilidad de excepcionarse en relación con la improcedencia de la vía seleccionada por su contraparte, ello no implica que por un supuesto consentimiento de los gobernados, el camino establecido por el legislador no se deba tomar en cuenta pues, como se dijo, ese camino es el que debe seguirse en todos los casos, salvo que el propio legislador autorice vías alternativas.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 25/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 576, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente."
Ahora bien, como se precisó, la parte actora reclamó de manera medular el pago correcto de la indemnización establecida en la cláusula 59 bis del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, esto es, el pago de la prima de antigüedad prevista por el artículo 162 de la legislación laboral, por estimar que no se integraron en el salario que sirvió de base para su cálculo los conceptos "032 Estímulos por asistencia", "033 Estímulo por puntualidad", "48 Actividades Culturales y Recreativas" y "55 Fondo de Ahorro".
Así, es evidente que de acuerdo con la naturaleza de la acción, se actualizó la hipótesis normativa prevista por el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, que regula el trámite de los procedimientos especiales y que al efecto dispone:
"Artículo 892. Las disposiciones de este Capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5o. fracción III; 28, fracción III; 151; 153, fracción X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 389; 418; 425, fracción IV; 427 fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503 y 505 de esta Ley y los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios..." (El subrayado es propio).
En esas condiciones, la autoridad responsable mediante proveído de treinta de abril de dos mil catorce, admitió a trámite la demanda conforme al procedimiento ordinario establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior resulta incorrecto, cuenta habida que la acción principal es relativa al pago correcto de la prima de antigüedad, aun cuando se ejercitara en términos del contrato colectivo de trabajo aplicable, que como se ha precisado, tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 de la invocada legislación federal en vigor, de ahí que para el trámite del juicio debían observarse las reglas del procedimiento especial.
Ello es así, ya que al encontrarse contemplados los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación del artículo 162 de la citada legislación, entre otros, resulta inconcuso que son aplicables las reglas que rigen a dicho procedimiento, regulado en los artículos 893 a 899 del ordenamiento legal en cita, que a la letra, señalan:
"Artículo 893. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la Junta competente, la cual con diez días de anticipación, citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 de esta Ley."
"Artículo 894. La Junta, al citar al demandado, lo apercibirá que de no concurrir a la audiencia a que se refiere el artículo siguiente, dará por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo que sean contrarias a lo dispuesto por la Ley."
"Artículo 895. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes:
I. La Junta procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 876 de esta Ley;
II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido admitidas;
III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 931 de esta Ley; y
IV. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución."
"Artículo 896. Si no concurre el actor o promovente a la audiencia, se tendrá por reproducido su escrito o comparecencia inicial, y en su caso, por ofrecidas las pruebas que hubiere acompañado. Si se trata de la aplicación del artículo 503 de esta Ley, la Junta, dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las personas que ejercitaron derechos derivados de las prestaciones que generó el trabajador fallecido.
Cuando se controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios, se suspenderá la audiencia y se señalará su reanudación dentro de los quince días siguientes, a fin de que las partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos.
Si no concurren las demás partes, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo 894 de esta Ley."
"Artículo 897. Para la tramitación y resolución de los conflictos a que se refiere este Capítulo, la Junta se integrará con el Auxiliar, salvo los casos de los artículos 389; 418; 424, fracción IV; 427, fracciones II, III y VI; 434, fracciones I, III y V; y 439, de esta Ley, en los que deberá intervenir el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial."
"Artículo 898. La Junta, para los efectos del artículo 503 de esta Ley, solicitará al patrón le proporcione los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante él y en las instituciones oficiales; podrá además ordenar la práctica de cualquier diligencia, o emplear los medios de comunicación que estime pertinente, para convocar a todas las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido a ejercer sus derechos ante la Junta."
"Artículo 899. En los procedimientos especiales se observarán las disposiciones de los capítulos XII y XVII de este título, en lo que sean aplicables."
De los preceptos previamente transcritos, en lo que interesa, se desprende que los procedimientos especiales difieren de los ordinarios, entre otras cosas, porque en aquéllos, para su tramitación y resolución, la Junta puede integrarse con el auxiliar de la misma, salvo las excepciones previstas; asimismo, en el procedimiento especial, la falta de contestación a la demanda conlleva tener por admitidas las peticiones de la actora, salvo aquéllas que sean contrarias a la ley y si no concurre el actor o promovente a la audiencia, se tendrá por reproducido su escrito, y en su caso, por ofrecidas las pruebas que hubiere acompañado, mientras, que en el ordinario, la falta de contestación a la demanda implica que se tengan por admitidos los hechos, salvo prueba en contrario; de ahí que existan diferencias sustanciales entre ambos procedimientos.
Así, si como ya se mencionó la parte actora demandó, entre otras prestaciones, el pago correcto de la indemnización a que se refiere la cláusula 59 bis del contrato colectivo de trabajo aplicable, que equivale a la prima de antigüedad prevista por el numeral 162 de la ley laboral, entonces resulta evidente que el juicio debió tramitarse en el procedimiento especial, y, en el caso, desde el auto de radicación, la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y la posterior de ofrecimiento y admisión de pruebas, la Junta laboral aplicó las reglas previstas en el capítulo XVII de la Ley Federal del Trabajo, relativas al procedimiento ordinario, en lugar de las contempladas en el diverso capítulo XVIII, propias de aquel procedimiento, entonces, se configuró una violación al procedimiento laboral trascendente, al no haberse sustanciado en la vía correcta.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 90/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veinticinco, Tomo XXXIII, junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"PROCEDIMIENTOS ESPECIAL U ORDINARIO EN EL JUICIO LABORAL. SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA INCORRECTA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR AFECTAR LAS DEFENSAS DE LAS PARTES Y TRASCENDER AL RESULTADO DEL LAUDO. Del estudio comparativo de las reglas para el trámite de los procedimientos ordinario y especial establecidas en la Ley Federal del Trabajo, se aprecia que presentan aspectos similares y diferentes, orientados básicamente a la celeridad y concentración del último, al prever plazos más cortos y eliminar etapas como la réplica y contrarréplica; sin embargo, existe una diferencia que determina que la tramitación en la vía incorrecta constituya una violación procesal que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del laudo, la cual deriva del distinto apercibimiento formulado a la demandada en cada uno de los procedimientos para el caso de que no comparezca a juicio y que no sólo puede afectarle a ella, sino también a la parte actora. Así, tratándose del ordinario se apercibe a la demandada de que se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, probando únicamente que su contraparte no era su trabajador, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos asentados en la demanda; mientras que en el especial el apercibimiento consiste en que se tendrán por admitidas las peticiones de la actora, salvo las contrarias a la ley. Entonces, dependiendo del tipo de procedimiento seguido puede ser distinta la fijación de la carga procesal y las pruebas que pueden rendirse, lo que determina que si una acción se sustancia en una vía que no es la idónea provoca reducción a los derechos adjetivos y particularmente de defensa de las partes, ya que, de proseguirse en la vía especial, no se dará oportunidad a la demandada de probar en contrario como sí ocurre en la ordinaria, en la que la carga procesal se le atribuye directamente, liberando a la actora; y cuando el asunto se ventila en la vía especial, automáticamente se tiene por acreditado el derecho del reclamante, sin conceder a la contraparte la posibilidad de rendir pruebas, ya que sólo podrá dictarse un laudo absolutorio cuando las pretensiones sean contrarias a derecho. En ese tenor, es obvio que al verse modificadas sustancialmente la fijación de la carga procesal y la defensa de las partes, se constituye una violación procesal reclamable en la vía directa, contra la que no puede invocarse el retardo en la solución del asunto como causa para no conceder el amparo por el hecho de que el objetivo perseguido en el procedimiento especial es la celeridad en la solución del asunto, dado que lo relevante es la afectación de las defensas de las partes, no sólo de la demandada, sino también de la actora, tanto por la modificación de la carga procesal y de las pruebas susceptibles de rendirse en uno y otro casos, así como por la trascendencia al resultado del laudo provocado por la tramitación en vía incorrecta del juicio laboral."
Asimismo, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 89/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 183, Tomo XXXIII, junio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"ANTIGÜEDAD GENÉRICA Y DE CATEGORÍA. LOS CONFLICTOS EN LOS QUE SE RECLAME SU RECONOCIMIENTO SE RIGEN POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Los conflictos en los que se reclame el reconocimiento de la antigüedad genérica y la de categoría, deben tramitarse según lo previsto en el capítulo XVIII de la Ley Federal del Trabajo, que establece las disposiciones a las que deben ajustarse los procedimientos especiales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a su artículo 892, toda vez que éste no distingue y, por el contrario, establece explícitamente los supuestos de procedencia de la aludida vía, señalando al efecto únicamente el artículo 158 del mismo orde
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32917-6b87564f/prima-de-antiguedad-prevista-en-el-contrato-colectivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL. DEBE SUSTANCIARSE PARA RESOLVER LAS DEMANDAS EN LAS QUE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS R (AMPARO DIRECTO)
- PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. SI LA JUNTA QUE CONOCE DE ÉSTE RADICA EN LUGAR DISTINTO A LA CIUDAD DE MÉXICO, Y NOMBRA COMO PERITO TERCERO EN DISCORDIA A UN FUNCIONARIO ADSC (AMPARO DIRECTO)
- AVISO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR EL DESPIDO INJUSTIFICADO, AUNQUE CONTINÚE VIGENTE CON POSTERIORIDAD A (AMPARO DIRECTO)
- CERTIFICADO DE DERECHOS. EL OFRECIDO EN ORIGINAL POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONVENIO LABORAL APROBADO Y SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE ADMITIR NI TOMAR EN CUENTA EN EL AMPARO PRUEBAS RELACIONADAS CON LOS HE ((IV Región)1o.17 L (11a.))
- RECURSO DE RECLAMACIÓN FUNDADO CONTRA EL AUTO EN QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO POR EXTEMPORÁNEA. AUN CUANDO EL PROMOVENTE SE OSTENTE SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN UNA FECHA P (I.5o.T.4 K (11a.))
- CONVENIO LABORAL APROBADO Y SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LOS HECHOS O PRESTACIONES MATERIA DE ÉSTE QUE PUDIERAN DAR LUGAR A RENUNCIA DE DERECHOS EN TÉRMINOS ((IV Región)1o.16 L (11a.))
- DEMANDA LABORAL, OSCURIDAD DE LA, RESPECTO DE PRESTACIONES DESVINCULADAS DE LA ACCIÓN PRINCIPAL. LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL LAUDO RESPECTIVO DEBE D (141 (H))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis