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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL. DEBE SUSTANCIARSE PARA RESOLVER LAS DEMANDAS EN LAS QUE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS RECLAMEN EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 66, INCISO H), DEL REGLAMENTO DE TRABAJO RELATIVO, INCLUSO CUANDO EXIJAN EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES ACCESORIAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU MONTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 666/2018. · Registro digital (IUS): 33673
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-10-03
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.495.

AMPARO DIRECTO 666/2018. 4 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: ISMAEL MARTÍNEZ REYES.

Xalapa, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión pública ordinaria de cuatro de abril de dos mil diecinueve.

VISTO para resolver el juicio de amparo directo de trabajo 666/2018, promovido por Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, por conducto de su apoderada legal **********, relacionado con el diverso amparo directo 667/2018, contra el laudo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, en el juicio laboral **********, que estimó violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, ante la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, **********, por su propio derecho, promovió juicio laboral que se registró bajo el número **********, contra Petróleos Mexicanos y/o Pemex Refinación y/o quien resultara propietario de la y/o responsable de la fuente de trabajo y/o como en lo futuro se denominara, de quienes demandó las prestaciones que a continuación se precisan:

"...I.- La calificación de riesgo de trabajo, de las enfermedades adquiridas en el desempeño de mis labores como trabajador activo de la empresa demandada, consistente en hipoacusia, vértigo, dolores y rigidez lumbar y de rodillas, mismas que se encuentran contempladas como enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalación de vapores, dentro de la tabla de enfermedades de trabajo contenida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo y la cláusula 113 del Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

II.- Como consecuencia de la calificación de riesgo de trabajo de hipoacusia, vértigo, dolores y rigidez lumbar y de rodillas, que padezco, se reclama el pago de la cantidad que resulte por concepto de 1,620 días de salario ordinario, tal como establece el artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicano y Organismos Subsidiarios.

III.- El pago de la cantidad que resulte por concepto del 40% de la indemnización consistente en 1,620 días de salario ordinario, esto con fundamento en el artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en relación con el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo.

"PETRÓLEOS MEXICANOS. LA CLÁUSULA 125 DE SU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EN 1977, ASÍ COMO EN 1987 Y 1989, ES APLICABLE PARA TENER POR DEMOSTRADAS LAS CONDICIONES DE TRABAJO (RUIDOS Y TREPIDACIONES) QUE ORIGINAN HIPOACUSIA" " (transcribe texto, precedente y datos de localización). (fojas 1 y 2 del expediente laboral).

Como hechos de la demanda mencionó los que obran de folio dos y tres del juicio natural.

SEGUNDO. En auto de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, ordenó radicar la demanda y formar el expediente relativo bajo la modalidad del procedimiento ordinario y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (folios 5 y 6).

TERCERO. Los demandados Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación a través de su apoderado y representante legal **********, dieron contestación por escrito a la demanda, donde hicieron valer las excepciones de falta de acción y de derecho, prescripción, de inexistencia del riesgo de trabajo, de improcedencia de la indemnización reclamada, obscuridad, inexistencia de la falta de inexcusable, entre otras (folios 8 a 28 del juicio natural).

CUARTO. Seguido el juicio por sus etapas procesales, la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, en la parte final de la audiencia celebrada el uno de diciembre de dos mil dieciséis, relativa al desahogo del dictamen pericial de la perito médico tercero en discordia, otorgó el término de tres días para presentar sus escritos de alegatos (folio 142 del juicio natural) y el nueve de diciembre de ese año, el auxiliar de la citada autoridad laboral declaró cerrada la instrucción (folio 143 ibídem); finalmente, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho la referida junta dictó laudo, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

"...PRIMERO.- La parte actora probó parcialmente sus acciones, la parte demandada Pemex Refinación acreditó en forma parcial sus excepciones y defensas, en consecuencia:

SEGUNDO.- Se condena a Pemex Refinación a reconocer que el actor **********, padece como enfermedades profesionales cortipatía bilateral por trauma acústico crónico, espondialoartrosis con canal lumbar estrecho y gonartrosis grado II-III y derivado de las mismas, una incapacidad permanente parcial del 80%.

TERCERO.- Se condena a Pemex Refinación a pagar al actor la cantidad de $********** (********** pesos ********** m.n.), equivalente al 80% de 1620 días de salario ordinario, con los aumentos que se hayan otorgado hasta la fecha en que concedió la jubilación al actor, de conformidad a lo establecido en el considerando III inciso d).

CUARTO.- Se absuelve a Pemex Refinación del pago consistente en el 40% adicional a la indemnización consistente en 1,620 días de salario ordinario, contemplado en el artículo 66, inciso h) del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

QUINTO.- Se absuelve a Petróleos Mexicanos de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su demanda por el C. **********, en términos de lo establecido en la parte considerativa de esta resolución.

SEXTO.- Notifíquese personalmente a las partes..." (folio 172 del juicio natural).

QUINTO. En desacuerdo con el laudo anterior, las empresas demandadas Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, por conducto de su apoderada, promovieron la presente demanda de amparo.

La autoridad responsable envió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, donde fueron recibidos el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, del que, por razón de turno, correspondió conocer al tribunal que hoy resuelve; el que, por conducto de su presidente, en proveído de veintinueve de junio siguiente, admitió la demanda, lo que originó la formación del juicio de amparo directo 666/2018, mismo que se encuentra relacionado con el diverso 667/2018, por existir identidad en el acto reclamado y la autoridad responsable.

Le reviste el carácter de tercera interesada al actor **********, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quien fue emplazado al presente juicio, según constancia que obra a folio veinte de este expediente.

El acuerdo de admisión fue notificado a las partes en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, mediante lista de acuerdos, el dos de julio de dos mil dieciocho (folio 24 vuelta).

Una vez fenecido el término que establece el numeral 181 del ordenamiento invocado, para que las partes presentaran escrito de alegatos o la tercero interesada promoviera juicio de amparo adhesivo, sin que al efecto lo hicieran; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley de Amparo vigente, mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó turnar los autos del presente juicio de amparo al magistrado Jorge Sebastián Martínez García para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, en conjunto con el diverso 667/2018, con el que se encuentra relacionado.

SEXTO. En sesión celebrada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, a petición del magistrado ponente, los integrantes del Pleno de este tribunal colegiado acordaron que el presente asunto quedaría en lista, al advertirse de oficio la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, únicamente respecto de la patronal Petróleos Mexicanos, como parte codemandada.

Lo anterior, a fin de devolverlo a la Secretaría de Acuerdos, y dar cumplimiento al trámite establecido en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 5/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación, publicada en la página ocho, libro 17, abril de dos mil quince, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN."

Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 6/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, libro 39, febrero de 2017, tomo I, Décima Época, registro: 2013722, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. NO ES EXCUSA PARA OMITIRLA QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE ADVIERTA POR EL ÓRGANO COLEGIADO SÓLO AFECTE PARCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De la apreciación contextual e íntegra del proceso legislativo de la reforma a la Ley de Amparo vigente, se advierte que el fin perseguido con la incorporación del artículo 64, párrafo segundo, es otorgar a la parte quejosa un medio de defensa, a través del cual se garanticen sus derechos de audiencia y de defensa, para que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adviertan oficiosamente una causa de improcedencia, tenga la oportunidad de aportar los argumentos oportunos a fin de que cualquiera de dichos órganos de amparo decida conforme a derecho, de manera que la decisión que se adopte sea producto de un proceso de deliberación racional y no sólo de la autoridad que el Estado le confiere a la administración de justicia. Por ende, la vista referida en el precepto legal citado debe darse aun cuando el órgano jurisdiccional terminal estime que la causa de improcedencia es evidente y que su actualización sólo provocará el sobreseimiento parcial, como sucede cuando se tienen como actos reclamados la resolución de primera instancia y la de segundo grado y, respecto de la primera de ellas, el Tribunal Colegiado de Circuito considere actualizada la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos por sustitución procesal."

En razón de lo anterior, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa codemandada por el término de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que la desahogara; procediéndose a listar el asunto nuevamente el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, para ser visto en sesión del día de hoy; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer del presente juicio de amparo directo, conforme a los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II, 34, 170, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor; 37, fracción I, inciso d), y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este último relacionado tanto con el Acuerdo General 3/2013 que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el veintitrés de enero de dos mil trece referente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito; así como al Acuerdo General 49/2014 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de doce de noviembre de dos mil catorce, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho del mismo mes y año, relativo al cambio de denominación y especialización de los tribunales colegiados en materias penal y de trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz; así como la residencia, competencia y jurisdicción territorial; ya que se reclama un laudo dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, lugar donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

Cabe precisar que, en términos de lo dispuesto en el artículo primero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, en lo que aquí interesa, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, que en lo conducente establece: "...Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación salvo lo previsto en el siguiente artículo..."; el presente juicio constitucional se resolverá con base en los preceptos de la Ley de Amparo contemplados en ese Decreto, pues deriva de un juicio cuya demanda de amparo se presentó ante la autoridad responsable con posterioridad al día dieciocho de junio de ese año, fecha en que en términos del citado artículo primero transitorio del aludido Decreto entraron en vigor las indicadas reformas a la Ley de Amparo, por lo que no se actualiza el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo segundo transitorio.

En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 4/90, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VI, primera parte, julio-diciembre de mil novecientos noventa, materia Común, página 125, de rubro y texto:

"JUICIO DE AMPARO. CUÁNDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda."

Así lo sostuvo este tribunal en la jurisprudencia VII.2° T.J/6 (10ª), visible en la página 2457, libro 34, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2012549, de rubro: "JUICIOS DE AMPARO EN MATERIAS DIVERSAS A LA PENAL. EL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, ES INAPLICABLE A AQUÉLLOS Y A LOS RECURSOS QUE DE ELLOS EMANEN, INICIADOS CON ANTERIORIDAD AL 18 DE JUNIO DE 2016."

SEGUNDO. La existencia del laudo reclamado fue aceptada por la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado y además se encuentra acreditada con los autos del expediente laboral **********, de su índice.

TERCERO. La demanda de garantías fue presentada oportunamente, conforme al artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor, ya que el laudo reclamado se notificó personalmente al apoderado de la parte quejosa el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, tal como se advierte a foja ciento setenta y tres del juicio natural, notificación que surtió efectos el mismo día, en términos del artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; y la demanda constitucional se presentó el quince de junio siguiente ante la junta responsable, esto es, al último día hábil del término legal que disponía para hacerlo, al ser inhábiles los días veintiséis y veintisiete de mayo, dos, tres, nueve y diez de junio de dos mil dieciocho, por corresponder a sábados y domingos; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con la certificación que aparece al final del laudo, tal como se ilustra en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

CUARTO. Este tribunal no transcribirá los considerandos torales que sustentan el acto reclamado ni los conceptos de violación, pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia, inclusive el artículo 74 de la Ley de Amparo nada dispone al respecto, aunque sí impone el deber de que se resuelvan las cuestiones efectivamente planteadas, y por otra parte, se han entregado junto con esta resolución copias certificadas respectivas a los magistrados integrantes de este cuerpo colegiado, tal y como determinó el Pleno de este Tribunal Colegiado, en sesión extraordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis.

Cobra aplicación al caso, la tesis aislada, que se comparte, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 406, tomo IX, abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que se lee:

"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías."

Así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Este órgano de control constitucional estima innecesario analizar el laudo reclamado y los conceptos de violación que se formulan en su contra, únicamente respecto de la empresa codemandada Petróleos Mexicanos, en razón que del análisis de las constancias del proceso laboral, se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es oficioso y de examen preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor.

En efecto, en el caso específico se actualiza plenamente la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, del ordenamiento antes invocado, que a la letra dice:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

(...)"

De los numerales transcritos se desprende, en lo que interesa, que el juicio de derechos fundamentales se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es que el acto reclamado afecte los intereses jurídicos del quejoso, para que se encuentre legitimado y pueda promoverlo, de ahí que ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo es el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para su procedencia, como incluso lo reitera en el penúltimo párrafo de la fracción I del preinvocado artículo 5º, que establece: "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa", ello al margen de que en otros supuestos puedan ser suficiente con justificar el interés legítimo del quejoso; no obstante, como en el caso concreto el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional, entonces es imprescindible demostrar el interés jurídico.

Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de origen se desprende que la autoridad responsable en el laudo reclamado determinó absolver del reclamo de todas las prestaciones a la empresa codemandada Petróleos Mexicanos, toda vez que la diversa codemandada Pemex Refinación, asumió la responsabilidad de patrón, como lo reflejó en el resolutivo quinto que dice:

"...QUINTO. Se absuelve a Petróleos Mexicanos de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su demanda por el C. **********, en términos de lo establecido en la parte considerativa de esta resolución..."

En consecuencia, es claro que el fallo reclamado no lesiona la esfera jurídica de la empresa Petróleos Mexicanos, por lo que no tienen aptitud legal para entablar el presente juicio constitucional; de tal manera que si esta circunstancia se encuentra plenamente acreditada, el juicio de derechos fundamentales de que se trata resulta improcedente; máxime que la referida absolución no será materia de análisis, pues pese a que el aquí tercero interesado promovió juicio de amparo (relacionado con el presente), no combate esta determinación, ni se advierte que deba ser analizada de oficio, pues allá se sobreseerá por cesación de efectos, artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente.

Consecuentemente, al haberse actualizado plenamente la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio de derechos fundamentales promovido por Petróleos Mexicanos, con apoyo, además en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

Cobra aplicación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:

"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados".

No es obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que se haya admitido a trámite la presente controversia por lo que hace a la sección sindical de referencia, pues es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los autos de Presidencia no obligan al Pleno de un órgano colegiado, como el que aquí resuelve.

Tiene aplicación en la especie, la tesis VI.1o.P. J/53, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, registro: 175143, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, mayo de 2006, página 1506, de rubro y texto:

"AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. El auto admisorio de presidencia del Tribunal Colegiado es un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes que no causa estado, por lo que se refiere al Pleno de este tribunal, tomando en consideración que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia del Tribunal Colegiado, el presidente sólo tiene atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dicho órgano colegiado en Pleno decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos y, por lo mismo, el tribunal en Pleno deberá reexaminarlos."

SEXTO. Son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, los argumentos propuestos por la empresa quejosa Pemex Refinación en el primer concepto de violación, donde se plantea una infracción a las reglas esenciales del procedimiento, consistente en que la junta responsable tramitó el juicio laboral del cual deriva el acto en la vía incorrecta, lo cual trascendió al resultado del laudo, pues derivó en una condena que afecta su patrimonio.

En efecto, la empresa quejosa aduce en el primer concepto de violación, sustancialmente que la junta responsable incumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, en contravención con lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues tramitó la demanda natural en la modalidad de procedimiento ordinario, en términos de los artículos 870, 871 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, cuando en estricto sentido jurídico debió tramitarse como procedimiento especial, con fundamento en los artículos 892, 893, 895, 899-A y 899-C, de la citada legislación.

Son fundados los argumentos expuestos, en atención de lo que enseguida se explica.

De manera previa al análisis de esos argumentos, resulta pertinente abordar brevemente el marco jurídico que regula las prestaciones de seguridad social en favor de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, así como lo establecido en materia de riesgos de trabajo en la Ley del Seguro Social.

Así, se tiene que en materia de riesgos de trabajo, la Ley del Seguro Social contiene una rama de seguro que es financiado íntegramente por los patrones y al que deben inscribir a todos sus trabajadores, sujetos al régimen obligatorio, sin que el instituto pueda negar a los trabajadores que sufren un riesgo profesional las prestaciones correspondientes, por falta de inscripción o aviso de las modificaciones de salarios por parte del patrón. En este último supuesto, el instituto otorgará las prestaciones y cobrará al patrón omiso los capitales constitutivos para financiarlas, con independencia del momento en que inició la relación laboral y de que aún esté corriendo el plazo que la ley otorga para realizar esos avisos.

En ese sentido, sin importar el tipo y duración de la relación laboral, si ésta sujeta al patrón al régimen obligatorio del Seguro Social, el trabajador y sus beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones en especie y dinero que establece el capítulo III (entre otros, los artículos 56, 58 y 84) en caso de que sufra un riesgo de trabajo que le produzca incapacidad o la muerte.

Por su parte, Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias eran organismos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que cuentan con medios económicos suficientes para sufragar las prestaciones de seguridad social tuteladas por la fracción XXIX del Apartado A del artículo 123 constitucional, y de acuerdo a la facultad otorgada en la fracción III del artículo 13 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos el Director General de esa paraestatal, puede convenir con el sindicato el contrato colectivo de trabajo y expedir el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, que rigen las relaciones laborales de Petróleos Mexicanos y de los organismos mismos, en términos del capítulo III del título séptimo de la Ley Federal del Trabajo.

E

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33673-9293e7af/procedimiento-especial-de-seguridad-social-debe-sustanciarse-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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