INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO. ES IMPROCEDENTE INCREMENTARLA HASTA POR EL MONTO DE LA QUE CORRESPONDERÍA A UNA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, SI LA PERSONA GOZA DE UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 493 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 66/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 2 DE JULIO DE 2025. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 66/2025, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito (Región Centro-Norte) y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito (Región Centro-Sur).
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si ¿le es aplicable a la persona jubilada el incremento de la indemnización hasta por el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, establecido en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, cuando con posterioridad a su otorgamiento de pensión por jubilación, se le reconoce una incapacidad parcial por riesgo de trabajo?
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. El apoderado del quejoso en el juicio de amparo directo 99/2024, denunció la posible contradicción de criterios, entre los sostenidos por:
• El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al fallar el amparo directo 99/2024; y,
• El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver los juicios de amparo 203/2006, 428/2006, 20/2007, 124/2007 y 249/2007, de los que derivó la jurisprudencia XIX.1o. J/8, de rubro: “INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO Y JUBILACIÓN. AL SER PRESTACIONES AUTÓNOMAS SON COMPATIBLES, CON LA POSIBILIDAD DE QUE LA PRIMERA PUEDA INCREMENTARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 493 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.”(1)
2. El Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito remitió por oficio 120/2025 al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, la denuncia de contradicción de criterios antes señalada.
3. Por auto de diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, el Pleno Regional antes mencionado tuvo por recibido el diverso oficio y determinó carecer de competencia legal para conocer de la denuncia presentada, en virtud de que los tribunales contendientes pertenecen a distinta región; por tanto, señaló que ese presupuesto procesal se surte en favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ordenó su remisión.
4. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios bajo el expediente 66/2025 y la admitió a trámite; consideró que se surtía la competencia de esta Segunda Sala al tratar sobre criterios contradictorios de distintas regiones, por lo que turnó el asunto para su estudio a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, integrante de la Segunda Sala.
5. Igualmente, instruyó por conducto del MINTERSCJN a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que informe si el criterio sustentado en las ejecutorias involucradas se encuentra o no vigente(2) y pidió a la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal que, a la brevedad, remitiera las ejecutorias dictadas por el citado tribunal contendiente.
6. Avocamiento. En acuerdo de siete de abril de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto.
7. Por diverso de veinticinco de abril de dos mil veinticinco el Presidente de la Segunda Sala informó que el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que ordenó se remitiera a la Ministra ponente.
I. COMPETENCIA
8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal,(3) 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo(4) y 21, fracción VII, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente región y no se estima necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
9. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(7) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(8)
II. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima toda vez que fue presentada por Wilber Alcaraz Domínguez, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa en el juicio de amparo directo 99/2024, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que es una de las ejecutorias contendientes; lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(9)
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A) Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al resolver el amparo directo 99/2024.
Antecedentes.
12. Demanda laboral. Una persona promovió juicio laboral en contra de Pemex Transformación Industrial ante el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con residencia en esa Ciudad, de quien reclamó el pago de diversas prestaciones de seguridad social, entre ellas el reconocimiento de que padece enfermedades de origen profesional derivadas de las actividades que desempeñó a su servicio, la determinación del grado de incapacidad parcial y permanente, y, derivado de ello, el pago de la indemnización correspondiente, en términos de las cláusulas 128 y 129 del Contrato Colectivo de Trabajo, así como el otorgamiento y pago de su jubilación por riesgo profesional al 100% (cien por ciento) de conformidad con la fracción II, de la cláusula 134 del citado pacto, entre otras.
13. Posteriormente, el dos de marzo de dos mil veintitrés el Tribunal Laboral dictó sentencia en la que absolvió a la patronal de las prestaciones reclamadas por el actor, al considerar que la perito oficial en medicina del trabajo dictaminó que únicamente padecía enfermedades ordinarias que no tenían relación con la categoría de portero vigilante que desempeñó y que ello se corroboraba con el diverso dictamen técnico en materia de trabajo y plazas, además de que tampoco eran procedentes las prestaciones de seguridad social y jubilación reclamadas porque la demandada cumplía con ello al fungir como ente asegurador y dar servicio médico al accionante y por tanto no tenía obligación de inscribirlo en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
14. Primer Juicio de amparo. En contra de la anterior determinación, el actor promovió juicio de amparo directo, al que se adhirió la demandada; seguido el procedimiento, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictó sentencia en la que determinó conceder el amparo al quejoso para efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la sentencia reclamada y en su lugar dictara otra en la que condenara al reconocimiento de que el actor padece enfermedades profesionales consistentes en hipoacusia y gonartrosis y estableciera el porcentaje de incapacidad permanente correspondiente a las mismas y al pago de la indemnización prevista en la cláusula 128 del Contrato Colectivo de Trabajo; por otra parte, se negó el amparo adhesivo a la patronal; ahora bien, en la resolución anterior se aclaró agregar como enfermedad profesional reconocida la discartrosis lumbar L5-S1.
15. Cumplimiento de la sentencia. La Jueza de Distrito adscrita al Tribunal Laboral responsable dictó una nueva sentencia el cuatro de enero de dos mil veinticuatro, en la que condenó a la empresa demandada al reconocimiento de que el actor padece las enfermedades profesionales consistentes en hipoacusia, gonartrosis y discartrosis lumbar L5-S1, con una incapacidad permanente parcial del 42%, y en consecuencia, al pago de la indemnización correspondiente en términos de las cláusulas 128 y 129 del Contrato Colectivo de Trabajo, asimismo al otorgamiento de diversas prestaciones en especie adicional a la indemnización reclamada, así como del otorgamiento de la jubilación del trabajador en términos de la diversa cláusula 134, fracción II, del pacto colectivo.
16. Demanda de amparo directo. En contra de la resolución anterior el actor por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro promovió demanda de amparo directo mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
17. Sentencia del Tribunal Colegiado del conocimiento. Del asunto conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, el cual lo admitió a trámite y registró bajo el expediente amparo directo 99/2024, y en sesión de doce de diciembre de dos mil veinticuatro, concedió el amparo, bajo las siguientes consideraciones:
• Calificó de infundado el argumento relativo a la inconstitucionalidad del apartado 432 “Sorderas e hipoacusias profesionales. Se valuarán siguiendo las normas de la tabla III-B” de los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que, contrario a lo alegado, la forma de realizar el cálculo correspondiente a la valuación de los padecimientos de sorderas e hipoacusias profesionales no contraviene derechos humanos.
• En relación con el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo determinó que era infundado, pues, el legislador estableció, de manera clara y precisa, que corresponde al patrón la carga de la prueba en cada uno de los supuestos que la norma prevé, con excepción de la fracción IV, que es una carga compartida con el trabajador.
• Califica de infundado, lo relativo a la valuación del grado de incapacidad de la hipoacusia bilateral, en virtud de que en el presente asunto no existe duda respecto de la forma en que se debe realizar el cálculo correspondiente al porcentaje de incapacidad en relación con dicha enfermedad.
• Por lo que respecta al tema relativo a la actualización de la falta inexcusable del patrón, lo calificó de infundado, toda vez que conforme al dictamen pericial las enfermedades de trabajo a que se condenó su reconocimiento derivaron de la realización de las actividades y medio ambiente laboral en el que el actor desempeñó sus diversos puestos de trabajo, y no porque haya incidido en una falta inexcusable del patrón.
• También declaró infundado el argumento relativo a la inobservancia del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, pues dicho numeral es inaplicable en virtud de que la acción se formuló con base en el Contrato Colectivo de Trabajo; además, del citado precepto legal está dirigido a indemnizaciones de ley, en caso de que el patrón no diera de alta al beneficiario en alguna Institución de Salud, lo cual, en su caso, sí es garantizado por la patronal demandada.
• Además, del artículo impugnado, se desprende que el legislador dispuso que, si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, el Tribunal Laboral podrá aumentar la indemnización hasta el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, supuesto que no se actualiza, porque el quejoso se encuentra jubilado, es decir, ya no se encuentra en activo y no tiene trabajo pendiente que desempeñar.
• Declaró fundado el argumento relativo a que la sentencia carece de una debida fundamentación y motivación respecto del grado de incapacidad permanente parcial que determinó.
• Por tanto, se concede el amparo para que se fijen de nueva cuenta los porcentajes de incapacidad y por ende, se determine la indemnización correspondiente por riesgo de trabajo; en tanto que, fue correcto que se condenara al otorgamiento de prótesis y demás prestaciones previstas en el artículo 487 de la ley obrera, así como la absolución del 40% (cuarenta por ciento) adicional a la indemnización por falta inexcusable de la patronal y por lo que hace al otorgamiento de la jubilación por incapacidad permanente con base en la regla II de la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo, aun cuando fuera procedente con motivo del reconocimiento de enfermedades profesionales, lo cierto es que como el accionante ya goza de una pensión al 100% (cien por ciento) que le fue otorgada por enfermedad no profesional, no podría aumentar dicho porcentaje.
B) El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver los juicios de amparo 203/2006, 428/2006, 20/2007, 124/2007 y 249/2007.
De los juicios de amparo antes referidos, se advierten elementos coincidentes, los cuales son:
Antecedentes
18. Diversos trabajadores demandaron de Petróleos Mexicanos y alguna de sus filiales,(10) el reconocimiento de varias enfermedades de origen profesional al considerar éstas como riesgos de trabajo y, como consecuencia de esto, el pago de la indemnización correspondiente a la incapacidad total y permanente con base en el Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria Petrolera y de su Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
19. Laudo. Tuvo conocimiento la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual seguidos los procedimientos dictó los laudos que, en lo que interesa, determinó que las enfermedades de origen profesional reclamadas deben ser reconocidas como riesgos de trabajo, asimismo, condenó a la demandada a cubrir una indemnización a los quejosos.
20. Sentencia del Tribunal Colegiado. En contra de ese laudo, los quejosos promovieron juicio de amparo, del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito; dicho tribunal determinó conceder el amparo, bajo las siguientes consideraciones:
• Es fundado el argumento en el que, impugna la determinación de la Junta de declarar improcedente la aplicación del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo (ejercer la facultad de aumentar la indemnización por riesgo de trabajo, hasta la que correspondería por incapacidad total permanente), fundándose en el hecho de que como el quejoso está jubilado al 100% (cien por ciento), no tiene necesidad de percibir ingresos semejantes.
• En efecto, no es jurídico considerar improcedente la aplicación del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, por el hecho de que la capacidad de ganancia del actor se encuentre garantizada con la pensión jubilatoria; en virtud de que el derecho a la indemnización por riesgo de trabajo y el derecho a la jubilación son autónomos y de naturaleza distinta, por lo que no se excluyen entre sí.
• Se afirma lo anterior, porque el derecho que tiene el trabajador a ser indemnizado cuando sufre un riesgo con motivo de la relación laboral deriva de lo previsto en el artículo 487, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, indemnización que tiene por objeto compensar al trabajador por el deterioro sufrido en su integridad personal como consecuencia directa del riesgo de trabajo.
• Mientras que la jubilación es un derecho contractual que reconoce una compensación a los esfuerzos desarrollados en determinado tiempo por el trabajador, en beneficio de la empresa, y, una vez llenados los requisitos contractuales, el derecho pasa a formar parte del patrimonio del trabajador hasta que muera.
• Así, el hecho de que no exista posibilidad de que el trabajador desempeñe un puesto similar en la empresa, por haber sido jubilado con anterioridad al reconocimiento del riesgo profesional, no es razón jurídica para declarar improcedente la pretensión del trabajador de que se incremente la indemnización por el riesgo sufrido en los términos del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, porque dicha pretensión debe dilucidarse previo examen de las consecuencias producidas en el trabajador, directamente del riesgo y con base en ellas establecer si la incapacidad parcial determinada, provocó la perdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión y la posibilidad de ejercitar una categoría similar y en consecuencia, si ha lugar o no a incrementar el monto de la indemnización, con independencia de que tenga necesidad o no de desarrollarla, pues la posibilidad o imposibilidad para desempeñar un puesto similar y obtener ingresos semejantes, debe fijarse en razón del estado de incapacidad del trabajador derivado del riesgo de trabajo y no en atención a lo que acontezca al trabajador o éste realice con posterioridad a la causación del riesgo.
• El hecho de que el actor se encuentre jubilado es una situación que no puede ser tomada en consideración para estimar inaplicable el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo.
• Los requisitos que exige el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, para su aplicación, son los siguientes: 1) La existencia de una incapacidad parcial; 2) La pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión; 3) La importancia de la profesión; y 4) La posibilidad de desempeñar una categoría similar susceptible de producir ingresos semejantes.
• En lo que interesa, el último de los requisitos previstos en el citado numeral 493, es referente a la posibilidad de desempeñar una categoría similar susceptible de producir ingresos semejantes, no es un requisito aislado en cuanto alude a la percepción de ingresos semejantes, como para considerar, que si el trabajador que sufre un riesgo de trabajo que lo incapacita en forma parcial permanente y debe ser indemnizado, por el hecho de tener otros ingresos de cualquier índole (como lo serían una pensión jubilatoria, rentas, ganancias en una negociación, por citar algunos ejemplos), queda excluido del derecho consignado en el mencionado artículo 493 de la ley laboral.
• Sobre todo, si se tiene en consideración que una persona jubilada, no tiene impedimento para desarrollar su profesión u ocupación en condiciones similares, y que, por ende, no esté en posibilidad de desempeñar una categoría similar susceptible de producir ingresos semejantes.
• Por lo tanto, el trabajador jubilado tiene derecho a desempeñarse en su profesión en condiciones similares a las que realizó durante el tiempo que laboró para la empresa en la cual se jubiló, de ahí que si debido a un riesgo de trabajo sufre incapacidad parcial consistente en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes para desempeñar en lo sucesivo su profesión en categoría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes, tiene derecho a recibir la indemnización que le corresponde, misma que puede ser aumentada en términos de lo que establece el artículo 493 de la Ley del Trabajo, es decir, hasta el monto que le correspondería por incapacidad permanente total. 21. Por otro lado, en el caso del juicio de amparo 124/2007, la parte quejosa fue Pemex Exploración y Producción.
22. En sesión de catorce de noviembre de dos mil siete, el órgano jurisdiccional concedió el amparo a la parte quejosa, para efectos de que la autoridad responsable dicte un nuevo laudo en el que reitere las condenas y absoluciones decretadas, en la inteligencia de que, al pronunciarse sobre el reclamo de pago de diferencias de pensión jubilatoria, analice la procedencia o improcedencia de la excepción de prescripción planteada al contestar la demanda laboral. No obstante, en lo que nos interesa declaró infundados los conceptos de violación relacionadas a la improcedencia de la aplicación del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, bajo consideraciones similares a las resueltas en los diversos juicios de amparo, las cuales fueron referidas en el apartado anterior.
23. De las consideraciones antes reseñadas, el órgano colegiado emitió la jurisprudencia XIX.1o. J/8(11), de rubro:
“INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO Y JUBILACIÓN. AL SER PRESTACIONES AUTÓNOMAS SON COMPATIBLES, CON LA POSIBILIDAD DE QUE LA PRIMERA PUEDA INCREMENTARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 493 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La indemnización por riesgo de trabajo y la jubilación son prestaciones autónomas que no se excluyen entre sí, toda vez que la primera se actualiza cuando el trabajador sufre un accidente o enfermedad con motivo del trabajo, en términos del artículo 487, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo; mientras que la segunda, es un derecho contractual en el que se reconocen los esfuerzos desarrollados por el trabajador en beneficio de la empresa, mediante el pago de una compensación, la cual pasa a formar parte del patrimonio de aquél hasta que muera. Ahora bien, el derecho del trabajador a recibir el pago de la indemnización cuando sufra un riesgo de trabajo, que le produzca una incapacidad parcial puede complementarse con lo dispuesto en el artículo 493 de la propia ley, que prevé la posibilidad de incrementar esa indemnización, hasta el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad para desempeñar una de categoría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes. Por tanto, la persona que sufra un accidente o enfermedad de trabajo, tiene derecho a ser indemnizada en términos del primer numeral citado, indemnización que puede ser aumentada de conformidad con el segundo precepto, sin importar que se encuentre gozando del beneficio de la jubilación con anterioridad al reconocimiento de ese riesgo, pues el hecho de que esté jubilado no impide que pudiese desempeñar su profesión u ocupación en condiciones similares a las que realizó durante el tiempo que laboró para el patrón que lo jubiló, cuyas actividades son el origen del riesgo de trabajo respecto del reconocimiento que reclama, en términos del artículo 493 de la ley laboral.”
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
24. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para que se actualice la contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de idéntico punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(12)
25. La existencia de la contradicción no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos se opongan, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
26. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, dado que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando la postura que prevalezca sea única y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
27. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios,(13) a saber:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a idéntico tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
28. En el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de criterios. A continuación, se desarrollan las razones para alcanzar dicha conclusión.
29. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. En efecto, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.
30. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito se cumple en relación con el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Noveno Circuito.
31. En principio, es importante precisar que, en todos los casos reseñados en los antecedentes de la contradicción de criterios se trata de personas jubiladas por Petróleos Mexicanos, los cuales reclaman el reconocimiento de enfermedades de tipo profesional derivadas de las actividades que desempeñaron cuando se encontraban en activo, así como la indemnización y su pago correspondiente.
32. Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al resolver el amparo directo 99/2024, sostuvo que no es aplicable lo previsto en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no se actualiza en el caso de una persona jubilada, pues el aumento de la indemnización hasta el monto de la que corresponde por incapacidad permanente total aplica si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, esto es, que se encuentre en activo.
33. Mientras que, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver los juicios de amparo 203/2006, 428/2006, 20/2007, 124/2007 y 249/2007 determinó que, no era correcto considerar improcedente la aplicación del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo por el hecho de que la capacidad de ganancia del actor se encuentre garantizada con la pensión jubilatoria, pues el derecho a la indemnización por riesgo de trabajo y el derecho a la jubilación son autónomos y de naturaleza distinta; agregó que aun cuando el trabajador no tenga posibilidad de desempeñar un puesto similar en la empresa, por haber sido jubilado con anterioridad al reconocimiento del riesgo profesional, lo cierto es que una persona jubilada no tiene impedimento para desarrollar su profesión u ocupación en condiciones similares y que ésta sea susceptible de producirle un ingreso semejante.
34. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.
35. Ante las posturas divergentes es claro que se cumple el tercero de los requisitos de una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de la siguiente interrogante ¿le es aplicable a la persona jubilada el incremento de la indemnización hasta por el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, establecido en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, cuando con posterioridad a su otorgamiento de pensión por jubilación, se le reconoce una incapacidad parcial por riesgo de trabajo?
36. Se hace la aclaración, que la presente contradicción de criterios no se analizará en relación con las cláusulas del contrato colectivo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ni el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
37. Ello, toda vez que la hipótesis a dilucidar versa únicamente respecto de la aplicación o no del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, para incrementar la indemnización en el caso de personas jubiladas que, con posterioridad al otorgamiento de pensión por jubilación, se les reconoce una incapacidad parcial por riesgo de trabajo por determinación jurisdiccional y, como consecuencia, la indemnización por riesgo de trabajo.
V. ESTUDIO DE FONDO
38. Una vez determinada la existencia de la presente contradicción de criterios, se considera que debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por esta S
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33555-08a43dfc/indemnizacion-por-riesgo-de-trabajo-es-improcedente-incrementarla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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