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Modo: Corpus Pro

PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. EL REGLAMENTO DE TRABAJO DE SU PERSONAL DE CONFIANZA APLICABLE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN (EDAD Y AÑOS DE SERVICIOS), ES EL QUE ESTÉ VIGENTE AL MOMENTO EN QUE EL TRABAJADOR DA POR TERMINADA SU RELACIÓN LABORAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 194/2011. · Registro digital (IUS): 23242
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEXTO TRI
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Pág. 2951.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 194/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO. 5 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia de trabajo, de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 107 constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y XLVII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Las tesis del Pleno de este Alto Tribunal referidas en el párrafo anterior dicen, respectivamente, lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Registro: 164120. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, Materia(s): Común, tesis P./J. 72/2010, página 7).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época. Registro: 166996. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, julio de 2009, Materia(s): Común, tesis P. XLVII/2009, página 67).

CUARTO. Precisado lo anterior, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados contendientes en los amparos directos mencionados en los resultandos de esta resolución, de las que se dará cuenta en los siguientes apartados:

1. Postura del tribunal que formuló la denuncia de contradicción de tesis.

El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, al conocer del **********, en sesión de **********, resolvió por unanimidad de votos conceder el amparo solicitado por **********, contra el laudo que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Seis Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del citado Estado (fojas 26 a 83 de este expediente), ello bajo las consideraciones que a continuación se sintetizan:

El Tribunal Colegiado citado puso de manifiesto que de las constancias del expediente **********, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, de donde emanaba el acto reclamado, se desprendía que dicho asunto fue promovido por **********, a través de su apoderado legal, quien demandó a **********, así como a **********, entre otras prestaciones, el reconocimiento de la jubilación de manera correcta y completa.

Asimismo, dio noticia que tal asunto fue resuelto mediante laudo de **********, acto reclamado en el juicio de amparo, en el que la Junta responsable determinó fundamentalmente que se demostró que el trabajador fue jubilado el once de octubre de dos mil uno, por lo que si bien a partir del uno de agosto de dos mil inició su vigencia el nuevo Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos, en el caso específico debía estarse a lo dispuesto en el reglamento anterior, esto es, el vigente del uno de agosto de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de julio de dos mil, porque al momento de entrar en vigor el nuevo reglamento, el actor ya contaba con más de veinticinco años de servicios y con cincuenta y cinco años de edad, es decir, que ya cumplía con los requisitos para jubilarse, por lo que era de considerase el artículo 82 del reglamento de mil novecientos noventa y tres.

Al efecto, el Tribunal Colegiado determinó que eran fundados los conceptos de violación que se habían hecho valer contra la anterior determinación, porque si la jubilación del trabajador surtió efectos a partir del once de octubre de dos mil uno, le era aplicable el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos vigente a partir del uno de agosto de dos mil, y no el reglamento anterior de mil novecientos noventa y tres, aun cuando durante la vigencia de este último, el trabajador ya reunía los requisitos para jubilarse, es decir, veinticinco años de servicios y cincuenta y cinco años de edad, porque en todo caso el reglamento que debía aplicarse era el vigente al momento de la jubilación, apoyándose en la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA EL CÁLCULO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL SALARIO, DEBE ATENDERSE AL REGLAMENTO QUE LOS RIGE, VIGENTE EN LA FECHA EN QUE AQUÉLLA SE DETERMINE (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 85/99, DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN)."

El tribunal explicó que lo anterior se debía a que la jubilación es un derecho de naturaleza extralegal, en tanto que no está regida ni tiene antecedentes jurídicos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni ha sido reglamentada por el legislador en la Ley Federal del Trabajo, motivo por el cual todos los aspectos o cuestiones vinculados con la jubilación debían regirse por lo estipulado en el reglamento de trabajo.

Luego, el citado tribunal explicó que en el caso particular de los trabajadores de confianza de **********, se otorga la pensión jubilatoria conforme al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que establece que su monto debe cuantificarse tomando como base el salario que dicho reglamento estipula, sin que el patrón pueda cambiar los términos para hacerlo. Sin embargo, precisó, debe tomarse en cuenta la vigencia del mencionado reglamento y la fecha de la jubilación; consecuentemente, si al actor **********, se le jubiló a partir del once de octubre de dos mil uno, es decir, durante la vigencia del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que inició el uno de agosto de dos mil, entonces, éste era el que debía aplicársele para cuantificar la pensión jubilatoria.

Asimismo, precisó que del artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente a partir del primero de agosto de dos mil, durante el cual se jubiló al actor (once de octubre de dos mil uno), se advertía que a los trabajadores de **********, se les otorgó el derecho a ser jubilados; y que era obvio que tal derecho era una prestación extralegal, porque no tenía su origen en la Constitución Federal ni en la ley laboral, sino en el reglamento de trabajo citado.

Así, estableció que la pensión jubilatoria no es una garantía otorgada en el artículo 123 constitucional, sino una prestación extralegal, motivo por el cual podía ser materia de convenio entre los interesados; y que conforme con el artículo 82 del reglamento citado, se advertía que tratándose de trabajadores de **********, cuando se dé por terminada la relación con motivo de la jubilación, la fracción I establece para su pago el salario ordinario, que se integra, en términos del artículo 42 del propio reglamento, con los conceptos de salario tabulado, fondo de ahorro (cuota fija y cuota variable), ayuda de renta de casa y ayuda para despensa y se aumentará, en su caso, como lo prevé la fracción V del artículo 82, con la proporción diaria del tiempo extra ocasional (TEO) que establece el artículo 26 y de la compensación a que se refiere el artículo 50 del mismo reglamento; de ahí que ese salario ordinario, como lo dispone el precepto legal invocado en primer término, es el que debe servir de base para su cuantificación, sin considerar algún otro concepto, ni tomarse en cuenta otro reglamento que hubiese dejado de tener vigencia.

Agregó que lo anterior se debía a que aun en el supuesto de que en un anterior reglamento, que ya no estuviera vigente al momento en que se jubiló el actor, se hubieran pactado mejores prestaciones para el trabajador jubilado, ello no hacía procedente el pago de tal beneficio con base en disposiciones del reglamento que ya no tenía vigencia, en virtud de que si bien el artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo establece que ningún contrato colectivo podrá pactarse en condiciones menos favorables a las existentes en los contratos vigentes en la empresa o establecimiento, ello debía entenderse cuando el derecho al que se esté renunciando en ese pacto esté previsto en la legislación, mas no de naturaleza convencional y superior a las condiciones mínimas que prevé la ley; es decir, que siendo la jubilación un derecho extralegal, al no estar contemplado en la Constitución General ni en la Ley Federal del Trabajo, sino en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, no podía hablarse de una renuncia de derechos, puesto que precisamente al no tratarse de un derecho legal, bien podía ser modificado o, inclusive, reducido en una nueva disposición, como en el caso fue el nuevo reglamento vigente a partir del primero de agosto de dos mil.

Al respecto, aplicó por analogía la jurisprudencia 2a./J. 40/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRATO COLECTIVO. EN SU REVISIÓN SE PUEDEN REDUCIR LAS PRESTACIONES PACTADAS POR LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS DERECHOS MÍNIMOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL TRABAJADOR."

Bajo esas premisas, el citado Tribunal Colegiado consideró que la Junta responsable carecía de razón, porque si bien el trabajador por la simple prestación de sus servicios va generando una determinada antigüedad, lo cual constituye un derecho para él, que como tal, es irrenunciable y, por lo mismo, no puede desconocerse, tanto así que la acción para obtener su reconocimiento es imprescriptible; ello no implicaba que no pudiera variarse la forma de otorgar la jubilación, pues la aplicación de la norma contractual tiene efecto en el momento mismo en que el trabajador deja de prestar sus servicios y es jubilado; de ahí que si bien la antigüedad podría estimarse como un derecho adquirido por el trabajador, no sucedía lo mismo con la jubilación, pues hasta en tanto el trabajador no deja de prestar sus servicios y le es otorgada la pensión correspondiente, lo único que tiene es una expectativa de derecho, razón por la que las reglas para otorgar la jubilación pueden ser modificadas y no por ello sufre algún perjuicio el trabajador, pues el artículo 82 del reglamento sólo resulta aplicable en el momento mismo de la jubilación y no antes, aunado a que en un reglamento de trabajo se pueden pactar condiciones de trabajo que disminuyan las de un pacto anterior.

Finalmente, el Tribunal Colegiado puntualizó que también compartía el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "PETRÓLEOS MEXICANOS. EL SALARIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA EL PAGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA DE SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA ES EL ORDINARIO Y QUE ESTÁ CONFORMADO EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRE VIGENTE EN LA FECHA EN QUE OCURRA LA SEPARACIÓN."

2. Posturas de los tribunales que al parecer del tribunal que formuló la denuncia de contradicción de tesis coinciden con el suyo, que quedó expuesto en el apartado anterior.

2.1 El Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al conocer del **********, en sesión de **********, determinó por mayoría de votos negar el amparo solicitado por el quejoso contra el laudo que reclamó de la Junta Especial Número Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje (fojas 123 a 169 de este expediente), ello conforme a las consideraciones siguientes:

En la ejecutoria citada se pone de manifiesto que **********, reclamó de **********, la integración correcta de su pensión jubilatoria con todas las prestaciones que invariablemente se le venían cubriendo.

El Decimotercer Tribunal referido estableció que en el caso particular de los trabajadores de confianza de **********, se otorga la pensión jubilatoria conforme al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que establece que su monto debe cuantificarse tomando como base el salario que dicho reglamento estipula, sin que el patrón pueda cambiar los términos para hacerlo. Sin embargo, precisó que debía tomarse en cuenta la vigencia del citado reglamento y la fecha de la jubilación; por lo que si al actor **********, se le jubiló a partir del **********, es decir, durante la vigencia del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que inició el uno de agosto de dos mil, entonces, éste era el que debía aplicársele para cuantificar la pensión jubilatoria.

Luego, destacó que de conformidad con el artículo 82 del reglamento antes precisado, se otorgó a los trabajadores de **********, el derecho a ser jubilados; por lo que era evidente que ese derecho era una prestación extralegal, pues su origen no estaba garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la ley laboral, sino en el reglamento de trabajo citado, motivo por el cual podía ser materia de convenio entre los interesados.

Asimismo, advirtió que acorde con el mismo artículo 82, tratándose de trabajadores de **********, cuando se dé por terminada la relación con motivo de la jubilación, la fracción I establece para su pago el salario ordinario que se integra, en términos de artículo 42 de ese reglamento, con los conceptos de salario tabulado, fondo de ahorro (cuota fija y cuota variable), ayuda de renta de casa y ayuda para despensa y se aumentará en su caso, como lo prevé la fracción V del artículo 82, con la proporción diaria del tiempo extra ocasional (TEO) que establece el artículo 26 y de la compensación a que se refiere el artículo 50 del mismo reglamento; de ahí que este salario ordinario, como lo dispone el precepto citado en primer término, es el que debe servir de base para su cuantificación, sin considerar algún otro concepto, ni tomarse en cuenta otro reglamento que hubiese dejado de tener vigencia.

El Decimotercer Tribunal referido señaló que lo anterior se debía a que aun en el supuesto de que en un anterior reglamento, que ya no era vigente al momento en que se jubiló el actor, se hubieran pactado mejores prestaciones para el trabajador jubilado, ello no hacía procedente el pago de tal beneficio con base en esa disposición contractual que ya no tenía vigencia, en virtud de que si bien el artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo establece que ningún contrato colectivo podrá pactarse en condiciones menos favorables a las existentes en los contratos vigentes en la empresa o establecimiento, ello debe entenderse cuando el derecho al que se esté renunciando en ese contrato esté previsto en la legislación, mas no de naturaleza convencional y superior a las condiciones mínimas que prevé la ley, esto es, que siendo la jubilación un derecho extralegal, al no estar previsto en la Constitución General ni en la Ley Federal del Trabajo, sino en un pacto colectivo, no puede hablarse de una renuncia de derechos, pues al no tratarse de un derecho legal, bien puede ser modificado o inclusive reducido en una nueva disposición contractual, como en el caso fue el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del primero de agosto de dos mil.

Al caso estimó aplicable la tesis 2a./J. 40/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRATO COLECTIVO. EN SU REVISIÓN SE PUEDEN REDUCIR LAS PRESTACIONES PACTADAS POR LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS DERECHOS MÍNIMOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL TRABAJADOR."

Así, el Decimotercer Tribunal aludido concluyó que la jubilación es una prestación considerada como de origen extralegal o contractual, ya que la Ley Federal del Trabajo no la prevé y las partes contratantes son las únicas que pueden decidir qué prestaciones y en qué medida les serán cubiertas a los empleados, e incluso cuentan con el derecho de suprimir o restringir prestaciones entre un acuerdo de voluntades y otro, con la única limitante de que se respeten los derechos mínimos, tanto constitucionales como legales; y que en el caso de los trabajadores de confianza de **********, se les otorga la jubilación que debe cuantificarse conforme al salario que establezca el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, tomando en cuenta su vigencia y la fecha en que ocurra la separación del trabajo. Consecuentemente, si un trabajador se jubila durante la vigencia del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que inició el primero de agosto de dos mil, el cual establece en la fracción I del artículo 82, que la pensión se calculará tomando como base el 80% -ochenta por ciento- del promedio de los salarios ordinarios y que dicho salario ordinario se integra con los conceptos que se señalan en el capítulo V de ese reglamento (salario tabulado, fondo de ahorro -cuota fija y cuota variable-, ayuda de renta de casa y ayuda para despensa), que se puede incrementar con proporción diaria de tiempo extra ocasional y la compensación que establecen los artículos 26 y 50; entonces, este salario ordinario, como lo dispone el precepto citado en primer lugar, es el que debe servir de base para la cuantificación de la citada pensión, sin considerar algún otro concepto, ni tomarse en cuenta otro reglamento que hubiese dejado de tener vigencia.

2.2 Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito ha sustentado reiteradamente el criterio que se aprecia en la siguiente jurisprudencia:

"PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA EL CÁLCULO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL SALARIO, DEBE ATENDERSE AL REGLAMENTO QUE LOS RIGE, VIGENTE EN LA FECHA EN QUE AQUÉLLA SE DETERMINE (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 85/99, DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 85/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999, página 206, de rubro: ‘PETRÓLEOS MEXICANOS, JUBILACIÓN DE SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA. EL BONO O INCENTIVO POR COMPENSACIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA.’, al interpretar la fracción I del artículo 82, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios de mil novecientos noventa y tres, respecto de la integración del salario base para el cálculo de las pensiones jubilatorias por edad y tiempo de prestación de servicios, determinó que bastaba que un empleado petrolero de confianza demostrara la percepción del bono por compensación mensual para que dicho concepto quedara contemplado en el cálculo de su pensión jubilatoria, por incluir todos los salarios percibidos por el trabajador sin exclusión alguna; también lo es que el primero de agosto de dos mil cambió el contenido del citado reglamento, y específicamente se modificaron los aspectos normativos que integran el salario para el cálculo de la pensión jubilatoria, estableciendo que ésta debe hacerse conforme al salario ordinario, el cual se encuentra definido en el artículo 42 del último reglamento citado; consecuentemente, la aludida jurisprudencia sólo es aplicable para los trabajadores cuyas pensiones hayan sido otorgadas conforme al reglamento del mil novecientos noventa y tres, mas no para aquellos que se jubilen a partir de agosto de dos mil, por haber cambiado los elementos que conforman el salario.

"Amparo directo **********. **********. 1o. de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Sandra Iliana Reyes Carmona.

"Amparo directo **********. **********. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

"Amparo directo **********. **********. 11 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Ángel Burguete García.

"Amparo directo **********. **********. 23 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja.

"Amparo directo **********. **********. 12 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Barrios Flores." (Novena Época. Registro: 170926. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, noviembre de 2007, Materia(s): Laboral, tesis I.6o.T. J/87, página 667).

En el primer precedente citado en la jurisprudencia recién reproducida, ********** (fojas 755 a 919 de este expediente), el Sexto Tribunal aludido estableció fundamentalmente que en virtud de que el quejoso trabajador fue jubilado en marzo de dos mil dos, ello traía como consecuencia que el reglamento aplicable al caso fuera aquel que se encontraba vigente al momento de realizarse la jubilación, por lo que consideró correcto que la Junta responsable hubiera señalado como vigente el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que entró en vigor el primero de agosto del dos mil, y no el reglamento de mil novecientos noventa y tres, que quedó superado con la emisión de aquél.

En similares términos se pronunció el propio Tribunal Colegiado en los ********** (fojas 924-946), ********** (fojas 953 a 970), ********** (fojas 976-1008) y ********** (fojas 1026-1043), estableciendo que el reglamento aplicable a los trabajadores resultaba ser el que entró en vigor el primero de agosto de dos mil, por ser el que regulaba la jubilación al momento en que les fue otorgada o conferida dicha prestació

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23242-f6896509/petroleos-mexicanos-y-organismos-subsidiarios-el-reglamento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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