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Modo: Corpus Pro

PETRÓLEOS MEXICANOS. A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2025 DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LOS JUICIOS LABORALES DONDE FIGURABAN COMO PARTE DEMANDADA LAS ENTONCES EMPRESAS SUBSIDIARIAS DENOMINADAS PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y PEMEX LOGÍSTICA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1411/2023. · Registro digital (IUS): 34088
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-19
Promovente: PETRÓLEOS MEXICANOS Y OTRAS.
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo III, Volumen 2, Pág.1416.

AMPARO DIRECTO 1411/2023. PETRÓLEOS MEXICANOS Y OTRAS. 21 DE AGOSTO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN CARLOS MORENO CORREA, JORGE TOSS CAPISTRÁN Y ADOLFO EDUARDO SERRANO RUIZ. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIA: ANABEL MORALES GUZMÁN.

Xalapa de Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo directo laboral 1411/2023, promovido por Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, entonces empresas Productivas del Estado, por conducto de su apoderada legal **********, relativo al juicio laboral **********, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, ante la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, entonces empresas Productivas del Estado, por conducto de su apoderada legal, promovieron juicio de amparo directo contra el acto de la prenombrada junta, consistente en la resolución pronunciada el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el expediente laboral **********, por estimarla violatoria de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 3 a 16 del juicio de amparo directo).

SEGUNDO. La entonces Presidenta de este órgano colegiado, en acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, entre otras determinaciones, admitió a trámite la demanda de mérito; lo que originó la formación del juicio de amparo directo laboral 1411/2023; asimismo, hizo del conocimiento de las partes su derecho para formular alegatos, y de los terceros interesados, para promover amparo adhesivo, en términos de lo previsto por el artículo 181 de la Ley de Amparo (fojas 20 a 22 ídem); sin que se ejercieran tales prerrogativas.

TERCERO. En proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 183 de la Ley de Amparo y 28, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, se ordenó turnar los autos a la Ponencia del Magistrado Juan Carlos Moreno Correa, para los fines legales conducentes (fojas 25 y 26 ibídem).

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170 de la Ley de Amparo en vigor; 38, fracción I, inciso d), 39 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, aplicable en el caso, de acuerdo con la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue con posterioridad al ocho de junio de dos mil veintiuno, según los transitorios primero y quinto del decreto respectivo; Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, referente a la denominación, residencia, competencia por especialización plena, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este órgano jurisdiccional; las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y residencia indicados, el cual, conforme al punto “OCTAVO” modifica el diverso 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año citado, que determina la división de circuitos y fija la competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La existencia de la resolución reclamada atribuida a la Junta responsable quedó acreditada con los autos originales del juicio laboral que remitió su Presidenta al rendir su informe con justificación.

TERCERO. Oportunidad. La demanda constitucional fue presentada oportunamente ante la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el laudo reclamado se le notificó el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, según se advierte a foja trescientos setenta del sumario laboral; y el escrito de demanda se presentó el veintitrés de octubre posterior, ante la autoridad responsable, esto es, al último día del término legal de quince días que se disponía para hacerlo, el que transcurrió del dos al veintitrés de octubre de dos mil veintitrés; tomando en consideración que deberán descontarse los días treinta de septiembre, uno, siete, ocho, doce, catorce, quince, veintiuno y veintidós de octubre, todos de dos mil veintitrés, por corresponder a sábados, domingos y un festivo; y, por ende, inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; lo que se hace constar, en lo conducente, en la certificación visible a foja diecisiete del expediente en que se actúa, signada por la secretaria de acuerdos adscrita a la autoridad responsable, tal y como se ilustra en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

En apoyo de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 4/2022 (11a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, abril de 2022, Tomo I, página 7, Undécima Época, con número de registro 2024494, de rubro y texto siguientes:

“DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE SU PRESENTACIÓN DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO Y AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDA ACTIVIDADES, AUN CUANDO ESTÉN CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA REFERIDA LEGISLACIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DESCONTAR LOS DÍAS EN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SUSPENDA LABORES POR SITUACIONES EXTRAORDINARIAS.

Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron consideraciones opuestas en torno a dilucidar si para la presentación de la demanda de amparo directo deben descontarse del cómputo del plazo únicamente los días inhábiles o no laborables para la autoridad responsable, o también aquellos señalados en el artículo 19 de la Ley de Amparo.

Criterio jurídico: Para el cómputo del plazo de la presentación de la demanda de amparo directo deben excluirse tanto los días inhábiles establecidos por el artículo 19 de la Ley de Amparo, aun cuando la autoridad responsable no haya suspendido labores, así como aquellos en que dicha autoridad suspenda actividades, no obstante que estén contemplados como hábiles por la referida legislación, entendiendo este supuesto aplicable únicamente para el órgano responsable ante el que se presenta la demanda, es decir, lo anterior no implica que deban descontarse los días en que el Tribunal Colegiado de Circuito suspenda labores por situaciones extraordinarias.

Justificación: El marco normativo contenido en los artículos 19, 176 y 178 de la Ley de Amparo regula los días que deberán considerarse inhábiles para la promoción del juicio de amparo, los días en que se suspendan labores por caso fortuito o fuerza mayor en el órgano jurisdiccional ante el que se tramite la demanda, así como la facultad de autoridad auxiliar del órgano responsable en el trámite del juicio de amparo. De la interpretación de los referidos preceptos se obtiene que para el cómputo del plazo de la presentación de la demanda deben descontarse los días que la Ley de Amparo señale expresamente como inhábiles, así como aquellos en que la autoridad responsable suspenda actividades, ya sea por causa de fuerza mayor o suspensión de labores, entendiendo este último supuesto únicamente aplicable al órgano responsable ante el que se presenta la demanda. Se afirma lo anterior toda vez que, si bien por circunstancias extraordinarias, el Consejo de la Judicatura Federal puede decretar la suspensión de labores en los órganos colegiados de amparo, lo cierto es que dicho supuesto no implica que el plazo para la presentación de la demanda de amparo directo se vea interrumpido por una situación extraordinaria de suspensión de actividades para los Tribunales Colegiados de Circuito, al no estar previsto en la Ley de Amparo, y no afectar la presentación de la demanda. Con lo anterior, además de reconocer la voluntad del legislador respecto a los plazos fijados en la ley reglamentaria y el rol de la autoridad responsable como auxiliar en la tramitación del juicio de amparo directo, se permite otorgar certeza a los justiciables respecto a los días que no se deben considerar para computar el plazo para promover una demanda de amparo directo, a saber, los días inhábiles expresamente previstos por la Ley de Amparo, aquellos en que la autoridad responsable suspenda sus labores, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, o por alguna previsión en su normativa interna, como pueden ser, los que por disposición de la Ley Federal del Trabajo se consideren inhábiles.”

CUARTO. No transcripción. Resulta innecesario transcribir tanto el acto reclamado, como los conceptos de violación formulados en su contra, acaso lo más relevante, cuenta habida que la Ley de Amparo no prevé como obligación dicha transcripción para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, se les estudia y se les da respuesta, lo que se hará a continuación; en la inteligencia que se entregan copias certificadas de tales documentos a los integrantes de este cuerpo colegiado, para su debido conocimiento; asimismo, para debida constancia, se agrega copia certificada del acto reclamado al cuaderno de amparo.

Al respecto, por identidad jurídica sustancial, se cita la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”

También se comparte la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuatrocientos seis, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, de rubro: “ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO.”

No se inobserva que los invocados criterios fueron emitidos conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; empero, al existir en lo concerniente identidad jurídica entre dicho ordenamiento y el vigente en la actualidad, son aplicables al caso concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de este último ordenamiento legal.

QUINTO. Antecedentes. Para mayor claridad en la exposición del presente asunto y con el objeto de analizar convenientemente las cuestiones planteadas por la parte quejosa, es pertinente establecer, en primer orden, los antecedentes relevantes del caso, que se desprenden de las constancias que en justificación de su informe remitió la presidenta de la junta responsable, relativas al juicio laboral **********, las cuales gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo (si bien de conformidad con la última reforma de la Ley Amparo, se prevé que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares será la normativa aplicable supletoriamente a aquélla, lo cierto es que de acuerdo con el artículo segundo transitorio de dicho Código, éste entrará en vigor en el orden federal previa declaratoria de las Cámaras de Diputados y Senadores a solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que ello pueda exceder del uno de abril de dos mil veintisiete, lo que a la fecha no ha ocurrido), de las cuales se advierte lo siguiente:

Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, **********, por propio derecho, compareció ante la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, a demandar de Petróleos Mexicanos y/o Pemex Exploración y Producción y/o quien resulte propietario y/o responsable de la fuente de trabajo y/o como en lo futuro se le denomine, las prestaciones siguientes:

“...I. La calificación de riesgo de trabajo de las enfermedades adquiridas en el desempeño de mis labores como trabajador activo de la empresa demandada, consistentes en cortipatia por trauma acústico (hipoacusia), vértigo, rigidez de columna con lumbalgia crónica, gonartrosis bilateral con rigidez de rodillas, así como cualquier patología relacionada con mis actividades laborales que se encuentre en mi organismo, mismas que se encuentran contempladas como enfermedades profesionales dentro de la tabla de enfermedades de trabajo contenida en el artículo 513 de la Ley Federal de Trabajo y la Cláusula 113 del Contrato Colectivo de trabajo firmado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

II. Como consecuencia de la calificación de riesgo de trabajo en cortipatia por trauma acústico (hipoacusia), vértigo, rigidez de columna con lumbalgia crónica, gonartrosis bilateral con rigidez de rodillas, así como cualquier patología relacionada con mis actividades laborales que se encuentre en mi organismo, que padezco, se reclama el pago de la cantidad que resulte por concepto de 1,670 días de Salario Ordinario en el momento de ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan a la categoría que desempeñaba, hasta que se determine el grado de incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía al momento de su jubilación o separación de la empresa. Tal como lo establecen las cláusulas 128 y 129 del Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

III.- El pago de la cantidad que resulte por concepto de 1,670 días de salario ordinario, con los incrementos y mejoras que se hayan realizado a dicho salario ordinario tal como lo establece las cláusulas 128 y 129 del Contrato Colectivo de trabajo firmado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.” (Foja 1 del expediente laboral).

La parte actora fundó su reclamo en los hechos que estimó pertinentes, los cuales, se detallarán posteriormente en la medida que se estime necesario.

En auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, la junta responsable entre otras cosas, radicó el asunto y admitió a trámite la demanda en cuestión con el número de juicio laboral **********, bajo el procedimiento especial; asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución (foja 28 ídem).

Previo diferimiento, en la audiencia celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós (fojas 118 y 119 ídem), en su etapa de conciliación, la junta de mérito tuvo a las partes por inconformes con todo arreglo conciliatorio; en la diversa de demanda y excepciones, pruebas y resolución, tuvo a la parte actora ratificando su escrito inicial de demanda; a la parte demandada dando contestación a la demanda mediante escrito presentado en la propia audiencia (fojas 60 a 80), en el que opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes, y a ambas partes ofreciendo las pruebas que consideraron pertinentes para demostrar sus pretensiones.

Posteriormente, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, la junta del conocimiento proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes contendientes, mismas que serán mencionadas en la medida que sea necesario (fojas 120 y 121).

Seguido el juicio por sus etapas procesales, la autoridad responsable, previo otorgamiento del término respectivo para formular alegatos (foja 348 vuelta ibídem), el once de julio de dos mil veintitrés, declaró cerrada la instrucción (foja 350 ídem), y el siete de septiembre de dos mil veintitrés dictó resolución (fojas 351 a 368 ídem), en cuyos puntos resolutivos concluyó:

“PRIMERO. El actor probó parcialmente sus acciones, la parte demandada Pemex Exploración y Producción acreditó en forma parcial sus excepciones y defensas, en consecuencia.

SEGUNDO. Se condena a Pemex Exploración y Producción a reconocer que el actor **********, padece como enfermedades profesionales: 1. HIPOACUSIA BILATERAL SECUNDARIA A TRAUMA ACÚSTICO. 2. ESPONDILOARTROSIS CERVICAL Y LUMBAR, 3. GONARTROSIS BILATERAL, y derivado de las mismas, una incapacidad permanente parcial del 85%.

TERCERO. Se condena a Petróleos Mexicanos y/o Pemex EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN a pagar al actor la cantidad de (sic) equivalente al 85% de 1,670 días de salario ordinario, consistente en $********** (********** pesos ********** M.N.).

CUARTO. Notifíquese... Cúmplase.” (Foja 367 vuelta y 368 ídem).

Resolución esta última que se erige como acto reclamado en esta vía.

SEXTO. Estudio del asunto. Los conceptos de violación son infundados.

Ante todo, cabe destacar que quien acude al juicio de amparo son Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, entonces empresas Productivas del Estado, en su carácter de parte patronal, por lo que los conceptos de violación esgrimidos serán analizados bajo el principio de estricto derecho, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Común, Libro 25, diciembre de dos mil quince, Tomo I, página 359, registro digital 2010624, de rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.”

Precisado lo anterior, cabe destacar que la litis constitucional se ciñe a la totalidad de las condenas a cargo de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, entonces empresas Productivas del Estado, y en favor de **********, al reconocimiento de que el actor padece las enfermedades profesionales denominadas hipoacusia bilateral secundaria a trauma acústico, espondiloartrosis cervical y lumbar y gonartrosis bilateral, lo que le generan un 85% (ochenta y cinco por ciento) de incapacidad permanente parcial; y, en consecuencia, al pago proporcional de 1,670 días de salario ordinario, de conformidad con las cláusulas 128 y 129 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; ello, desde luego, en la medida en que así lo permitan los motivos de inconformidad planteados por las promoventes del amparo.

A continuación, se procede al análisis de los argumentos planteados, mismo que se realizará en un orden distinto al propuesto, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.

Así, en su primer concepto de violación, la parte quejosa afirma que la junta responsable no analizó debidamente las actividades desempeñadas por el actor. Ello, pues omitió valorar los reglamentos laborales de las categorías de **********, **********, así como el de la categoría de **********, que desempeñó durante diversas temporalidades.

Al respecto, señala que dicho estudio deficiente radica en el hecho de que no consideró la totalidad de las actividades correspondientes a tales categorías, sino únicamente una cantidad mínima, por lo que omitió considerar que no todas las funciones encomendadas en tales puestos se relacionan con un esfuerzo físico que le provoque una enfermedad profesional.

Agrega que la junta del conocimiento tampoco analizó correctamente el dictamen de antigüedad número 502/2019 de catorce de marzo de dos mil diecinueve, pues omitió relacionarlo con los referidos reglamentos, lo que, aduce, era importante para establecer el elemento objetivo de la temporalidad y continuidad de las causas que invocó el actor como elementos perniciosos de los padecimientos reclamados.

Asimismo, señala que la responsable desestimó indebidamente la excepción de tiempo efectivamente laborado, ya que se limitó a señalar qué se debía entender por enfermedad profesional; sin embargo, con ello omitió analizar debidamente el elemento objetivo de temporalidad y continuidad, con la finalidad de determinar si las patologías diagnosticadas derivaban de la actividad profesional del actor o si las presentaba a causa del envejecimiento ordinario de su organismo.

El resumido argumento es ineficaz.

Lo anterior, ya que en relación con los reglamentos que destaca la parte quejosa, se obtiene que la junta responsable se pronunció sobre éstos, a los que les negó valor probatorio con el fin de acreditar alguna de las excepciones opuestas por la demandada; por el contrario, señaló que de su análisis se advertía que las actividades desempeñadas por el actor eran propias de la industria petrolera y de riesgo, mismas que eran de campo y que había realizado durante su vida laboral. Al respecto, destacó que, por ejemplo, en la categoría de ayudante de perforación (piso) rotaria, el actor ayudaba en la preparación y acondicionamiento de los fluidos de control, con substancias y productos químicos; asimismo, operaba y vigilaba el funcionamiento de las unidades auxiliares usadas para dar el servicio al pozo, tales como: equipo de control de sólidos, bombas de lodo y agitadores, así como que también realizaba limpieza y mantenimiento del equipo de control de sólidos, presas y bombas de fluidos de control. Por otra parte, cuando ostentó la categoría de **********, terminación y reparación de pozos, el actor tenía que ejecutar trabajos de recolección de recortes, saneamiento, remediación de suelos y limpieza de contrapozo, cunetas, trampas de aceite y cárcamo de aguas residuales; además, aquél debía ejecutar trabajos de movimiento, carga y descarga de materiales y herramientas; de igual forma, ejecutaba maniobras para el movimiento de tuberías, calibración interior, así como la carga y descarga de las mismas, a su vez, se encargaba de realizar el manejo y agregado de los productos químicos en apoyo a la preparación y acondicionamiento de fluidos de control.

Y si bien la responsable no relacionó tales reglamentos y actividades con el dictamen de antigüedad que refiere la parte quejosa, no es menos cierto que determinó negarle valor probatorio a éste, al señalar que contenía hechos no controvertidos por las partes, pues no hubo discusión sobre las categorías desempeñadas por el actor.

En esas condiciones, la responsable concluyó que las categorías y actividades desempeñadas por el trabajador, mismas que narró en su escrito inicial de demanda, así como en las pruebas médicas periciales, coincidían con las establecidas en los aludidos reglamentos, tan era así que éstas constituían la base para el análisis de la relación causa-efecto-daño entre las mismas y los padecimientos diagnosticados en la persona del actor.

En este sentido, resulta ineficaz lo alegado por la patronal, en torno a que la responsable se limitó a analizar una parte mínima de las actividades previstas en los reglamentos, pues, si bien no hizo alusión a todas las comprendidas en ellos; lo cierto es que ello no era necesario, pues bastó con que haya tomado en cuenta aquellas narradas por el actor como perniciosas para su salud, las cuales, además de no haber sido desvirtuadas por la aquí quejosa, a pesar de haberle correspondido la carga de la prueba en ese aspecto, algunas de ellas aparecen en esos reglamentos.

En su segundo motivo de disenso la parte quejosa afirma que resultó incorrecto que la junta responsable negara valor probatorio a la pericial en medio ambiente exhibida, y, por ende, tuviera por cierto aquel narrado por el actor.

Lo pasado, pues señala que el actor fue omiso en relacionar las condiciones ambientales a las que estuvo expuesto en cada una de las categorías que ostentó y los lugares de servicio. Agrega que es a la autoridad responsable y no al perito, a quien le corresponde relacionar las actividades del actor con el medio ambiente laboral en el que se desempeñó, y establecer cómo influyen los factores ergonómicos y de ruido en el organismo del operario, previo análisis y valoración de las pruebas periciales para determinar si existe o no una relación causa-efecto-trabajo-daño.

Luego, aduce que aun cuando el perito no haya realizado por sí mismo evaluaciones de ruido y agentes químicos, ello no es razón de peso suficiente ni contundente para negarle valor probatorio a su informe pericial. Máxime que, insiste, el actor no precisó los lugares donde prestó sus servicios, ni afirmó que se hubiera desempeñado en un lugar de trabajo distinto al Departamento de Operación de Perforación de Pozos de la Unidad Operativa de Perforación Cantarell, por lo que, contrariamente a lo señalado por la responsable, carece de relevancia que la prueba pericial no hubiese sido ofrecida en otros lugares de trabajo, ya que el actor no los incluyó en la litis.

Además, afirma que el dictamen se basó en el atlas del centro de trabajo donde estuvo adscrito el actor durante los últimos cinco años como activo, y respecto de la entrega esporádica del equipo de protección personal, aquél nunca señaló que no se le hubiese proporcionado equipo de protección personal durante toda su vida laboral.

Asimismo, señala que la responsable soslayó que en términos del apartado 8.8.1 de la NOM-011-STPS-2001 sobre condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, así como en términos del apartado 8.4 de la NOM-010-STPS-2014 sobre agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-reconocimiento, evaluación y control, el patrón debe conservar la documentación del programa de conservación de la audición y el estudio de agentes químicos contaminantes del ambiente laboral con la información registrada durante los últimos 5 años; de ahí que el perito no hubiese hecho referencia a las condiciones de toda la relación laboral, por lo que es una carga imposible acreditar las condiciones ambientales de veinte o treinta años de antigüedad.

Los resumidos argumentos son ineficaces.

En principio, debe resaltarse el hecho de que la junta responsable determinó en el laudo reclamado que no correspondía al trabajador la carga probatoria respecto a las actividades desempeñadas ni al medio ambiente en el que prestó sus servicios, sino que corría a cargo del demandado. Y que, para dilucidar los reclamos del actor, era necesario la comprobación de dos hechos: la existencia del padecimiento (dictamen pericial médico), y de que a la actividad específica o el respectivo medio ambiente estuviera identificado, lo anterior, para conocer el nexo causal y actualizarse, en su caso, la presunción legal sobre el origen profesional de la enfermedad diagnosticada.

En ese sentido, la responsable destacó que, para tal efecto, la parte demandada ofreció la prueba pericial en medio ambiente laboral, a la cual determinó negarle valor probatorio; determinación que este órgano jurisdiccional estima correcta.

Para ello, es importante destacar que el artículo 899-E, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, dice:

“Artículo 899-E. Tratándose de prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades generales, el procedimiento se sujetará a las siguientes reglas:

[...]

La Junta determinará si se acreditó el nexo causal entre la actividad específica desarrollada por el trabajador y el medio ambiente de trabajo señalado en el escrito de demanda, así como el origen profesional del riesgo de trabajo, para calificarlo como tal.”

En ese orden de ideas, cabe destacar que al resolver la contradicción de tesis 17/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para determinar el origen profesional de una enfermedad, son requisitos indispensables los siguientes:

1. Que se encuentre demostrado el hecho constitutivo de la demanda en lo que se refiere a las actividades desarrolladas o al ambiente en que éstas se llevaron a cabo, pues en la medida en que se conoce la actividad o el medio ambiente en que se desarrollaron las actividades de un trabajador, puede obtenerse el vínculo causal para acreditar que un padecimiento sufrido tuvo un origen de índole profesional.

2. Que se considere el contenido del dictamen pericial, del que deberá desprenderse no solo la conclusión alcanzada por el médico responsable sino también, razonablemente, cuáles fueron las circunstancias para llegar a ella.

Que para determinar estas dos condicionantes, deben tomarse en consideración los siguientes elementos:

a) El ambiente laboral, individualizando los elementos perniciosos para la salud, es decir, considerar un análisis de las condiciones de trabajo o, en su caso, el medio ambiente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34088-a3450791/petroleos-mexicanos-a-partir-del-19-de-marzo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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