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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA LABORAL RESPECTO DE UNA DE LAS PERSONAS ACTORAS, AUNQUE EL JUICIO CONTINÚE PARA LAS DEMÁS PROMOVENTES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 839/2024. · Registro digital (IUS): 34394
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-11-13
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Noviembre de 2026.

AMPARO DIRECTO 839/2024. 9 DE ABRIL DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADOLFO EDUARDO SERRANO RUIZ Y JORGE TOSS CAPISTRÁN. DISIDENTE: MAGISTRADO JUAN CARLOS MORENO CORREA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: ARTURO NAVARRO PLATA.

Xalapa, Veracruz, nueve de abril de dos mil veintiséis.

VISTO, para resolver, en sesión ordinaria virtual, el juicio de amparo directo de trabajo 839/2024 del índice de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito; y,

RESULTANDOS

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado ese mismo día al Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ambos con residencia en esta ciudad, **********, demandó el amparo y la protección de la justicia de la Unión por violación a los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, 16 y 123, constitucionales; señaló como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, como terceros interesados a 1) **********, 2) **********, 3) ********** y 4) Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; el acto reclamado lo constituye el auto de dos de mayo de dos mil veinticuatro, dictado dentro del procedimiento de declaración de beneficiarios **********, del índice del tribunal laboral en cita, por el cual se tuvo por no interpuesta la demanda laboral del aquí quejoso.

SEGUNDO. El veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, el juzgado de distrito del conocimiento declaró su incompetencia por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo, ordenando su remisión al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, misma que se recibió el veintiséis de junio posterior, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del citado Circuito y recibida por este órgano colegiado por razón de turno, el uno de julio de ese mismo año.

TERCERO. Por acuerdo de seis de junio de dos mil veinticuatro, este tribunal aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; sin embargo, previo admitir la demanda radicada con el número 839/2024 y a fin de integrar debidamente el expediente, se ordenó remitirla al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento a lo establecido en los artículos 176 y 178 de la Ley de Amparo.

Luego, por oficio 2063/2024-A, de veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, la autoridad responsable envió su informe justificado e hizo la certificación relativa al pie de la demanda de amparo, así como el emplazamiento de los terceros interesados.

CUARTO. El nueve de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el informe justificado del tribunal laboral de referencia; sin embargo, toda vez que mediante proveído de catorce del mes y año mencionados con antelación, se admitió el diverso recurso de reclamación 12/2024, promovido por el aquí quejoso contra el auto de presidencia de seis de junio del año en cita, emitido en el juicio de amparo en que se actúa; mismo que, en sesión ordinaria de quince de agosto de dos mil veinticuatro, fue desechado por improcedente.

QUINTO. Así, por auto de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, el presidente de este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, lo que originó la formación del juicio de amparo directo de trabajo 839/2024.

El anterior acuerdo admisorio fue notificado a las partes (incluido, desde luego, el Ministerio Público Federal adscrito), mediante lista de diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

Los terceros interesados 1) **********, 2) **********, 3) ********** y 4) Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, fueron emplazados a este sumario constitucional el veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro (foja 68 de autos), además, notificado del referido auto admisorio el diecinueve de agosto siguiente (foja 90, cuaderno de amparo), quienes no formularon manifestaciones en términos del artículo 181(1) de la Ley de Amparo.

SEXTO. En auto de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, se turnaron los autos del presente juicio de amparo al magistrado relator para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

Cabe destacar, que este expediente está relacionado con el recurso de queja de trabajo 136/2024, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por **********, aquí quejoso (quien se ostenta como beneficiario de la trabajadora fallecida), contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, de proveer sobre la suspensión del acto reclamado, por lo que es necesario que los asuntos se vean simultáneamente en la misma sesión; y,

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer del presente juicio de amparo directo de trabajo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170 de la Ley de Amparo; 35, fracción I, inciso d), 36 y 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor (publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro); Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, referente a la denominación, residencia, competencia por ESPECIALIZACIÓN PLENA, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este órgano jurisdiccional; las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y residencia indicados, el cual, conforme al punto "OCTAVO" modifica el diverso 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año citado, que determina la división de circuitos y fija la competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Lo anterior es así, pues el juicio de amparo directo procede contra la resolución que sin decidir en lo principal el juicio, lo da por concluido, impidiendo su continuación, y respecto de la cual la Ley Federal del Trabajo, supletoria de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, no concede ningún recurso ordinario por el que pueda ser modificada o revocada; de ahí que las resoluciones que impiden en forma total la continuación de un procedimiento constituyen una manera en que puede concluir un juicio sin resolver el fondo.

Por tanto, en el presente asunto se reclama una resolución, a través de la cual, la autoridad responsable determinó, solo por cuanto al aquí quejoso, tener por no interpuesta la demanda laboral.

Si bien, la determinación reclamada se emite dentro de un procedimiento que formalmente continúa respecto de otro sujeto procesal, lo cierto es que, desde una perspectiva material e individualizada, dicha resolución produce un efecto conclusivo respecto del aquí quejoso, al excluirlo de manera definitiva de la relación jurídico-procesal, impidiéndole continuar participando en el juicio y, por ende, obtener un eventual pronunciamiento respecto de las pretensiones hechas valer en el sumario génesis.

En ese sentido, el acto recamado no debe interpretarse como una simple violación procesal, sino una determinación que, en los hechos, pone fin al juicio respecto de la esfera jurídica del quejoso, actualizando así el supuesto de procedencia del juicio de amparo directo.

Bajo esta lógica, debe privilegiarse un entendimiento funcional del concepto "resolución que pone fin al juicio", en el que no se atienda exclusivamente a la conclusión formal del procedimiento en su integridad, sino al impacto real que el acto genera en los derechos del gobernado.

Así, cuando una determinación jurisdiccional, produce la exclusión total de una de las partes, como acontece en el caso, debe estimarse que, para ella, el juicio ha concluido, aun cuando continúe para otro u otros actores, lo que justifica la procedencia del juicio uniinstancial como vía idónea de control constitucional.

Una interpretación en sentido diverso, implicaría diferir injustificadamente la tutela judicial del quejoso hasta la emisión de una resolución definitiva que, por lógica, ya no lo contemplará, al haberlo excluido de la relación procesal desde el origen del juicio, lo que resulta contrario al derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual exige que los órganos jurisdiccionales, impartan justicia de manera pronta, completa e imparcial.

En efecto, obligar al quejoso a esperar hasta la conclusión total del procedimiento para combatir su exclusión procesal supondría una dilación indebida y una carga desproporcionada, incompatible con el mandato constitucional de justicia expedita.

Asimismo, aun cuando la determinación reclamada pudiera, en una primera aproximación, considerarse como una mera violación procesal ocurrida dentro del juicio, lo cierto es que, atendiendo a sus efectos reales en la esfera jurídica del quejoso, debe entenderse como una resolución que pone fin al juicio respecto de éste, al excluirlo de manera definitiva de la relación procesal.

En ese sentido, frente a la dualidad interpretativa existente, resulta jurídicamente adecuado optar por aquella que reconozca la naturaleza conclusiva del acto, en tanto ello permite una aplicación más favorable de las normas que regulan la procedencia del juicio de amparo, garantizando así una tutela judicial efectiva.

Consecuentemente, en términos del artículo 1 Constitucional debe privilegiarse la interpretación que habilita la vía del amparo directo, al ser la que mejor se ajusta a la finalidad del control constitucional y evita restringir injustificadamente el acceso del quejoso a la jurisdicción de amparo.

Además, debe considerarse que posponer el análisis de la legalidad del acto reclamado hasta la eventual promoción de un amparo directo contra la resolución definitiva generaría, en su caso, la necesidad de ordenar una reposición del procedimiento para reincorporar al quejoso, lo que redundaría en una mayor dilación procesal y en un desgaste innecesario de la función jurisdiccional.

Por el contrario, admitir desde ahora la procedencia del amparo directo permite; de ser el caso, corregir de manera inmediata la irregularidad advertida, garantizando así los principios de economía procesal y tutela judicial efectiva.

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que la materia del asunto es laboral, en la cual rige el principio pro operario, conforme al cual, en caso de duda en la interpretación o aplicación de las normas, debe estarse a la opción más favorable al trabajador; en ese sentido, tratándose de un aspirante a beneficiario de una trabajadora fallecida, la interpretación de las normas procesales relativas a la procedencia del juicio de amparo debe orientarse a maximizar su derecho de acceso a la justicia, evitando formalismos que obstaculicen la defensa de sus derechos sustantivos.

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, a sus efectos materiales en la esfera jurídica del quejoso, así como a los principios constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y pro persona, y al principio laboral pro operario, debe concluirse que la determinación impugnada actualiza un supuesto de procedencia del juicio de amparo directo, al constituir una resolución que, sin decidir el fondo del asunto, pone fin al juicio respecto del promovente.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 87/98, autoría de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, página 56, Novena Época, con registro digital: 194715, del tenor siguiente:

"DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia."

De igual forma por su sentido y alcance es de invocarse la diversa jurisprudencia 2a./J. 7/2024 (11a.), emitida por el órgano en cita, la cual se localiza en la página mil setecientos uno del Libro 34, Febrero de 2024, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con registro digital: 2028256, de rubro y texto siguiente:

"JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE UNA DEMANDA DE NULIDAD, AL NO GENERAR UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO.

Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito y un Pleno de Circuito sostuvieron criterios contradictorios al analizar si la determinación que desecha parcialmente una demanda de nulidad afecta únicamente derechos adjetivos del promovente, o bien, actualiza una violación irreparable a sus derechos sustantivos. A partir de tal discrepancia, mientras que uno estimó procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, el otro lo consideró improcedente.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha parcialmente una demanda de nulidad, pues tal determinación no genera una afectación de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

Justificación: Los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo prevén la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Si bien es cierto que las pretensiones por las que se desechó la demanda no serán materia de la litis y, por ende, en la resolución que en su momento se emita no se realizará pronunciamiento alguno, también lo es que tal determinación podrá impugnarse en la vía de amparo directo, en términos de los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, como violación procesal, en la cual se analizará la admisibilidad de las pretensiones desechadas y se podrá ordenar la reposición del procedimiento a efecto de que se admitan las que así se consideren pertinentes. En ese tenor, la posible afectación en cuanto al principio de justicia completa previsto en el artículo 17 constitucional puede ser reparada a través del juicio de amparo directo, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica. Así, como el desechamiento parcial de la demanda de nulidad únicamente depara afectaciones adjetivas sin tener incidencia material en derechos sustantivos, no procede en su contra el amparo indirecto al no generar una afectación de imposible reparación.".

También es de citarse la diversa jurisprudencia PC.XVI.A. J/33 A (10a.), emitida por el entonces Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, la cual se localiza en la página mil quinientos sesenta y uno del Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con Registro digital: 2023041, de rubro y texto siguiente:

"JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, CONFORME A LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 55/2002].

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que fueran de tal gravedad que impidiera en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascendiera al sentido del fallo, además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Partiendo de ello, razonó que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002 al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal.".

SEGUNDO. La existencia del acto reclamado fue aceptada por el tribunal responsable al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con los autos del procedimiento de declaración de beneficiarios **********, del índice de la citada potestad laboral.

TERCERO. La demanda de amparo fue presentada dentro del término legal de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución reclamada se notificó al quejoso el dos de mayo de dos mil veinticuatro (fojas 222 a 224 del juicio laboral de origen), y la demanda se presentó el veintidós de ese mismo mes y año; por lo que el término comenzó a computarse(2) del dos al veintitrés de mayo de esa anualidad; luego, la demanda fue presentada el décimo cuarto día hábil del término legal de que disponía para hacerlo, al ser inhábiles los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de mayo del año en cita, por corresponder a sábados, domingos; respectivamente, lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, lo que se ilustra en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en la certificación realizada por la responsable al calce del escrito de demanda de amparo, se haya asentado como fecha de recepción de la demanda de mérito "diez de junio de dos mil veinticuatro", lo que llevó a que se afirmara que "fue presentada de manera extemporánea", ya que como se aprecia del propio sello de la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, su presentación fue el "2024 MAY 22", derivado del error en la vía en que incurrió la parte quejosa; data que es la que debe tomarse en cuenta para el cómputo del plazo respectivo a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XXX/2019 (10a.), de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2019616, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 785, de contenido siguiente:

"AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA SE INTERRUMPE CUANDO POR ERROR SE PLANTEÓ EN LA VÍA INDIRECTA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. De la interpretación constitucionalmente válida del artículo 176, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se concluye que la regla según la cual la presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esa ley, se actualiza en el caso de una demanda de amparo planteada en la vía directa, mas no cuando el quejoso equivoca la vía y presenta su demanda como amparo indirecto ante el Juez de Distrito, pues esta última hipótesis, igual que ocurre con una demanda de amparo indirecto presentada en la vía directa, se resuelve en los artículos 45 y 47 de la misma ley mediante la reconducción de la vía y el envío de la demanda ante el órgano competente, lo cual supone que su presentación se tiene por válida y susceptible de interrumpir el plazo respectivo por hacerse bajo las reglas del juicio de amparo que se creyó procedente. Así, equiparar el caso de un juicio de amparo tramitado erróneamente en la vía indirecta con el supuesto normativo del artículo 176 citado, sobre la presentación de la demanda de amparo directo ante autoridad distinta de la responsable, no sólo resulta en una interpretación que contraviene la unidad y coherencia de la Ley de Amparo, sino que también atenta contra los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, porque impone al justiciable la carga excesiva de no errar en la determinación de la vía procedente cuyo incumplimiento puede derivar en la extemporaneidad de la demanda, cuestión que no está relacionada con las cargas procesales razonables que pueden exigirse a los gobernados para la correcta administración de justicia, ante la posibilidad de que bajo ciertas circunstancias no resulte fácil la determinación de la vía correcta."

CUARTO. No se transcribirán en su integridad(3) los considerandos que sustentan el acto reclamado, los conceptos de violación, ni los alegatos en caso de existir pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia, inclusive el artículo 74(4) de la Ley de Amparo nada dispone al respecto, aunque sí impone el deber de resolver las cuestiones efectivamente planteadas; por otra, se han entregado junto con esta resolución copias certificadas de esos apartados a los integrantes de este cuerpo colegiado.

Cobra aplicación al caso, por analogía, la tesis aislada sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, página 406, tomo IX, abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."

Así como la jurisprudencia 58/2010 emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."

QUINTO. Previo al análisis del laudo y los conceptos de violación que se enderezan en su contra, se estima necesario destacar algunos de los antecedentes de mayor relevancia que se aprecian de las constancias que conforman el juicio laboral.

1. El diez de enero de dos mil veinte,(5) **********, ********** y **********, promovieron ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la declaración de beneficiarios de las prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y sindical derivadas de la afiliación que en vida mantuvieron con su madre y esposa, respectivamente, **********, con el **********, el **********, así como el **********, de quienes reclamó las siguientes prestaciones:

"I. Del **********:

El pago, entrega y/o cumplimiento del 50% restante de la Póliza de Defunción prevista en el artículo 61 de la Ley del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación para el Estado, conforme a la disposición testamentaria hecha por mi madre, de la cual anexo fotocopia.

II. Del **********:

El pago, entrega y/o cumplimiento del 100% del Fondo de Beneficios Complementarios [Clave 80] que correspondía a mi finada madre."

Sustentó como hechos de su demanda los que obran a fojas de la uno a la tres del sumario natural, mismos que serán enunciados en la medida que así se requiera.

2. El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el tribunal admitió y radicó la demanda con el número **********; al tiempo, dio curso al procedimiento de declaración de beneficiarios para determinar qué personas tenían derecho a recibir las prestaciones e indemnizaciones correspondientes por el fallecimiento de la extinta trabajadora **********; asimismo, llamó a juicio como tercera interesada a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; de igual modo, dio curso al procedimiento de declaración de beneficiarios, por lo que ordenó practicar la investigación de ley, para determinar las personas que dependían económicamente de la finada trabajadora; consecuentemente, ordenó elaborar el aviso de convocatoria a publicarse en el Instituto de Pensiones del Estado. Finalmente, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos (fojas 38 a 40, juicio natural).

3. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, se tuvo compareciendo a **********, en su calidad de cónyuge de la finada trabajadora, quien hizo propio el escrito de demanda origen del expediente laboral; asimismo, el Tribunal de conocimiento, acordó las pruebas ofrecidas por las partes (fojas 66 vuelta a 72 expediente laboral).

4. El cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dictó resolución; misma que culminó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Los promoventes **********, ********** Y **********, por su propio derecho justificaron su acción.

SEGUNDO. SE DECLARAN BENEFICIARIOS a los CC. ********** Y **********, de las prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y sindical derivadas de la afiliación de la finada Hilda Torres Morales, con el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), y el Sindicato Magisterial del Estado de Veracruz (SIMEV), al igual que al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.

Notifíquese..." (fojas 74 y 75, sumario natural).

5. El once de marzo de dos mil veintidós, se tuvieron como demandados al **********, ********** y al **********; y, por cuanto hace a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y Secretaría de Educación de Veracruz, como terceras interesadas a juicio (fojas 110 vuelta y 113 ídem).

6. El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y aidmisión de pruebas (foja 115 juicio laboral); misma que se llevó a cabo el tres de febrero de dos mil veintitrés (fojas 130 vuelta, 156 a 159 ibídem).

7. El tres de febrero de dos mil veintitrés, el apoderado legal de los actores, acreditó el fallecimiento del actor **********; por lo que el tribunal del conocimiento, determinó continuar el procedimiento por cuanto hacía a los restantes; es decir, ********** y ********** (fojas 130 vuelta, 156 a 159 expediente laboral.

8. Mediante comparecencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, **********, se desistió únicamente, por cuanto hace al demandado **********, en tanto se tuviera por bien cobrado el cheque ofrecido por éste, con el cual se pagó la prestación reclamada, consistente en el pago de media póliza de seguro de defunción correspondiente a la finada trabajadora (foja 159 vuelta expediente laboral).

9. El veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que, entre otras cuestiones, se tuvo a la actora por pagada de media póliza de seguros de defunción de la finada trabajadora **********; de igual modo, se regularizó el procedimiento para tener como demandado a Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz; por lo que difirió la audiencia de mérito, para el día dos de mayo de dos mil veinticuatro (fojas 203 a 205 y 215 a 217 ídem).

10. Así, mediante acuerdo dictado en audiencia dos de mayo de dos mil veinticuatro (acto reclamado), el tribunal laboral del conocimiento, determinó tener por no interpuesta la demanda laboral, por cuanto hace al aquí quejoso **********, al no haber signado o haber estampado sus huellas dactilares el escrito respectivo (fojas 222 a 224 juicio laboral).

Hasta aquí los antecedentes de mayor relevancia que se advierten de las constancias procesales.

SEXTO. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son fundados; analizados desde la suplencia de la deficiencia de la queja que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34394-0b51774c/amparo-directo-procede-contra-la-resolucion-que-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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