PERIODOS ASENTADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE APORTACIONES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (SIA-INFONAVIT). CONSTITUYEN PRUEBA DIRECTA EN CONTRARIO QUE DESVIRTÚA LA HOJA DE CERTIFICACIÓN DE DERECHOS EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), RESPECTO DEL TIEMPO DE COTIZACIÓN NO RECONOCIDO POR ÉSTE.
AMPARO DIRECTO 1394/2023. 24 DE JULIO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN CARLOS MORENO CORREA, JORGE TOSS CAPISTRÁN Y ADOLFO EDUARDO SERRANO RUIZ. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIO: MARCELO CABRERA HERNÁNDEZ.
Xalapa de Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo directo laboral 1394/2023, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado legal **********, relativo al juicio laboral **********, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, ante la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado legal **********, promovió juicio de amparo directo contra el acto de la prenombrada Junta, consistente en la resolución pronunciada el diez de agosto de dos mil veintitrés, en el expediente laboral **********, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales (fojas 3 a 10 del juicio de amparo directo).
SEGUNDO. La Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, residente en esta ciudad, en acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, entre otras determinaciones, admitió a trámite la demanda, lo que originó la formación del juicio de amparo directo laboral 1394/2023; de igual forma, hizo del conocimiento de las partes su derecho para formular alegatos, y de la parte tercero interesada, para promover amparo adhesivo, en términos de lo previsto por el artículo 181 de la Ley de Amparo, sin que se ejercieran tales prerrogativas (fojas 13 a 15 ídem).
TERCERO. En proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 183 de la Ley de Amparo y 28, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, se turnó el presente asunto a la Ponencia del Magistrado Juan Carlos Moreno Correa, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente (fojas 17 y 18 ídem).
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170 de la Ley de Amparo en vigor; 35, fracción I, inciso d), 36, 210 y 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, referente a la denominación, residencia, competencia por especialización plena, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este órgano jurisdiccional; las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y residencia indicados, el cual, conforme al punto “Octavo” modifica el diverso 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año citado, que determina la división de circuitos y fija la competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con los autos originales del juicio laboral que la Junta responsable remitió al rendir su informe con justificación.
TERCERO. Oportunidad. La demanda de amparo fue presentada oportunamente de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que la resolución reclamada se notificó mediante instructivo de notificación a la parte quejosa, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, pues así se advierte de la constancia de notificación visible en la foja ciento cuarenta y tres del sumario laboral; mientras que el escrito de demanda se presentó el dieciséis de octubre posterior, ante la autoridad responsable, esto es, en el último día hábil del término legal que se disponía para hacerlo, el cual transcurrió del veinticinco de septiembre al dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, tomando en consideración que deberán descontarse los días veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, uno, siete, ocho, doce, catorce y quince de octubre todos de dos mil veintitrés, por ser sábados, domingos y un día festivo, con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Amparo, como se advierte de la certificación signada por su secretaria de acuerdos, que consta en la foja diez de este expediente, como se ilustra en el cuadro siguiente:
Ver cuadro
Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2022 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo I, página 7, registro digital 2024494, de rubro:
“DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE SU PRESENTACIÓN DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO Y AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDA ACTIVIDADES, AUN CUANDO ESTÉN CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA REFERIDA LEGISLACIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DESCONTAR LOS DÍAS EN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SUSPENDA LABORES POR SITUACIONES EXTRAORDINARIAS.”
CUARTO. No transcripción. Resulta innecesario transcribir tanto el acto reclamado, como los conceptos de violación formulados en su contra, acaso lo más relevante, cuenta habida que la Ley de Amparo no prevé como obligación dicha transcripción para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, se les estudia y se les da respuesta, lo que se hará a continuación; en la inteligencia que se entregan copias certificadas de tales documentos a los integrantes de este cuerpo colegiado, para su debido conocimiento; asimismo, para debida constancia, se agrega copia certificada del acto reclamado al cuaderno de amparo.
Al respecto, por identidad jurídica sustancial, se cita la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”
También se comparte la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuatrocientos seis, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, de epígrafe: “ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO.”
No se inobserva que los invocados criterios fueron emitidos conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; empero, al existir en lo concerniente identidad jurídica entre dicho ordenamiento y el vigente en la actualidad, son aplicables al caso concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del este último ordenamiento legal.
QUINTO. Antecedentes del asunto. Para mayor claridad en la exposición del presente asunto y con el objeto de analizar convenientemente las cuestiones planteadas por la parte quejosa, es pertinente establecer, en primer orden, los antecedentes relevantes del caso, que se desprenden de las constancias que en justificación de su informe remitió la autoridad responsable, relativas al juicio laboral **********, las cuales gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo (si bien de conformidad con la última reforma de la Ley Amparo, se prevé que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares será la normativa aplicable supletoriamente a aquélla, lo cierto es que de acuerdo con el artículo segundo transitorio de dicho Código, éste entrará en vigor en el orden federal previa declaratoria de las Cámaras de Diputados y Senadores a solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que ello pueda exceder del uno de abril de dos mil veintisiete, lo que a la fecha no ha ocurrido), de las cuales se advierte lo siguiente:
• Por escrito presentado el once de diciembre de dos mil veintinueve, ante la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, **********, por propio derecho, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las prestaciones siguientes:
“...INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
1.- Se deje sin efectos la resolución de pensión de cesantía en edad avanzada No. ********** de fecha 08 de marzo del 2016 y se emita la recertificación correspondiente (nueva resolución) efectuando el cálculo con las 1650 semanas cotizadas a la demandada INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y un salario promedio de: ********** ********** ********** ********** ********** **********, tal y como lo señala la Ley del Seguro Social régimen 1973.
2.- El pago de las diferencias a mi favor en forma retroactiva, de la pensión de cesantía régimen 1973 a partir desde el 08 de marzo de 2016, fecha que otorgó la multicitada pensión, así como las diferencias de aguinaldo, más los intereses generados hasta el momento que culmine el presente juicio laboral, tomando en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
[...]
3.- ACTUALIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE LA PENSIÓN DE CESANTÍA Y DEL AGUINALDO, HASTA QUE SE COMPLEMENTE EL LAUDO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL INPC.
4.- INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), Se reclama la devolución de las aportaciones que genere en mi vida laboral... (foja 1 a 10 del juicio laboral).
• Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, radicó la demanda bajo el número **********; ordenó su tramitación bajo el procedimiento especial; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución (fojas 14 y 15 ídem).
• Por escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno, la parte actora amplió su escrito inicial de demanda, de la manera siguiente:
“Los hechos de mi demanda dan origen a partir del año del 1981, que fui inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; ya que indebidamente el IMSS, me otorga una pensión de cesantía en edad avanzada con una resolución donde únicamente me reconoce ********** semanas de cotización, (lo cual es incorrecto), ya que yo coticé 1650 semanas de cotización, con un salario promedio de $********** **********, tal como lo señala la Ley del Seguro Social del año de 1973...” (foja 55 a 60 del juicio laboral).
• El catorce de abril de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución (fojas 64 y 65 ídem), en la que la junta del conocimiento tuvo a las partes por inconformes con todo arreglo conciliatorio.
En la etapa de demanda y excepciones, por hechas las manifestaciones vertidas por las partes teniendo a la parte actora ratificando su escrito inicial de demanda y de ampliación; atento a lo anterior, difirió la audiencia y señaló nueva fecha para su celebración (fojas 64 y 65 ibídem).
• El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno se prosiguió con la audiencia de ley (fojas 119 a 122 ídem), en la que la junta del conocimiento tuvo a las partes por inconformes con todo arreglo conciliatorio; abierta la etapa de demanda y excepciones, tuvo a la parte actora por ratificado su escrito inicial de demanda y de ampliación; a los codemandados Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores dando contestación por escritos de once y diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente (fojas 75 a 82 y 109 a 118 ídem).
Finalmente, la Junta responsable tuvo a las partes ofreciendo los medios de convicción acordes con sus pretensiones y proveyó sobre la admisión de los mismos.
• Luego, otorgó a las partes la oportunidad de alegar (fojas 136 del juicio laboral) y el diez de agosto de dos mil veintitrés, dictó resolución en cuyos puntos resolutivos conducentes concluyó:
“...PRIMERO. EL ACTOR **********, ACREDITÓ LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NO JUSTIFICÓ SUS EXCEPCIONES Y DEFENSAS.
SEGUNDO. SE CONDENA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A RECONOCER QUE EL ACTOR **********, COTIZÓ EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, UN TOTAL DE ********** SEMANAS, QUE SU SALARIO PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOSCIENTAS CINCUENTA SEMANAS DE COTIZACIÓN ASCENDIÓ A ********** ********** ELLO PARA LOS EFECTOS DE LA RECERTIFICACIÓN DE LA PENSIÓN QUE VIENE DISFRUTANDO.
TERCERO. SE CONDENA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE CESANTÍA NÚMERO ********** DE FECHA 08 DE MARZO DE 2016, Y PROCEDA A EFECTUAR LA RECERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, CUYA CUANTÍA DEBE SER CALCULADA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. ASI COMO PAGAR AL C. **********, LAS DIFERENCIAS DE PAGO DE LA PENSIÓN MENSUAL DE CESANTÍA, A PARTIR DEL 08 DE MARZO DEL 2016, CON SUS RESPECTIVOS INCREMENTOS, CONFORME AL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y PAGAR LAS DIFERENCIAS EN EL PAGO DEL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 SIN PERJUICIO DE LOS QUE SE SIGAN GENERANDO, DERIVADO DE QUE ESTA JUNTA NO CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUANTIFICAR LA PENSIÓN DE CESANTÍA QUE REALMENTE LE CORRESPONDE AL ACTOR, NI LAS DIFERENCIAS DE LA PENSIÓN, NI DEL AGUINALDO ANUAL POR EXCEPCIÓN SE ORDENA ABRIR INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 843 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA CUANTIFICAR DICHAS PENSIONES.
CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...”. (fojas 138 a 141 del expediente laboral).
Resolución esta última que se erige como el acto reclamado en esta vía.
SEXTO. Estudio del asunto. Los conceptos de violación son parcialmente fundados.
No será materia de litis constitucional la determinación de que el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas que cotizó el actor asciende a ********** ********** ********** **********, pues ello no fue controvertido por las partes en el juicio laboral.
Tampoco se analizará la omisión de la junta responsable de pronunciarse en relación con la devolución de aportaciones demandada al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues constituye un aspecto que no perjudica los intereses jurídicos del quejoso y no es controvertido por el actor a través de un amparo directo principal.
Los conceptos de violación serán analizados de estricto derecho, cuenta habida que el instituto quejoso tuvo el carácter de parte demandada en el juicio natural (en su calidad de ente asegurador), máxime que no se advierte que se surta alguno de los supuestos de procedencia de la suplencia de la queja deficiente previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
En el segundo concepto de violación, el instituto quejoso aduce que la autoridad responsable incurrió en una incongruencia, toda vez que no tomó en consideración la excepción de prescripción que opuso en términos del artículo 279, fracción I, de la Ley del Seguro Social derogada, para el efecto de que la condena al pago de diferencias de pago de pensión comprendiera a partir de un año anterior a la instauración de la demanda laboral.
Lo anterior es fundado pero inoperante.
Este tribunal colegiado de circuito considera que la junta responsable no atendió la excepción de prescripción que opuso el instituto asegurador en términos del artículo 279, fracción I, de la Ley del Seguro Social derogada; lo que prima facie torna incongruente y falto de exhaustividad la resolución reclamada en ese aspecto.
Es aplicable la jurisprudencia emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Quinta Parte, página 47, registro digital 243895, que se reproduce:
“LAUDO INCONGRUENTE. Si una Junta, al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.”
Sin embargo, resulta innecesario reenviar el asunto a efecto de que la junta responsable dicte una nueva resolución a fin de subsanar la ilegalidad apuntada, toda vez que existe una respuesta objetiva y firme que da una solución de fondo, que no está sujeta a pluralidad de interpretaciones.
Resulta aplicable la tesis aislada 1a. I/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 377, registro digital 2013369, que se reproduce:
“AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por regla general, ante la constatación de una omisión de estudio de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal constitucional no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e interpretación de aquélla para determinar por sí el sentido de la eventual decisión, ya que los principios federal, de división de poderes y de defensa de las partes exigen que sean los tribunales ordinarios los que resuelvan primeramente las preguntas jurídicas y exploren distintos métodos interpretativos; por tanto, ante la omisión lo que procede es el reenvío y no la sustitución. No obstante, el presupuesto del reenvío es la probabilidad razonable de que al emitirse una nueva resolución, pueda cambiar el sentido de la decisión. Así, cuando no exista la posibilidad de un efecto práctico, el tribunal de amparo debe evitar retardar la administración de justicia y, por economía procesal, negar el amparo, lo que debe realizar desarrollando las razones objetivas de su decisión. El tribunal de amparo debe considerar que a medida que el punto controvertido esté más abierto a una pluralidad de opciones interpretativas, existe una presunción a favor del reenvío del asunto, mientras que al tratarse de un punto sobre el cual exista una respuesta firme y objetiva, entonces, esa presunción será más débil, al no existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión, ni los tribunales explorar distintas respuestas normativas. Por tanto, los jueces constitucionales sólo deben resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes.”
En efecto, en el caso no se actualizó lo establecido en el numeral 279, fracción I, de la Ley del Seguro Social derogada, sino lo dispuesto en el numeral 273, fracción I, inciso a), de la citada legislación, que dice:
“Artículo 273. En los casos en los que una pensión u otra prestación en dinero se haya concedido por error que afecte a su cuantía o a sus condiciones, la modificación que se haga entrará en vigor:
I.- Si la modificación es en favor del asegurado o beneficiario:
a) Desde la fecha de la vigencia de la prestación, si el error se debió al Instituto.”
Esta porción normativa fue analizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 31/2018, en la que estableció lo siguiente:
“...tratándose de modificaciones a las pensiones y otras prestaciones en dinero que se hayan concedido a los asegurados por error atribuible al instituto y que modifiquen su cuantía o sus condiciones, debe estimarse que están sujetas al procedimiento especial regulado en el mencionado artículo 273, pues la liquidación equivocada de la pensión se rige de forma expresa por lo dispuesto en este precepto.
Conviene precisar que, en estos casos, el tipo de error al que se refiere la norma en cuestión, es de aquellos que tienen una naturaleza estrictamente aritmética, y cuyo origen sea por completo ajeno a posibles datos equivocados que hubieran sido proporcionados por el patrón, pues tratándose de supuestos errores en los conceptos que integran la pensión o de aparentes inexactitudes en la información patronal ofrecida, la controversia deberá ventilarse ante los tribunales laborales respectivos sin prescindir de la figura de la prescripción que en su caso hubiera operado.
Lo mismo sucedería en beneficio del propio instituto, tratándose de los errores atribuibles al asegurado si aquel organismo exigiera el reintegro de las cantidades que hubiese pagado en exceso con motivo de datos falsos que le hubiese proporcionado el particular, pues en estos casos el ente asegurador estaría en aptitud de recuperar esas sumas de dinero en los términos que establece el artículo 273, fracción II, inciso b), de la derogada Ley del Seguro Social.
No es óbice a lo anterior, lo establecido en la tesis jurisprudencial 2a./J. 23/2017 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIONES Y JUBILACIONES. LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN.",(1) en virtud de que en este criterio no se analizó el contenido del artículo 273 de la Ley del Seguro Social, sino del diverso 279 del mismo ordenamiento, por lo que esta Segunda Sala reitera el contenido de dicha jurisprudencia al tratarse de una interpretación ajena al problema que aquí se examina.”
De la contradicción de tesis 31/2018 derivó la jurisprudencia 2a./J. 57/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 56, Tomo I, Julio de 2018 página 558, registro digital 2017359, que se transcribe:
“PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 273, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA DEROGADA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LO OBLIGA A PAGAR LAS DIFERENCIAS RESPECTIVAS DESDE LA FECHA EN QUE OTORGÓ ESA PRESTACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE EL ERROR ARITMÉTICO EN SU CUANTIFICACIÓN Y NO PROVENGA DE DATOS INCORRECTOS PROPORCIONADOS POR EL PATRÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 23/2017 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIONES Y JUBILACIONES. LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN."; sostuvo que la prescripción opera, en términos de la legislación relativa, respecto de los montos vencidos de diferencias en el pago de pensiones que correspondan a cantidades generadas en un momento determinado y no cobradas cuando fueron exigibles. Ahora bien, dicha jurisprudencia –cuyo contenido reitera la Segunda Sala– no resulta aplicable en aquellos asuntos en los que los pensionados que ya gocen de una pensión demuestren fehacientemente que, por errores del Instituto Mexicano del Seguro Social, han recibido una cantidad menor a la que tenían derecho, supuesto en el cual deberá retrotraerse el pago completo que les correspondía al momento en que dicho organismo se equivocó en la cuantificación de esa prestación. En efecto, para el supuesto descrito existe un procedimiento especial regulado en el artículo 273, fracción I, inciso a), de la derogada Ley del Seguro Social, el cual establece que cuando una pensión u otra prestación en dinero se haya concedido por error que afecte a su cuantía o a sus condiciones, la modificación que se haga entrará en vigor desde la fecha de la vigencia de la prestación, siempre y cuando se acredite fehacientemente que fue el propio Instituto quien incorrectamente la hubiese cuantificado, decisión legislativa que expresamente señala que los equívocos en la liquidación de las pensiones no imputables al asegurado o a sus beneficiarios tienen un tratamiento especial en la ley cuando provengan de errores probados y atribuibles a ese organismo. Caso distinto ocurre cuando el interesado demanda el pago de una pensión de la cual aún no gozaba, o bien, cuando disfrutando de ella no demuestre que el pago incompleto que reclame proviene de errores del Instituto mencionado, toda vez que en ambos casos sí opera la figura de la prescripción conforme a la jurisprudencia citada en primer término. Conviene precisar que en estos casos el tipo de error al que se refiere la norma en cuestión, es de aquellos que tienen una naturaleza estrictamente aritmética, y cuyo origen sea por completo ajeno a posibles datos equivocados que hubiera proporcionado el patrón, pues tratándose de supuestos errores en los conceptos que integran la pensión o de aparentes inexactitudes en la información patronal ofrecida, la controversia deberá ventilarse ante los tribunales laborales respectivos, sin prescindir de la figura de la prescripción que, en su caso, hubiera operado.”
Como se observa, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País estableció que el error al que se refiere el artículo 273, fracción I, inciso a), de la Ley del Seguro Social abrogada que prevé que el pago de las diferencias de pensión se pagarán desde su vigencia, se refiere al estrictamente aritmético imputable al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, de lo contrario, de tener su origen en datos equivocados proporcionados por el patrón, el trabajador deberá promover el respectivo juicio laboral, siendo que las diferencias que resultaren se encontrarían sujetas a la excepción de prescripción prevista en el numeral 279 de la legislación citada.
En ese sentido, al contestar la demanda, el propio ente de seguridad social aceptó que otorgó la pensión de cesantía por edad avanzada con un número menor de semanas a las realmente cotizadas, pues derivado de realizar una búsqueda “manual”, localizó que el asegurado cotizó por ********** semanas más a las contempladas en la resolución de otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada, de tal forma que la pensión referida no debió concederse por ********** semanas, sino por **********.
Entonces, si el propio instituto reconoció que calculó la pensión de cesantía por edad avanzada con un número inferior al que realmente cotizó el asegurado, entonces, no procede la excepción de prescripción en términos del artículo 279, fracción I, de la Ley del Seguro Social derogada, sino que se actualiza lo dispuesto en el diverso numeral 273, fracción I, inciso a), de la legislación citada, toda vez que existió un error aritmético, puesto que la pensión de cesantía por edad avanzada se calculó a partir de datos equivocados (como el mismo instituto lo confesó al contestar la demanda, en el sentido de que el actor contaba con más semanas de cotización).
Máxime que el Instituto Mexicano del Seguro Social no se defendió en el sentido de que incurrió en un error aritmético como consecuencia de información deficiente proporcionada por los patrones del actor; cuestión que, por ende, tampoco demostró.
Por las circunstancias apuntadas, el segundo concepto de violación es fundado pero inoperante.
En el primer concepto de violación, el instituto quejoso aduce que la resolución reclamada vulneró en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues fue ilegal que la autoridad responsable determinara que como la hoja de certificación de derechos no contiene aportaciones continuas desde mil novecientos ochenta y uno a mil novecientos noventa y siete, entonces, carece de valor probatorio y, por tanto, debieron tenerse ********** semanas cotizadas, para efectos de calcular la pensión de cesantía en edad avanzada del actor.
Que si bien éste ofreció una captura de pantalla del Sistema Integral de Aportaciones (de ahora en adelante SIA-INFONAVIT) del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (de ahora en adelante INFONAVIT), en el que consta que cotizó ante esa institución en mil novecientos setenta y ocho, mil novecientos ochenta y uno, mil novecientos noventa, mil novecientos noventa y uno y mil novecientos noventa y dos, lo cierto es que ese documento únicamente acredita tal circunstancia, pero no demuestra que hubiese cotizado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Que de la hoja de certificación de derechos y de la constancia de semanas cotizadas, se deduce que el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34202-7467ad38/periodos-asentados-en-el-sistema-integral-de-aportaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ANTIGÜEDAD GENÉRICA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS BUROCRÁTICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. CUANDO SE RECLAMA SU RECONOCIMIENTO, EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY FEDERAL (AMPARO DIRECTO)
- PETRÓLEOS MEXICANOS. A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2025 DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LOS JUICIOS LABORALES DONDE FIGURABAN COMO PARTE DEMANDADA LAS ENTONCES EMPRESAS SUBSIDIARIA (AMPARO DIRECTO)
- AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA LABORAL RESPECTO DE UNA DE LAS PERSONAS ACTORAS, AUNQUE EL JUICIO CONTINÚE PARA LAS DEMÁS PROMO (AMPARO DIRECTO)
- ANTIGÜEDAD GENÉRICA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA ÚNICA VÍA PARA RECLAMARLA ES LA ORDINARIA, AL NO SER APLICABLE SUPLET (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- JUECES Y MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. (VII.1o.P.T.4 K (10a.))
- AUTORIDAD RESPONSABLE, SUSTITUCION DE LA (JUNTAS). (s/clave)
- SENTENCIAS DE AMPARO. PARA SU CUMPLIMIENTO, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, NO ES SUPERIOR (VII.2o.C.22 K (10a.))
- AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO ES INCOMPETENTE PARA CONOCER EN ESA VÍA, DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, QUE SANCIONA A FUNCIONAR (VIII.1o.2 A )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis