ANTIGÜEDAD GENÉRICA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS BUROCRÁTICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. CUANDO SE RECLAMA SU RECONOCIMIENTO, EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY NÚMERO 364 ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL.
AMPARO DIRECTO 129/2024. 4 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN CARLOS MORENO CORREA, JORGE TOSS CAPISTRÁN Y ADOLFO EDUARDO SERRANO RUIZ. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIO: MARCELO CABRERA HERNÁNDEZ.
Xalapa de Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de cuatro de diciembre dos mil veinticinco.
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo directo laboral 129/2024, promovido por la Contraloría General del Estado de Veracruz, a través de **********, en su carácter de Director Jurídico y representante legal, relativo al juicio laboral **********, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil veinticuatro, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, **********, en su carácter de Director Jurídico y representante legal de la Contraloría General del Estado de Veracruz, promovió juicio de amparo directo contra el acto del prenombrado Tribunal, consistente en el laudo pronunciado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el expediente laboral **********, por estimarlo violatorio de derechos fundamentales (fojas 3 a 11 del juicio de amparo directo).
SEGUNDO. La Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, residente en esta ciudad, en acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, entre otras determinaciones, admitió a trámite la demanda, lo que originó la formación del juicio de amparo directo laboral 129/2024; de igual forma, hizo del conocimiento de las partes su derecho para formular alegatos, y de la parte tercero interesada, para promover amparo adhesivo, en términos de lo previsto por el artículo 181 de la Ley de Amparo, sin que se ejercieran tales prerrogativas (fojas 31 a 33 ídem).
TERCERO. En proveído de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, con fundamento en los artículos 183 de la Ley de Amparo y 28, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, se turnó el presente asunto a la Ponencia del Magistrado Juan Carlos Moreno Correa, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente (fojas 37 y 38 ídem).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170 de la Ley de Amparo en vigor; 35, fracción I, inciso d), 36, 210 y 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, referente a la denominación, residencia, competencia por especialización plena, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este órgano jurisdiccional; las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y residencia indicados, el cual, conforme al punto “Octavo” modifica el diverso 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año citado, que determina la división de circuitos y fija la competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La existencia del laudo reclamado quedó acreditada con los autos originales del juicio laboral que el Tribunal responsable remitió al rendir su informe con justificación.
TERCERO. Oportunidad. La demanda de amparo fue presentada oportunamente de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que el laudo reclamado se notificó a la parte quejosa el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, pues así se advierte del instructivo de notificación visible en la foja trescientos tres del sumario laboral; mientras que el escrito de demanda se presentó el cinco de enero de dos mil veinticuatro, ante la autoridad responsable, esto es, en el penúltimo día hábil del término legal que se disponía para hacerlo, el cual transcurrió del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés al ocho de enero de dos mil veinticuatro, tomando en consideración que deberán descontarse los días veinticinco y veintiséis de noviembre, asimismo, el dos, tres, nueve y diez de diciembre de dos mil veintitrés, también el seis y siete de enero de dos mil veinticuatro, por ser sábados y domingos, y por ende, inhábiles con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Amparo; así como del once de diciembre de dos mil veintitrés al dos de enero de dos mil veinticuatro, en virtud de haber disfrutado la autoridad responsable del periodo vacacional de invierno correspondiente al dos mil veintitrés, como se advierte de la certificación que consta en la foja dieciocho de este expediente, y se ilustra en el cuadro siguiente:
Ver cuadro
Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2022 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo I, página 7, registro digital 2024494, de rubro:
“DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE SU PRESENTACIÓN DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO Y AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDA ACTIVIDADES, AUN CUANDO ESTÉN CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA REFERIDA LEGISLACIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DESCONTAR LOS DÍAS EN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SUSPENDA LABORES POR SITUACIONES EXTRAORDINARIAS.”
CUARTO. No transcripción. Resulta innecesario transcribir tanto el acto reclamado, como los conceptos de violación formulados en su contra, acaso lo más relevante, cuenta habida que la Ley de Amparo no prevé como obligación dicha transcripción para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, se les estudia y se les da respuesta, lo que se hará a continuación; en la inteligencia que se entregan copias certificadas de tales documentos a los integrantes de este cuerpo colegiado, para su debido conocimiento; asimismo, para debida constancia, se agrega copia certificada del acto reclamado al cuaderno de amparo.
Al respecto, por identidad jurídica sustancial, se cita la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”
También se comparte la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuatrocientos seis, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, de epígrafe: “ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO.”
No se inobserva que los invocados criterios fueron emitidos conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; empero, al existir en lo concerniente identidad jurídica entre dicho ordenamiento y el vigente en la actualidad, son aplicables al caso concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del este último ordenamiento legal.
QUINTO. Antecedentes del asunto. Para mayor claridad en la exposición del presente asunto y con el objeto de analizar convenientemente las cuestiones planteadas por la parte quejosa, es pertinente establecer, en primer orden, los antecedentes relevantes del caso, que se desprenden de las constancias que en justificación de su informe remitió la autoridad responsable, relativas al juicio laboral **********, las cuales gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo (si bien de conformidad con la última reforma de la Ley Amparo, se prevé que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares será la normativa aplicable supletoriamente a aquélla, lo cierto es que de acuerdo con el artículo segundo transitorio de dicho Código, éste entrará en vigor en el orden federal previa declaratoria de las Cámaras de Diputados y Senadores a solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que ello pueda exceder del uno de abril de dos mil veintisiete, lo que a la fecha no ha ocurrido), de las cuales se advierte lo siguiente:
• Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, **********, demandó de la 1) Contraloría General del Estado de Veracruz, de la 2) Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y del 3) Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, las prestaciones siguientes:
“A) El reconocimiento de mi antigüedad...
B) El reconocimiento de que el suscrito es trabajador de base con carácter definitivo.
C) La expedición de mi nombramiento, como trabajador de base con carácter definitivo.
D) La incorporación a los beneficios de la seguridad social, en términos de lo establecido en el artículo 30, fracción IV, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en particular, mi incorporación al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.
E) El pago retroactivo de las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, a mi favor desde mi respectiva fecha de ingreso a laborar para la entidad pública demandada, así como las aportaciones que se generen durante la tramitación de este juicio, y su regularización en el pago a dicho instituto durante todo el tiempo que dure la relación laboral.
F) El pago de tres días económicos...
G) El pago de la prima vacacional...
H) El pago de los quinquenios...
I) El pago de la "ayuda mensual para despensa"...
J) El pago de estímulo por concepto de antigüedad...
K) El pago de "la ayuda para previsión social múltiple"...
L) El pago de la cantidad de $********** (********** **********), por concepto de "ayuda para compra de útiles escolares"...
M) El otorgamiento de seguro de vida...
N) El pago del estímulo a servidores públicos...
O) El pago de la ayuda para pasajes...
P) El pago del bono anual de despensa...
Q) El pago del apoyo para estrategia e imagen de previsión social...
R) El pago de la ayuda por servicios...
S) El pago de la compensación administrativa...
T) El pago de las actividades culturales...
U) El pago de la gratificación...
V) El pago de la ayuda para capacitación y desarrollo...
W) El pago de la ayuda para despensa...
X) El pago de la gratificación anual o aguinaldo...
Y) El pago de la canasta navideña...
Z) El pago de la compensación por ajuste de calendario...
AA) El pago del tiempo extra...” (fojas 1 a 5 del sumario laboral).
En acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, registró la demanda con el número **********; asimismo, citó a las partes para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 11 y su vuelta ídem).
• El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, el tribunal responsable llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (fojas 49 vuelta, 54, 55 y 57 ídem), en la que advirtió que la parte actora señaló también como demandado al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, sin que se haya acordado al respecto, por lo que regularizó el procedimiento y lo tuvo como parte demandada, finalmente, difirió la audiencia, señalando nueva fecha y hora para su continuación.
• El seis de julio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley (fojas 59 vuelta, 82, 85, 86 y 95 ibídem), en la que el tribunal responsable tuvo a las partes por inconformes con todo arreglo conciliatorio (foja 85 vuelta ídem).
• Posteriormente, en la etapa de demanda y excepciones (fojas 85 vuelta y 86 ídem), la autoridad en mención tuvo por ratificado el escrito inicial de demanda, y por presentado el escrito de seis de julio de dos mil diecisiete (fojas 83 y 84 ídem), en el que la parte actora amplió y modificó su escrito inicial de demanda, en los siguientes términos:
“Se precisa el capítulo de prestaciones en las marcadas con los incisos C), D), AA); y se agrega la que deberá quedar marcada con el inciso BB), quedando como a continuación se indica:
C) La expedición de mi nombramiento como trabajador de base con carácter definitivo...
(...)
D) La incorporación a los beneficios de las seguridad social, en términos de lo establecido en el artículo 30, fracción IV de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, en particular mi incorporación retroactiva a mi fecha de ingreso a prestar mis servicios para la demandada al Instituto de Pensiones del Estado.
AA) El pago de tiempo extraordinario...
BB) La modificación en mi jornada de trabajo, debiendo ser la estipulada de 7 horas diarias de lunes a viernes, de conformidad con la cláusula 29 de las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo.” (fojas 83 y 84 ibíd)
Por lo que, el tribunal responsable suspendió la audiencia de mérito, señalando nueva fecha y hora para su continuidad.
• El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la responsable continuó con la audiencia de Ley (fojas 146, 158, 159, 160, 182, 183 ídem); en la etapa de demanda y excepciones, el tribunal responsable tuvo a las partes demandadas 1) Contraloría General del Estado de Veracruz, 2) Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz e 3) Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz dando contestación (fojas 103 a 145 y 147 a 157 ídem), y oponiendo las excepciones y defensas que estimaron pertinentes.
Acto seguido, se continuó con la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que las partes ofrecieron las que estimaron convenientes para demostrar sus pretensiones (fojas 160, 182, 183 y 185 ídem).
• Concluida la secuela procesal, previo agotamiento del término otorgado a las partes para que formularan sus alegatos (foja 273 ídem), mediante proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción (foja 276 ibídem); hecho lo anterior, dictó laudo el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en cuyos puntos resolutivos concluyó:
“...PRIMERO. El actor ********** no justificó su acción, la entidad demandada Contraloría General del Estado de Veracruz resultó excepcionada en parte; a los demandados Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz no les resultó responsabilidad alguna; en consecuencia:
SEGUNDO. Se absuelve a la Contraloría General del Estado de Veracruz de otorgar a ********** el reconocimiento como trabajador de base, así como se absuelve a la Contraloría General del Estado de Veracruz de expedir en favor de ********** el nombramiento de base con carácter definitivo, prestaciones reclamadas en los incisos B) y C) de su escrito inicial de demanda; lo anterior por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto del presente laudo.
TERCERO. Se condena a la Contraloría General del Estado de Veracruz a reconocer por escrito y mediante documental que al efecto maneje la entidad, la antigüedad genérica de ********** desde el uno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve hasta en tanto perdure la relación laboral, la cual deberá contener el número de días laborados y el salario percibido en términos del precepto legal citado, reclamada en el inciso A) de la demanda inicial; lo anterior por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto del presente laudo.
CUARTO. Se absuelve a la Contraloría General del Estado de Veracruz de pagar cantidad alguna a **********, por el pago de tres días económicos, prima vacacional, quinquenios, ayuda mensual para despensa, estímulo por concepto de antigüedad, ayuda para previsión social múltiple, ayuda para compra de útiles escolares, otorgamiento de seguro de vida, estímulo a servidores públicos, ayuda para pasajes, bono anual de despensa, apoyo para estrategia e imagen de previsión social, ayuda por servicios, compensación administrativa, pago actividades culturales, gratificación, ayuda para capacitación y desarrollo, ayuda para despensa, la gratificación anual o aguinaldo, canasta navideña y compensación por ajuste de calendario, reclamadas en su escrito de demanda inicial; lo anterior por las razones y fundamentos expuestos en considerando séptimo del presente laudo.
QUINTO. Se absuelve a la entidad demandada Contraloría General del Estado de Veracruz, de pagar al actor ********** cantidad alguna por concepto de horas extras en los términos reclamados en el inciso AA de su escrito inicial de demanda, su escrito de precisión de veintidós de febrero de dos mil diecisiete y de ampliación de seis de julio de esa misma anualidad; lo anterior por las razones y fundamentos expuestos en el considerando octavo del presente laudo.
SEXTO. Se condena a la Contraloría General del Estado de Veracruz a incorporar a ********** ante el Instituto de Pensiones del Estado con efectos retroactivos a partir del uno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve hasta en tanto dure la relación laboral y pagar las aportaciones que correspondan por ese periodo de conformidad con el convenio que al efecto tenga celebrado la entidad demandada; quedando sujeta a comprobación dentro del incidente de liquidación, del cual se ordena su apertura con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, la denominación del o los institutos de seguridad social con quienes se tengan celebrados los convenios de incorporación.
(...)
Notifíquese...” (fojas 299 a 300 vuelta ídem).
Laudo que se erige como acto reclamado en esta vía.
SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación son ineficaces.
En principio, cabe precisar que quien acude al juicio de amparo es la Contraloría General del Estado de Veracruz, a través de su representante legal, quien tuvo el carácter de parte demandada en el juicio natural (en su calidad de patrón), motivo por el cual los conceptos de violación planteados serán analizados bajo el principio de estricto derecho, pues no se advierte que se surta alguno de los supuestos de procedencia de la suplencia de la queja deficiente previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), sustentada por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de dos mil quince, página trescientos cincuenta y nueve, de rubro:
“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.”
No serán materia de Litis constitucional las absoluciones en relación con las prestaciones B y C relativas al reconocimiento de que el trabajador es de base y a la expedición del nombramiento respectivo, AA vinculada con el pago de horas extraordinarias, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z, así como la absolución tácita de la prestación BB (relacionada con una jornada reducida de trabajo), sustentadas en las Condiciones Generales de Trabajo; absoluciones decretadas sobre la base de que el actor es un empleado de confianza y que, por lo tanto, no le son aplicables dichas condiciones.
Lo anterior, pues benefician a la patronal, aquí quejosa y no son cuestionadas por el actor mediante un juicio de amparo directo.
Tampoco las absoluciones decretadas en favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, toda vez que no afectan a la quejosa.
Por lo tanto, únicamente serán materia de la Litis constitucional las condenas en relación con las prestaciones A, relacionada con el reconocimiento de antigüedad y D y E, relativas al cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.
Lo anterior, en la inteligencia de que así lo permitan los conceptos de violación, toda vez que, como se dijo, la Contraloría General del Estado de Veracruz, es la parte demandada en el juicio natural en su calidad de patronal, motivo por el cual, el caso debe analizarse bajo el principio de estricto derecho.
En una parte del primer concepto de violación y en una porción del segundo, la quejosa aduce que las acciones de reconocimiento de antigüedad y cumplimiento de obligaciones de seguridad social debieron ser tramitadas mediante un procedimiento especial, por lo que al no haberse hecho así, se constituyó una trasgresión grave al procedimiento y cita:
- La jurisprudencia 2a./J. 89/2011 de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 183, registro digital 161916, de rubro:
“ANTIGÜEDAD GENÉRICA Y DE CATEGORÍA. LOS CONFLICTOS EN LOS QUE SE RECLAME SU RECONOCIMIENTO SE RIGEN POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.”
- La tesis aislada XVII.7 L (10a.) del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2145, registro digital 2011497, de epígrafe:
“ANTIGÜEDAD GENÉRICA. EL JUICIO LABORAL EN EL QUE SE DEMANDE SU RECONOCIMIENTO Y, COMO CONSECUENCIA, EL OTORGAMIENTO Y PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES, DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA ESPECIAL, AUN CUANDO DICHOS RECLAMOS SE HAYAN HECHO EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO, QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO.”
- La tesis aislada (I Región) 6o.4 L (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, página 3156, registro digital 2010755, de epígrafe:
“ANTIGÜEDAD GENÉRICA. CUANDO EL RECLAMO DE SU RECONOCIMIENTO SE TRAMITA POR LA VÍA INCORRECTA, LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO ALCANZA LAS PRESTACIONES VINCULADAS CON AQUÉLLA.”
Lo anterior es inoperante, cuenta habida que la quejosa no explica cómo o de qué manera la violación procesal que refiere trascendió en su perjuicio en el sentido del laudo, inobservando lo dispuesto al respecto por el artículo 174 de la Ley de Amparo.
En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 126/2015 (10a.) de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 2060, registro digital 2010151, que se reproduce:
“VIOLACIONES PROCESALES. EL QUEJOSO DEBE PRECISAR EN SU DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, A FIN DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE EXAMINARLAS, SALVO LAS QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA. El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Tribunales Colegiados de Circuito que conozcan del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, deberán decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hacen valer, sea que se cometan en dichas resoluciones o durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como en relación con aquellas que, cuando proceda, adviertan en suplencia de la queja. Ahora bien, el que la disposición constitucional no señale los requisitos que debe reunir la demanda de amparo directo para el estudio de las violaciones procesales, no significa que la ley secundaria no pueda hacerlo, en tanto que a ésta corresponde desarrollar y detallar los que deben cumplir las demandas para su estudio, ajustándose a los principios y parámetros constitucionales, esto es, deben ser razonables y proporcionales al fin constitucionalmente perseguido. Por tanto, el incumplimiento de la carga procesal a cargo del quejoso, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, consistente en precisar en la demanda principal y, en su caso, en la adhesiva, la forma en que las violaciones procesales que haga valer trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, traerá como consecuencia que el Tribunal Colegiado de Circuito no esté obligado a su análisis, excepto en los casos en que proceda la suplencia de la queja y siempre que no pase por alto su obligación de atender a la causa de pedir expresada por los promoventes. Este requisito procesal además de resultar razonable, pues se pretende proporcionar al tribunal de amparo todos los elementos necesarios para el estudio del asunto, no puede catalogarse como excesivo y, por tanto, denegatorio de justicia y contrario al nuevo marco constitucional de los derechos humanos, previsto en el artículo 1o. constitucional, porque las garantías judiciales se encuentran sujetas a formalidades, presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos y medios de defensa que deben observarse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, y efectiva protección de los derechos humanos.”
De igual forma, la diversa jurisprudencia 1a./J. 30/2019 (10a.) de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 627, registro digital 2019692, que se reproduce:
“VIOLACIONES PROCESALES QUE TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO VULNERA EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La constitucionalidad de una norma secundaria no depende de que su contenido esté previsto expresamente en la Constitución, sino de que respete los principios constitucionales. De ahí que el mero hecho de que el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal no establezca expresamente que la parte quejosa debe precisar en su demanda por qué la violación procesal trasciende al resultado del fallo, no convierte en inconstitucional el artículo 174 de la Ley de Amparo. De una interpretación teleológica, tanto del artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional, como del artículo 174 de la Ley de Amparo, se advierte que el Constituyente fue claro en imponer a la parte quejosa la carga de invocar todas las violaciones procesales que estime hayan sido cometidas en el procedimiento de origen, y consideró que la suplencia de la queja por parte del Tribunal Colegiado del conocimiento sólo procede en las materias civil y administrativa en los casos previstos en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente. En otras palabras, cuando haya habido, en contra del recurrente, una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia Ley de Amparo. Lo anterior, se traduce en que los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la deficiencia de la queja cuando adviertan una violación clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa. Sólo en esos casos, no se exigirá al quejoso que haya hecho valer la violación de que se trate, ni que haya cumplido con los requisitos que establece la Ley de Amparo para el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior es así, porque si el propio inciso a), de la fracción III, del artículo 107 constitucional, establece que en el amparo directo sólo se estudiarán las violaciones procesales ‘que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo’, y se parte de la base de que la suplencia de la queja sólo procede en los casos en que el Tribunal Colegiado advierta que hubo una violación evidente que dejó al quejoso sin defensa por afectar sus derechos fundamentales. Por demás, resulta razonable que la ley exija que la parte quejosa precise aquellas violaciones que no son evidentes, y que proporcione al tribunal de amparo todos los elementos que puedan ser necesarios para proceder a su estudio, incluyendo la precisión de por qué trascendieron al resultado del fallo.”
A mayor abundamien
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34378-76e687b8/antiguedad-generica-de-las-personas-trabajadoras-burocraticas-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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