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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO INDIRECTO. LO TIENE LA PERSONA APODERADA LEGAL DE LA PARTE TRABAJADORA REVOCADA POR EL TRIBUNAL LABORAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 685 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: QUEJA 116/2025. · Registro digital (IUS): 34282
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-02
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

QUEJA 116/2025. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN CARLOS MORENO CORREA, ADOLFO EDUARDO SERRANO RUIZ Y JORGE TOSS CAPISTRÁN. PONENTE: ADOLFO EDUARDO SERRANO RUIZ. SECRETARIA: MICHELLE ROBINSON CAMPO.

Xalapa, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco.

V I S T O para resolver el recurso de queja 116/2025, interpuesto por **********, contra el acuerdo recurrido del Juzgado de Distrito que enseguida se precisan; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. **********, por escrito presentado electrónicamente el veintidós de abril de dos mil veinticinco, interpuso recurso de queja contra el auto de once de abril del mismo año, dictado por el Juzgado Decimoquinto Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el expediente **********, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo.

SEGUNDO. El Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticinco admitió a trámite el recurso de queja registrándolo con el número 116/2025.

TERCERO. Mediante proveído de quince de mayo de dos mil veinticinco se ordenó turnar los autos al Magistrado Adolfo Eduardo Serrano Ruiz para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer el presente recurso de queja, conforme a lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo; 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; este último relacionado tanto con el acuerdo 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; como con el Acuerdo General 49/2014, de doce de noviembre de dos mil catorce, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado; ya que se recurre un auto dictado por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, lugar donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. El recurso que se examina tiene su fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y fue interpuesto oportunamente, de conformidad con el párrafo primero del numeral 98 de la citada ley, ya que la resolución impugnada se notificó electrónicamente a la parte quejosa y recurrente el catorce de abril de dos mil veinticinco, surtiendo efectos el mismo día, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 31 del citado ordenamiento y el recurso de queja se presentó electrónicamente, el veintidós de abril siguiente, esto es, el tercer día del término legal de cinco días de que disponía para hacerlo, descontándose los días diecinueve y veinte de abril de dos mil veinticinco, por ser sábado y domingo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el dieciséis, diecisiete y dieciocho del mismo mes y año, por haber sido inhábiles, de conformidad con la circular 1/2025, de veinticinco de enero de dos mil veinticinco, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal como se ilustra en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

TERCERO. Resulta innecesario transcribir tanto el acuerdo recurrido, como los agravios formulados en su contra (solo en lo conducente), en razón que la Ley de Amparo no prevé como obligación dicha transcripción para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, se les estudia y se les da respuesta, lo que se hará a continuación; en la inteligencia que se entregan copias certificadas de tales documentos a los integrantes de este cuerpo colegiado, para su debido conocimiento; de conformidad con lo determinado por el Pleno de este Tribunal Colegiado.

Al respecto, se cita por su sentido y alcance la jurisprudencia 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”

También se comparte la tesis XVII.1o.C.T.30 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2115, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: “SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.”

CUARTO. Previo a dar respuesta a los agravios en que se sustenta el presente recurso de queja conviene precisar brevemente algunos antecedentes del acto reclamado.

1. Mediante escrito de demanda con anexos presentado electrónicamente el catorce de febrero de dos mil veinticinco, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales con residencia en esta ciudad, y recibido el diecisiete siguiente, en la Oficialía de Partes del Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, **********, a través de su representante legal **********, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social las siguientes prestaciones:

“III. EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO, ASÍ COMO SU DOMICILIO

1.- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Lomas de Estadio s/n, Colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver

IV. PRESTACIONES QUE SE RECLAMAN

a).- A este Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, se solicita: 1.- La declaración de que la acción rescisoria se encuentra prescrita en atención a lo previsto en el articulo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 90 del Reglamento Interior de Trabajo inserto al Contrato Colectivo de Trabajo.

b).- Al Instituto Mexicano del Seguro Social, se demanda: 2.- La Nulidad y Cancelación de la sanción disciplinaria que el instituto demandado le aplico a mi representada, consistente en la Aplicación del Beneficio de la Cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo, misma que se contiene en el oficio número ********** de 23 de octubre de 2024, suscrito por el Lic. **********, en su carácter de Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con efectos a partir del día de su notificación, misma que fue notificada el 23 de octubre de 2024.”

2. El Tribunal Laboral radicó el expediente bajo el número **********, y previno en diversas ocasiones a la actora para que aclarara varios puntos jurídicos de la demanda, finalmente el trece de marzo del presente año, determinó revocar a los profesionistas que ostentaban el carácter de apoderados legales, con fundamento en el artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo.

En contra de dicha determinación, **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en su contra, el cual fue desechado por notoriamente improcedente por proveído de once de abril de dos mil veinticinco, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal.

Hasta aquí los antecedentes que se estiman orientadores para el análisis del auto recurrido

QUINTO. Resultan fundados los agravios hechos valer por el recurrente.

Ahora bien, en aras de una mejor comprensión del presente asunto, previo al análisis del acuerdo recurrido y de los agravios expuestos en su contra, se estima pertinente destacar que el recurrente, promovió juicio de amparo indirecto esencialmente contra el acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticinco, dictado en el expediente ********** del índice del Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado, con sede en esta ciudad, en el que se determinó que con fundamento en el artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo, se revocaba a los profesionistas que ostentaban el carácter de apoderados legales, ya que se apreció incumplimiento a las prevenciones formuladas, por lo que advirtió una sistemática incapacidad técnica de los autorizados, y de que se podría hacer nugatorio el derecho de la actora a aclarar su demanda, ya que es la etapa correspondiente para hacerlo, y podría generar repercusiones en los derechos procesales que trascenderían en el resultado de la sentencia.

En el auto recurrido el Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional, por las siguientes consideraciones:

a) Que el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticinco, dentro del expediente ********** del índice del Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado, con sede en esta ciudad, en el que se determinó revocar a los profesionistas que ostentaban el carácter de apoderados legales, ya que advirtió una sistemática incapacidad técnica de los autorizados al no cumplir con las prevenciones formuladas, pudiendo generar repercusiones en los derechos procesales de la actora que trascenderían en el resultado de la sentencia.

b) Que de acuerdo con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos donde el quejoso carece de legitimación por falta de interés jurídico o legítimo, siendo que el acto reclamado quedaba inmerso en ese presupuesto normativo.

c) En esas condiciones, el juzgado federal sostuvo en sus consideraciones, que es parte del juicio de amparo el quejoso que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola el artículo 1° de la Ley de Amparo, produciendo una afectación real y actual en su esfera jurídica, de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico, por lo que debe seguirse a instancia de parte agraviada, siendo que la parte solicitante debe justificar un interés, ya sea jurídico o legítimo.

d) Por tanto, señaló, resultaban aplicables las jurisprudencias 1ª/J. 168/2007 y 2ª XVIII/2013 (10a.) de la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: “INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.” y “INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.”.

e) En esas condiciones, el juzgado federal concluyó que respecto del acto reclamado, el quejoso carecía de legitimación para promover el presente juicio de amparo por falta de interés jurídico o legítimo, en virtud de que fue promovido por **********, por derecho propio y el juicio natural es promovido por su clienta ********** y, por ende, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional.

Hasta aquí el resumen de las consideraciones en que se sustentó el desechamiento recurrido.

Como agravios se aduce lo siguiente:

En esencia, el recurrente aduce que el juzgador federal pasó por alto que la demanda promovida no fue por la falta de una adecuada defensa respecto de la actora **********, sino a la violación a sus derechos contenidos en los artículo 1 y 5 de la Constitución, así como 2 y 11 de la Convención Americana, sobre el derecho a la dignidad, igualdad ante la ley y libertad de trabajo, en virtud de la revocación a la que fue objeto.

Por tanto, no se actualizaba ninguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, y que el acto que se combate sí es de imposible reparación y sí existe interés jurídico para el recurrente, toda vez que existe la titularidad de un derecho a favor del gobernado, como lo son los derechos violados de la dignidad, igualdad ante la ley y libertad de trabajo, así como la existencia de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa proveniente de un ente investido de autoridad, que en el caso sería el Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado, con sede en esta ciudad y el agravio surge porque fue removido del cargo que ejercía como apoderado legal de una persona en un juicio laboral, por lo que se debía verificar si fue debidamente ejecutada la aplicación del artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo, teniendo consecuencias irrazonables o constitucionalmente prohibidas para el desempeño de la profesión, por lo que no se actualizaba ninguna manifiesta e indudable causa de improcedencia en la demanda de amparo.

Asimismo, mencionó que aunque el hecho de que la litis en el juicio verse sobre la afectación a los intereses constitucionales protegidos por el recurrente, no significaba que el derecho a una defensa adecuada careciera de relevancia, sino por el contrario el juzgado responsable debía estudiar si el acto generaba un grado de afectación al honor o la autonomía en el ejercicio profesional de los que son removidos del cargo de abogado, dados los atributos de la profesión especifica que atañe al problema planteado.

Por tanto, estima que el juzgado federal debió examinar si el acto impugnado generó algún grado de afectación en el honor o autonomía de quienes son removidos del cargo de abogado.

Los resumidos argumentos son fundados

El numeral 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, en lo conducente, establecen:

“Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

(...)”

“Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.”

De la normatividad transcrita, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos previstos en la Constitución Federal, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo se prevé que el juicio constitucional puede promoverse por la persona física o moral; por sí (en el primero de los casos), por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia.

Ahora bien, en la especie se tiene que el juicio de amparo indirecto fue promovido por el recurrente **********, por propio derecho; señalando como autoridad responsable al Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Veracruz con sede en esta ciudad; de igual manera, precisó como acto reclamado:

“Acuerdo de 13 de marzo de 2025 emitido por el Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Veracruz con sede en Xalapa dentro del procedimiento laboral número **********-II.”

De igual manera, bajo protesta de decir verdad manifestó:

“1. La C. **********, presentó escrito de demanda dirigido al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Veracruz con sede en Xalapa en turno, el día 14 de febrero de 2025, donde designo al suscrito Licenciado ********** como su apoderado legal, demandando al Instituto Mexicano Del Seguro Social, el cumplimiento de las siguientes prestaciones (...)

2. El 19 de febrero de 2025, el Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Veracruz con sede en Xalapa, admite el escrito de demanda, radicándola bajo número de expediente **********, previniendo a la parte actora para que en término de tres días subsanara lo siguiente: (...)

3. Posterior a ello, la autoridad responsable, mediante acuerdo de fecha 27 de febrero de 2025, hace mención que “el escrito de vista signado por el apoderado legal, mediante el cual pretende cumplir la prevención formulada en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinticinco; es omiso a dar integro cumplimiento a ciertos puntos”, por lo que da término de un día a la parte actora para dar respuesta a la prevención formulada, ahora bajo los siguientes términos: (...)

Derivado de ello, mediante promoción de 03 de marzo de 2025, la parte actora da cumplimiento a la prevención manifestado lo siguiente: (...)

4. A pesar de ello, la autoridad responsable realiza una tercera prevención mediante acuerdo de 05 de marzo de 2025, señalando que se volvió a dar omisión a ciertos puntos y que existieron evasivas al dar respuesta a las prevenciones, manifestando que la parte actora no está debidamente asesorada. Por lo que otorga el término de un día para dar respuesta a la prevención, ahora en el siguiente sentido:

1. Proporcione el domicilio particular de la parte actora.

2. Exprese adecuadamente el hecho o hechos de la demanda que pretende acreditar con cada una de las pruebas.

Por lo anterior, el 07 de marzo de 2025, mediante escrito signado por la propia actora, la C. **********, manifiesta lo siguiente:

(...)

No obstante, lo dicho, a efecto de que se dé curso al asunto, ya que la única afectada por la dilación del procedimiento es la suscrita, reitero lo ya hecho en el escrito de demanda, con sus respectivas acotaciones para evitar cualquier tipo de mala interpretación:

1. Por cuanto hace al domicilio:

Como lo dije en las líneas que anteceden, no es mi deseo y pido se deje de insistir en proporcionar mi domicilio particular dadas las razones expuestas, sin embargo, si lo que se necesita es un domicilio físico, además de los usuarios autorizados, para la práctica de notificaciones personales, señalo como domicilio procesal el ubicado en la calle Landero y Coss número 59, zona centro de esta ciudad Capital, solicitando que toda comunicación que se me quiera hacer llegar por parte de este Tribunal, sea exclusivamente por conducto de mis abogados.”

5. De lo anterior, el Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Veracruz con sede en Xalapa, por medio de acuerdo de fecha 13 de marzo de 2025, resolvió revocar a todos los apoderados legales en cuestión, entre ellos, al que suscribe, manifestando que la parte actora no cumplió debidamente con las prevenciones formuladas, argumentando lo siguiente: (...)

Asimismo, la autoridad responsable le da término de tres días a la C. **********, para que designe diverso apoderado o apoderados legales, a fin de que esté en aptitud de dar cumplimento con la prevención formulada, ordenándose girar exhorto al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Rio en turno, para de este modo notificar personalmente la comunicación oficial a la actora...”

En el capítulo de conceptos de violación, el aquí inconforme, en su parte conducente, adujo:

“...PRIMERO.– La revocación del que fui objeto como apoderado legal de la C. ********** mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticinco dentro del expediente laboral ********** del índice del Octavo Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales Estado de Veracruz con Sede en Xalapa, es violatorio de los derechos humanos contenidas en los artículos 1º, 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 11 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, mismo que establecen: (...)

Lo anterior en virtud de que la revocación de la que fui objeto por parte de la autoridad responsable violo mis derechos humanos a la dignidad e igualdad ante la ley y a la libertad de trabajo en el ejercicio de la Profesión de abogado, por los siguientes motivos:

Como fuera estudiado en el amparo en revisión 1146/2016, el cual fuera del conocimiento de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribuna, se analiza el parámetro de regularidad constitucional de conformidad, con lo siguiente: (...)

Se considera que se está ante una aplicación inconstitucional del artículo 685 Bis de la ley federal del trabajo, ya que los principios constitucionales del debido proceso y, particularmente, el principio de imparcialidad del juzgador, determinan cuál es el alcance de sus facultades al procurar proteger el derecho a la defensa adecuada efectiva. (...).

Por otro lado, el órgano jurisdiccional tiene que ser especialmente cauto al utilizar la facultad prevista por el artículo 685 Bis de la ley federal del trabajo, ya que en caso de que el juzgador concluyera que sí está frente a una incapacidad técnica sistemática y manifiesta, deberá motivar esa decisión con base en el estándar aquí expuesto y estudiado por nuestro máximo Tribunal en casos análogos.

Además, antes de tomar cualquier decisión sobre la aplicabilidad de esta norma, el juez debe tomar en cuenta actos o expresiones de la parte actora que pudieran indicar su voluntad respecto a la designación de la persona que lo defiende y el grado de información con el que parece haber contado durante la designación. Es decir, la autoridad judicial no puede revocar el cargo de apoderado en una mera decisión unilateral y sin previamente haber escuchado a la parte actora.

Ya que la revocación del cargo que no cumpla con ese estándar puede tener un impacto desproporcionado en la dignidad y honra del apoderado legal. Incluso podría generar un efecto estigmatizante en la persona cuyo cargo ha sido revocado.

De igual forma, el uso inapropiado de esta facultad podría generar un efecto inhibitorio respecto a “técnica” que los abogados estimen jurídicamente pertinente cuestionar. Esto afectaría la autonomía profesional con la que deben contar para ejercer su función adecuadamente, incluso plantear cuestionamientos complejos o que pudieran resultar incómodos para las partes.

En otras palabras, el artículo 685 Bis de la ley federal del trabajo debe ser aplicado con cautela y claridad argumentativa, siempre procurando velar por todos los bienes jurídicos en juego ante la posible revocación del cargo, incluida la honra de quien se ha preparado profesionalmente para ejercer como abogado defensor. Éste no es un aspecto menor, pues el abuso de la norma impugnada ciertamente puede dar lugar a una afectación importante y constitucionalmente inadmisible en esa persona.”

Ahora bien, cabe precisar que la facultad del juzgador para desechar la demanda de amparo se encuentra establecida en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone:

“...Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...”

Del precepto legal transcrito se obtiene que el desechamiento de plano de la demanda de amparo es procedente cuando con motivo del examen de ese documento se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia.

En el entendido de que, lo "manifiesto" es lo que se advierte absolutamente claro y patente de la lectura de la demanda, así como de los documentos que se anexen a la misma; en tanto que lo "indudable" se genera ante la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo tal que, aun y cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.

De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en los que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada, que sólo por excepción puede vedarse el acceso al juicio de amparo; por tanto, la interpretación del referido numeral permite constatar que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede cuando la causa o motivo de improcedencia del juicio sea manifiesta e indudable; es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones, y que se tenga la certeza y convicción de que es operante.

En cambio, si la improcedencia de la acción constitucional intentada no es patente ni clara, ello conduce a sostener que tal circunstancia es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, al no darle la oportunidad de allegar al Juez de Distrito los elementos de convicción que justifiquen, en su caso, la procedencia del juicio.

Al respecto, resulta aplicable la tesis LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:

“DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.”

También sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

“IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones.”

Así, resulta fundado lo argumentado en relación a que sí le asiste interés jurídico en promover el juicio de amparo, por su propio derecho, en su calidad de apoderado legal de **********, y no se actualiza de manera notoria, clara y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34282-c8a2a95b/interes-juridico-en-amparo-indirecto-lo-tiene-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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