COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE DICTAR EL ACUERDO O RESOLUCIÓN QUE DECLARE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR UN LAUDO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO, AL CARECER DICHO ACTO OMISIVO DE EJECUCIÓN MATERIAL.
CONFLICTO COMPETENCIAL 31/2025. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN BOCA DEL RÍO, Y EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA. 9 DE OCTUBRE DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN CARLOS MORENO CORREA Y ADOLFO EDUARDO SERRANO RUIZ. DISIDENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIA: SILVIA VALESKA SOBERANES SÁNCHEZ.
Xalapa, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de nueve de octubre de dos mil veinticinco.
V I S T O para resolver el conflicto competencial de trabajo 31/2025, suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, quienes se estiman legalmente incompetentes para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Por escrito presentado electrónicamente el catorce de mayo de dos mil veinticinco, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, por conducto de su apoderado legal **********, promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de dictar el acuerdo o resolución que decrete la prescripción de la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral **********, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad (fojas 2 a 11 del expediente de amparo indirecto **********).
SEGUNDO. Mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil veinticinco, el titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda constitucional, la registró bajo el número **********, y, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, por razón de territorio, debido a que consideró que la omisión reclamada tenía efectos materiales; y, por ello, concluyó que quien debía conocer del asunto era el Juzgado de Distrito en cuya residencia se encontrara la autoridad que debía emitir la resolución, por lo que, declinó la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en esta ciudad, correspondiéndole conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz (fojas 23 a 28 y 33 ídem).
TERCERO. En proveído de veinte de mayo de dos mil veinticinco, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, registró la demanda con el número **********, y no aceptó la competencia declinada, al estimar que el acto reclamado carecía de ejecución, razón por la cual, ordenó devolver los autos al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río (fojas 34 y 35 ídem).
CUARTO. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, el titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, recibió los autos e insistió en su legal incompetencia para conocer del asunto; en consecuencia, planteó conflicto competencial, ordenando remitir los autos del juicio de amparo relativo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de que se resolviera el conflicto competencial suscitado (fojas 36 a 42, 46 vuelta y 47 ídem).
QUINTO. Por razón de turno correspondió conocer del asunto, a este Tribunal Colegiado, cuya Presidencia por auto de dos de junio de dos mil veinticinco, admitió a trámite el presente conflicto competencial, originándose la formación del expediente respectivo bajo el número 31/2025 (fojas 8 a 10 del expediente en que se actúa).
SEXTO. En proveído de presidencia de doce de junio de dos mil veinticinco, con fundamento en el artículo 24, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordenó turnar los autos a la Ponencia del Magistrado Juan Carlos Moreno Correa, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente (fojas 16 y 17 ídem).
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito tiene competencia originaria para conocer y resolver el presente conflicto competencial, de conformidad con los artículos 94, párrafo quinto, 106, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 35, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, referente a la denominación, residencia, competencia por especialización plena, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este órgano jurisdiccional; las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y residencia indicados, el cual, conforme al punto “OCTAVO” modifica el diverso 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año citado, que determina la división de circuitos y fija la competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ello, tomando en cuenta que el conflicto de que se trata se suscitó entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia Boca del Río, Veracruz, y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; ambos localizados en el territorio donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. No transcripción. No se transcribirán en su integridad las determinaciones que sustentan el conflicto competencial, ni las manifestaciones hechas por las autoridades involucradas, acaso lo más relevante, pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia; y por otra, se han entregado junto con esta resolución copias certificadas de esas constancias a los integrantes de este cuerpo colegiado, para su debido conocimiento.
Cobra aplicación al caso, por analogía, la tesis aislada sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página cuatrocientos seis, tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: “ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO.”
Así como la jurisprudencia 58/2010, por similitud de razón, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro subsecuente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”
No se inobserva que los invocados criterios fueron emitidos conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; empero, al existir en lo concerniente identidad jurídica entre dicho ordenamiento y el vigente en la actualidad, son aplicables al caso concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de este último ordenamiento legal.
TERCERO. Este órgano colegiado considera que existe conflicto competencial entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad.
Lo anterior, en razón de que la autoridad citada en primer término, mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil veinticinco, emitido en el juicio de amparo indirecto **********, declinó a favor del segundo el conocimiento del biinstancial promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, por conducto de su apoderado legal **********, contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, de dictar el acuerdo en el que se decretara la prescripción de la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral **********.
Ello, porque el Juez Federal estimó que el acto reclamado consistente en la omisión de decretar la prescripción de la ejecución del laudo, tenía ejecución material, toda vez que sus efectos incidían de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarían hasta en tanto se dictara la resolución respectiva.
Por tanto, concluyó que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la omisión reclamada era un Juzgado de Distrito cuya residencia se encontrara en el lugar de la autoridad que debía emitir la resolución o acuerdo respectivo; esto es, en Xalapa, Veracruz (fojas 23 a 28 y 29 del juicio de amparo indirecto).
Por su parte, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto **********, y no aceptó la competencia planteada, al considerar que el acto reclamado carecía de ejecución, y, por ende, que la demanda podía ser presentada en cualquier lugar, en términos de la regla establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, estimó que no constituía un referente para fijar la competencia territorial la ciudad de residencia de la autoridad responsable, sino que correspondía conocer de la misma al Juez Federal que previno en su conocimiento, por lo que devolvió los autos al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz. (fojas 34 y 35 del juicio de amparo indirecto).
Este último órgano en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, insistió en la competencia a favor de aquél, por los motivos ya precisados.
En consecuencia, se advierte la concurrencia de los presupuestos indispensables para que se configure el conflicto competencial, porque los órganos jurisdiccionales contendientes manifestaron de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y potestad, abstenerse de conocer y resolver del juicio de amparo indirecto promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, a través de su apoderado legal.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 30/2003 de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 46, tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:
“CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA. Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción.”
CUARTO. Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, corresponde al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz.
Al respecto es necesario precisar que la competencia de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo tiene su origen en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precepto que al efecto establece:
“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
(...)
VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;
(...)”.
Precepto que prevé que la competencia territorial de los Juzgados de Distrito, se surtirá en favor de quien tenga jurisdicción en el lugar que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse.
A su vez, el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con la competencia de los jueces de Distrito, dispone:
“Artículo 37. Es jueza o juez competente la o el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.
Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.”
Como lo apreciaron los jueces federales cuya discrepancia de criterios originó el presente conflicto competencial, de la transcrita disposición se desprende que el legislador fijó tres reglas de competencia.
En el último párrafo del numeral en cita, se establece la regla consistente en que, cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del artículo que se comenta, la que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora.
La tercera previsión normativa que contiene el segundo párrafo del comentado artículo 37, de la ley de la materia, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los juzgadores federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo.
Al respecto resulta ilustrativa la tesis aislada 3a. XLIX/93, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, Tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 206707, que dice:
“COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención" que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto.”
Puntualizado el marco normativo en cuanto a la competencia por territorio de los jueces de Distrito, el elemento que resulta necesario para determinar qué Juez de Distrito será el competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, es el relativo a si el acto reclamado requiere o no ejecución material, entendida, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “...en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real...”.
En esa tesitura, tenemos que el acto que reclama el quejoso Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, lo constituye la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, de dictar el acuerdo o resolución en la que decrete la prescripción de la acción de ejecución del laudo, ante la inactividad procesal de la parte actora en el juicio laboral **********.
Acto de naturaleza omisiva que carece de efectos positivos, dado que carece de ejecución material.
Para establecer las razones por la que se estima así, es menester precisar que la figura de la prescripción es una institución jurídica de orden público, que busca garantizar los principios de certeza y seguridad jurídica, al otorgar estabilidad y firmeza a los negocios, así como poner fin a la indecisión de los derechos.
Comprende dos vertientes, por un lado, la positiva, mediante la cual se adquiere un derecho y, por otro, la negativa que permite librarse de una carga u obligación, ambas mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.
En materia laboral, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz únicamente regulan la prescripción negativa, es decir, la pérdida de un derecho por no ejercerse oportunamente y, por tanto, como medio de defensa para que la parte beneficiada con esa figura se libre de esa obligación correlativa, al no exigirse su cumplimiento durante el plazo establecido. El artículo 102, fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz establece:
“ARTÍCULO 102.- Prescribirán en dos años:
(...)
III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.”
De esa manera, la actualización de la prescripción se genera como consecuencia de la inactividad del interesado, en el caso, de aquel que obtuvo un laudo favorable, al no ejercer su derecho durante el plazo regulado en la ley.
En diversos criterios jurisprudenciales, los Tribunales Federales han establecido que la resolución o sentencia que declara la prescripción, no es la que extingue el derecho propiamente, sino que simplemente constata y formaliza una situación que ya se había configurado en el mundo fáctico, de modo que dicha resolución judicial es, por lo tanto, de carácter declarativo, ya que se limita a reconocer la extinción del derecho de acción que operó en perjuicio de la persona que no lo ejerció oportunamente.
En ese sentido, la resolución que declara la prescripción no tiene un efecto constitutivo (que crea o modifica una situación jurídica), sino un efecto declarativo (que simplemente constata una situación ya existente), pues se limita a verificar que ha transcurrido el tiempo legalmente establecido, a constatar que una de las partes no ejerció su acción dentro de dicho plazo y a reconocer que el derecho de acción se ha extinguido.
Por lo tanto, no es la causa de la extinción del derecho, sino una simple formalización del hecho consumado. Su propósito es dar certeza jurídica, pero la prescripción ya había operado.
Resulta ilustrativa al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 119/2008, emitida por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 50, de la Novena Época, registro digital 167963, que reza:
“COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO. Las excepciones procesales dilatorias tienen como finalidad excluir relativa o provisionalmente la acción del demandante, pues a través de ellas se denuncia el incumplimiento o la falta de presupuestos procesales (como la competencia del juzgador, la vía seguida para tramitar la demanda o la personería de los litigantes). Así, la desestimación de una excepción de ese talante, por considerarla improcedente, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del inferior, en el sentido de que no hay obstáculo que impida la prosecución natural del proceso judicial. En ese sentido y atento al artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, se concluye que la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución de segundo grado que confirma la interlocutoria que desecha una excepción procesal dilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora del acto reclamado, pues al no ordenar la realización de alguna conducta, no se ejecuta ni requiere de ejecución material”.
Así como la tesis sin número de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen IX, Cuarta Parte, Sexta Época, página 99, registro digital 272729, que dice:
“PRESCRIPCIÓN COMO ACCIÓN Y COMO EXCEPCIÓN. ACCIONES DECLARATIVAS. Las acciones meramente declarativas pueden ser positivas o negativas, y no es necesario esperar a que se conculquen los derechos de los interesados para hacerlas valer. Ahora bien, lo mismo se puede declarar la existencia de un derecho adquirido por usucapión, como declarar que una obligación se ha extinguido por haber operado la prescripción negativa. Si la obligación se ha extinguido por prescripción (artículo 1135 del Código Civil) y si por cualquier circunstancia se pusiese en duda la extinción del adeudo, habiendo interés jurídico, no se puede negar la existencia del derecho a la mera declaración del estado actual de la relación jurídica entre los contratantes, pues es de gran utilidad social asegurar la propiedad de las cosas y prevenir pleitos. Lo cierto es que la prescripción extintiva no sólo constituye una excepción útil para destruir la pretensión, sino que tanto por su propia naturaleza, como por sus efectos, constituye igualmente un medio directo para que los deudores se libren de sus obligaciones, según se desprende del artículo 1135 citado. Aparte de la consideración fundamental de que tiene aplicación, como puede apreciarse, el principio de que lo que puede oponerse como excepción (que al fin y al cabo ésta no representa otra cosa que la pretensión del demandado), asimismo puede intentarse como acción”.
La diversa tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXIX, página 2427, registro digital 804829, que sostiene:
“SENTENCIAS DECLARATIVAS (PRESCRIPCIÓN). La sentencia que se dicta en un juicio seguido por quien se considera adquirente por prescripción, en contra de la persona a cuyo nombre aparece inscrito el bien, es una sentencia declarativa, porque si la propiedad se adquiere es en virtud de haberse consumado la prescripción previamente al juicio, y así, la sentencia sólo declara la existencia de un derecho adquirido con anterioridad”.
Así como la tesis aislada emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168, Sexta Parte, página 15, de la Séptima Época, registro digital 249976 que dice:
“ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella”.
En ese orden argumentativo, si la resolución que declara la prescripción o no de una acción, incluso de la acción de ejecución del laudo, carece de ejecución material, entonces, la omisión de dictar dicha determinación, también carece de ejecución material, en tanto sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitir en su caso validar o confirmar si ha prescrito la acción del actor para ejecutar el laudo, o bien, si no hay obstáculo que impida la prosecución natural de su ejecución.
En ese sentido, en el caso se debe estar a la tercera regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; consecuentemente, se concluye que la competencia para conocer del amparo promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, por conducto de su apoderado legal **********, en contra de la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de dictar la resolución que declare la prescripción de la ejecución del laudo, se surte a favor del Juez de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, esto es, del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz.
Este órgano de control constitucional no inadvierte la jurisprudencia 2a./J. 32/2023 (11a.), emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil novecientos veinte, Libro 28, agosto de dos mil veintitrés, Tomo II, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2026910, de rubro y texto:
“COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN.
Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aque
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34006-7610c923/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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