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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO EN UN JUICIO SUSTANCIADO ANTE UNA JUNTA EXTINGUIDA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUZGADO DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDA LA AUTORIDAD LABORAL QUE DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN EN SUSTITUCIÓN DE AQUÉLLA.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 4/2024. · Registro digital (IUS): 33944
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-10
Promovente: SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN CÓRDOBA Y EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON SEDE EN XALAPA, AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.680.

CONFLICTO COMPETENCIAL 4/2024. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN CÓRDOBA Y EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON SEDE EN XALAPA, AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 14 DE MARZO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE TOSS CAPISTRÁN, JUAN CARLOS MORENO CORREA Y CÁNDIDA HERNÁNDEZ OJEDA. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIA: SILVIA VALESKA SOBERANES SÁNCHEZ.

Xalapa, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO para resolver el conflicto competencial de trabajo 4/2024, suscitado entre el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quienes se estiman legalmente incompetentes para conocer del juicio de amparo promovido por **********; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, **********, promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de la extinta Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral ********** (fojas 2 a 9 del expediente de amparo indirecto 821/2023).

SEGUNDO. Mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, la titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda constitucional, la registró bajo el número 821/2023, la admitió a trámite, ordenó la tramitación del incidente de suspensión, solicitó el informe justificado, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, reconoció como terceros interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a Afore **********, sociedad anónima de capital variable, ordenando su correspondiente emplazamiento (fojas 10 a 17 ídem).

TERCERO. Seguido el juicio por sus trámites legales, el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia constitucional y la Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, en esa misma fecha dictó sentencia, declarándose legamente incompetente, por razón de territorio, para conocer del asunto, declinando la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en turno (fojas 87 a 93 del juicio de amparo indirecto).

CUARTO. En proveído de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, lo radicó bajo el número 1150/2023, y no aceptó la competencia planteada; razón por la cual, ordenó devolver los autos y sus anexos a la Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz.

QUINTO. En proveído de doce de diciembre de dos mil veintitrés, la titular citada en último término, recibió los autos e insistió en su legal incompetencia para conocer del asunto; en consecuencia, planteó conflicto competencial, ordenando remitir los autos del juicio de amparo relativo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de que se resolviera el conflicto competencial suscitado.

Determinaciones que se aprecian de los acuerdos que se encuentran publicados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación (SISE), red electrónica interna que permite realizar consultas, entre otras cosas, en la base de datos que administra los asuntos que ingresan en cada uno de los órganos jurisdiccionales, y que se cita como hecho notorio acorde con lo dispuesto por el artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con el último párrafo del artículo 2º.

Como sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 55, junio de dos mil dieciocho, Tomo I, página diez, de rubro: “HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).”

SEXTO. Por razón de turno correspondió conocer del asunto, a este Tribunal Colegiado, cuyo Presidente por auto de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, admitió a trámite el presente conflicto competencial, originándose la formación del expediente respectivo bajo el número 4/2024 (fojas 4 a 6 del expediente en que se actúa).

SÉPTIMO. En proveído de presidencia de uno de febrero de dos mil veinticuatro, con fundamento en el artículo 28, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordenó turnar los autos a la Ponencia del Magistrado Juan Carlos Moreno Correa, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente (fojas 12 y 13 ibíd).

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito tiene competencia originaria para conocer y resolver el presente conflicto competencial, de conformidad con los artículos 94, párrafo quinto, 106, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 38, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, referente a la denominación, residencia, competencia por especialización plena, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este órgano jurisdiccional; las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y residencia indicados, el cual, conforme al punto “OCTAVO” modifica el diverso 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año citado, que determina la división de circuitos y fija la competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ello, tomando en cuenta que el conflicto de que se trata se suscitó entre el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia Córdoba, Veracruz, y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; ambos localizados en el territorio donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. No transcripción. No se transcribirán en su integridad la resolución y el acuerdo que sustentan el conflicto competencial, ni las manifestaciones hechas por las autoridades involucradas, acaso lo más relevante, pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia; y por otra, se han entregado junto con esta resolución copias certificadas de esas constancias a los integrantes de este cuerpo colegiado, para su debido conocimiento.

Cobra aplicación al caso, por analogía, la tesis aislada sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página cuatrocientos seis, tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: “ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO.”

Así como la jurisprudencia 58/2010, por similitud de razón, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro subsecuente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”

No se inobserva que los invocados criterios fueron emitidos conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; empero, al existir en lo concerniente identidad jurídica entre dicho ordenamiento y el vigente en la actualidad, son aplicables al caso concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de este último ordenamiento legal.

TERCERO. Este órgano colegiado considera que existe conflicto competencial entre el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad.

Lo anterior, es así, en razón de que la autoridad citada en primer término, mediante sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo indirecto 821/2023, declinó a favor del segundo, el conocimiento del biinstancial promovido por **********, contra la omisión de la extinta Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, de dictar el laudo en el expediente laboral ********** de su índice, pues, consideró que al haberse suprimido esa autoridad, a partir del siete de noviembre de dos mil veintitrés de conformidad con el “Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se crean las oficinas auxiliares que se indican”, los asuntos que se encontraran en trámite, continuarían ante la diversa Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, a quien corresponderá dictar el laudo respectivo; y, atento a que consideró que la naturaleza del acto tiene ejecución material dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por ser el lugar en donde va a continuar desarrollándose el juicio, concluyó que los efectos del acto reclamado se trasladarían al lugar de residencia de esa autoridad obrera, misma que se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; razón por la cual, declinó su competencia en su favor (fojas 87 a 93 del juicio de amparo indirecto).

Por su parte, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, no aceptó la competencia planteada, por razón de territorio, al considerar que el acto reclamado tendría ejecución en la ciudad de Orizaba, Veracruz, toda vez que el Acuerdo citado en líneas que preceden, prevé la creación de Oficinas Auxiliares, mismas que iniciarían sus funciones a partir del siete de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que los asuntos que se encontraran en etapa de instrucción, y que fueran anteriores a esa fecha, serían del conocimiento de aquéllas, lo que se hizo de su conocimiento mediante oficio 19641, acordado en el cuaderno de varios en auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, remitido por la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; además, estimó que al haberse presentado la demanda con anterioridad a esa data, de conformidad con el artículo 37, fracción II, de la Ley de Amparo, correspondía conocer del asunto al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, por prevención, en tanto el acto empezó a ejecutarse en un distrito y continuó ejecutándose en otro; devolviendo los autos al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz.

Este último órgano en proveído de doce de diciembre de dos mil veintitrés, insistió en la competencia a favor de aquél, por los motivos ya precisados.

En consecuencia, se advierte la concurrencia de los presupuestos indispensables para que se configure el conflicto competencial, porque los órganos jurisdiccionales contendientes manifestaron de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y potestad, abstenerse de conocer y resolver del juicio de amparo indirecto promovido por **********.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 30/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 46, tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:

“CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA. Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción.”

CUARTO. Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, corresponde al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad.

Al respecto es necesario precisar que la competencia de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo tiene su origen en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precepto que al efecto establece:

“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

(...)

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

(...).

Precepto que prevé que la competencia territorial de los Juzgados de Distrito, se surtirá en favor de quien tenga jurisdicción en el lugar que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse.

A su vez, el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con la competencia de los jueces de Distrito, dispone:

"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.."

Como lo apreciaron los jueces federales cuya discrepancia de criterios originó el presente conflicto competencial, de la transcrita disposición se desprende que el legislador fijó tres reglas de competencia.

Así es, en el último párrafo del numeral en cita, se establece la regla consistente en que, cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que sea éste el que naturalmente conozca del juicio de amparo.

La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del artículo que se comenta, la que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora.

La tercera previsión normativa que contiene el segundo párrafo del comentado artículo 37, de la ley de la materia, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los juzgadores federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo.

Al respecto resulta ilustrativa la tesis aislada 3a. XLIX/93, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, Tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 206707, que dice:

“COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención" que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto.” Puntualizado el marco normativo en cuanto a la competencia por territorio de los jueces de Distrito, el elemento que resulta necesario para determinar qué Juez de Distrito será el competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, es el relativo a si el acto reclamado requiere o no ejecución material, entendida, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “...en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real...”

En esa tesitura, tenemos que el acto que reclama la quejosa **********, lo constituye la omisión de la extinta Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral **********, debido a que en audiencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se decretó el cierre de instrucción.

Acto de naturaleza omisiva pero con efectos positivos, que conlleva una ejecución material, que se materializaría en el lugar en que tiene residencia la Junta laboral que debe emitir el laudo relativo.

Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 1/2023, en lo que interesa, apuntó:

“...46. En función de lo anterior, es posible afirmar que el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo en un juicio laboral sí tiene ejecución material, toda vez que ello genera una afectación en los derechos subjetivos de las partes.

47. Es así, pues como de manera reiterada ha sostenido este Alto Tribunal, la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio –de forma semejante al emplazamiento–, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia.

48. Por lo que hace a la materia laboral y, concretamente, al régimen al que responden las Juntas laborales, resulta de relevancia mencionar que el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal, (22) en su texto anterior a la reforma de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, (23) establece que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje.

49. De manera que el dictado del laudo se trata de un derecho de rango constitucional, así como de una obligación de las autoridades laborales respectivas, cuyo cumplimiento conlleva que su pronunciamiento se emita en los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo (24) vigente hasta el uno de mayo de dos mil diecinueve. (25)

50. Lo que es así, habida cuenta que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, exige que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, como son las laborales, observen, entre otros principios, el de justicia pronta, el cual se traduce en la obligación de resolver el conflicto dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes, como refiere la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." (26)

51. Aunado a lo anterior, resulta de relevancia mencionar que esta Segunda Sala sostiene que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, por lo que se deja de garantizar el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, de manera pronta y expedita, a que se refiere el mencionado numeral 17 de la Norma Fundamental. (...)". Énfasis añadido.

Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 32/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil novecientos veinte, Libro 28, agosto de dos mil veintitrés, Tomo II, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2026910, de rubro y texto:

“COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN.

Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo.

Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio –de forma semejante al emplazamiento–, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.”

Conforme al criterio jurisprudencial acabado de citar, se desprende que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquél que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo.

En ese sentido, en el caso se debe estar a la segunda regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Ahora bien, el seis de noviembre de dos mil veintitrés, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean las Oficinas Auxiliares que se indican, donde, entre otras cosas, atento a sus puntos primero y segundo, se determinó la supresión, entre otras, de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, la cual figura como autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto, y se ordenó que los asuntos que se encontraran en trámite en dicha Junta, continuaran tramitándose en la diversa Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad.

Lo que se advierte de la siguiente reproducción:

“PRIMERO.- Se suprimen las Juntas Especiales 6 con residencia en Ciudad de México; 24 con residencia en la ciudad de Aguascalientes, en el Estado de Aguascalientes; 40 con residencia en la ciudad de Ensenada, en el Estado de Baja California; 44 con residencia en la ciudad de Poza Rica, en el Estado de Veracruz;

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33944-f2cde753/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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