AVISO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR EL DESPIDO INJUSTIFICADO, AUNQUE CONTINÚE VIGENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE EL TRABAJADOR ASEGURÓ QUE ÉSTE ACONTECIÓ.
AMPARO DIRECTO 847/2017. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: ISMAEL MARTÍNEZ REYES.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación expuestos son ineficaces.
Previamente a cualquier consideración, es pertinente destacar que quien acude en forma al presente juicio de amparo es **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien de acuerdo con las constancias procesales del juicio natural, le asiste el carácter de patrón, motivo por el cual los conceptos de violación planteados serán analizados bajo el principio de estricto derecho, pues en el caso no opera la suplencia de la queja deficiente, que en esta materia únicamente procede en beneficio de la clase trabajadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo; además, no se advierte que el laudo reclamado se encuentre fundado en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el Pleno de este Circuito, para estar en aptitud legal de proceder conforme a la fracción I del citado precepto legal, ni se actualiza el supuesto normativo previsto por la fracción VII de la disposición legal invocada, pues no se aprecian condiciones de pobreza o marginación que coloquen a la parte quejosa en desventaja social para su defensa en el juicio.
Al respecto, es aplicable por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en la página 359, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2010624, de rubro y texto:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."
Ahora bien, con el objeto de delimitar la litis en el presente juicio de garantías, se precisa establecer que no serán materia de análisis las absoluciones respecto de la empresa codemandada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de la codemandada física **********, respecto del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas; así como las absoluciones a la patronal aquí quejosa, de las prestaciones atinentes al pago de prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días festivos o de descanso obligatorios, atención médica, inscripción ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT); el pago o entero de cotizaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el citado instituto de la vivienda; y la determinación de dejar a salvo los derechos de la actora respecto de las prestaciones reclamadas al mencionado instituto de seguridad social; puesto que tales decisiones benefician a la patronal aquí quejosa y no se reclaman por la parte actora, a quien en todo caso perjudican.
Precisado lo que antecede, se procederá al análisis de los conceptos de violación expuestos por la patronal quejosa, los cuales dada su estrecha vinculación, serán analizados en su conjunto, en la medida en que así se estime pertinente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo; lo anterior, desde luego, en el justo alcance de los argumentos que se propongan.
La patronal quejosa aduce en su primer motivo de disenso, sustancialmente que la Junta laboral transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia, seguridad, certeza y legalidad jurídica, previstos por los artículos 14 y 16 constitucionales, ello porque dictó un laudo carente de una verdadera fundamentación y motivación.
Expone que la parte actora fue reinstalada en su empleo el diez de abril de dos mil trece, y únicamente trabajó ese día, pues en esa propia fecha se dijo despedida de su trabajo por segunda ocasión, motivo por el cual promovió un nuevo juicio laboral.
Sostiene que el laudo reclamado resulta injusto y contrario a lo dispuesto por los artículos 49, fracción I y 50, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues de su contexto integral no existe precisión de algún elemento de prueba sobre el cual la Junta del conocimiento se apoyó para establecer una condena por la suma de $********** (**********, moneda nacional), por un solo día de trabajo.
Señala que, de no tener en consideración ese planteamiento, se abriría la puerta para que, en lo sucesivo, cualquier trabajador considere demandar por primera ocasión, argumentando un primer despido y así obtener una reinstalación, para después de ser reinstalado, dejar de asistir a laborar por cualquier motivo y así demandar por segunda ocasión, aduciendo un supuesto segundo despido, ello con el ánimo de obtener dos beneficios económicos por laudos diferentes.
Que resulta ilógico que un patrón reinstale a un trabajador para volver a despedirlo de su trabajo, pues incluso, la mejor opción sería no ofrecer el empleo y continuar con la defensa en un solo juicio, en lugar de hacerlo en dos procedimientos jurisdiccionales distintos.
Enfatiza que todos esos hechos planteados por las partes debieron ser analizados a plenitud por la autoridad responsable, bajo los principios de verdad sabida, buena fe guardada, en conciencia, lo que en la especie no aconteció, pues de haberlo hecho, hubiese llegado a la conclusión de que era improcedente dictar un laudo condenatorio por la suma económica precisada, cuando únicamente se laboró un solo día.
Refiere que el laudo reclamado es ilegal, inconstitucional y, sobre todo, extralimitado en relación con la condena económica, ya que omitió tomar en cuenta que la trabajadora se dijo despedida por segunda ocasión, pero únicamente laboró un día, esto es, la fecha en que fue reinstalada, de ahí que el laudo no se ajuste a derecho.
En el tercer concepto de violación, la empresa inconforme refiere que la actora fue reinstalada en diez de abril de dos mil trece, y argumentó que fue despedida en esa propia fecha, prueba de ello es que solo reclamó un día de salario devengado, pero que no debe perderse de vista que la reinstalación derivó de un diverso juicio del índice de una Junta laboral distinta, en el cual la empresa ahora quejosa aportó todas las pruebas que tenía en su poder, lo cual no tomó en consideración en forma alguna la autoridad laboral responsable, pese de haber sido manifestada al contestar la demanda.
También expone que la Junta del conocimiento sostuvo que correspondía al patrón la carga de demostrar la terminación de la relación laboral; sin embargo, cuando la empresa ahora quejosa contestó la demanda, negó el despido de manera literal en el segundo juicio, lo cual tampoco se tomó en consideración por la Junta responsable.
Refiere que cuando un trabajador inicia un primer juicio, y el patrón ofrece reinstalarlo, pueden suceder dos hechos: uno, que el trabajador no acepte, por las razones que juzgue convenientes; y dos, que lo acepte, y la Junta señale hora y fecha para su reincorporación, pero si llegada la fecha para ello, el trabajador aduce que fue objeto de despido por segunda ocasión, tal conducta debe tenerse como de "mala fe" por parte del operario, al ser evidente que su finalidad es iniciar un segundo juicio y así obtener un mayor beneficio económico en perjuicio de la fuente de trabajo, de ahí que si cuando después de haber sido reinstalado, el trabajador aduce que fue nuevamente despedido, ello ya no debe pararle perjuicios al patrón, pues conforme al sentido común y procesal, no obtendría nada con ofrecer el empleo, pues ello sería ilógico, pues en todo caso, con solo negar el despido, ya no tendría que entrar a un nuevo y posible futuro juicio.
Los argumentos expuestos son inoperantes, ello en atención a que la patronal quejosa se limita a exponer argumentos tendentes a evidenciar que la condena establecida en el laudo reclamado es ilegal por ser desproporcionada, ello debido a que la parte actora únicamente laboró un solo día, esto es, en la fecha en que fue reinstalada en su empleo, derivado del ofrecimiento de trabajo que se hizo en un juicio laboral previo que también promovió la propia trabajadora contra la patronal aquí inconforme, por un diverso despido (ocurrido con anterioridad); y que de permitir esa conducta, se estaría abriendo la posibilidad de argumentar un segundo o posterior despido, para así obtener dobles beneficios económicos derivados de juicios laborales distintos, lo cual debió ser analizado por la Junta del conocimiento a verdad sabida y buena fe guardada; sin embargo, es omisa en controvertir las razones y fundamentos legales en que la autoridad laboral apoyó su decisión, esto es, por una parte, que correspondía a la patronal codemandada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien aceptó la responsabilidad de la relación laboral, acreditar la procedencia de las defensas y excepciones opuestas, destacadamente la de abandono de empleo.
En efecto, del laudo reclamado se aprecia que la autoridad del conocimiento al valorar la prueba instrumental de actuaciones sostuvo que:
"...de conformidad con lo dispuesto por el numeral 835 y 836 de la ley laboral, y respecto de la que debe afirmarse, que su utilidad demostrativa acaece igualmente que el resto del material probatorio aportado por la demandada, o sea, no contribuye de ninguna manera en la justificación de la procedencia de la excepción opuesta, antónimamente, resulta favorable a la demandante, dado que un análisis pormenorizado de los autos, no se advierte del cuerpo de actuaciones que integran el presente sumario algún otro indicio o por lo menos sospecha, que apoye con firmeza y haga más verosímil la versión de la patronal frente a la de la actora en cuanto a los argumentos que sirvieron de base para su defensa, que están cimentados principalmente en la negativa del despido y el abandono de trabajo, lo que aquí no logra comprobar...
En cuanto a la prueba –PRESUNCIONAL en su doble aspecto LEGAL Y HUMANA, que igualmente aparecen en beneficio de la parte actora, no así de la demandada, ello al auspicio de los razonamientos anteriores, de lo que se concluye y se insiste que como bien se deviene de la verdad legal asentada, que en el presente juicio no encuentra vida la repulsa de improcedibilidad opuesta por la reo, por tanto, es dable apreciar por este tribunal del trabajo, que se actualizan los elementos de procedencia, ya que como lo ha comprobado la demandante el despido alegado –hecho generador de la acción- sí existió, iterándose que en este asunto le correspondió a la patronal la carga de solventar la causa de la terminación de la relación de trabajo, sin que lo haya conseguido con el material probatorio que al efecto aportó, luego entonces, no logra acreditar la procedencia de su excepción; consecuente y concomitantemente, se advierte el elenco de pruebas aportado por la actora, del que se arriban las evidencias procesales suficientes que permiten a esta resolutora constatar la realidad del despido aducido..."
De conformidad con lo anterior, se puede apreciar que la Junta responsable sostuvo que la carga de la prueba correspondía a la patronal **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de justificar su principal excepción, atinente a la inexistencia del despido, porque fue la actora quien abandonó el empleo, lo que sostuvo, no logró probar.
Luego, si en el caso, la patronal quejosa es omisa en controvertir de manera apta y eficaz las razones y fundamentos legales que sostienen que no quedó probada la excepción de abandono de trabajo, y por ende la inexistencia del despido, entonces es evidente que los argumentos expuestos, que van dirigidos a evidenciar únicamente que no procedía la condena determinada porque la actora solo laboró un día, ello derivado de la reinstalación acontecida con motivo de la aceptación de la oferta de trabajo, que se realizó en un juicio laboral previo, no controvierten directa y frontalmente, los motivos y fundamentos del laudo reclamado, de modo que deben quedar firmes y seguir rigiendo en esta parte el sentido del laudo ante su falta de impugnación.
Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 722, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, localizable en la página 486, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, del siguiente contenido:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo."
También es aplicable al caso, por su sentido y alcance, la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que se comparte, visible en la página 1138, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada."
Así como la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 79, Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Si los conceptos de violación formulados por el patrón quejoso no atacan las consideraciones esenciales en las que la Junta funda los puntos resolutivos de un laudo, deben estimarse como insuficientes e inoperantes, pues aun cuando pudiera resultar fundados, no basta para el otorgamiento del amparo."
En esta tesitura, también debe desestimarse lo aducido en torno a que el laudo reclamado es incongruente con la prueba instrumental de actuaciones, porque desde su óptica, basta con analizar el material probatorio aportado por las partes, para concluir en que no se acreditó en forma alguna la existencia del supuesto segundo despido; así como lo afirmado en una parte del segundo concepto de violación, atinente a que la Junta responsable omitió indicar, de manera fundada, motivada y precisa, con base en qué pruebas de las que ofreció la actora, se llegó a la conclusión cierta, de buena fe y a verdad sabida, de que la actora probó parcialmente su acción, pues del material probatorio exhibido por ésta, no existe alguno apto y eficaz con el cual se acreditara la existencia del despido del que se dolió.
Tal conclusión se sustenta en que la patronal inconforme soslaya controvertir lo determinado por la Junta responsable en cuanto a que correspondía a ella, como demandada, la carga de la prueba de demostrar su principal defensa, esto es, la inexistencia del despido porque fue la trabajadora quien abandonó el empleo.
Con independencia de lo anterior, debe tenerse en consideración que la carga de la prueba en materia laboral tiene características propias, toda vez que su objeto es garantizar la igualdad procesal del trabajador frente al patrón en el juicio, para lo cual se impone a los empleadores, en mayor medida, la obligación de acreditar los hechos en litigio, para eximir al trabajador de probar los que son base de su acción en aquellos casos en los cuales, por otros medios, a juicio del tribunal, se puede llegar al conocimiento de tales hechos.
Esto se traduce en que la carga de la prueba corresponde a la parte que, de acuerdo con las leyes aplicables, tiene la obligación de conservar determinados documentos vinculados con las condiciones de la relación laboral, tales como fecha de ingreso del trabajador, antigüedad del empleado, duración de la jornada de trabajo, monto y pago del salario, terminación de la relación laboral o contrato de trabajo por tiempo determinado, constancia de haber dado aviso al trabajador por escrito de la fecha y causa del despido, entre otros.
Apoya a lo afirmado, la tesis 2a. LX/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 300, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice:
"CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SUS CARACTERÍSTICAS. Del análisis sistemático de lo dispuesto en los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la carga de la prueba en materia laboral tiene características propias, toda vez que su objeto es garantizar la igualdad procesal del trabajador frente al patrón en el juicio, para lo cual se impone a los empleadores, en mayor medida, la obligación de acreditar los hechos en litigio, para eximir al trabajador de probar los que son base de su acción en aquellos casos en los cuales, por otros medios, a juicio del tribunal, se puede llegar al conocimiento de tales hechos. Lo anterior se traduce en que, la carga de la prueba corresponde a la parte que, de acuerdo con las leyes aplicables, tiene la obligación de conservar determinados documentos vinculados con las condiciones de la relación laboral, tales como antigüedad del empleado, duración de la jornada de trabajo, monto y pago del salario, entre otros, con el apercibimiento de que de no presentarlos se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador; además, la obligación de aportar probanzas no sólo corresponde al patrón, sino a cualquier autoridad o persona ajena al juicio laboral que tenga en su poder documentos relacionados con los hechos controvertidos que puedan contribuir a esclarecerlos, según lo dispone el artículo 783 de la ley invocada." Así, se tiene que en términos de lo dispuesto por los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, se infiere la regla general de que corresponde al patrón la carga de probar los elementos fundamentales de la relación laboral, por ser éste el que puede disponer de los elementos de convicción, entre otros motivos, por el imperativo legal que se le impone de mantener, y en su caso, exhibir en juicio, los documentos relacionados con aspectos fundamentales de la contratación laboral.
Por ello, cuando el trabajador afirma que fue despedido injustificadamente y el patrón, reconociendo la relación laboral, niega el despido y aduce que fue la actora quien abandonó el empleo, entonces debe tenerse por opuesta una negativa lisa y llana del despido, habida cuenta que lo alegado en relación con el abandono, no constituye propiamente una excepción; a menos que ofrezca de buena fe el empleo o bien, dé razones de la causa de aquel abandono, lo que en la especie no sucedió; consecuentemente, la carga de la prueba no se revierte al trabajador, sino que corresponde al patrón, pues si se aceptara que esa negativa del despido tiene el efecto de revertir la carga probatoria al trabajador, se propiciaría que el patrón rescindiera la relación laboral violando todos los requisitos legales y luego, al contestar la demanda, negara lisa y llanamente el despido, con lo cual dejaría sin defensa al trabajador, ante la imposibilidad o extrema dificultad que éste tendría de probar un acto que generalmente ocurre en privado.
Al respecto, es aplicable por los motivos jurídicos que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 41/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 279, Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"DESPIDO. LA NEGATIVA LISA Y LLANA DEL PATRÓN DEMANDADO NO REVIERTE LA CARGA PROBATORIA AL TRABAJADOR. De los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo se infiere la regla general de que corresponde al patrón la carga de probar los elementos fundamentales de la relación laboral, por ser éste el que puede disponer de los elementos de convicción, entre otros motivos, por el imperativo legal que se le impone de mantener, y en su caso, exhibir en juicio, los documentos relacionados con aspectos fundamentales de la contratación laboral. Este criterio es armónico con la reiterada jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia y se compagina con el carácter inquisitivo que sobre el material probatorio se atribuye a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por ello, cuando el trabajador afirma que fue despedido injustificadamente y el patrón, reconociendo la relación laboral, niega lisa y llanamente el despido, la carga de la prueba no se revierte al trabajador. Por otra parte, los artículos 46 y 47 del ordenamiento citado establecen que el despido no es discrecional, sino que para ser válido y librar de responsabilidades al patrón, debe obedecer a causales determinadas, rodeando a este acto de una serie de formalidades específicas como darle aviso por escrito en el que se asienten los motivos de la decisión patronal, entre otros datos; ello, con el claro propósito de proteger al trabajador de una situación en la que corre el riesgo de quedar en indefensión. De aquí se sigue que si con desconocimiento de tales características que son propias del procedimiento laboral, se aceptara que la negativa lisa y llana del despido tiene el efecto de revertir la carga probatoria al trabajador, se propiciaría que el patrón rescindiera la relación laboral violando todos los requisitos legales y luego, al contestar la demanda, negara lisa y llanamente el despido, con lo cual dejaría sin defensa al trabajador, ante la imposibilidad o extrema dificultad que éste tendría de probar un acto que generalmente ocurre en privado. Consecuentemente, esta Sala reitera el criterio de la anterior Cuarta Sala de que la negativa del despido revierte la carga probatoria sobre el trabajador, únicamente cuando viene aparejada con el ofrecimiento del trabajo, pero no cuando es lisa y llana."
Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 522, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"DESPIDO. LA NEGATIVA DEL MISMO Y LA ACLARACIÓN DE QUE EL TRABAJADOR DEJÓ DE PRESENTARSE A LABORAR NO CONFIGURA UNA EXCEPCIÓN. De los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, se infiere la regla general de que toca al patrón la carga de probar los elementos esenciales de la relación laboral, incluidas su terminación o subsistencia, de tal manera que aun ante la negativa del despido, debe demostrar su aserto. En ese supuesto, si el trabajador funda su demanda en el hecho esencial de que fue despedido y el demandado en su contestación lo niega, con la sola aclaración de que a partir de la fecha precisada por el actor, el mismo dejó de acudir a realizar sus labores, sin indicar el motivo a que atribuye la ausencia, no se revierte la carga de la prueba, ni dicha manifestación es apta para ser considerada como una excepción, porque al no haberse invocado una causa específica de la inasistencia del actor, con la finalidad del patrón de liberarse de responsabilidad, destruyendo o modificando los fundamentos de la acción ejercitada, se está en presencia de una contestación deficiente que impide a la Junta realizar el estudio de pruebas relativas a hechos que no fueron expuestos en la contestación de la demanda, porque de hacerlo así, contravendría lo dispuesto por los artículos 777, 779 y 878, fracción IV de la propia Ley, por alterar el planteamiento de la litis en evidente perjuicio para el actor. Además, de tenerse por opuesta la excepción de abandono de empleo o cualquiera otra, se impondría al patrón la carga de probar una excepción no hecha valer. En consecuencia, al no ser apta para tomarse en consideración la manifestación a que se alude, debe resolverse el conflicto como si la negativa del despido se hubiera opuesto en forma lisa y llana, con lo cual debe entenderse que corresponde al patrón la carga de desvirtuar el despido, salvo el caso en que la negativa vaya aparejada con el ofrecimiento del trabajo."
Por otra parte, la patronal argumenta que la Junta responsable inobservó lo dispuesto por los artículos 49, fracción I y 50, fracción I, ambos de la Ley Federal del Trabajo.
Los planteamientos anteriores son inoperantes por novedosos, puesto que del escrito de contestación de demanda, se aprecia que la ahora quejosa omitió excepcionarse de la manera que ahora lo plantea en sus conceptos de violación, es decir, no planteó la insumisión al arbitraje en términos de lo dispuesto por los artículos 48, fracción I y 50, fracción I, de la legislación laboral, lo cual era necesario, ello aunado a que la acción planteada por la actora, fue la de pago de indemnización constitucional y no la de reinstalación, que son los supuestos jurídicos a que se refieren los preceptos legales invocados, esto es, en caso de existir una negativa por parte del patrón a reinstalarlos, que constituye un supuesto de excepción, se resarce al trabajador con el pago de las indemnizaciones previstas en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, por encontrarse precisamente en uno de los casos de excepción previstos en el diverso artículo 49 del mismo ordenamiento; numerales que para una mayor ilustración enseguida se transcriben:
"Artículo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:
I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año;
II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo;
III. En los casos de trabajadores de confianza;
IV. En el servicio doméstico; y
V. Cuando se trate de trabajadores eventuales."
"Artículo 50. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán:
I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios;
II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios pre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33149-caa85e4c/aviso-de-inscripcion-ante-el-instituto-mexicano-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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