PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. SI LA JUNTA QUE CONOCE DE ÉSTE RADICA EN LUGAR DISTINTO A LA CIUDAD DE MÉXICO, Y NOMBRA COMO PERITO TERCERO EN DISCORDIA A UN FUNCIONARIO ADSCRITO A LA SECRETARÍA GENERAL DE CONFLICTOS INDIVIDUALES DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CITADA CIUDAD, ÉSTA DEBE PROVEER EN LA ESFERA ADMINISTRATIVA PARA QUE AQUÉL COMPAREZCA ANTE LA JUNTA QUE LO DESIGNÓ, PARA QUE ACEPTE EL CARGO, PROTESTE SU LEGAL DESEMPEÑO Y RINDA SU DICTAMEN.
AMPARO DIRECTO 336/2011. **********. 2 DE JUNIO DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EZEQUIEL NERI OSORIO. SECRETARIO: EDUARDO CASTILLO ROBLES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con los artículos 46 y 158, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo establecido en los Acuerdos Generales 27/2008 y 66/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de junio y el trece de noviembre de dos mil ocho, el primero, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz y los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, entre los que se encuentra este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con jurisdicción en toda la República y competencia mixta; y el segundo, relativo al inicio de sus funciones; así como con apoyo en el oficio **********, de seis de abril de dos mil once, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en México, Distrito Federal, en que establece el apoyo en el dictado de sentencias al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, originalmente competente por reclamarse un laudo dictado en un juicio laboral, por una autoridad comprendida dentro de sus límites territoriales.
SEGUNDO. La demanda de garantías fue presentada dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues la sentencia reclamada le fue notificada a la parte quejosa el nueve de septiembre de dos mil diez (foja 128 vuelta del juicio laboral), notificación que surtió efectos el mismo día, por lo que el término de quince días empezó a computarse a partir del diez del mes y año citados, y feneció el seis de octubre del año próximo pasado, descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de septiembre, dos y tres de octubre de ese año, por corresponder a sábados y domingos; así como del catorce al diecisiete de septiembre de esa anualidad al haber sido declarados inhábiles por la autoridad responsable según se advierte de la certificación secretarial correspondiente que obra agregada a foja treinta y uno vuelta de autos; luego, si la demanda se presentó el seis de octubre de dos mil diez, se tiene que se realizó dentro del plazo legal para tal efecto.
TERCERO. Es cierto el acto reclamado, por así haberlo manifestado la autoridad responsable en su informe justificado y con la remisión del expediente laboral número **********, en el que se dictó el laudo reclamado, el cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
"Primero. La parte actora no probó su acción; el instituto demandado probó sus excepciones y defensas; y en consecuencia:
"Segundo. Se absuelve al Instituto Mexicano del Seguro Social, de otorgar y pagar al actor **********, todas y cada una de las prestaciones que éste le reclamó, en términos del considerando que antecede.
"Tercero. Notifíquese personalmente a las partes. Cúmplase. En su oportunidad archívese este expediente como concluido. ..."
CUARTO. Este tribunal no transcribirá los considerandos torales que sustentan el laudo reclamado, ni los conceptos de violación expresados, pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia, inclusive, el artículo 77 de la Ley de Amparo nada dispone al respecto, aunque sí impone el deber de resolver las cuestiones efectivamente planteadas y, por otra parte, se han entregado junto con esta resolución copias certificadas de esos apartados a los Magistrados integrantes de este cuerpo colegiado.
Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
QUINTO. Los conceptos de violación son fundados, los cuales por metodología se estudiarán en orden distinto al propuesto por el quejoso.
Previo al estudio de los argumentos, se aclara que el presente juicio de garantías es promovido por un trabajador, por lo que de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción IV de la Ley de Amparo, procede en toda su amplitud la figura procesal de la suplencia de la queja.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 39/95,1 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.’, establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones."
Precisado lo anterior, se señala que la parte quejosa aduce, en el tercer concepto de violación, que el laudo impugnado es violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 825, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; estos últimos los transcribe.
En ese tenor, el impetrante de garantías prosigue diciendo que de tales artículos se advierten las formalidades que deben respetarse en el desahogo de la prueba pericial, pues la fracción IV, del artículo 825 del citado ordenamiento, establece el derecho de las partes para interrogar al perito, lo cual vulneró la responsable al tener por desahogado el dictamen del especialista tercero en discordia, cuando no se señaló fecha y hora ante la Junta para que el perito se sirviera aceptar, protestar y rendir su dictamen pericial médico ante la presencia del quejoso, y así, en dicha audiencia, poder realizar las preguntas necesarias en torno al dictamen, lo cual es una violación procesal.
Así, el quince de febrero de dos mil siete, se designó perito tercero en discordia; sin embargo, la aceptación del cargo no se ajustó al procedimiento previsto en el artículo citado, en el cual se establece que los peritos se presentarán a desempeñar su cargo con arreglo a la ley, e inmediatamente rendirán el dictamen, aunado a que las partes pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes; no obstante, continúa, en el presente asunto no se cumplieron dichas formalidades, ya que en ningún momento se señaló fecha y hora para la audiencia en la que el perito compareciera para aceptar y protestar el cargo ante el quejoso lo que le deja en estado de indefensión.
Asimismo, dice el impetrante de garantías, la Junta omite señalar fecha y hora para que el perito, independientemente de que tenga su domicilio en la Ciudad de México, se presente a la audiencia correspondiente para rendir su dictamen, pues en ningún momento, la ley de la materia faculta a la autoridad responsable que por el solo hecho de que se haya designado a un perito con domicilio distinto al de su jurisdicción, no tenga que comparecer a la audiencia respectiva.
Los conceptos de violación son fundados, en virtud de que efectivamente el desahogo de la prueba pericial a cargo del especialista designado por la responsable como tercero en discordia, contravino las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
En efecto, el artículo 825, del citado ordenamiento establece lo siguiente:
"Artículo 825. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes:
"I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el caso previsto en el artículo anterior;
"II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen;
"III. La prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo el caso de la fracción II del artículo que antecede, la Junta señalará nueva fecha, y dictará las medidas necesarias para que comparezca el perito;
"IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen conveniente; y
"V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito tercero."
El precepto transcrito establece las formalidades que se deben de observar en el desahogo de la prueba pericial, las cuales son:
1. Cada parte debe presentar personalmente a su perito el día de la audiencia (salvo el caso de que la Junta nombre al perito del trabajador).2
2. Los especialistas protestarán el desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen, con la salvedad de que, por causa justificada, soliciten se señale nueva fecha para tal efecto.
3. La prueba se desahogará con el perito que concurra (salvo el caso de que el perito designado al trabajador por la Junta no comparezca a la audiencia, por lo que la Junta señalará nueva fecha, y dictará las medidas necesarias para que aquél comparezca).
4. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los especialistas las preguntas que juzguen convenientes.
5. Cuando exista discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito tercero.
Ahora bien, el hecho de que el especialista tercero sea designado únicamente cuando exista discrepancia en los dictámenes rendidos por los peritos de las partes dentro del juicio laboral, no significa que en el desahogo de la prueba a cargo de ese especialista no tengan que cumplirse las formalidades citadas.
Contrario a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que a los peritos terceros les son aplicables las reglas establecidas en los preceptos que regulan tal prueba, entre ellos, el 825 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que no están sujetos a un régimen procesal distinto al de los especialistas aportados por las partes.
Por ello, a guisa de ejemplo, en términos de la fracción II, del mencionado dispositivo, el perito tercero en discordia debe comparecer a aceptar el cargo ante la autoridad laboral, pues se trata de una formalidad relevante, ya que de esa manera se le vincula a que su desempeño se sujetará a las obligaciones que le impone la ley, entre ellas, la de manifestar sus conocimientos sobre la ciencia, técnica o arte relativa, de acuerdo al cuestionamiento que se le formule, con estricto apego a la verdad y con imparcialidad. También, es una formalidad esencial que comparezca a protestar el desempeño del cargo con arreglo a la ley para el desahogo de la prueba.
Lo anterior se colige de las jurisprudencias 2a./J. 42/993 y 2a./J. 36/2000,4 ambas emitidas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que, respectivamente, establecen lo siguiente:
"PERITOS. LA FORMALIDAD DE SU COMPARECENCIA PERSONAL A PROTESTAR SU CARGO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 825, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES APLICABLE A TODOS LOS PERITOS. El artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el orden y las reglas a las que se sujetará el desahogo de la prueba pericial, consigna en su fracción II, como presupuesto inicial, la obligación de los peritos de protestar el desempeño de su cargo con arreglo a la ley. Este requisito, por el hecho de encontrarse consignado en una fracción previa a la que establece la procedencia de la designación del perito tercero en discordia, en caso de existir discrepancia en los dictámenes de los peritos de las partes, no significa que sea inaplicable al perito tercero, pues las reglas que establece el artículo 825 referido deben ser respetadas tanto por los peritos de las partes, como por el tercero en discordia, dado que no hay motivo para establecer que los peritos terceros están sujetos a un régimen procesal distinto del que atañe a los peritos de las partes. Además, la protesta constituye una formalidad relevante por sus efectos, ya que trae consigo el perfeccionamiento de la designación mediante la aceptación del cargo y la vinculación a que el perito se sujetará en el desempeño de su labor a las obligaciones que la ley le impone, a saber, la de manifestar sus conocimientos sobre la ciencia, técnica o arte relativa, de acuerdo al cuestionamiento que se le formule, con estricto apego a la verdad y con imparcialidad, incurriendo en responsabilidad en caso contrario. Por ello, debe considerarse que la protesta del desempeño del cargo con arreglo a la ley constituye una formalidad esencial para el desahogo de la prueba pericial, aplicable a todos los peritos, sean designados por las partes o por la Junta, en este último caso ya sea que nombre al que corresponda al trabajador en los casos en que así procede previstos en el artículo 824 de la propia ley o al perito tercero en discordia, y si, para realizarla, el legislador consideró necesaria su comparecencia personal al consignarlo así en la fracción II del artículo 825, no existe razón alguna para hacer una diferenciación al respecto atendiendo a si la designación del perito procede de las partes o de la Junta, de acuerdo al principio jurídico de que donde la ley no distingue no tiene por qué hacerse distinción alguna, máxime si, conforme a lo señalado, tal protesta constituye una formalidad esencial que debe cumplir todo perito."
"PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. EL PERITO TERCERO EN DISCORDIA DEBE RENDIR SU DICTAMEN SUJETÁNDOSE AL CUESTIONARIO FORMULADO POR EL OFERENTE DE LA PRUEBA. Los artículos 821 al 826 de la Ley Federal del Trabajo, regulan el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, estableciendo al efecto, que: a) dicho medio de convicción versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica o arte, en la que deberán tener conocimiento los peritos propuestos por las partes, quienes además estarán obligados a acreditar que se encuentran autorizados conforme a la ley, en el caso de que la profesión o el arte de que se trate estuvieren legalmente reglamentados; b) deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que debe versar, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes; c) éstas deberán presentar personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo en el caso de que el perito correspondiente al trabajador lo hubiere nombrado la Junta; d) los peritos protestarán desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente después rendirán su dictamen, excepto en el caso de que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendirlo; e) la prueba se desahogará con el perito que concurra, a no ser que por causa justificada se haya solicitado nueva fecha, pues en tal evento, la Junta deberá señalarla dictando las medidas necesarias para que comparezca el perito; f) las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que estimen convenientes y, g) en caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito tercero en discordia. Lo anterior permite concluir, que aun cuando la designación de dicho perito tercero se hace en la última fase del desahogo de la prueba pericial, pues supone el desacuerdo en los dictámenes de los peritos designados por las partes, ello no significa que no les sean aplicables las reglas establecidas en los preceptos invocados, ya que no existe motivo para establecer que estén sujetos a un régimen procesal distinto; por tanto, el dictamen del perito tercero en discordia necesariamente debe versar sobre la misma materia respecto de la cual dictaminaron los peritos nombrados por las partes y, por ende, sujetarse al cuestionario formulado por el oferente de la prueba, en razón de que todo perito, ya sea designado por las partes o por la Junta, está obligado a emitir su dictamen conforme a las prescripciones legales."
En ese orden de ideas, cuando una autoridad laboral designe a un perito tercero en discordia, debe desahogar tal prueba en los siguientes términos:
1. Señalar fecha de audiencia para que se rinda el dictamen, debiendo realizar las gestiones necesarias para su comparecencia.
2. El día de la diligencia, el perito deberá aceptar el cargo y protestar su desempeño con arreglo a la ley e, inmediatamente, rendir su dictamen, con la salvedad de que, por causa justificada, se solicite se señale nueva fecha para tal efecto.
3. Cuando se rinda el dictamen, se debe otorgar a las partes el derecho a realizar las preguntas que juzgue convenientes, lo cual también podrán hacer los miembros de la Junta.
No obstante, en el presente caso, en el desahogo de la prueba pericial a cargo del perito tercero en discordia, la Junta responsable incumplió con las formalidades citadas, como se verá:
En diligencia de quince de febrero de dos mil siete, la autoridad laboral determinó lo siguiente (fojas 107 y 108 del juicio laboral):
"... Se tiene por hecha valer la manifestación de la parte actora y en virtud de que de los dictámenes rendidos por los peritos de las partes se advierte que existe discrepancia entre los mismos, resulta necesaria la intervención de un perito médico tercero en discordia, por lo que esta Junta con fundamento en el artículo 825 fracción V de la Ley Federal del Trabajo, y a información proporcionada vía telefónica por la coordinadora de peritajes, se designa como perito tercero en discordia en materia médica a la **********, asimismo se hace del conocimiento del actor **********, que deberán presentarse ante el perito antes mencionado a las ocho horas del día doce de marzo de dos mil siete, para el efecto de que le sean practicados los exámenes médicos correspondientes, apercibido el actor que de no comparecer ante el perito médico para la práctica de los exámenes médicos a realizarse el perito médico tercero en discordia designado en la fecha y hora señalada, por su falta de interés se procederá a resolver el presente asunto conforme a las constancias que obren en el expediente, y se hace del conocimiento del actor, que para la práctica de los exámenes médicos a realizarle, deberá presentarse en el departamento de peritajes médicos, ubicado en la nueva sede de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ubicada en Avenida Azcapotzalco-La Villa, No. 311, Barrio Santo Tomás, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02020 en México, D.F., en donde le asignarán un actuario y éste los presentará ante el perito médico tercero en discordia, asimismo deberá concurrir proporcionando el número del expediente, el número de la Junta Especial en donde se tramita el juicio, el nombre del perito, con quien se va a presentar y exhibir una credencial con fotografía, gírese el oficio correspondiente, así como los oficios recordatorios que sean necesarios a la autoridad señalada inicialmente para que se sirva diligenciar lo encomendando, anexándole copia de los dictámenes periciales rendidos por los peritos de las partes, así como del escrito de pruebas de las partes el cual contiene el ofrecimiento de la pericial, demanda y contestación a la misma ..."
De lo anterior se advierte que la Junta responsable determinó que existía discrepancia en los dictámenes periciales rendidos por los especialistas designados por las partes, por lo que con fundamento en el artículo 825, fracción V de la Ley Federal del Trabajo, y conforme a la información proporcionada por la coordinadora de peritajes, se designó como perito tercero en discordia a la doctora **********, solicitando al actor que compareciera ante ésta para la práctica de los exámenes médicos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a resolver lo que en derecho correspondiera conforme a las constancias que obran en autos.
Así, en diligencia de catorce de diciembre de dos mil siete, compareció **********, ante la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, adscrita a la Secretaría General de Conflictos Individuales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, en la que se hizo constar lo siguiente (foja 111 del juicio laboral):
"... En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del 14 de diciembre de 2007, comparece en el local de esta H. Secretaría, el (la) C. ********** quien dijo ser perito y que se identifica con credencial para votar con fotografía No. **********.
"En uso de la palabra del perito médico compareciente dijo: ‘Que fue designado como perito médico tercero en discordia, para que rinda su dictamen en materia de medicina del trabajo, en el proceso laboral al rubro indicado y que acepta y protesta el cargo que le fue conferido, exhibiendo el dictamen solicitado, constante de 3 fojas útiles de fecha 14-diciembre-2007, impresas por una sola de sus caras, el que ratifica en todas y cada una de sus partes, por haberlo emitido con fundamento en la documentación y estudios necesarios, los que se describen en el mismo y de acuerdo con su experiencia y su leal saber y entender, reconociendo la firma que lo calza por ser la que utiliza en todos sus actos públicos como privados, solicitando que el dictamen pericial rendido se agregue a los autos del expediente en que se actúa, para que surta los efectos legales a que haya lugar.’
"Junta acuerda: Por hechas las manifestaciones del perito compareciente, quien ha quedado debidamente identificado en el cuerpo de la presente acta, y con la cual se tiene por aceptado y protestado el cargo conferido como perito tercero en discordia en materia de medicina del trabajo, y asimismo se tiene por rendido su dictamen en términos de un escrito de fecha 14-diciembre-2007, constante de 3 fojas útiles, escritas por una sola de sus caras, misma que se remite a la Junta Especial Número 54 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Orizaba, previa copia certificada del mismo, que quede en los registros de esta H. secretaría, lo anterior para los efectos legales conducentes."
Luego, se observa que la especialista referida rindió su dictamen ante una autoridad laboral distinta a la aquí responsable, asimismo, ante aquélla aceptó, protestó el cargo conferido y rindió el dictamen correspondiente.
En esos términos, el seis de febrero de dos mil ocho, la Junta responsable emitió el siguiente acuerdo (foja 115 del juicio laboral):
"... Acuerdo: Con fecha 1 de febrero de 2008 se recibe, el dictamen médico del perito tercero en discordia emitido por **********, perito designado por la secretaria auxiliar de diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de México D.F., constante de 3 hojas útiles y un anexo, el cual se agrega a los autos para los efectos legales procedentes y de conformidad con el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo y a efecto de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, con el contenido del mismo le da vista a las partes para que en el término de tres días hábiles, que empezarán a correr a partir de que el presente les sea notificado personalmente, manifiesten lo que a sus intereses convenga y en caso de estimarlo pertinente formulen el pliego de preguntas como lo prevé el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo, apercibiéndolos que de no hacerlo en el término concedido se les tendrá por perdido el ejercicio de tal derecho y se acordara lo que en derecho corresponda ..."
De tal acuerdo se observa que la Junta responsable tuvo por recibido el dictamen rendido por la especialista designada como perito tercero en discordia, el cual fue agregado a los autos, y con la finalidad de lograr mayor economía y sencillez del proceso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días hábiles computados a partir de que se les notificara personalmente tal acuerdo, manifestaran lo que a su interés conviniere, y en caso de estimarlo pertinente formularan el pliego de preguntas correspondiente, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se les tendría por perdido tal derecho y se acordaría lo que en derecho correspondiera.
Tal acuerdo fue notificado personalmente al apoderado de la parte quejosa al día siguiente, es decir, el siete de febrero de dos mil ocho, según se advierte de la certificación que obra en autos (foja 115 vuelta del juicio laboral).
Así las cosas, el tres de mayo de dos mil diez, la Junta responsable dictó acuerdo en el que determinó que se tenía por perdido el derecho a manifestar lo que a su derecho conviniera, así como formular preguntas al perito tercero en discordia, dado que había transcurrido el término citado en el párrafo anterior.
En ese tenor, se concluye que existe una violación al procedimiento, en virtud de que como lo afirma el aquí quejoso, el perito debió aceptar el cargo, así como protestar su legal desempeño y rendir su dictamen ante la autoridad responsable, para que el impetrante de garantías, así como su contraparte y la propia autoridad laboral pudieran formular preguntas directamente al especialista designado como tercero en discordia.
En efecto, como se puede apreciar, en primer lugar, el perito designado tercero en discordia, no aceptó ni protestó el cargo ante la Junta responsable, y si bien lo hizo ante otra autoridad de índole laboral, lo cierto es que tal situación es ilegal, dado que, como ha quedado expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las formalidades que deben cumplir los peritos designados por las partes, también aplican para el tercero en discordia, y en el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo, no se prevé la hipótesis que aquéllas se cumplan ante autoridad diversa de la que tramita el juicio laboral.
En segundo lugar, era indispensable que el peritaje se rindiera ante la autoridad responsable, para que las partes en la audiencia correspondiente formularan las preguntas que estimaran pertinentes y la propia Junta hiciera lo mismo.
Lo anterior es así, pues es insuficiente que la responsable haya otorgado a las partes un plazo para que formularan un pliego de preguntas, pues lo importante de tal derecho es que se haga efectivo, el cual sólo se respetará si las interrogantes que se pretenden formular se realizan personalmente.
Lo anterior es así, ya que para un debido examen del especialista es necesario que una vez que rinda el dictamen, las partes procedan a formular las preguntas que consideren pertinentes, y en su presencia, se dé respuesta a éstas, con la finalidad de que aquéllas puedan realizar otro tipo de interrogantes, con base en las opiniones que vaya expresando el especialista conforme a los cuestionamientos que le formulen, lo cual no sucedería en el caso de que se realizara un pliego.
Esto, dado que cada parte no tiene certeza de lo que responderá el especialista a cada interrogante que formule, asimismo, tampoco tiene conocimiento de las preguntas que vaya a realizar la contraparte.
Por ello, dada la dinámica que implica el desaho
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23168-4017bd7e/prueba-pericial-en-el-juicio-laboral-si-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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