INDEMNIZACIÓN GLOBAL EN SUSTITUCIÓN DE UNA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DERIVADA DE UN RIESGO DE TRABAJO VALUADA HASTA EN UN VEINTICINCO POR CIENTO. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE OTORGARLA CON LOS INCREMENTOS AL SALARIO BASE, SIN PERJUICIO DE QUE SE PAGUE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y NO EN FORMA PERIÓDICA.
AMPARO DIRECTO 7086/2006. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El estudio de los conceptos de violación lleva a determinar lo siguiente:
Son inoperantes los argumentos en que refiere el instituto peticionario de amparo que el laudo ahora impugnado transgrede en su perjuicio garantías individuales, porque la responsable debió tomar en consideración que dicho instituto es un órgano asegurador y no patronal.
Así es, con tales argumentos el instituto quejoso no formuló razonamiento alguno mediante el cual controvirtiera la consideración de la Junta de que era procedente condenarlo a pagar al actor una indemnización global por incapacidad parcial permanente con motivo de un accidente de trabajo, sino que sólo se limitó a esgrimir como concepto de violación que la responsable debió considerar que dicho instituto era un órgano asegurador y no patronal; de ahí deviene lo inoperante de los argumentos en estudio.
Tiene aplicación, al respecto, la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente publicada con el número 75, en la página 66 del Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si los conceptos de violación que hace valer el patrón quejoso no combaten las consideraciones que rigen el sentido del laudo reclamado, dichos conceptos resultan inoperantes."
Igualmente sirve de sustento la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, que indica:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
Por otro lado, son infundados los argumentos en que refiere el instituto peticionario de amparo que el laudo ahora impugnado lesiona en su perjuicio derechos fundamentales, porque la responsable otorgó pleno valor probatorio a los dictámenes periciales del actor y del galeno tercero en discordia, dejando de valorar el dictamen emitido por el perito del instituto demandado.
En efecto, del laudo ahora impugnado se desprende que la responsable consideró, sobre los dictámenes de que se trata, lo siguiente: (fojas 92-101).
"... IV. El actor ofreció como pruebas de su parte: ... y la pericial médica (a fojas 56 a 57), fue elaborada tomando en cuenta diversos elementos para la configuración de su dictamen, tales como: Historia clínica. Antecedentes personales no patológicos y patológicos. Antecedentes laborales. Padecimiento actual. Exploración física. Estudios complementarios. Diagnósticos: 1. Rigidez de interfalángicas de segundo dedo mano derecha; y 2. Rigidez de interfalángicas del tercer dedo mano derecha. Otorgándole una incapacidad valuada en su conjunto en un 16%. V. El Instituto Mexicano del Seguro Social ofreció como pruebas: ... y la pericial médica (a fojas 58 a 60), para la cual tomó en cuenta diversos elementos para la elaboración de su dictamen, tales como: Motivo de la demanda. Ficha de identificación del actor. Antecedentes heredofamiliares personales patológicos y no patológicos. Antecedentes laborales. Padecimiento actual. Exploración física. Estudios médicos. Conclusiones: no le confiere enfermedades del orden laboral derivadas de accidente de trabajo. Refiere cuestionario. VI. Al resultar los dictámenes periciales médicos contradictorios se designó un perito médico tercero en discordia, quien exhibió su dictamen (a fojas 67 a 70), el que fue elaborado tomando en cuenta diversos elementos para la configuración de su dictamen, tales como: Historia clínica. Antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos y patológicos. Antecedentes laborales. Padecimiento actual. Exploración física. Estudios complementarios. Diagnósticos: 1. Rigidez postraumática y postquirúrgica de la articulación interfalángica distal del dedo índice de la mano derecha. 2. Rigidez postraumática y postquirúrgica de la articulación interfalángica proximal del dedo índice de la mano derecha. 3. Rigidez postraumática y postquirúrgica de la articulación interfalángica distal al dedo medio de la mano derecha. Conclusiones: Le confiere una incapacidad valuada en su conjunto en un 16%. Refiere cuestionario. VII. En cuanto a la valoración de los dictámenes antes señalados, esta Junta considera que no se le puede otorgar valor probatorio al rendido por el perito de la parte demandada, ya que si bien es cierto que se toma en cuenta el accidente de trabajo que sufrió el actor con fecha 1o. de febrero de 2002, también lo es que no hace una valoración correcta sobre las secuelas de dicho accidente, ya que no le confiere enfermedades del orden profesional ni su valoración; lo que trae como consecuencia que minimice los padecimientos que presenta el actor, por lo que dicho dictamen, al contener consideraciones médico-legales vagas y oscuras, es por lo que no se le puede otorgar valor probatorio alguno, no cumpliendo con los requisitos de la materia pericial. VIII. De lo anterior se destaca que los dictámenes periciales médicos mejor elaborados, son los emitidos por el perito del actor y el perito tercero en discordia, con fundamento en la tesis de jurisprudencia 4a./J. 28/94, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 80, agosto de 1994, con número de registro 207,689, bajo el rubro: ‘PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO.’, en virtud de que los peritos de la parte actora y el tercero en discordia tomaron en cuenta el accidente de trabajo sufrido por el actor con fecha 1o. de febrero de 2002, que le confieren el padecimiento denominado: 1. Rigidez de interfalángicas de segundo dedo mano derecha; y 2. Rigidez de interfalángicas del tercer dedo mano derecha, valuado en un 16%, y se advierte que de la documental ST-1, que en copia fotostática exhibió la parte actora a foja 50, respecto al accidente de trabajo antes mencionado, que adminiculada con la pericial médica del tercero en discordia y parte actora, alcanza pleno valor probatorio con el accidente de trabajo antes citado; a mayor abundamiento, dicha documental quedó perfeccionada como se desprende de autos a foja 66, ya que dichos profesionistas, en la parte de padecimiento actual de sus respectivos dictámenes, tomaron en cuenta el accidente ya referido y las consecuencias anatómicas funcionales que le causaron al actor; en consecuencia, el actor sí logra acreditar que las afecciones diagnosticadas, son consecuencia del accidente de trabajo ya citado con motivo del desempeño del servicio, cuya profesionalidad no fue desvirtuada de modo alguno por el instituto demandado. Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial número 5, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7 del Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ‘ACCIDENTE DE TRABAJO, PRESUNCIÓN LEGAL DE EXISTENCIA DEL. SÓLO SE DESVIRTÚA CON PRUEBA EN CONTRARIA.’ (se transcribe). Por lo que es procedente condenar al instituto demandado a reconocer que éste presenta el padecimiento antes mencionado y, como consecuencia, a que se le otorgue y pague la pensión correspondiente del 16%, la cual en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 65 de la Ley del Seguro Social, se traduce en una indemnización global equivalente a cinco anualidades. Con respecto al pago de la indemnización global antes mencionada ... IX. Habiendo hecho una descripción de los dictámenes de los peritos de las partes, así como del tercero en discordia, con apoyo en la jurisprudencia 4a./J. 28/94 de la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 25 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, al resolver la contradicción de tesis sustentada entre el Tercero y Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y cuyo rubro expone: ‘PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO.’, es por lo que se condena al instituto demandado del reconocimiento, otorgamiento y pago de los padecimientos del orden profesional que dice sufrir el actor antes referidos, valuados en su conjunto en un 16% (dieciséis por ciento) y, en consecuencia, al otorgamiento y pago de una indemnización global, en términos del artículo 65, fracción III, de la anterior Ley del Seguro Social, y prestaciones en especie de los artículos 63 y 92 del ordenamiento legal antes invocado. X ..."
De la transcripción que antecede se tiene que la Junta sí valoró el dictamen emitido por el perito del instituto demandado, y que, al respecto, estableció las razones particulares por las que le restó eficacia demostrativa; asimismo, se advierte que expresó los motivos específicos por los que las opiniones técnicas restantes le generaron convicción para tener por existentes como del orden profesional los padecimientos de "rigidez de interfalángicas de segundo dedo mano derecha" y "rigidez de interfalángicas del tercer dedo de mano derecha", con motivo del accidente de trabajo de primero de febrero de dos mil dos; de ahí deviene lo infundado de los argumentos en estudio.
Apoya lo precedente la tesis de jurisprudencia 4a./J. 28/94, pronunciada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en el tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página 25, que reza:
"PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO. Esta Suprema Corte ha sostenido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que tratándose de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben expresar en el laudo las razones o motivos que las conduzcan a conceder o negar eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por las partes o, en su caso, por el tercero en discordia, para cumplir de esa manera con la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional, según aparece en la tesis jurisprudencial publicada con el número mil cuatrocientos ochenta y tres de la compilación de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, bajo el rubro de ‘PRUEBA PERICIAL. VALOR DE LA.’, con la cual quedó superada la diversa tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número mil cuatrocientos setenta y seis de la citada compilación, Segunda Parte, con el título de ‘PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’, en la que se establecía que las Juntas gozaban de una facultad soberana para apreciar la prueba pericial; el criterio sostenido en esta última tesis fue abandonado luego de que una nueva reflexión sobre el tema condujo a esta Sala a estimar que la facultad de aquéllas para apreciar en conciencia dicha probanza no las libera del deber de expresar las razones por las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los dictámenes rendidos durante el juicio, a fin de que el particular afectado por el laudo esté en posibilidad tanto de conocer los motivos y fundamentos del laudo, como de cuestionarlos ante el órgano de control constitucional, pues aunque las Juntas carecen de los conocimientos técnicos propios de la materia sobre la cual versa la pericial, les corresponde examinar si las conclusiones alcanzadas por los peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado, por cuanto de ello depende que la prueba les merezca confiabilidad y credibilidad."
También son infundados los argumentos en que refiere el instituto peticionario de amparo que fue indebido que la responsable lo hubiera condenado a reconocer como del orden profesional los padecimientos de "rigidez de interfalángicas de segundo dedo mano derecha" y "rigidez de interfalángicas del tercer dedo de mano derecha", con motivo del accidente de trabajo de primero de febrero de dos mil dos, diagnosticados por el perito del actor y por el galeno tercero en discordia, porque en su consideración, las opiniones técnicas de éstos fueron insuficientes, ya que se basaron sólo en las manifestaciones verbales del actor, siendo que era necesario que estuvieran apoyadas en conocimientos científicos, esto es, que adjuntaran los estudios complementarios "de laboratorio y gabinete" de los que se desprendiera el tipo de "aparatos médicos" empleados para su realización.
Así es, adverso a lo aducido, el hecho de que los peritos médicos no acompañen a sus veredictos los documentos en que se describen las enfermedades diagnosticadas, ni los relativos estudios que se practiquen, no implica su desestimación, pues son los expertos quienes con base en sus conocimientos especializados pueden determinar el estado de salud de las personas, con independencia de que la ley de la materia en ninguno de sus preceptos exige que los dictámenes se acompañen de esas constancias a fin de que hagan prueba plena.
Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 104/2003, por contradicción de tesis, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, página doscientos nueve, que señala:
"PRUEBA PERICIAL MÉDICA. SU VALOR PROBATORIO NO DEPENDE DE QUE EL PERITO PRESENTE, JUNTO CON LOS DICTÁMENES, LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS PRACTICADOS AL TRABAJADOR. Conforme a la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba pericial médica es la idónea para determinar no sólo el origen de la enfermedad padecida o del accidente sufrido por el trabajador, sino también el grado de incapacidad que le provoquen. Por otra parte, el Máximo Tribunal de la república ha establecido reiteradamente el criterio de que cuando se trata de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben expresar en el laudo las razones o motivos para conceder o negar eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por los peritos de las partes o, en su caso, por el tercero en discordia, y cumplir de esa manera con la garantía de fundamentación y motivación consignada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, si se toma en cuenta que la prueba pericial está sujeta a consideraciones críticas y que la valuación jurídica del hecho técnicamente apreciado es una función que corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se concluye que no es la extensión de los dictámenes periciales, ni las instrumentales relativas a los resultados de los estudios practicados al trabajador lo que determina su eficacia probatoria, sino la dimensión que se dé a cada uno de ellos, por lo que dichas Juntas deben examinar si las conclusiones de los peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico, razonable y objetivo del problema planteado, pues de ello depende que la prueba les merezca confiabilidad y credibilidad, esto es, la inclinación de su ánimo hacia una afirmación indudable. Además, si las mencionadas Juntas, en ejercicio de la libre apreciación probatoria, estiman que deben separarse de la opinión pericial, ya sea porque sólo una parte de ella o porque ninguno de los peritajes rendidos les crean convicción, pueden formular las preguntas que estimen convenientes y, en su caso, ordenar la práctica de las diligencias necesarias para establecer la verdad material y legal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 782 y 825, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo."
Asimismo, son infundados los argumentos en que refiere el instituto quejoso que la responsable conculca en su perjuicio garantías individuales porque los dictámenes del actor y del galeno tercero en discordia, a los que confirió eficacia demostrativa, se basaron en el aviso para calificar probable riesgo de trabajo, forma "ST-1", siendo que esta documental, en opinión de dicho instituto, no es el medio idóneo para acreditar los padecimientos que diagnosticaron a aquél como del orden profesional; que por lo anterior, fue incorrecto que se le condenara a pagar una indemnización global con motivo de los padecimientos de "rigidez de interfalángicas de segundo dedo mano derecha" y "rigidez de interfalángicas del tercer dedo de mano derecha", que fueron calificados como del orden profesional.
En efecto, cuando el riesgo de trabajo está constituido por un accidente laboral, como acontece en la especie, los extremos que se deben probar dentro del juicio para acreditar la acción son:
1. Que el trabajador haya sufrido una lesión.
2. Que dicha lesión sea producto de un accidente de trabajo.
3. El grado de incapacidad que produjo el accidente que debiera servir de base para el cálculo de la indemnización.
Ahora bien, la prueba pericial médica es la idónea para demostrar los padecimientos que presenta el actor y, en su caso, establecer el vínculo de dichos padecimientos con el accidente sufrido, en estas condiciones, debemos decir que en los autos del expediente laboral se encuentran acreditados los extremos referidos en líneas anteriores.
Así es, a foja cincuenta del sumario primigenio obra glosada copia simple fotostática de un formato ST-1, relativa al aviso de probable riesgo de trabajo, ofrecida por la actora, el que aconteció, según los datos de la propia constancia, el primero de febrero de dos mil dos; documental que quedó perfeccionada mediante diligencia de dieciséis de agosto de dos mil cuatro, en la que el fedatario de la responsable hizo constar que tal documental era coincidente en todas y cada una de sus partes con el original que tuvo a la vista (foja 66).
Debe precisarse que en la vuelta de la aludida forma ST-1 se advierte que en el dictamen de calificación se determinó que el accidente reportado sí era de trabajo.
Asimismo, el peritaje del tercero en discordia relacionó el accidente de trabajo de que se trata, con lo reportado en el formato ST-1, y los hechos en éstos coinciden con lo narrado en el escrito de demanda laboral, en el sentido de que el primero de febrero de dos mil dos el actor sufrió un accidente en el centro de labores: "... estaba limpiando una máquina de impresión de offset ‘Rolland’ 4 colores, cuando de pronto la máquina jala el trapo junto con la mano, atrapándole 2 dedos, medio e índice de la mano derecha, sintiendo dolor intenso y sangrando en el momento, por este motivo es trasladado al Hospital Lomas Verdes, en donde es diagnosticado con lesión de dedos índice y medio derechos en falangetas y calificado como de trabajo ..." (fojas 3 y 68); además, el aludido galeno determinó el grado de incapacidad en un dieciséis por ciento, en los siguientes términos: (foja 68).
"... Diagnósticos: 1. Rigidez postraumática y postquirúrgica de la articulación interfalángica distal del dedo índice de la mano derecha. 2 Rigidez postraumática y postquirúrgica de la articulación interfalángica proximal del dedo índice de la mano derecha. 3. Rigidez postraumática y postquirúrgica de la articulación interfalángica distal del dedo medio de la mano derecha. 2 (sic) Rigidez postraumática y postquirúrgica de la articulación interfalángica proximal del dedo medio de la mano derecha. Conclusiones médico-legales. El C. Antonio Martínez Ochoa presenta en la actualidad los diagnósticos enunciados en el párrafo correspondiente, padecimientos considerados de carácter profesional por tener relación causa-efecto-daño con el accidente de trabajo ocurrido el día 1o. de febrero del año 2002, los cuales se califican en base a la Ley Federal del Trabajo ... valuándose conforme al artículo 514 del mismo ordenamiento legal, referente a la tabla de valuación de incapacidades permanentes, con su fracción 67 para el primer diagnóstico, correspondiéndole 6%; con su fracción 67 para el segundo diagnóstico, correspondiéndole 6%; con su fracción 69 para el tercer diagnóstico, correspondiéndole 2%; y con su fracción 69 para el cuarto diagnóstico, correspondiéndole 2%; y en forma global hacen un total del 16% (dieciséis por ciento) de disminución de su capacidad orgánico-funcional total. A continuación se procede a dar contestación al interrogatorio ..."
El perito tercero en discordia basó el aludido grado de incapacidad en la tabla contenida en el normativo 514, fracciones 67 y 69, de la Ley Federal del Trabajo, que establece:
"Artículo 514. Para los efectos de este título, la ley adopta la siguiente: Tabla de valuación de incapacidades permanentes. Rigideces articulares. Disminución de los movimientos por lesiones articulares, tendinosas o musculares ... 67. De la primera o de la segunda articulaciones interfalángicas del índice, de 4 a 6% ... 69. De una sola articulación del dedo medio 2%."
Luego, es de concluirse que tal como lo establece la autoridad responsable, en autos se encuentra debidamente acreditado el accidente de trabajo y el grado de incapacidad, toda vez que los padecimientos de "rigidez de interfalángicas de segundo dedo mano derecha" y "rigidez de interfalángicas del tercer dedo de mano derecha", que fueron calificados como del orden profesional, están comprendidos en el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo.
En suma, fue correcto el proceder de la responsable al condenar al instituto quejoso en términos de la valuación que hicieron al actor el perito de este y el galeno tercero en discordia, de los padecimientos de "rigidez de interfalángicas de segundo dedo mano derecha" y "rigidez de interfalángicas del tercer dedo de mano derecha", con base en la forma ST-1 y resultado de la prueba pericial médica; de ahí deviene lo infundado de los argumentos en estudio.
Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la Séptima Época, pronunciada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 145-150, Quinta Parte, página ochenta y uno, que a la letra dice:
"ACCIDENTE DE TRABAJO, PRESUNCIÓN LEGAL DE EXISTENCIA DEL. SÓLO SE DESVIRTÚA CON PRUEBA EN CONTRARIO. Las lesiones que sufra el trabajador en el desempeño de sus actividades o en el lugar en el que labora, o al trasladarse directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél, crean en su favor la presunción legal de que se trata de un accidente de trabajo a menos que se pruebe lo contrario."
Igualmente son infundados los argumentos en que alude el instituto quejoso que fue incorrecto que la responsable hubiera ordenado abrir incidente de liquidación para cuantificar las mejoras e incrementos de la indemnización global que con motivo de un accidente de trabajo se decretó en favor del actor desde la fecha de dicho riesgo, esto es, desde el primero de febrero de dos mil dos hasta la fecha en que se dictara resolución que determinara la existencia de los padecimientos sufridos por el actor como del orden profesional; enfatizó que ello era indebido, por un lado, dada la naturaleza jurídica de dicha indemnización, pues al efectuarse su entrega en una sola exhibición no se generan incrementos; y, por otra parte, porque de cuantificar tales aumentos se estaría actualizando el salario del actor, lo que implicaría que ya no sería el emolumento percibido al momento en que se sufrió el riesgo; precisó que por ello deberían cuantificarse los incrementos de la indemnización en comento a partir de que se determinara el grado de incapacidad en el correspondiente laudo.
Así es, de la lectura integral del laudo ahora impugnado se desprende que la responsable, en la parte conducente, resolvió como sigue: (fojas 95-102).
"VIII ... Con respecto al pago de la indemnización global antes mencionada, si bien es cierto que la parte actora ofreció la forma ST-1 a fojas 50, en la cual el trabajador sufrió el accidente de trabajo, en la categoría de prensista, en la empresa denominada Peche Impresiones, S.A. de C.V., con fecha primero de febrero de dos mil dos, y su salario diario ascendía a la cantidad de $210.67. En consecuencia, y toda vez que esta autoridad laboral cuenta con los elementos suficientes para la cuantificación de la pensión, se procede a su cálculo en los siguientes términos: En autos obra constancia de la forma ST-1, aviso para calificar probable riesgo de trabajo exhibida por la actora a foja 50 de autos, de la cual se desprende que el salario diario en la categoría antes citada, el cual asciende a $210.67, se multiplica por 365 días de un año, y se divide entre 12 meses, y da $6,407.87, a efecto de establecer una pensión mensual uniforme, independientemente de que los meses del año tengan 28, 29, 30 o 31 días, ya que la operación aritmética se hizo en función de que el año tiene 365 días, se les extrae el 70% en términos de la fracción III, en relación con la fracción II del numeral 65 de la anterior Ley del Seguro Social, se multiplica por el 16% de la incapacidad, y arroja la pensión de $717.68, que multiplicada por 12 nos da la cantidad de $8,612.18, y a su vez multiplicada por 5 nos da la cantidad de $43,060.94 (cuarenta y tres mil sesenta pesos 94/100 M.N.), salvo error u omisión de carácter aritmético; cantidad que deberá pagar el instituto demandado por concepto de indemnización global; y toda vez que la parte actora en su escrito inicial de demanda, en su capítulo de prestaciones, inciso b), demandó incrementos salariales que se generen en la categoría antes mencionada; en tal virtud, se ordena abrir incidente de liquidación con las mejoras e incrementos a la categoría de prensista en la empresa Peche Impresiones, S.A. de C.V., de la fecha del citado accidente, es decir, del 1o. de febrero de 2002 a la fecha de la presente resolución en que quedó determinado el padecimiento de orden profesional, ya que en autos no obra constancia de los incrementos salariales a la plaza ya citada, que deben ser reflejados en la base salarial tomada en cuenta para el pago de la pensión, con la finalidad de que ésta se encuentre actualizada con la fecha en que la actora debe recibir el citado beneficio económico, ya que el actor refiere, en la pericial médica del tercero en discordia, en la parte de antecedentes laborales, lo siguiente: ‘... y posteriormente pasa como jefe de mantenimiento de maquinaria Offset hasta la fecha actual, dando mantenimiento preventivo y correctivo a toda la maquinaria ...’. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 2a./J. 5/98, sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71 del Tomo XII, correspondiente al mes de julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL DERIVADA DE RIESGOS DE TRABAJO. SU CUANTIFICACIÓN CONFORME A LAS REGLAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE EN EL AÑO DE 1996, DEBE SER INCLUYENDO LOS INCREMENTOS QUE BENEFICIARON AL PUESTO DESEMPEÑADO POR EL ASEGURADO HASTA QUE SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD CUANDO EL VÍNCULO LABORAL ESTÉ VIGENTE O HASTA LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL NEXO LABORAL.’ (se transcribe). ‘SEGURO SOCIAL. EL SALARIO BASE PARA EL PAGO DE LA PENSIÓN POR RIESGOS DE TRABAJO, CUANDO EL TRABAJADOR SE SEPARA DE LA EMPRESA ANTES DE LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE INCAPACIDAD, DEBE INCLUIR LOS AUMENTOS SALARIALES PRODUCIDOS HASTA LA FECHA DE SU SEPARACIÓN.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo se ordena abrir incidente de liquidación, a efecto de cuantificar los incrementos en la categoría y empresa antes mencionada, en donde ocurrió el accidente de trabajo del actor, puesto que de existir incrementos en ese lapso deben ser considerados al fijar el monto definitivo de la pensión, ya que dicho salario diario percibido al momento del accidente (sic). Asimismo, al otorgamiento y pago de las prestaciones en especie que demandó el actor en el inciso c) de su escrito inicial de demanda ... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 840 a 842 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, se ... resuelve ... SEGUNDO. Se con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21739-ce396ec7/indemnizacion-global-en-sustitucion-de-una-incapacidad-parcial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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