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Modo: Corpus Pro

INVALIDEZ. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ACREDITAR SU INSUBSISTENCIA CUANDO PREVIAMENTE SE HAYA OTORGADO AL TRABAJADOR UNA PENSIÓN POR DICHO ESTADO (LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 11186/2006. · Registro digital (IUS): 21848
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 851.

AMPARO DIRECTO 11186/2006. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Por cuestión de orden, este Tribunal Colegiado analiza los conceptos de violación de manera diversa a la planteada por el quejoso.

Alega el impetrante de garantías que el tercero perjudicado disfrutaba de una pensión de invalidez desde el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y que fue suspendida en el año de mil novecientos noventa y nueve, ya que la asegurada estaba consciente que tal pensión era revisable cada año y que debía acudir a su "unidad de salud" para realizar una evaluación de sus padecimientos; hecho que no aconteció, por lo que el sistema electrónico del instituto, de manera automática, dejó de pagar la pensión en cita.

El anterior argumento es inatendible, toda vez que, después de un análisis pormenorizado de la contestación de la demanda realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no se advierte que hubiere realizado tales argumentos ante la autoridad responsable, por lo que ésta no estuvo en condiciones de analizar y estudiar conforme a derecho las citadas premisas, puesto que no las alegó en el procedimiento del que deriva este juicio, razón por la cual no formaron parte de la litis laboral que se integra con la demanda y su contestación; por esta razón no pueden ser motivo de estudio en el presente juicio, por no formar parte de la litis constitucional de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo que ordena que el acto reclamado debe analizarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable.

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia I.6o.T. J/2 pronunciada por este órgano colegiado en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, abril de mil novecientos noventa y cinco, página sesenta y ocho, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES, CUANDO EN EL AMPARO SE PLANTEAN CUESTIONES QUE NO FUERON ADUCIDAS EN EL JUICIO NATURAL.-Si la autoridad responsable no tuvo la oportunidad de dirimir en el juicio las cuestiones aducidas, porque no fueron planteadas en los términos que ahora se esgrimen en el juicio de amparo, no pueden ser motivo de estudio los conceptos de violación aludidos, porque el acto reclamado, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe analizarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable."

Así como la jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72, diciembre de 1974, Quinta Parte, materias laboral y común, página 53, registro IUS número 243722, que a la letra dice: "LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.-Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional."

Asimismo alega el quejoso que la Junta responsable violó lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, 686, 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, así como lo establecido en la Ley del Seguro Social, al dictar un laudo falto de motivación y fundamentación, pues de manera incorrecta condenó al instituto demandado al pago de una pensión de invalidez, sin que se haya cumplido con lo señalado en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social relativo a la imposibilidad del asegurado para procurarse mediante un trabajo, una percepción superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual del último año de labores, y que dicha imposibilidad derive de un accidente no profesional; circunstancias que no acreditó la parte actora, dado que los peritos médicos omitieron manifestar si el actor estaba o no en aptitudes de propiciarse dicha percepción.

El citado concepto de violación es infundado por las razones siguientes:

El actor, en su demanda laboral, reclamó del instituto demandado la restitución y el pago de la pensión de invalidez definitiva que le fue otorgada el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y, posteriormente, suspendida (foja 1).

Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó lo siguiente: "... 2, 3. En cuanto a este hecho se contesta como cierto parcialmente, ya que mi mandante emitió dicha resolución, y lo que omite la contraria es el especificar que fue determinada u otorgada en forma provisional, tal y como puede acreditarse en su momento procesal oportuno, además se niega en cuanto a que indica la contraria que mi mandante suspendió en forma arbitraria y sin motivo alguno dicha invalidez provisional, pues además de ser como se indica y no lo han notado los apoderados de la actora, cabe señalar que también no han observado lo que indican los artículos 121, 122, 124, 126 de la Ley del Seguro Social vigente o sus similares de la anterior ley en sus artículos 130, 131, 133, 134, 135; por lo que hace al último de los numerales y, en específico, de la ley vigente en su último párrafo señala: ‘Cuando el asegurado al que se le haya determinado invalidez que le de derecho a la contratación de una renta vitalicia o retiro programado en los términos previstos en el artículo 159, fracciones IV y V de esta ley, se rehabilite, se le suspenderá el pago de la pensión por parte ...’ motivo y razón por el cual a la actora no se le suspendió en forma arbitraria y sí con justificación, ya que se le ha dado el tratamiento, y a la fecha no ha interpuesto recurso de inconformidad por la invalidez provisional desde la fecha en que se le otorgó, por lo que es de emitir un consentimiento tácito desde el momento de haber percibido los pagos por dicha invalidez, además se ha determinado que no existe padecimiento alguno, es decir, que la rehabilitación se ha dado; motivo suficiente por lo que se suspendió el pago en forma justificada. Solicitando tenga por insertos como si a la letra estuvieran, para no caer en obvio de repeticiones innecesarias, además de que será mi contraria la que tenga que acreditar las manifestaciones que en este hecho vierte. Se niega la aplicabilidad del derecho invocado por la parte actora, en virtud de los razonamientos lógicos jurídicos que se han hecho valer en el presente escrito ..." (foja 19).

La Junta responsable resolvió lo siguiente: "... Del contenido de las periciales se desprende que la actora prueba ser portador de padecimientos del orden general que le condicionan estado de invalidez, y que obviamente a la presente fecha es portador de los mismos, por lo que corrobora el dictamen de invalidez elaborado por el propio instituto demandado; por tal motivo, el pago de dicha pensión debe ser de por vida como lo establece el artículo 128 de la Ley del Seguro Social. Aunado a lo anterior, el instituto demandado no aportó medio de prueba alguno para demostrar y/o justificar el porqué suspendió la pensión de la actora, ya que se limita a señalar que la misma era de índole provisional, sin embargo, en atención al espíritu de seguridad social de dicho instituto, debió previamente corroborar que la actora ya no era portadora de padecimientos del orden general que le condicionaran estado de invalidez, lo que en la especie no hizo, ya que no acredita haber realizado estudios previos para poder cancelar la pensión. Por tanto, procede en el presente juicio condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social al otorgamiento y pago de la pensión de invalidez, misma que, como se aprecia de autos, le fue concedida a partir del 14 de diciembre de 1998 y que le fuera suspendida en el mes de octubre del año 1999; por tanto, deberá restituir a la actora las pensiones que se generaron desde el mes de octubre de 1999 a la fecha de la presente resolución, así como las que se sigan generando, debiendo observar para su pago los incrementos que se hayan generado a dicha pensión, así como las prestaciones accesorias a la misma, como lo es el caso de los aguinaldos. Y para el cálculo de dicha pensión se deberá abrir el incidente de liquidación respectivo de conformidad con el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, ya que se desconoce cual fue la pensión de la actora en el mes de octubre de 1999, por no obrar en autos documento alguno que lo prueba ..." (foja 58).

De lo anterior se aprecia que, contrario a lo manifestado por el quejoso, la Junta responsable sí fundó y motivó las razones por las cuales condenó al ahora quejoso al otorgamiento y pago de la pensión de invalidez, pues consideró que le correspondía al instituto demandado acreditar las razones por las cuales suspendió el pago de la pensión de invalidez que el actor acreditó haber obtenido con la prueba documental marcada con el número dos, inciso a), de su escrito de pruebas, consistente en la resolución de otorgamiento de pensión (foja 22) y que hizo suya el instituto, justificando su proceder, aduciendo que la pensión en cita era provisional y se encontraba la actora recuperada (foja 31), sin dar mayores argumentos o pruebas de su dicho; por lo tanto y siendo el instituto demandado quien tenía la carga de la prueba para justificar la insubsistencia del estado de invalidez, no logró acreditar que la actora ya no era portadora de padecimientos del orden general, dado que no realizó los estudios previos que le permitieran cancelar el pago de la pensión que nos ocupa, tal y como lo establece el artículo 133 de la Ley del Seguro Social que dispone: "Artículo 133. Los asegurados que soliciten el otorgamiento de una pensión de invalidez y los inválidos que se encuentren disfrutándola, deberán sujetarse a las investigaciones de carácter médico, social y económico que el instituto estime necesarios, para comprobar si existe o subsiste el estado de invalidez."

Del contenido del precepto legal invocado se aprecia que los asegurados deben comprobar la existencia del estado de invalidez cuando tengan o soliciten la pensión respectiva, y será el instituto quien comprobará la insubsistencia de dicho estado, dado que el citado precepto legal impone al Instituto Mexicano del Seguro Social la carga de la prueba para comprobar la insubsistencia del estado de invalidez, y no así a quien goza de esa pensión, quien por estar disfrutando de ella tiene a su favor la presunción de encontrarse en dicho estado; por lo tanto, es el instituto el organismo que deberá practicar las investigaciones de carácter médico social y económico para comprobar, en juicio, la insubsistencia del estado de invalidez según lo establece el citado artículo 133 de la normatividad social, y a partir de ese hecho podrá determinarse la continuidad del pago de la pensión o su suspensión.

Por lo tanto, no asiste razón al quejoso, pues como se ha visto, el instituto demandado debió acreditar que la invalidez de la asegurada había desaparecido, dado que esa fue la razón que expuso el demandado para justificar la suspensión del pago de la pensión que le otorgó, sin que haya logrado satisfacer dicha carga, como acertadamente lo estimó la Junta.

Al respecto es aplicable la tesis I.6o.T.141 L sostenida por este Tribunal Colegiado con número de registro IUS 185147 y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 1805, que a la letra dice: "INVALIDEZ. CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA INSUBSISTENCIA DE ESE ESTADO (LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997).-Conforme al artículo 133 de la anterior Ley del Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social corresponde la carga de la prueba para comprobar la insubsistencia del estado de invalidez y no así a quien goza de esa pensión que, por estar disfrutando de ella, tiene a su favor la presunción de encontrarse en ese estado, por lo que dicho instituto deberá practicar las investigaciones de carácter médico, social y económico que estime necesarias y a las que deberá someterse el pensionado, para comprobar en juicio la insubsistencia del estado de invalidez, y a partir de ese hecho podrá determinarse la continuidad del pago de la pensión o su suspensión."

En las relatadas condiciones, lo consiguiente es negar el amparo solicitado al quejoso.

Al no resultar violatorio de garantías el laudo impugnado, se hace extensiva la negativa del amparo a los actos de ejecución que se reclaman, porque éstos únicamente fueron combatidos en vía de consecuencia, con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 22/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.-La interpretación sistemática y lógica de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, constitucional, y 158 de la Ley de Amparo, así como de los principios de indivisibilidad de la demanda, de celeridad, de concentración y de economía procesal, que sustentan la procedencia del juicio de amparo directo, permiten la impugnabilidad en esta vía de los actos de ejecución de las sentencias definitivas o laudos, cuando se combaten como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a las resoluciones definitivas indicadas. Esta afirmación encuentra apoyo en el hecho de que la competencia otorgada en la Constitución y en la Ley de Amparo para que los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una sentencia definitiva o laudo, igualmente los faculta para conocer y resolver sobre los actos de ejecución respectivos que no se impugnan por vicios propios, debido a que entre la sentencia definitiva o laudo y su ejecución, con las características descritas, existe un vínculo jurídico causal que hace lógico concluir que la ejecución corra, por derivación necesaria, la misma suerte de aquéllos."

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46, 188 y 190 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto Mexicano del Seguro Social contra los actos de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, su presidente y actuario, consistentes en el laudo dictado el veinte de febrero de dos mil seis y su ejecución; en los autos del juicio laboral número 2394/00 seguido por Nohemí González Rodríguez, en contra del instituto quejoso.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Tribunal Colegiado y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, integrado por los ciudadanos Magistrados: presidenta, licenciada Carolina Pichardo Blake, licenciado Genaro Rivera y licenciado Marco Antonio Bello Sánchez, siendo relatora la primera de los nombrados.

Nota: La jurisprudencia P./J. 22/96 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, página 5.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21848-d5c3d698/invalidez-corresponde-al-instituto-mexicano-del-seguro-social · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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