PERITO MÉDICO TERCERO EN DISCORDIA. SI ES OFICIAL, NO ESTÁ OBLIGADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 822 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO A EXHIBIR EL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL.
AMPARO DIRECTO 363/2005. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son inoperantes, inatendibles e infundados los conceptos de violación.
Conviene precisar que en los autos naturales existe lo siguiente:
a) María del Carmen García Ávila, a través de su apoderado, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de la pensión de incapacidad permanente por presentar padecimientos del orden profesional, entre otros, cortipatía bilateral por trauma acústico crónico que le genera una hipoacusia bilateral combinada y enfermedad broncopulmonar y de las vías respiratorias, entre otras. Indicó haber desempeñado los puestos de obrero y ayudante general en la empresa Pesa, S.A. de C.V., consistiendo su labores en: "... cortar plantillas de vinil para moldear piezas de automóviles, como son medallones ... lavar con thiner piezas de metal de las máquinas troqueladoras, prensas y molinos ... estando expuesto a sonidos de gran intensidad provenientes de la prensa, troqueles, hornos, molinos, así como a la inhalación de polvos de vinil, fierro y polvos en general, vapores de thiner, humos de combustión interna de los hornos ...", y también como ayudante general en la empresa Cerraduras y Candados Phillips, S.A. de C.V., consistiendo sus labores en: "... repasar con el taladro el cuerpo de las chapas para retirar las impurezas del cuerpo y del cilindro hasta retirar las rebabas, para después remachar manualmente con el martillo candados, después limpiar el candado con la cardadora o cepillo, para después pulir y limpiar con thiner o tolueno ..." (fojas 3 y 4).
b) La demandada negó derecho al actor (fojas veintisiete a treinta y dos).
c) La Junta dictó el laudo en reclamo en el que condenó a la demandada al pago de la pensión por incapacidad parcial permanente presentada por el actor, valuada en veintiuno por ciento de la total orgánico-funcional (fojas ochenta y nueve).
Ahora, al abordar los conceptos de violación propuestos se aprecia que resulta inoperante lo alegado por el instituto quejoso, dado que se concreta únicamente a afirmar que la responsable aplicó indebidamente los preceptos 14 y 16 constitucionales, así como los diversos numerales 686, 840, fracciones III, IV y VI, 841, 842, 848 y 885, fracciones II, III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, que estima violados, sin expresar razonamiento alguno en contra del laudo impugnado, por lo que este tribunal se halla imposibilitado para pronunciarse sobre el mismo, en razón de que el peticionario de este juicio de garantías no es la parte trabajadora y, por ende, no opera la suplencia de la queja.
Es aplicable al caso, por analogía, la tesis de jurisprudencia número ochenta y dos, que aparece publicada en la página sesenta del Tomo V, Materia del Trabajo, del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, que a la letra dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Los conceptos de violación en el amparo promovido por el patrón, que son simples afirmaciones y no se fundan en razonamientos jurídicos, traen como consecuencia la imposibilidad de estudiarlos, pues hacer dicho estudio, equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en contravención a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, que no autoriza la suplencia tratándose del amparo promovido por el patrón."
Por cuestión de método corresponde, en primer término, el examen del motivo de inconformidad en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy quejoso, esgrime en la segunda parte de su segundo concepto de violación, en el cual aduce que dentro de la audiencia realizada para el desahogo de la pericial médica tercera en discordia, jamás existió el acreditamiento, por parte del supuesto facultativo, de su personalidad y pericia en la materia, tal como lo exige la ley, pues no exhibió copia certificada de su cédula profesional, cédula de especialización en la materia, certificación de consejo de especialidad o de su identificación, incumpliendo con ello lo previsto por los artículos 821, 822 y 835, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.
Sobre la misma cuestión el instituto aduce que la falta de exhibición de la cédula profesional o certificación de especialidad e identificación, se agravó aún más por el hecho de que el presunto perito jamás estuvo presente en la multicitada audiencia, invocando en apoyo de sus manifestaciones la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 36/2000, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. EL PERITO TERCERO EN DISCORDIA DEBE RENDIR SU DICTAMEN SUJETÁNDOSE AL CUESTIONARIO FORMULADO POR EL OFERENTE DE LA PRUEBA."; que aun cuando la designación de dicho perito tercero se hace en la última fase del desahogo de la prueba pericial, derivado del desacuerdo en los dictámenes de los peritos designados por las partes, ello no significa que no les sean aplicables las reglas establecidas en los preceptos invocados, ya que no existe motivo para establecer que estén sujetos a un régimen procesal distinto.
Son infundados los expresados los conceptos de violación.
No asiste razón al quejoso cuando refiere que el perito médico tercero en discordia no acreditó contar con título o cédula profesional para demostrar los conocimientos técnicos sobre la materia que versó la pericial médica, pues aun cuando el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo dispone que cuando se trate de una ciencia o materia reglamentada los peritos que intervengan en el juicio deben acreditar que tienen conocimientos sobre esa ciencia o materia y autorización para ejercer la profesión de que se trate; sin embargo, aun cuando la medicina es una ciencia reglamentada, tratándose del perito tercero en discordia es innecesario que acredite en la audiencia respectiva esa formalidad, pues dicho galeno es nombrado por la Junta responsable, quien está obligada a llamar al perito tercero en discordia ante la discrepancia de las conclusiones de los peritos médicos nombrados por las partes (actor y demandado), a fin de que se integre correctamente dicha pericial, para que en forma imparcial proporcione mayores elementos de convicción para resolver el asunto apegado a derecho.
Por tanto, como dicho facultativo es designado a petición de la responsable, es evidente que se trata de un perito oficial, de donde se infiere la idoneidad de su dictamen, pues cuenta con la presunción legal de que previamente acreditó con título y cédula profesional que tiene conocimientos sobre la ciencia que dictaminó y, por ende, que se encuentra facultado para ejercer la profesión de médico cirujano.
Además, en el caso, el perito tercero en discordia en su dictamen mencionó que era médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con título y cédula profesional números 477995 (foja 66), en tal razón, se estima que satisfizo los requisitos necesarios para fungir como perito sobre la ciencia que dictaminó.
Similares consideraciones sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo DT. 15603/2004, en sesión del veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, con motivo de la demanda de amparo presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ejecutoria que dio origen al siguiente criterio que a la letra dice:
"PERITO TERCERO EN DISCORDIA. SI ES OFICIAL, NO ESTÁ OBLIGADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 822 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO A EXHIBIR EL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL. El artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo dispone que cuando se trate de ciencia o materia reglamentada los peritos que intervengan en el juicio deben acreditar que tienen conocimientos sobre esa ciencia o materia y autorización para ejercer la profesión de que se trata; sin embargo, aun cuando la medicina es una ciencia reglamentada, tratándose del perito tercero en discordia es innecesario que acredite en la audiencia respectiva esa formalidad, pues dicho galeno es nombrado por la Junta responsable, quien está obligada a llamar al perito tercero en discordia ante la discrepancia de las conclusiones de los peritos médicos nombrados por las partes (actor y demandado), a fin de que se integre correctamente dicha pericial, para que en forma imparcial proporcione mayores elementos de convicción para resolver el asunto apegado a derecho; por tanto, como es designado a petición de la responsable, es evidente que se trata de un perito oficial, de donde se infiere la idoneidad de su dictamen, pues cuenta con la presunción legal de que previamente acreditó con título y cédula profesional que tiene conocimientos sobre la ciencia médica que dictaminó; por ende, que se encuentra legalmente facultado para ejercer la referida profesión."
De igual manera es infundado el planteamiento del promovente del amparo en el sentido de que el perito tercero en discordia no exhibió la cédula de especialización en la materia o certificación del consejo en especialidad, ya que el juicio de donde proviene el acto reclamado es de naturaleza laboral; por ello, no puede exigirse a los peritos de las partes que tengan que ser especialistas sobre las enfermedades que refirió el actor que padecía, dado que el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo sólo prevé que el perito tenga conocimientos sobre la ciencia sobre la cual dictamina y que esté autorizado para ejercer la profesión correspondiente.
Tiene apoyo la consideración que antecede en las jurisprudencias números 56/96 y 55/96, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 12/96, que se localizan en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, páginas 161 y 176, que respectivamente dicen:
"PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. LA EVALUACIÓN DE UN PERITAJE RENDIDO POR QUIEN NO ES ESPECIALISTA, NO PUEDE DE MODO AUTOMÁTICO PRIVARLO DE TODO VALOR O DÁRSELO PLENAMENTE. Tomando en consideración que el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, no exige que los peritos sean especialistas en la rama del saber para la que se les designe, sino que sólo establece que deben tener conocimiento en la ciencia, técnica o arte sobre el cual debe versar su dictamen, así como que deban acreditar estar autorizados conforme a la ley para el caso de que la materia de que se trate estuviere legalmente reglamentada, ha de considerarse que en un juicio laboral no puede válidamente exigirse que los peritos tengan que ser, necesariamente, especialistas. Lo anterior no significa que éstos no puedan fungir como peritos; por lo contrario, si para investigar los hechos relativos se cuenta con el auxilio de dichos expertos, resultará más conveniente para el juzgador, en tanto que en congruencia con la naturaleza y finalidad de la pericial, se garantizará el allegamiento de mejores y más profundos elementos de conocimiento."
"PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. PARA QUE TENGA VALOR PROBATORIO, NO ES NECESARIO QUE LOS DICTÁMENES PROVENGAN DE ESPECIALISTAS. La intervención de peritos que no sean especialistas, pero tengan conocimiento en la ciencia, técnica o arte sobre el cual debe versar su dictamen, en los términos del artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, no puede, válidamente, privar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje del ejercicio de su arbitrio jurisdiccional sobre el contenido de los peritajes para decidir sobre su alcance y valor probatorio, ya que no debe declinar en el perito, por más especializado que sea, la alta responsabilidad de externar las razones por las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los respectivos dictámenes. Consecuentemente, tampoco es legal aceptar que con la sola demostración de que un perito no tiene la especialización correspondiente, su dictamen pierda todo valor probatorio de modo automático y, por contrapartida, que también de manera maquinal se le dé pleno valor al emitido por el especialista, además de que tal proceder sería contrario a las disposiciones tutelares de la aludida probanza en materia laboral, en cuanto prevé el auxilio del trabajador que, si difícilmente puede pagar un perito general, menos aún podrá contratar a un especialista."
Por otro lado, la invocación que en apoyo de sus motivos de inconformidad hace el instituto quejoso de la jurisprudencia de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. EL PERITO TERCERO EN DISCORDIA DEBE RENDIR SU DICTAMEN SUJETÁNDOSE AL CUESTIONARIO FORMULADO POR EL OFERENTE DE LA PRUEBA.", deviene inoperante, dado que con su cita el impetrante no explica las razones por las cuales considera que su contenido aplica en la especie y esa omisión impide a este Tribunal Colegiado examinar la procedencia o improcedencia de su aplicación al caso concreto.
En otro tenor, por lo que se refiere al argumento que el instituto demandado expresa en la parte final de su segundo concepto de violación, en el sentido de que al no ser perito en derecho, el perito médico puede caer en exceso de atribuciones "... al hacer tal declaratoria ..." y que, en la especie, la actora no acreditó sus extremos, pero el perito médico excedió su facultad, apoyada por la autoridad, debe decirse que es inoperante por insuficiente.
Lo anterior, en virtud de que en su exposición no alude a ninguna de las consideraciones que la resolutora emitió al dictar el laudo reclamado, y aun cuando presuntamente combate las conclusiones a las que arribó el perito médico tercero en discordia, no precisa cuál de ellas representa un exceso de facultades, así como cuál sería el límite legal o material al que debió sujetarse dicho especialista médico en su intervención y que, en su opinión, la resolutora indebidamente avaló al emitir el laudo impugnado, lo que impide a este Tribunal Colegiado abordar su análisis.
Por otro lado, en la parte inicial de su segundo concepto de violación aduce que al condenarlo por el simple hecho de considerar que la prueba pericial tercero en discordia fue la mejor elaborada y contener los estudios necesarios para determinar los padecimientos del actor, emite un laudo totalmente incongruente, toda vez que en el juicio se aportaron tres periciales médicas, lo cual indica con toda claridad que se trata de una prueba colegiada y, por lo tanto, arguye que la Junta responsable tenía la obligación de estudiar todas y cada una de ellas indicando el porqué le otorgaba valor probatorio a algunas de las pruebas aportadas por las partes, así como demostrar de forma fehaciente por qué les negaba valor probatorio a otras.
Los motivos de inconformidad antes reseñados son infundados.
En efecto, contrario a lo que sostiene el impetrante, la resolutora al emitir el laudo que se combate analizó el contenido de los tres dictámenes periciales existentes en autos, como a continuación se expone: "... En cuanto a la valoración de los dictámenes médicos antes señalados, esta Junta considera que no se le puede otorgar valor probatorio alguno al dictamen rendido por el perito médico del instituto demandado, ya que hace un estudio deficiente de las constancias procesales que obran en autos; lo anterior, es en virtud de que no analiza en debida forma la integridad física del hoy actor; lo que trae como consecuencia, que no considere los padecimientos por riesgo de trabajo que presenta la parte actora, por lo que dicho dictamen contiene consideraciones y conclusiones médico-legales vagas y oscuras, carente de valor probatorio alguno, no cumpliendo con los requisitos de la materia pericial.
"Respecto al dictamen médico de la parte actora, tampoco se le puede conceder valor probatorio; en virtud de que no refiere de qué medios se valió para llegar a las consideraciones y conclusiones médicos-legales que plasmó en su dictamen correspondiente; lo que trae como consecuencia que sobrestime los padecimientos que presenta la parte actora en cuanto a las valuaciones de las enfermedades del orden profesional, ya que no señala los métodos de estudios médicos que llevó a cabo para poder establecer sus conclusiones en el dictamen respectivo; esto es, la causa o el motivo por el cual a su criterio es procedente el porcentaje de las valuaciones hechas respecto de los diagnósticos que consideró como padecimientos del orden profesional; por tanto, el dictamen pericial en estudio no cumple con los requisitos de la materia pericial.
"En cuanto al dictamen médico tercero en discordia, se le concede valor probatorio pleno, debido a los estudios médicos especializados y complementarios que le realizó al hoy accionante, que lo llevaron a precisar en forma clara sus padecimientos y a determinar en su conclusión médico-legal de manera adecuada del porqué de sus diagnósticos y de su valuación, y tomando en cuenta que éste se valió y consideró mayores y mejores elementos suficientes e indubitables, que forman convicción a esta Junta, ya que precisa en forma debida del porqué los padecimientos que le diagnosticara son del orden profesional. Además de que las objeciones hechas por el apoderado del instituto demandado no son lo suficientemente convincentes para restar valor probatorio al dictamen rendido por el perito médico tercero en discordia. En consecuencia, dicho dictamen resulta ser minucioso y pormenorizado por las razones anteriormente señaladas ..."
Como puede apreciarse, en la emisión del laudo que se combate la autoridad responsable tomó en consideración el contenido de los tres dictámenes periciales, y en cuanto al peritaje efectuado por el especialista médico propuesto por la actora le negó eficacia jurídica; de igual manera niega valor al rendido por el perito propuesto por el instituto demandado, pues en opinión de la resolutora, carece de eficacia probatoria, porque al concluir que el actor no padece enfermedad profesional o general de ninguna especie, realiza un estudio deficiente de las constancias procesales y no analiza en forma debida la integridad física del actor, en tanto que al referirse al dictamen rendido por el perito médico tercero en discordia estableció que el mismo tiene pleno valor al haber practicado los estudios médicos especializadas y complementarios.
Agrega el promovente del amparo que la responsable no motivó ni fundamentó el laudo reclamado, pues no valoró que su perito exhibió un dictamen constante de ocho fojas útiles acompañándolo de catorce anexos, los cuales se refieren a los estudios y resultados de carácter médico-científico sobre los cuales opinó, perfeccionando con ello dicho medio probatorio y probando fehacientemente que el actor fue valorado, revisado, estudiado y sometido a una completa auscultación, y no como los dictámenes del perito del actor y del tercero en discordia, los cuales sólo refieren haber practicado tal o cual estudio y que con base en tal supuesto se obtuvo tal o cual resultado, lo que dio origen a un laudo carente de motivación y fundamentación.
Tal afirmación carece de sustento.
Esto es así, toda vez que el valor probatorio que se le reconoce a un dictamen producto del desahogo de la prueba pericial médica no depende de que el especialista de que se trate acompañe al mismo o no los estudios que le practicó al actor y el resultado de los mismos, sino del prudente arbitrio de la resolutora que, como lo disponen los numerales 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, debe analizar los autos en conciencia, en forma congruente con la demanda, la contestación y todo aquello que las partes hayan hecho valer oportunamente en el juicio, a buena fe guardada y sin sujetarse a reglas ni formulismos sobre estimación de las pruebas, siempre y cuando exprese con claridad las razones que tuvo para resolver en los términos en los que lo haga.
Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que si de acuerdo a lo que establece el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, el perito tiene conocimientos sobre la ciencia o arte respecto de la que emite su dictamen y su función es opinar para auxiliar al juzgador a alcanzar la verdad de los hechos sobre los que tiene que resolver, entonces es innecesario que a su dictamen acompañe los estudios practicados al trabajador, siempre y cuando en él indique cuáles realizó, cuál fue su resultado y a qué conclusiones llegó, porque esto orientará a la resolutora sobre la verdad legal de la controversia que le fue planteada.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.3o. J/29, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este tribunal comparte, publicada en la página 1312 del Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes:
"PERICIAL. BASTA CON EXPRESAR EN EL DICTAMEN LAS CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES EN QUE SE APOYÓ EL PERITO PARA EMITIRLO. El perito es un auxiliar técnico de los tribunales, en determinada materia y como tal, su dictamen constituye opinión ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas bajo el leal saber y entender de personas versadas en materias que requieren conocimientos especializados, expresados en forma lógica y razonada, que proporcionen al juzgador elementos suficientes para orientar su criterio en materias que éste desconoce; por tanto, resulta intrascendente que aquél omita adjuntar los resultados de los estudios de gabinete que practicó con la finalidad de emitir su dictamen, pues es suficiente que la Junta responsable atienda a las consideraciones fundamentales de las peritaciones en que se apoyó el mismo."
A continuación se procede al estudio conjunto del primero y el tercero de los conceptos de violación, atendiendo al hecho de que en ellos se duele de la condena al pago de la pensión por incapacidad parcial permanente.
En el primer concepto de violación el instituto quejoso aduce que se violan en su perjuicio las garantías individuales que le conceden los artículos 14 y 16 constitucionales, por antijurídica aplicación de los artículos 686, 840, fracciones III, IV y VI, 841, 842, 848 y 885, fracciones II, III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, porque lo condena al "... Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social: del reconocimiento que haga al actor en el sentido de que sufre enfermedad de orden profesional determinadas por el perito tercero en discordia, consistentes en: 1. Cortipatía bilateral mixta secundaria a trauma acústico crónico y proceso degenerativo que condiciona una hipoacusia bilateral combinada del 11%. 2. Bronquitis crónica industrial ...", sin razón y sin fundamento en lo reclamado en el escrito de demanda laboral, no obstante de haberse manifestado en el escrito de contestación a la demanda que las supuestas enfermedades que refería el actor no se encontraban jurídicamente acreditadas, en razón de no cumplir con lo previsto por la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo.
También que en relación al padecimiento denominado "cortipatía bilateral" el perito médico tercero en discordia lo consideró del orden profesional por tener relación de causa-efecto con su ambiente, sin embargo, arguye que dicho facultativo, por no ser perito en materia de derecho, emitió un juicio equívoco, toda vez que del artículo 513, fracción 156, de la Ley Federal del Trabajo, en su apartado denominado de las enfermedades endógenas, hipoacusia y sordera, lo serán aquellos trabajadores expuestos a ruidos y trepidaciones, como los laminadores, trituradores de metales, tejedores, coneros y trocileros, herreros, remachadores, telegrafistas, radiotelegrafistas, telefonistas, aviadores, probadores de armas y municiones, y que el actor refiere haber laborado como obrero y ayudante general, sin que el accionante haya probado conforme a derecho tal aseveración.
Además, el promovente del amparo agrega que tales categorías no se adecuan a las previstas en la ley y que la parte actora omitió rendir las pruebas necesarias para acreditar el nexo causal entre la relación causa-efecto, trabajo-daño, pues no rindió aquellas para probar tiempos de exposición a agentes y medio ambiente contaminantes, profesiogramas, testimoniales, confesionales, inspecciones, pericial técnica, etc., no justificándose, en su opinión, la aplicación del artículo 17 de la ley laboral, en razón de que la actividad que desarrolló en sus empleos no guarda ninguna relación de causa-efecto, trabajo-daño "... siendo que estos aspectos no son generados por situaciones de normatividad, sino de orden orgánico-funcional ..."
En el mismo concepto de violación el peticionario de garantías también aduce que por cuanto hace a la enfermedad bronquitis crónica industrial, la misma no se encuentra contemplada por el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, resultando contradictoria con la supuesta fibrosis neumoconiótica a que se refiere el perito tercero en discordia; por tanto, el tercero en discordia tuvo que realizar visita armada al centro de trabajo en el que prestó sus servicios el demandante; además de que la calificación que alcanzó este padecimiento resulta infundada, toda vez que el perito tercero dice cuantificar la misma con fundamento en el artículo 514, fracción correspondiente a fibrosis neumoconiótica, enfermedades diferentes entre sí y padecimiento que no se encuentra consignado como enfermedad profesional en el artículo 513 de la ley laboral y que relacionándolo con el artículo 476 de la misma ley, se establece la presunción de la profesionalidad sólo en el caso de que el trabajador portador de diverso padecimiento tiene alguna de las actividades previstas en el referido numeral y se desempeña en el ambiente laboral que los peritos médicos en el presente juicio omitieron establecer, por lo que estima que a pesar de corresponderle la carga de la prueba al demandante, éste no demostró la profesionalidad de dicho padecimiento.
Asimismo, aduce el promovente del amparo que tratándose de las enfermedades enunciadas en la tabla del artículo 513 del ordenamiento citado, el trabajador debe acreditar su puesto específico, así como sus labores habituales y el tiempo que lo ha desempeñado, toda vez que las enfermedades profesionales obedecen a un concepto de progresividad (sic) o sea, que la repetición de una causa por largo tiempo provoca en el trabajador un padecimiento que entonces sí reviste el carácter de profesional.
Sobre el particular, en el tercer concepto de violación el instituto quejoso arguye que se le condenó considerando que el perito tercero en discordia al emitir su dictamen, en sus conclusiones estableció que los padecimientos son de origen profesional por tener relación causa-efecto con su ambiente laboral, pero sin que de la misma prueba pericial se desprenda con claridad que dicho perito hubiese realizado pruebas de campo o del ambiente laboral en el que se desenvolvió el hoy tercero perjudicado, y agrega que el simple hecho de que el actor en su escrito inicial de demanda considerara que los padecimientos que presenta en la actualidad son como consecuencia de su ambiente laboral, no es motivo suficiente para que el perito lo estimara como cierto, sin que mediaran elementos de convicción para considerar que verdaderamente los padecimientos son consecuencia de su ambiente laboral, por lo que considera que la Junta responsable al no tener los elementos de convicción suficientes para acreditar la relación de causa-efecto, tenía la obligación de absolverlo del reconocimiento de las enfermedades de tipo profesional.
Los motivos de inconformidad antes reseñados son inatendibles en un aspecto, infundados en otro e inoperantes en uno más.
Son inatendibles los que expresa en el sentido que el actor omitió ofrecer las pruebas indispensables para acreditar las categorías desarrolladas, o bien, las indispensables para acreditar el nexo causal trabajo-daño, tales como testimoniales, confesionales, inspecciones y pericial técnica para acreditar el ambiente laboral, porque el juicio de amparo no tiene por objeto analizar cuestiones que debieron haber ocurrido y no se efectuaron dentro del procedimiento y también, precisamente, porque no es posible examinar aspectos que no forman parte de la instrumental de actuaciones, como en este caso sería pruebas que debieron ser ofrecidas por la contraparte, pero que no las propuso.
Son infundados, porque para resolver en los términos en los que lo hizo en los considerandos tercero, cuarto y quinto del laudo reclamado, la Junta del conocimiento enumeró, examinó y determinó el valor probatorio de los elementos de convicción ofrecidos por las partes que fueron admitidos y desahogados en su oportunidad, los cuales estimó suficientes para resolver en los términos en los que lo hizo, de donde deriva lo infundado de las afirmaciones que sobre el particular esgrime el instituto demandado.
Finalmente, los motivos de inconformidad a estudio son inoperantes por las razones siguientes:
Porque al combatir el laudo impugnado el solicitante del amparo únicamente esgrimió que la autoridad responsable indebidamente concluyó que del resultado del desahogo de la prueba pericial médica, en particular del dictamen del perito médico tercero en discordia, se desprende que el reclamante padece, como de origen profesional, la enfermedad bronquitis crónica industrial, bajo el argumento de que la referida probanza no es el elemento de convicción idóneo para acreditar el medio ambiente laboral al que el trabajador estuvo expuesto y que para ello debió ofrecer diversos elementos de convicción, por lo que, en su opinión, la resolutora lo condenó tomando en consideración únicamente las conclusiones que emitió el perito médico tercero en discordia como consecuencia del desahogo de la prueba pericial médica.
Ahora bien, la autoridad responsable al resolver la controversia que le fue planteada se pronunció respecto a las distintas categorías laborales que desempeñó el actor en sus diferentes fuentes de trabajo y las actividades físicas que con ese motivo realizó, así como a las sustancias a las que estuvo expuesto en las instalaciones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18838-c8a52dbd/perito-medico-tercero-en-discordia-si-es-oficial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACTO RECLAMADO EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROPIO SEÑALAR COMO TAL A PARTE O A TODO EL PROCEDIMIENTO LABORAL. (AMPARO DIRECTO)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FORMULADOS POR EL PATRÓN. SON INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN CASI IDÉNTICA DE LAS MANIFESTACIONES INVOCADAS AL CONTESTAR LA DEMANDA. (AMPARO DIRECTO)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. (AMPARO DIRECTO)
- INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. ILEGALIDAD EN SU APERTURA. (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- APLICACION DE LA LEY. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis