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Modo: Corpus Pro

ACTO RECLAMADO EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROPIO SEÑALAR COMO TAL A PARTE O A TODO EL PROCEDIMIENTO LABORAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 536/2010. · Registro digital (IUS): 22893
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 888.

AMPARO DIRECTO 536/2010. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados.

En el primer concepto de violación, el instituto quejoso, aduce que se transgreden en su perjuicio las garantías consignadas en el artículo 14 de la Constitución, así como los numerales 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que la Junta responsable condenó al demandado a que reconociera a la actora una antigüedad efectiva, siendo que la pretensión de aquélla fue el reconocimiento de una antigüedad genérica, sin que posteriormente haya precisado o aclarado tal petición y sin que se advierta que su verdadera intención haya sido otra.

Agrega, que se trata de dos reclamaciones distintas, pues la antigüedad efectiva implica el reconocimiento de ciertos derechos al trabajador, plasmados en el contrato colectivo de trabajo y, por su parte, la antigüedad genérica engendra algunos derechos, pero no para efectos de ascensos o movimientos de personal, ni tampoco para el pago de diferencias de salarios y prestaciones extralegales, ya que la antigüedad no formaba parte de las condiciones generales de trabajo y que es a partir de que el trabajador adquiere la categoría de base, cuando surgen sus derechos a disfrutar de los beneficios derivados de ella, y no desde el día en que empieza a contar la antigüedad genérica reconocida.

El argumento que se analiza resulta infundado, en atención a lo siguiente:

Por una parte, es cierto que la actora reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora quejoso, el reconocimiento de una antigüedad genérica, pues de su escrito inicial de demanda se advierte lo siguiente:

"Es importante señalar que la acción intentada es para hacer vigente el reconocimiento de una antigüedad genérica, ya que no se está reclamando ninguna prestación, ni aumento salarial, ninguna mejora de tipo contractual, en tal virtud, el citado derecho no se extingue por falta de ejercicio, en tanto subsista la relación laboral, ya que no está sujeto a prescripción, ya que el derecho se actualiza cada día que transcurre, y en el presente caso se reclama una antigüedad genérica ..." (foja 1 de los autos del juicio laboral).

Sin embargo, no es verdad que al haber condenado a la parte demandada al reconocimiento de una antigüedad efectiva a favor de la actora, la Junta responsable haya sido incongruente con la prestación reclamada, en razón de que se trataba de dos situaciones distintas.

A fin de demostrar lo anterior, es necesario precisar que existen dos clases de antigüedad, a saber:

1) La antigüedad genérica o de empresa, que es la que se crea de manera acumulativa mientras la relación contractual esté vigente; se adquiere desde el primer día de servicios y se actualiza cada día que transcurre en tanto subsista la relación laboral; y,

2) La antigüedad de categoría en una profesión u oficio, que es la que sirve para obtener ascensos escalafonarios.

A lo expuesto es aplicable, la jurisprudencia emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente:

"ANTIGÜEDAD, CONCEPTOS DE LA. Hay que distinguir dos clases de antigüedad: La primera es la antigüedad genérica, que es la que se crea de manera acumulativa mientras la relación contractual esté vigente y el derecho a su reconocimiento no se extingue por su falta de ejercicio, en tanto subsista la relación laboral, ya que se actualiza cada día que transcurre. La segunda es la antigüedad de categoría en una profesión u oficio que sirve de base para obtener ascensos, en este caso la acción de su reconocimiento sí es prescriptible, por falta de ejercicio en tiempo oportuno."

Así también es aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Cuarta Sala en mención, publicada en la página 74, Volúmenes 217-228, Quinta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"ANTIGÜEDAD DE EMPRESA Y ANTIGÜEDAD DE CATEGORÍA. Deben distinguirse dos clases de antigüedad, la primera de las cuales es la antigüedad de empresa o genérica, que adquieren los trabajadores desde el primer día de servicios. Esta antigüedad produce varios efectos en beneficio del trabajador, entre ellos el que, en su oportunidad y de acuerdo con las prevenciones contractuales, se le otorgue la jubilación. La otra antigüedad es la de categoría en una profesión u oficio, cuyo beneficio principal se traduce en la inclusión del trabajador en las correspondientes listas escalafonarias, que sirven de base para la obtención de ascensos dentro de la correspondiente categoría."

Ahora bien, de la documental aportada por el instituto quejoso al procedimiento laboral, consistente en copia simple del Contrato Colectivo de Trabajo Bienio 2005-2007, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a la cual la Junta le otorgó valor probatorio, se advierten las siguientes cláusulas:

"Cláusula 108. Derechos de Antigüedad General. Los derechos de antigüedad general son los definidos en el capítulo I de este contrato y solamente se afectarán por las causas expresadas en la fracción II de la cláusula 30 de este mismo instrumento.

"Capítulo I. Definiciones. Cláusula 1. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de este Contrato, se establecen las siguientes definiciones:

"Derechos de antigüedad general: Son aquellos que adquiere un trabajador contratado directamente por el instituto, por el hecho de haber prestado sus servicios dentro del sistema y cuya cuantía crece con el tiempo, salvo los casos de excepción consignados en este contrato.

"Cláusula 30. Cómputo del Tiempo de Servicios

"I. Periodos que se incluyen. Además de los días que un trabajador haya laborado deberán incluirse también los de incapacidad provenientes de riesgo de trabajo en los términos de la cláusula 91, los días de descanso, los no laborables, los de vacaciones, los que comprendan los períodos permanentes o temporales para labores sindicales, las ausencias motivadas por enfermedades, accidentes no profesionales y por maternidad, lo señalado en la fracción I de la cláusula 41, en el tercer párrafo de la cláusula 112, y en el Reglamento de Becas para la Capacitación de los Trabajadores del Seguro Social, en sus términos; los períodos utilizados en las instalaciones del Instituto para obtener certificado de especialización y las causadas por privación de la libertad relacionada con el cumplimiento de sus labores. La base de datos existente en el Sistema Integral de Administración de Personal, debe considerarse como documento oficial con valor probatorio pleno, para reconocimiento de la antigüedad efectiva laborada al servicio del Instituto; asimismo, cualquier documento utilizado por el instituto para efecto de cobro de cuotas. A partir de la vigencia del presente contrato, se reconocerán como antigüedad, los días de incapacidad por maternidad pagadas por el instituto a las trabajadoras, durante los periodos de contratación por sustitución, una vez que sean contratadas como trabajadoras de base, este reconocimiento se hará efectivo con un año de retroactividad como máximo (16 de octubre del 2002).

"II. Periodos que no se incluyen. No se incluirán en el cómputo del tiempo de servicios de un trabajador, las faltas injustificadas al servicio, ni los permisos motivados por causas diversas a las que menciona la fracción I de esta cláusula." (fojas 105 y 106, 113, 114 y 123 del juicio laboral).

De lo anterior, se deduce que dentro del citado contrato colectivo de trabajo, se prevé un sistema que regula lo concerniente a los derechos de antigüedad general, el cual se rige por las cláusulas 1, 30 y 108 de tal contrato.

Así, se advierte que los derechos de la antigüedad general son aquellos que adquiere el trabajador al prestar sus servicios para el instituto y cuya cuantía crece con el tiempo, salvo los casos de excepción consistentes en las faltas injustificadas al servicio y los permisos motivados por causas diversas a las mencionadas en la fracción I de la cláusula 30 de dicho contrato. Lo que se ajusta a la definición de antigüedad genérica aportada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se precisó precedentemente, que es la que se crea de manera acumulativa en el tiempo, mientras tanto subsista la relación laboral.

También, se observa que en la fracción I de la cláusula 30 del contrato colectivo de trabajo, se dispone que la base de datos existente en el Sistema Integral de Administración de Personal, debe considerarse como documento oficial con valor probatorio pleno, para reconocimiento de la antigüedad efectiva laborada al servicio del instituto; es decir, la cláusula hace referencia expresa al concepto de "antigüedad efectiva."

En esos términos, al encontrarse tal título "antigüedad efectiva", dentro del sistema que rige los derechos de antigüedad general, la cual, como se vio, se ajusta a la definición de antigüedad genérica, se estima que el concepto de "antigüedad efectiva" se refiere al tiempo que el trabajador efectivamente ha laborado al servicio del instituto y que éste le reconoce.

Por tanto, la antigüedad efectiva no se trata de una diversa a la antigüedad genérica, como lo considera el instituto quejoso.

Consecuentemente, la Junta responsable no fue incongruente con la pretensión reclamada por la parte actora, al condenar al instituto demandado a reconocerle una "antigüedad efectiva", por lo que no se vulneraron en perjuicio del instituto quejoso las disposiciones legales que cita; y por estos motivos, resulta infundado el concepto de violación analizado.

En el segundo concepto de violación alega el instituto quejoso la improcedencia de la vía, argumentando que el procedimiento correcto era el especial y no el ordinario, acorde con lo dispuesto por el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, agrega que la parte actora promovió la acción de reconocimiento de antigüedad establecida en el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, la Junta responsable debió tramitar la demanda como un procedimiento especial, regulado por los artículos 892 al 899 de la mencionada ley, siendo que la Junta responsable al darle trámite lo fundamentó en los artículos 870, 871 y 873 de la ley de la materia, y en consecuencia, al llevar a cabo la audiencia trifásica, así como las subsecuentes o subsidiarias audiencias y restantes actuaciones del juicio laboral hasta el dictado del laudo, violó las garantías de legalidad y seguridad jurídica prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Resulta infundado el concepto violación analizado, y para sustentar lo anterior es necesario transcribir los artículos de la Ley Federal del Trabajo, en los que sustenta su concepto de violación.

"Artículo 158. Los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad.

"Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u oficio y ordenará se le dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir la resolución de ésta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje."

"Artículo 892. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5o. fracción III; 28, fracción III; 151; 153, fracción X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 389; 418; 425, fracción IV; 427 fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503 y 505 de esta ley y los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios."

"Artículo 893. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la Junta competente, la cual con diez días de anticipación, citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 de esta ley."

"Artículo 894. La Junta, al citar al demandando, lo apercibirá que de no concurrir a la audiencia a que se refiere el artículo siguiente, dará por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo que sean contrarias a lo dispuesto por la ley."

"Artículo 895. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes:

"I. La Junta procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 876 de esta ley;

"II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido admitidas;

"III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 931 de esta ley; y

"IV. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución."

"Artículo 896. Si no concurre el actor o promovente a la audiencia, se tendrá por reproducido su escrito o comparecencia inicial, y en su caso, por ofrecidas las pruebas que hubiere acompañado. Si se trata de la aplicación del artículo 503 de esta ley, la Junta, dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las personas que ejercitaron derechos derivados de las prestaciones que generó el trabajador fallecido.

"Cuando se controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios, se suspenderá la audiencia y se señalará su reanudación dentro de los quince días siguientes, a fin de que las partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos.

"Si no concurren las demás partes, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo 894 de esta ley."

De lo transcrito se concluye, que la demanda promovida por la trabajadora en contra del instituto quejoso, no encuadra dentro de la hipótesis del artículo 158 de la ley laboral, en atención a que de la lectura de la demanda laboral interpuesta por la entonces trabajadora, claramente se advierte que reclamó el reconocimiento de su antigüedad genérica, y no la antigüedad de categoría en una profesión u oficio prevista en el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo; lo anterior queda plenamente acreditado con lo narrado en el segundo párrafo del segundo hecho de la demanda laboral, la cual en su parte conducente textualmente expresa lo siguiente:

"... Es importante señalar que la acción intentada es para hacer vigente el reconocimiento de una antigüedad genérica, ya que no se está reclamando ninguna prestación, ni aumento salarial, ninguna mejora de tipo contractual, en tal virtud, el citado derecho no se extingue por falta de ejercicio, en tanto subsista la relación laboral, ya que no está sujeto a prescripción, ya que el derecho se actualiza cada día que transcurre, y en el presente caso se reclama una antigüedad genérica, ya que mi poderdante viene laborando en forma continua desde el día seis de noviembre de 1982, y la demandada únicamente le reconoce la antigüedad de 11 años con 02 quincenas. Permitiéndome transcribir la siguiente tesis de jurisprudencia aplicable al caso ..."

Por lo que, en consecuencia, no era correcto que la Junta responsable declarara improcedente la acción intentada, y por ello la Junta responsable llevó correctamente a cabo el procedimiento laboral como juicio ordinario. Por lo anterior, se considera que no existe violación a las garantías constitucionales, por parte de la autoridad responsable al no haber llevado a cabo todo el procedimiento en una sola audiencia como lo establece el último de los artículos transcritos; de ahí que se considere que su argumento resulta infundado.

En el tercer concepto de violación, el quejoso manifiesta que el tribunal laboral, en el cuarto de los considerandos del laudo combatido, conculca en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, por inobservancia del principio de fundamentación de la causa legal del procedimiento, relacionado con el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo.

Que la Junta responsable, al inicio del cuarto considerando, sostiene: "... Fijada que ha sido la litis en el considerando II de la presente resolución, la carga de la prueba corresponde a la parte demandada, en ese orden de ideas, se analiza en primer término el material probatorio de la parte actora, quien ofrece ..."

Agrega, que de tal consideración, no se desprende que la autoridad responsable hubiera fundamentado la razón o el porqué, la carga probatoria le correspondía, sin justificar el extremo apoyándose en determinado artículo o disposición legal aplicable al caso.

Es infundado el argumento que se analiza, pues de la lectura del laudo reclamado, se advierte que la Junta responsable fundó su determinación de conformidad con el artículo 784, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, ya que al respecto manifiesta lo siguiente:

"IV. Fijada que ha sido la litis en el considerando III de la presente resolución, la carga de la prueba corresponde a la parte demandada, acorde a lo que dispone el artículo 784, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; ..." (lo subrayado es de este tribunal), y con ello no se vulneran sus garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, pues el artículo 784, fracción II, de la ley laboral, a la letra dice: "Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... II. Antigüedad del trabajador; ..." (foja 258 del juicio laboral).

De ahí que, por estos motivos, resulta infundado el argumento que se analiza.

En el cuarto concepto de violación, arguye el instituto quejoso, que la autoridad responsable, al apreciar los hechos narrados por la parte actora en su demanda y las constancias existentes en las actuaciones procesales, no lo hizo a conciencia y a verdad sabida como lo obliga el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que, de haberlo hecho, se hubiera dado cuenta que la parte actora ejerció la acción de acumulación de su antigüedad eventual, y no la de reconocimiento de antigüedad genérica, lo que vulneró sus garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 14 constitucional.

Resulta infundado el concepto de violación, toda vez que de la acción promovida por la actora ante la autoridad responsable, de los capítulos de prestaciones y de hechos, se advierte que reclamó el reconocimiento de la antigüedad genérica como trabajadora al servicio del demandado, hoy quejoso, a partir del seis de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.

Lo anterior se advierte, de los citados capítulos de prestaciones y hechos en la demanda laboral que a continuación se transcribe:

"I. Se reclama para la C. Gloria Elvira Montilla Domínguez, el reconocimiento como trabajador al servicio de la demandada Instituto Mexicano Del Seguro Social, a partir del día seis de noviembre de 1982, fecha en la cual según dicho de mi poderdante empezó a prestar sus servicios como trabajador, y en agosto de 1984 a julio de 1985 realizó su internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y de agosto de 1985 a julio de 19865 (sic) realizó su servicio social, en ese tiempo se le otorgó como matrícula la No. 7350066 y posteriormente fue cambiada a la 111333317, desde su fecha de ingreso ha laborado continuamente hasta la fecha y actualmente presta sus servicios como médico de salud en el trabajo en la Unidad de Medicina Familiar No. 65 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mas sin embargo únicamente se le reconoce una antigüedad a la presente fecha de 11 años 5 quincenas ... Es importante señalar que la acción intentada para hacer vigente el reconocimiento de una antigüedad genérica ..." (foja 1 del juicio laboral).

Por tanto, si la parte actora del juicio laboral, únicamente exteriorizó que su deseo era que se le reconociera una antigüedad genérica, la Junta responsable al haberlo considerado así, no vulneró las garantías previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No pasa inadvertido para este cuerpo colegiado que el instituto quejoso señaló también como actos reclamados el auto de radicación de la demanda laboral, la celebración de la audiencia trifásica, así como las subsecuentes audiencias y actuaciones llevadas a cabo hasta antes del dictado del laudo impugnado en esta vía constitucional, pues cabe señalar que en casos como el de la especie, es impropio señalar parte o todo el procedimiento laboral como "acto reclamado" en la demanda de garantías y tenerlo como tal en la sentencia, en virtud de que el juicio de amparo directo, sólo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser revocados o nulificados (artículo 158 de la Ley de Amparo) y porque en la demanda de amparo, entre otros requisitos, deberá expresarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto reclamado; y si se reclamaren violaciones a las leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado (artículo 166, fracción IV, de la ley de la materia); de lo anterior cabe concluir que el acto reclamado en relación con el cual debe existir un pronunciamiento en la parte resolutiva de la sentencia de amparo, es el laudo impugnado y no así las actuaciones de la Junta responsable habida durante la secuela del proceso laboral, ya que éstas sólo pueden ser combatidas vía conceptos de violación y examinadas en la parte considerativa del fallo, siempre y cuando sea procedente el amparo contra el correspondiente laudo o resolución que haya puesto fin al juicio laboral.

No resulta óbice a la anterior consideración la circunstancia de que por auto de presidencia de este cuerpo colegiado, de fecha dos de julio de dos mil diez, se hubiere admitido la demanda de amparo, sin haberse hecho la consideración anterior respecto al acto reclamado, pues es de explorado derecho que los autos de presidencia no causan estado y, por ende, no obligan al Pleno de este cuerpo colegiado.

Fundamenta lo antes expuesto, la tesis aislada número 1a. LXXIX/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 406, Tomo XXXI, abril de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:

"AUTOS DE PRESIDENCIA. A PESAR DE QUE POR REGLA GENERAL NO SON DETERMINACIONES QUE CAUSEN ESTADO RESPECTO DEL TRIBUNAL EN QUE SE DICTAN, SI PUEDEN QUEDAR FIRMES Y PRODUCIR CONSECUENCIAS PROCESALES DENTRO Y FUERA DEL PROCEDIMIENTO CUANDO PRECLUYE EL DERECHO A RECLAMARLOS, Y SE ASUMEN POR EL ÓRGANO COLEGIADO CONFIRMÁNDOLOS EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE.-Los autos de presidencia pronunciados durante la instrucción de los diferentes procedimientos seguidos ante los órganos jurisdiccionales de composición colegiada no causan estado y por eso pueden ser revocados, modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposición o regularización del procedimiento por aquéllos; sin embargo, lo anterior no debe entenderse de manera que toda determinación contenida en esta clase de proveídos no causa estado ni tiene consecuencias procesales. Por el contrario, dichas actuaciones no dejan de representar resoluciones jurisdiccionales emitidas por autoridad competente que pueden causar perjuicio a las partes y definir un aspecto de derecho, por eso son impugnables a través del recurso de reclamación previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, que de no interponerse ocasiona la preclusión en términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que lleva a inferir que las decisiones contenidas en tales actuaciones se encuentren jurídicamente consentidas y producirían efectos procesales tanto en el procedimiento correspondiente como fuera de éste. Por tanto, si los autos de trámite de los presidentes de los tribunales colegiados de circuito no causan estado frente a las determinaciones del Pleno del órgano jurisdiccional al que pertenecen, no menos cierto es que la razón de eso es que un proveído presidencial no representa, en sí mismo, una decisión jurisdiccional definitiva de dicho órgano, en tanto no sea confirmado por la totalidad de la composición del mismo, cuyas decisiones se toman por unanimidad o mayoría de votos conforme a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que ocurre -de manera especial- después de que se interponga el recurso de reclamación confirmando la determinación presidencial, y -de manera general- cuando se dicte la sentencia colegiada por el tribunal que concluya su intervención, sin ordenarse la reposición del procedimiento o la corrección de la decisión presidencial, lo cual representa una aceptación implícita del tribunal en relación con todas las actuaciones y decisiones procesales de trámite tomadas por su presidente durante la instrucción, pues si se presentan los supuestos citados, los autos presidenciales pueden quedar firmes y regir situaciones específicas surtiendo efectos no sólo en el procedimiento en el cual se dictaron, sino fuera de éste."

Atento a todo lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, lo que procede es negar al instituto quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto Mexicano del Seguro Social, contra el acto y autoridad que han quedado especificados en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese; publíquese, dése de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, anótese en el libro de gobierno y con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente expediente.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Artemio Hernández González, María Teresa Zambrano Calero y José Luis Gómez Molina, lo resolvió el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en Ciudad Juárez, firmando en su carácter de presidente el primero y como ponente del asunto el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22893-faa7c447/acto-reclamado-en-amparo-directo-es-impropio-senalar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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