AMPARO ADHESIVO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ADUCIDOS RESPECTO DE VIOLACIONES PROCESALES SON INOPERANTES EN UN AMPARO DIRECTO, CUANDO EXISTIERON DESDE UN PRIMER LAUDO Y NO FUERON IMPUGNADAS, AUN CUANDO SE HUBIERA OBTENIDO SENTENCIA FAVORABLE.
AMPARO DIRECTO 76/2016. RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL. 12 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIA: GABY SOSA ESCUDERO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Previo al estudio de los conceptos de violación se reseñan los siguientes antecedentes.
********** demandó de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, entre otras prestaciones de carácter laboral, la reinstalación en el puesto de auxiliar de estacionamiento y lavado, por haber sido despedido injustificadamente el veintiséis (26) de agosto de dos mil nueve (2009), salarios caídos, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional de dos mil ocho y dos mil nueve (2008-2009) y fondo de ahorro.
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal negó acción y derecho a la parte actora, ya que no fue despedido justificada ni injustificadamente, sino que al incurrir en la falta prevista en el artículo 47, fracciones II y XV, de la Ley Federal del Trabajo, se rescindió la relación laboral por falta de probidad y honradez, ya que el once (11) de agosto de dos mil nueve (2009) aproximadamente a las dos horas con cuarenta y nueve minutos (2:49), en las instalaciones que ocupa el módulo 23 de la demandada, se le encontró dentro de su auto particular durmiendo en su jornada laboral, siendo descubierto por los CC. **********, ********** y **********, situación que fue debidamente detallada en el acta de hechos de doce (12) de agosto de dos mil nueve (2009) a la que comparecieron a declarar **********, ********** y **********, en la Gerencia de Procesos, Gestoría e Indemnizaciones de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, ante la Lic. ********** y le manifestaron los hechos ocurridos en la fecha citada, al encontrar el trabajador durmiendo dentro de su horario, en el centro de trabajo. (fojas 62 a 63)
La Junta responsable dictó un primer laudo, en el cual fijó la litis y absolvió de las prestaciones reclamadas, ya que con la confesión ficta del actor y los recibos de pago que ofreció la parte demandada, se demostró la subsistencia de la relación laboral entre las partes en la fecha en que se dijo despedido (26 de agosto de 2009), en la que se precisó la rescisión de la relación laboral el nueve (9) de septiembre de dos mil nueve (2009).
Inconforme con esa determinación ********** promovió juicio de amparo del que conoció este Tribunal Colegiado de Circuito con el amparo directo DT. 2167/2014, y por ejecutoria de nueve (9) de julio de dos mil quince (2015), se concedió el amparo para el efecto de que la Junta responsable: 1. Dejara insubsistente el laudo reclamado; 2. Dictara otro en el que examinara las pruebas que obran en autos y analizara si en la especie se acreditaba el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 47, parte final, de la Ley Federal del Trabajo; 3. Se pronunciara respecto de las prestaciones demandadas y que tienen relación con el despido injustificado como corresponda; 4. Atendiera el reclamo del pago del fondo de ahorro, conforme le fue planteado en el escrito de demanda, aclaración y contestación, prescindiendo de la consideración de que debían dejarse a salvo los derechos del quejoso; y, 5. Reflejara la consideración relativa a la condena de entrega de las constancias de aportaciones ante el IMSS, Infonavit y SAR a nombre del quejoso, en los puntos resolutivos.
En cumplimiento a la ejecutoria, la Junta responsable dictó el laudo que ahora se impugna en el cual determinó que no tenían valor probatorio las pruebas documentales ofrecidas por la parte demandada ya que "no se logró su ratificación correspondiente", y, por lo tanto, carecen de valor probatorio para demostrar que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se tenía por cierto que fue despedido injustificadamente el trabajador el veintiséis (26) de agosto de dos mil nueve (2009), ya que tampoco se demostró la subsistencia de la relación laboral, por lo que condenó a la reinstalación, pago de salarios caídos e incrementos (ordenó abrir incidente de liquidación) y a la entrega de las constancias de aportaciones al IMSS, Infonavit y SAR (Afore) y al pago del fondo de ahorro, para lo cual ordenó abrir el incidente de liquidación.
Inconforme con esa determinación, el quejoso aduce, en parte, que la Junta responsable dictó un laudo totalmente ilegal en cumplimiento a la ejecutoria emitida el nueve (9) de julio de dos mil quince (2015), dictada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo **********, ya que se condenó al pago de las prestaciones reclamadas por el tercero interesado, sin analizar y valorar las pruebas ofrecidas en el juicio.
El argumento reseñado es inoperante porque se encuentra encaminado a impugnar una consideración que no puede ser examinada en el juicio de amparo, pues se aduce que la autoridad responsable dictó un laudo carente de fundamentación y motivación, ya que no analizó las pruebas ofrecidas en el juicio, aun cuando se dictó en cumplimiento de los efectos de la ejecutoria dictada en el amparo directo ********** del índice de este órgano colegiado; sin embargo, el análisis de que si la Junta laboral cumplió o incumplió con ese fallo protector, no puede ser materia de un nuevo juicio de amparo, ya que no es la vía, por lo que resulta inoperante el disenso.
Por otra parte, el quejoso alega que la autoridad responsable incorrectamente restó valor probatorio a las pruebas identificadas con los numerales 2.1 al 2.8, 3.1 y 3.2 de su escrito de pruebas por el simple hecho de considerar de forma infundada que no fueron perfeccionadas en cuanto a su ratificación de contenido y firma, lo cual es ilegal, y lo dejó en total estado de indefensión cuando ninguna autoridad colegiada o la misma autoridad laboral ordenó el desahogo de los medios de perfeccionamiento.
Que ante la omisión de ordenar el perfeccionamiento de las pruebas documentales ofrecidas en los numerales 2.3, 2.5, 2.6 y 3.1; pero admitirlas mediante el auto de ocho (8) de noviembre de dos mil once (2011), y omitir dar los razonamientos en los que descansó su argumento para señalar que les daría valor probatorio en el laudo; se evidencia la violación procesal que le perjudica al quejoso, ya que no se ordenó el medio de perfeccionamiento, por lo que no podía negarles valor.
Los conceptos de violación reseñados resultan inoperantes, ya que de los antecedentes citados en los párrafos precedentes, se advierte que la determinación de la Junta del conocimiento, en cuanto a la violación procesal, ahora alegada, no fue impugnada en el primer laudo, pues aconteció durante la secuela procesal en la audiencia de ley, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de ocho (8) de noviembre de dos mil once (2011) (folio 164); esto es, antes de la emisión del primer laudo de veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014), por lo cual, constituye una violación al procedimiento, y no un aspecto de fondo, que no fue impugnado en el momento procesal oportuno, como lo dispone el artículo 182 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:
"Artículo 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste.
"El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes:
"I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y
"II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.
"Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del inculpado.
"Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga.
"La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer.
"El Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia."
Del artículo transcrito se aprecia la posibilidad de que la parte que obtuvo sentencia favorable y/o que tuviera interés jurídico en que subsista el acto reclamado, presente amparo adhesivo, el cual procederá únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo.
2. Cuando existan violaciones procesales que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.
3. Cuando las consideraciones hubiesen concluido en un punto decisorio que perjudique al adherente.
Por tanto, si en la especie, el quejoso tuvo conocimiento (a través de la copia de la demanda de amparo con la que se le corrió traslado), que su contraparte **********, promovió el juicio de amparo directo **********, contra el primer laudo (24 de febrero de 2014) era el momento procesal oportuno en el que el ahora quejoso debió alegar la violación procesal consistente en que no se había dado el perfeccionamiento de las pruebas documentales que ofreció en el juicio laboral para demostrar que fue despedido justificadamente y que cumplió con la parte final del numeral 47 de la Ley Federal del Trabajo de notificarle el aviso de cesación de efectos de la relación laboral, a las cuales la Junta responsable había otorgado valor probatorio, aun cuando no fueron ratificados por las personas que intervinieron en ellas; resulta evidente que el quejoso estuvo obligado a agotar en la vía del amparo adhesivo prevista en el artículo 182 de la Ley de Amparo, al tener conocimiento de la violación procesal, ahora alegada; de ahí que su argumento no puede ser analizado, por haber precluido su derecho, ya que si en aquella ocasión no promovió el citado amparo adhesivo, el disenso que ahora hace valer en el presente juicio resulta inoperante.
Lo anterior tiene apoyo en la tesis I.13o.T.132 L (10a.), emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Tomo III, septiembre de 2015, página 1905, materia común, Décima Época, con el registro digital: 2009956, «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
" Del artículo 182 de la Ley de Amparo, se advierte que la parte que obtuvo sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrán presentar amparo adhesivo al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual procederá cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo; cuando existan violaciones al procedimiento; y cuando adviertan una conclusión en un punto decisorio que le causaría un perjuicio, aun cuando se obtuviera una sentencia favorable. En este orden, respecto de las violaciones procesales, dicho numeral, en su fracción II, señala que deberán impugnarse las que ‘pudieran afectar las defensas del adherente’, lo cual lleva a considerar que la condicionante implica valorar por la contraparte del quejoso, todas aquellas violaciones que en el futuro pudieran afectarle, aun cuando no trasciendan de momento al resultado del laudo impugnado, sino que pudieran llegar a trascender al dictarse un nuevo fallo y, que de no hacerse valer, precluirá su derecho; así se advierte de la interpretación armónica de la citada fracción II, con el séptimo párrafo que, de manera imperativa, precisa que no se podrán hacer valer en otro juicio; así como lo establecido en el octavo párrafo, que dispone la obligación del Tribunal Colegiado de Circuito de analizar en su integridad la litis natural. De lo anterior se concluye que la contraparte del quejoso se encuentra obligada a promover el amparo adhesivo para impugnar las violaciones procesales existentes en el primer laudo, so pena de que el derecho de hacerlo en los amparos principales o adhesivos posteriores precluya."
"Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito."
"Amparo directo 1952/2014. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 8 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Gaby Sosa Escudero."
En esa tesitura, si se negó valor probatorio a las pruebas documentales ofrecidas en el juicio por el quejoso, la conclusión de la autoridad responsable es correcta, pues para pronunciarse respecto del fondo del asunto, debía atender a que no fueron perfeccionadas las siguientes documentales: 2.3. El acta de hechos de doce (12) de agosto (fojas 129 a 130); 2.4. El citatorio de tres (3) de septiembre; 2.5. El acta administrativa de siete (7) de septiembre; 2.6. El aviso de rescisión de nueve (9) de septiembre; 2.7. y 2.8. Las actas de hechos de diez (10) y once (11) de septiembre, todas de dos mil nueve (2009), que ofreció el quejoso para acreditar que agotó el procedimiento para cesar la relación laboral, por la falta de probidad y honradez, porque en el estado en que se encontraban debieron ser perfeccionadas; ya que la defensa de que rescindió la relación laboral ante la falta en que incurrió el trabajador era la prevista en el artículo 47, fracciones II y XV, de la Ley Federal del Trabajo, pues el once (11) de agosto de dos mil nueve (2009) aproximadamente a las dos horas con cuarenta y nueve minutos (2:49), se encontraba en las instalaciones que ocupa el módulo 23 de la demandada, durmiendo dentro su auto particular en su jornada de labores, siendo descubierto por los CC. **********, ********** y **********, situación que fue debidamente detallada en el acta de hechos de doce (12) de agosto del mismo año, y que se realizó el procedimiento de investigación para rescindir el vínculo entre las partes.
Consecuentemente, ante la excepción opuesta debe atenderse a que el acta administrativa de siete (7) de septiembre de dos mil nueve (2009), así como todas las actuaciones que llevó a cabo el patrón para justificar la rescisión de la relación laboral, son documentos que carecen de valor probatorio, ya que no fueron ratificadas por las personas que intervinieron en su elaboración ante la Junta responsable, por lo tanto, no se cumple con el requisito necesario para que los documentos tuvieran valor probatorio, además de que debe darse la oportunidad a la parte actora para repreguntar a los firmantes de esos documentos y así poder estar en aptitud de desvirtuar los hechos que en esas actas se le imputaron; de ahí que es correcto negarles valor a las pruebas documentales, se insiste, ante la falta de ratificación de los que intervinieron en su elaboración.
Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 181-186, Quinta Parte, enero-junio de 1984, Séptima Época, página 67, con el rubro y texto siguientes:
"ACTAS ADMINISTRATIVAS, EN INVESTIGACIÓN DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. DEBEN SER RATIFICADAS.-Las actas administrativas levantadas en la investigación de las faltas cometidas por los trabajadores, para que no den lugar a que se invaliden, deben de ser ratificadas por quienes las suscriben, para dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a los firmantes del documento, con el objeto de que no se presente la correspondiente indefensión. Por lo tanto, cuando existe la ratificación del acta por parte de las personas que intervinieron en su formación y se da oportunidad a la contraparte para repreguntar a los firmantes del documento y no se desvirtúan, con las preguntas que se formulen, los hechos que se imputan, la prueba alcanza su pleno valor probatorio."
Asimismo, apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, tomo XXXIII, Sexta Época, página 14, del tenor literal siguiente:
"ACTAS ADMINISTRATIVAS NO RATIFICADAS, VALOR DE LAS.-La circunstancia de que el acta de investigación administrativa haya sido ofrecida como prueba tanto por el actor como por la demandada, autoriza a tener por acreditada la autenticidad de la misma, mas no a conceder eficacia jurídica al dicho de las personas que depusieron en contra del actor, en virtud de que las declaraciones no fueron rendidas en el juicio laboral y el actor no estuvo en posibilidad de repreguntar a las personas que depusieron en su contra."
Igualmente, tiene aplicación, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia número 4a./J. 23/92 de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, volumen 58, octubre de 1992, Octava Época, página 23, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FALTAS COMETIDAS POR TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SÓLO ALCANZAN PLENO VALOR PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES.-Tomando en consideración que en las relaciones laborales con sus servidores públicos, el Estado no actúa como autoridad, sino como sujeto patronal de un contrato de trabajo, según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Suprema Corte, y que cuando el titular de una dependencia burocrática (o la persona indicada para ello), ordena el levantamiento del acta administrativa que exige el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con miras a verificar si un servidor público incurrió en alguna de las causales rescisorias que especifica ese mismo ordenamiento, tampoco lo hace como autoridad, sino asimilado a un patrón, debe considerarse dicha acta como un documento privado. Por otra parte, de acuerdo con los artículos 46, fracción V y 127 bis, de dicha ley, toca al titular de cada dependencia ejercitar la acción para demandar la terminación de los efectos del nombramiento del servidor público y, asimismo, le corresponde la carga de probar la existencia de la causal relativa. En ese contexto, si en el acta administrativa se contiene la razón por la cual se demanda la terminación de los efectos de un nombramiento, y siendo esa acta un documento privado que no conlleva intrínsecamente la prueba plena de su contenido, para alcanzar tal fuerza se requiere de su perfeccionamiento, lo que se logra a través de la comparecencia, ante el órgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando así oportunidad al trabajador de repreguntarles. Tal circunstancia opera independientemente de que el acta no haya sido objetada por el trabajador, pues de no ser así, y concluir que su ratificación sólo procede cuando se objeta, implicaría a su vez la grave consecuencia de otorgar a la parte patronal, aun en forma eventual, el poder de formular pruebas indubitables ante sí o por su orden, sin carga alguna de perfeccionamiento."
Consecuentemente, en el estado en que se encontraban las documentales ofrecidas por el quejoso, que no fueron ratificadas por las personas que hicieron constar los hechos que se le imputaban al tercero interesado e intervinieron en su elaboración, es inconcuso que solamente constituyen una presunción insuficiente de los que intervinieron en la elaboración de las mismas y, en esas condiciones, carecen de eficacia probatoria, como acertadamente lo determinó la Junta responsable.
Además, que la carga probatoria sobre la autenticidad del documento privado corresponde a aquella parte que lo hubiera aportado a la contienda, puesto que es la oferente quien afirma el hecho contenido en esa probanza e implícitamente postula su veracidad. Por ello, de no cumplirse con el requisito de la ratificación, la Junta no debe otorgar valor a esas pruebas, porque equivaldría a conceder una ventaja trascendente en favor de quien la exhibe en el juicio, a pesar de que contenga declaraciones unilaterales, es decir, de que se formulen afirmaciones no demostradas, y se estimaría eficaz una probanza privada sin la participación de la parte contraria.
En otro punto, el quejoso aduce que en el particular se demostró la subsistencia de la relación laboral con la prueba marcada con el numeral 2.1, incisos b) y c), consistente en los recibos de pago ********** del periodo comprendido del veinticuatro (24) al treinta (30) de agosto y el ********** del treinta y uno (31) de agosto al seis (6) de septiembre, ambos de dos mil nueve (2009), mismas que no fueron valoradas por la Junta responsable, no obstante que fueron admitidas mediante auto de ocho (8) de noviembre de dos mil once (2011), ya que cuentan con valor probatorio pleno para acreditar la continuación de la relación laboral.
Que con los recibos de pago que fueron firmados por el actor se demostró la continuación de la relación laboral hasta el nueve (9) de septiembre de dos mil nueve (2009), así como la notificación del aviso de rescisión, al haber firmado el último recibo de pago, por lo que no existió el despido injustificado alegado.
Que se robustece la subsistencia de la relación laboral y la falta en que incurrió el trabajador y la rescisión de la relación laboral, con las posiciones doce (12) y trece (13) que le fueron formuladas, ya que fue declarado fíctamente confeso y, con dicho medio de convicción, se tiene la presunción de que el actor recibió la cantidad de $963.44 (novecientos sesenta y tres pesos 44/100 M.N.) por el salario correspondiente del veinticuatro (24) al treinta (30) de agosto de dos mil nueve (2009), así como el monto de $968.27 (novecientos sesenta y ocho pesos 27/100 M.N.) del treinta y uno (31) de agosto al seis (6) de septiembre del mismo año, con los cuales se tiene por acreditada la subsistencia del nexo laboral, los que no fueron analizados por la Junta responsable.
Que con los recibos de pago se demuestra la incongruencia del laudo y la falta de fundamentación y motivación ya que la Junta responsable no analizó correctamente las pruebas, pues con ellas se demuestra la inexistencia del despido, que el tercero interesado firmó los recibos de pago y que cobró su salario diez días más posteriores a la fecha en que se dijo despedido, lo cual se robustece con la respuesta a las posiciones doce y trece pues fue declarado fíctamente confeso; además que ante la existencia de la relación laboral, también se acredita la negativa de recibir y firmar el aviso de rescisión por parte del sindicato en cumplimiento a la cláusula 9 del contrato colectivo de trabajo, lo cual no fue valorado por la autoridad responsable ya que de la interpretación del contrato se advierte la obligación de avisar al trabajador y al sindicato de la fecha y causa de la rescisión, pero no dice en ninguna parte del párrafo, que la omisión de dar ese aviso se deba entender como un despido injustificado, por lo cual, la determinación de la Junta responsable es incorrecta.
Los conceptos de violación sintetizados son inoperantes por insuficientes, dado que no atacan las consideraciones en que se sustentó el laudo, que son las siguientes:
1. Que las documentales descritas y marcadas con los numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1 y 3.2, consistentes en originales de 5 recibos de sueldo (f. 123 a 127), actas de hechos de 12 de agosto (129 a 130), citatorio de 3 de septiembre (f. 131), acta administrativa de 7 de septiembre; aviso de rescisión de 9 de septiembre; acta de hechos de 10 de septiembre y acta de hechos de 11 de septiembre, todas del año 2009; acuse de recibo y sello de la Oficialía de Partes Común de esta Junta local de 17 de septiembre y ocurso de 14 de septiembre, ambos de 2009; que no fueron objetadas por la contraria en autenticidad de contenido y firma, sino solamente en forma general; carecen de valor, ya que no se logró la ratificación correspondiente por parte de sus relacionados suscriptores.
2. Que las copias certificadas relativas al para-procesal **********, del índice de la Junta Especial Número 16, de esta local, (el cual también fue ofrecido como prueba instrumental de actuaciones por la parte actora, mismo que obra glosado en autos y se tiene a vista), que contiene: el aviso de rescisión de 9 de septiembre, auto de radicación de 28 de septiembre, citatorio de 2 de diciembre y notificación de 3 de diciembre, todos de 2009, además de la certificación de 14 de julio de 2010, acreditan los hechos que en las mismas se consignan.
3. Que la confesional del actor en la cual fue declarado fíctamente confeso generaban una presunción, especialmente con las posiciones 19 a 22, a través de las cuales, reconoce que incurrió en falta de probidad y honradez, el once (11) de agosto de dos mil nueve (2009), aproximadamente a las 2:49 horas, se le encontró durmiendo dentro de su auto particular y jornada laboral; que le fue instrumentado el procedimiento administrativo derivado de tales anomalías; que fue rescindida con causa justificada la relación laboral.
4. Que del análisis de las pruebas aportadas en el juicio, adminiculadas a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, a las cuales les concedió pleno valor probatorio, conlleva determinar: que le corresponde al organismo demandado Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, acreditar las causales de rescisión de la relación laboral atribuidas al actor, como haber dado cumplimiento a la obligación que le impone la parte in fine del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, además, de la subsistencia del nexo laboral entre la data en que el actor fue despedido y aquella posterior en que se le rescindió la relación de trabajo.
5. La Junta responsable también estimó que tomando en consideración el acervo probatorio aportado por las partes en el juicio, ya examinado en el considerando V y siguiendo con las directrices de la ejecutoria que debía cumplimentar, determinaba que las documentales ofrecidas por el organismo enjuiciado, marcadas con los numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, y 3.1 (ya antes detalladas de manera particular), específicamente, las indicadas con los cardinales 2.3 (acta de hechos, de 12 de agosto de 2009), 2.4 (acuse de recibo del oficio citatorio de 3 de septiembre de 2009), 2.5 (acta administrativa de 7 de septiembre de 2009), 2.6 (acuse de aviso de rescisión, de 9 de septiembre de 2009), 2.7 (acta de hechos de 10 de septiembre de 2009), 2.8 (acta de hechos de 11 de septiembre de 2009) y 3.1 (acuse de recibo, folio 2,272, de 17 de septiembre de 2009), carecían de valor probatorio por no haber sido ratificadas en el juicio.
6. Que se analizaría si cumplió con el requisito previsto en el artículo 47, parte final, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la notificación del aviso de rescisión, esto es, la notificación del aviso y la negativa del trabajador a recibirlo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 68/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. CONSTITUYE UN PRESUPUESTO PROCESAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL DESPIDO, QUE DEBE SER ANALIZADO OFICIOSAMENTE POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."
7. Que si bien con la confesión ficta del actor se daba la presunción de ser ciertos los hechos contenidos en las posiciones formuladas y admitidas, específicamente de la diecinueve (19) a la veintidós (22) que versan respecto a la falta imputada de once (11) de agosto de dos mil nueve (2009); que se le rescindió justificadamente la relación laboral y que se negó a recibir el aviso de rescisión de nueve (9) de septiembre del mismo año, con la facultad que cuenta la autoridad responsable y, apreciando los hechos en conciencia y a buena fe guardada, consideró que la patronal, con la confesional que se estudia, sí cumplió con el requisito de la notificación del aviso rescisorio y demostró la negativa del trabajador a recibirlo, aunado al reconocimiento de haber incurrido en la causal de rescisión de la relación laboral imputada; sin embargo, lo anterior resulta inoperante dado que la patronal, con ninguna de sus pruebas aportadas a juicio acreditó, como le correspondía, tanto la subsistencia del nexo laboral entre la data en que el actor se dijo despedido (26 de agosto de 2009) y aquella posterior en que, se aseveró, se le rescindió la relación de trabajo (9 de septiembre de 2009), ni la negativa de recibir el aviso rescisorio, por parte de **********, delegado de conflictos del Sindicato de Trabajadores de RTPDF (STRTPDF), en cumplimiento a la cláusula 9a. del C.C.T., como aquélla también lo afirmó, lo que implica
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26457-40e3d143/amparo-adhesivo-los-conceptos-de-violacion-aducidos-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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