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VIOLACIONES PROCESALES. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE PRECISAR EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE AQUÉLLAS TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, DEBE ANALIZARSE ATENDIENDO A LA CAUSA DE PEDIR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 156/2020. · Registro digital (IUS): 29642
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-02-12
Promovente: FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, Pág. 2810.

AMPARO DIRECTO 156/2020. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ. SECRETARIA: BEATRIZ ROJAS MÉNDEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Estudio de los conceptos de violación.

Previo al análisis de los conceptos de violación, conviene indicar que la parte quejosa es la patronal en el juicio de origen, motivo por el cual éstos serán analizados a la luz del principio de estricto derecho.

Lo anterior, en virtud de que no resulta aplicable la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo,(4) pues ésta sólo opera en beneficio de la clase trabajadora, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger la subsistencia del trabajador.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada 2a. CXXVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, página 1595, con número de registro digital: 2005259, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de la ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97, en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, dado que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en la que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."

Sentado lo anterior, el estudio de los conceptos de violación conduce a lo siguiente.

1. Violación procesal consistente en la omisión de desahogar la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte demandada.

En el primer y único concepto de violación, la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable violó en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por haberla condenado en el juicio laboral de origen.

Aduce que la Junta responsable dejó de observar las formalidades establecidas en los artículos 48, 49, 50, 52, 53, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al dictar el laudo que se reclama, ya que éste no es claro ni congruente con la acción y demás pretensiones deducidas en el juicio.

Continúa manifestando que mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciséis, la Junta responsable se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por las partes; sin embargo, en el cuerpo de dicha resolución no se calificó, admitió o rechazó la prueba de inspección ocular que ofreció en su escrito de pruebas.

Agrega que mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se turnaron los autos para la formulación del auto correspondiente a la certificación de que no quedaba prueba pendiente por desahogar, lo que aduce, deviene ilegal, ya que la Junta omitió el desahogo de la prueba de inspección ocular que ofreció a juicio.

La parte quejosa señala que la prueba de inspección que ofreció sí fue admitida, pero no se señaló día y hora para su desahogo, pues únicamente se dictaron las medidas necesarias para el desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora, tan es así que al momento de desahogar ésta, el actuario no indicó nada respecto de su prueba de inspección, violándose con ello su seguridad jurídica, ya que no se le permitió el desahogo de un medio de prueba pese a haber sido admitido, motivo por el cual, sostiene, es procedente la reposición del procedimiento.

En diverso aspecto, apunta que resulta una violación al procedimiento el hecho de que la Junta responsable haya realizado una certificación mediante la cual haya concedido a las partes un término para pronunciarse sobre la certificación de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, con el apercibimiento de tenerlas por desistidas, ya que la Junta tiene la obligación de salvaguardar los derechos de que gozan las partes para el debido desarrollo del juicio.

En apoyo a sus argumentos, invoca como aplicables los criterios de rubros: "PRUEBA ADMITIDA Y NO DESAHOGADA EN MATERIA LABORAL. LA FALTA DE INSISTENCIA EN SU RECEPCIÓN O MANIFESTACIONES EQUÍVOCAS DEL OFERENTE, NO ENTRAÑAN EL CONSENTIMIENTO DE LA EVENTUAL VIOLACIÓN PROCESAL. (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 406, CUARTA SALA, APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO V, PÁGINA 270, DEL RUBRO ‘PRUEBA NO DESAHOGADA. VIOLACIÓN PROCESAL CONSENTIDA.’)."; y "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL DETERMINAR QUE SE TENDRÁ A LAS PARTES POR DESISTIDAS DE LAS PENDIENTES POR DESAHOGAR CUANDO NO ACREDITEN QUE NO SE DESAHOGARON, VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(5)

Los argumentos reseñados son esencialmente fundados y, a la postre, inoperantes para conceder la protección constitucional solicitada, debido a que a ningún fin práctico conduciría ordenar la reposición del procedimiento para el único efecto de que se desahogue la prueba de inspección ocular que ofreció la parte empleadora en el juicio natural, tomando en consideración que en nada variaría el sentido del laudo reclamado.

Para justificar lo afirmado, cabe apuntar que asiste razón a la parte quejosa respecto a que de autos se advierte que durante el trámite del juicio laboral, ofreció la prueba de inspección ocular, en los términos siguientes:

"5. La inspección ocular. Que deberá llevar a cabo el ciudadano actuario adscrito a esta Junta, en las instalaciones del área de Recursos Humanos de mi representado el **********, ubicadas en ********** de esta ciudad de Puebla, la cual versará sobre contratos individuales de trabajo, nóminas, registros de asistencia en biométrico, rol de actividades, recibos de pago, listas de registros de asistencia, y demás documentación inherente al ahora actor **********, en un periodo comprendido del día primero de enero de dos mil cuatro al doce de marzo de dos mil quince, con la finalidad de acreditar la veracidad y existencia de los siguientes hechos:

"a) Que el actor inició una nueva o segunda relación laboral con mi mandante el ********** el primero de enero de dos mil cuatro.

"b) Que la parte actora percibió por concepto de salario quincenal la cantidad de $********** (********** M.N.)

"c) Que mi representado en todo momento cubrió al ahora actor el pago correspondiente por concepto de aguinaldo, quedando pendiente únicamente el pago proporcional correspondiente al aguinaldo por el tiempo laborado durante el año dos mil quince.

"d) Que mi representado en todo momento cubrió al hoy actor el pago correspondiente por concepto de vacaciones y prima vacacional.

"e) Que mi representado en todo momento cubrió al ahora actor el pago correspondiente de los salarios devengados.

"La presente probanza se ofrece en términos de lo establecido en los artículos 827, 828, 829 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, prueba que se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la litis planteada. ..." (folios 53 y 54 del expediente laboral)

Dicho medio de prueba fue admitido a juicio por la Junta responsable en proveído de nueve de junio de dos mil dieciséis (folio 57 del expediente laboral), pues al referirse sobre las pruebas ofrecidas por la parte enjuiciada, la Junta únicamente estableció lo siguiente: "... Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte demandada se admiten las mismas por encontrarse ajustadas a derecho, con excepción de la marcada con el número 4 al rubro (sic) cotejo y compulsa respecto de la documental marcada con el número 3, pues la misma se agregará a los autos para ser valorada al momento de laudar y su perfeccionamiento resultaría intrascendente ..."; sin embargo, como bien lo alega la parte quejosa, la autoridad responsable omitió dictar las medidas necesarias para lograr el desahogo de la prueba de inspección ocular, pues ni en el proveído de referencia, ni en los subsecuentes, se fijó día y hora para su desahogo.

Así, seguida la secuela procesal, mediante acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve (folio 205 ídem), la secretaria de la Junta Especial Número Tres de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certificó e hizo constar que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, concediendo a las partes el término de tres días hábiles para manifestar su conformidad con la certificación.

La certificación de que se habla, se notificó a las partes el mismo día en que fue pronunciada, esto es, el once de octubre de dos mil diecinueve, mediante los estrados de la Junta responsable, según se advierte de la parte final del auto de referencia. (folio 205 in fine del expediente laboral)

Proceder este último que, en atención a la causa de pedir de la parte quejosa, deviene ilegal.

Cierto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que al analizarse los conceptos de violación debe atenderse a la causa de pedir, entendiendo por ésta la verdadera razón del desacuerdo relativo, de manera que, sin cambiar lo expuesto por aquéllos o suplir la deficiencia de sus argumentos, pueda tenerse un conocimiento cierto de lo que agravia a la recurrente; lo anterior, en tanto no se requiere que éste observe formalidades rígidas o sacramentales al expresar sus argumentos, máxime que los escritos a través de los cuales los formule, deben analizarse en su conjunto, por lo que basta que el inconforme exprese cuál es la lesión que las respectivas consideraciones le provocan, para proceder a su estudio.

En apoyo, se cita la jurisprudencia P./J. 68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, materia común, página 38, con número de registro digital: 191384, de rubro y texto, siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.—El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."

En efecto, la peticionaria de amparo se inconforma con la determinación de la Junta responsable, al haberse certificado mediante auto de once de octubre de dos mil diecinueve, que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, siendo que la prueba de inspección ocular que ofreció no fue desahogada; vulnerándose así la obligación de la Junta de salvaguardar los derechos de que gozan las partes para el debido desarrollo del juicio, con lo cual, este tribunal advierte un argumento de fondo –atendiendo a la causa de pedir– que se compone de un hecho y un razonamiento que explica su ilegalidad.

Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con el criterio que ha sido sostenido por este tribunal, el requisito de que la parte quejosa indique la trascendencia de la infracción al resultado del laudo, se encuentra colmado con la manifestación en el sentido de que se violó la seguridad jurídica de su representada para defenderse legalmente en juicio, ya que no se le permitió el desahogo de la prueba de inspección solicitada, pese a haber sido admitida, por lo que solicita se reponga el procedimiento a fin de salvaguardar sus derechos.

El criterio a que se alude, se encuentra contenido en la tesis aislada VI.2o.T.13 K (10a.), emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo III, mayo de 2017, página 2195, con número de registro digital: 2014329, que a continuación se reproduce:

"VIOLACIONES PROCESALES. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE PRECISAR EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, DEBE ANALIZARSE ATENDIENDO A LA CAUSA DE PEDIR. El numeral 174 de la Ley de Amparo establece la obligación del quejoso de precisar la forma en que las violaciones procesales trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, para que el Tribunal Colegiado de Circuito cumpla con su obligación de examinarlas. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 68/2000, dispuso que los argumentos del quejoso deben analizarse, aunque no tengan la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte de la demanda se exprese la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estime le causa el acto reclamado y los motivos que lo originaron. Ahora bien, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 932/2015, estableció que, a efecto de ser acorde con el derecho humano de acceso a la justicia, el cumplimiento de la carga procesal que establece el aludido artículo 174 debe interpretarse en un sentido razonable, esto es, que sea congruente con la finalidad que persigue, pero sin que constituya una carga desproporcionada que se torne en un obstáculo excesivo para impugnar violaciones procesales, lo que deriva en que éstas deben analizarse a la luz de la causa de pedir del quejoso, de la cual pueda advertirse de una manera clara la forma en que la violación procesal alegada trascendió al resultado del fallo en su perjuicio y no exigir el agotamiento de una determinada fórmula estricta. Por tanto, debe estimarse satisfecha la referida carga procesal, sin que sea necesario exigir el cumplimiento de fórmulas estrictas –silogismos o expresión de fórmulas sacramentales–, por lo que bastará con que el quejoso argumente, por ejemplo, que la autoridad responsable actúa de manera ilegal al limitar su derecho a desahogar pruebas para probar su dicho, o que se limitó su derecho de contestar la demanda y oponer las excepciones y defensas, para que el Tribunal Colegiado de Circuito deba estudiar tales razonamientos."

Ahora bien, el hecho en el que se funda la violación procesal, lo señala expresamente la quejosa, al referir que se omitió desahogar la prueba de inspección ocular que le fue admitida y que la certificación realizada en el sentido de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar es violatoria de sus derechos, y el razonamiento se desprende de sus manifestaciones, en el sentido de que la Junta tiene la obligación de salvaguardar los derechos de que gozan las partes para el debido desarrollo del juicio.

En ese sentido, es esencialmente fundado el mencionado argumento, porque la notificación del acuerdo que contiene la certificación de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar es ilegal, puesto que como bien se argumenta en los conceptos de violación, la Junta tiene la obligación de salvaguardar los derechos de que gozan las partes para el debido desarrollo del juicio y, en el caso, se omitió realizar la notificación de la certificación de mérito de manera personal, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:

"Décima Época; con número de registro digital: 2016217; Instancia: Segunda Sala; Tipo de tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 51, Tomo I, febrero de 2018; materia: laboral; tesis 2a./J. 1/2018 (10a.); página 705, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de febrero de 2018 a las 10:18 horas, de título, subtítulo y texto siguientes:

"PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL ACUERDO QUE ORDENA DAR VISTA A LAS PARTES CON LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. El artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo establece que se harán personalmente las notificaciones en casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio de la Junta. Ahora, el acuerdo que ordena dar vista a las partes con la certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar a que se refiere el artículo 885 mencionado, no constituye un caso urgente; sin embargo, involucra una circunstancia especial que amerita su notificación personal a las partes, al contemplar un apercibimiento, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado como principio general de derecho, y como tal, aplicable a los juicios laborales, de acuerdo con el artículo 17 del ordenamiento indicado, que todo apercibimiento, para poderse hacer efectivo, debe notificarse personalmente a la parte a la que va dirigido. Por ello, si la Junta omite ordenar la notificación personal del proveído citado, no puede hacer efectivo el apercibimiento contenido en la propia norma, consistente en que se tenga a las partes por desistidas de las probanzas pendientes por desahogar, en el entendido de que esa notificación personal no será necesaria cuando el acuerdo aludido se dicte en audiencia respecto de las partes que hayan comparecido a ella; de ahí que si la Junta incurre en dicha omisión comete una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que trasciende al resultado del fallo, en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, pues habrá desechado pruebas legalmente ofrecidas. Finalmente, como este criterio define una formalidad procesal, para evitar que tenga efectos retroactivos en perjuicio de las partes, sólo será de aplicación vinculante a las notificaciones practicadas a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación."

Jurisprudencia que resulta aplicable al caso concreto, tomando en consideración que ésta fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes dieciséis de febrero de dos mil dieciocho y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Luego, si la certificación de que se trata fue emitida el once de octubre de dos mil diecinueve, es claro que la notificación respectiva debió acatar la jurisprudencia antes referida, por encontrarse vigente en aquella fecha y, además, ser de aplicación vinculante a las notificaciones practicadas a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación.

Empero, como se adelantó, las infracciones adjetivas antes analizadas, hechas valer por la parte quejosa, no conducen a conceder el amparo solicitado para el efecto de que se reponga el procedimiento y se dicten las medidas necesarias para lograr el desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte empleadora y, en su oportunidad, se notifique de manera personal el acuerdo que ordena dar vista a las partes con la certificación secretarial prevista en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, pues en nada variaría el resultado del laudo reclamado.

Esto es así, ya que de autos se advierte que en el escrito de demanda laboral, el actor reclamó de la parte patronal, aquí quejosa, su reinstalación, la prórroga del contrato de trabajo, el pago de salarios caídos, el pago del aguinaldo correspondiente a la parte proporcional del año dos mil quince y durante el tiempo que dure el juicio, el pago de vacaciones por la parte proporcional de dos mil quince y las que se acumulen durante la tramitación del juicio, el pago de prima vacacional correspondiente a todo el tiempo que duró la relación laboral, pues sostuvo que jamás le fue pagada, el pago de días festivos y descansos obligatorios establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de haberlos laborado durante todo el tiempo que duró la relación laboral y jamás le fueron cubiertos por negativa permanente de la parte empleadora.

En sus hechos, narró que ingresó a laborar para la demandada el primero de abril de mil novecientos noventa y siete, siendo contratado por tiempo indeterminado.

Asimismo, el trabajador indicó que el demandado le estableció diversos salarios a lo largo de la relación laboral, siendo el último la cantidad de $********** (********** moneda nacional) quincenales.

Al formular su contestación, la empleadora, aquí quejosa, negó acción y derecho respecto de las prestaciones consistentes en reinstalación, prórroga del contrato y pago de salarios caídos; pero se allanó respecto del pago del aguinaldo y vacaciones, al reconocer que quedaba pendiente el pago proporcional en virtud del tiempo laborado durante el año dos mil quince (folios 40 y 41 del expediente laboral); asimismo, se allanó parcialmente respecto de la prestación consistente en prima vacacional, pues aunque se contradijo con el actor al afirmar haber pagado dicha prestación durante todo el tiempo que duró la relación laboral, reconoció el adeudo correspondiente al pago proporcional del tiempo laborado en el año dos mil quince; y suscitó controversia en relación con el pago de días festivos y de descanso obligatorio, al negar que el actor los hubiera laborado.

En relación con la fecha de inicio de la relación laboral, la parte demandada sostuvo que el veintinueve de junio de dos mil cuatro, el actor celebró ante la Junta Especial Número Tres de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, convenio respecto a su antigüedad, aceptando que se le pagara ésta por el periodo comprendido del primero de abril de mil novecientos noventa y siete al treinta y uno de diciembre de dos mil tres, por lo que en dicho convenio el actor reconoció que su antigüedad originalmente se iniciaba el primero de abril de mil novecientos noventa y siete; no obstante, dado el pago de su antigüedad, ésta ahora debe reconocerse a partir del primero de enero de dos mil cuatro.

Por lo que toca al monto del salario, éste se controvirtió, pues la patronal manifestó que la verdad de los hechos, era que el actor había percibido como sueldo normal la cantidad de $********** (********** moneda nacional).

En este orden de ideas, de acuerdo con la transcripción previamente realizada en esta ejecutoria, la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte patronal es tendente a demostrar que el actor inició una nueva o segunda relación laboral con su mandante, a partir del primero de enero de dos mil cuatro; que el actor percibió como salario quincenal la cantidad de $********** (********** moneda nacional); que en todo momento se cubrieron los pagos correspondientes a aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, quedando pendiente únicamente el pago correspondiente al periodo laborado durante el año dos mil quince; y que en todo momento se cubrió al actor el pago correspondiente a salarios devengados (folio 54 del expediente laboral).

En este punto, debe decirse que en relación con la fecha de inicio de la relación laboral, que la parte trabajadora ubicó el primero de abril de mil novecientos noventa y siete, y que la patronal contestó manifestando que el veintinueve de junio de dos mil cuatro, el actor celebró en forma libre y voluntaria un convenio respecto de su antigüedad, aceptando que ésta se le pagara por el periodo comprendido del primero de abril de mil novecientos noventa y siete, al treinta y uno de diciembre de dos mil tres; por lo que en dicho convenio se reconoció que la antigüedad del trabajador originalmente iniciaba el primero de abril de mil novecientos noventa y siete y que, dado el pago de la antigüedad, ésta ahora se debe reconocer a partir del día primero de enero de dos mil cuatro.

Al respecto, cabe mencionar que a fin de acreditar sus excepciones, la parte enjuiciada, aquí quejosa, exhibió a juicio la copia certificada del convenio **********, de veintinueve de junio de dos mil cuatro, de cuyo contenido se advierte que en la cláusula segunda (foja 55 del expediente laboral), el instituto demandado reconoció que la fecha de inicio de la relación laboral fue el uno de abril de mil novecientos noventa y siete, lo que constituye una confesión expresa y espontánea en términos del artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, sin necesidad de ser ofrecida como prueba.

La cláusula aludida se transcribe a continuación:

"... Segunda. El trabajador compareciente solicitan (sic) al **********, como su único patrón, que por convenir a sus intereses se le pague la prima de antigüedad, a lo que el Instituto está de acuerdo pagar tal prestación que le corresponde, tomando en cuenta la fecha en que ingresó a prestar sus servicios, que data de 1 de abril de 1997 al 31 de diciembre de 2003, en los términos que establecen los artículos 162 y 486 de la Ley Federal del Trabajo." (foja 55 del expediente laboral).

Por otro lado, conviene destacar que en autos sí se desahogó una prueba de inspección ocular durante el juicio, que fue la ofrecida por la parte actora sobre documentos en poder de su empleador, para acreditar: "1. Que el salario de la parte actora era de $********** quincenales. 2. Que el último día en que la parte actora laboró para la demandada fue el doce de marzo de dos mil quince."; de cuya acta se desprende que el actuario hizo constar la documentación que le puso a la vista la parte patronal, en los términos que enseguida se digitalizan:

SE SUPRIME POR CONTENER DATOS PERSONALES

De la imagen previamente reproducida, se advierte que al desahogarse la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte trabajadora, el patrón, aquí quejoso, exhibió a la actuaria actuante dos nóminas en original, de las cuales se desprendía la firma y nombre del hoy actor, la primera de ellas de veintisiete de febrero de dos mil quince, misma que en el rubro denominado "percepciones", se encontraba asentada la cantidad de $********** y la segunda de ellas, de fecha trece de marzo de dos mil quince, se observó también en el mismo rubro la cantidad de $**********.

Seguida la secuela procesal, el treinta de octubre de dos mil diecinueve, la Junta dictó el laudo que constituye el acto aquí reclamado, en el cual, en relación con cada una de las prestaciones, se determinó lo siguiente:

Ver prestaciones

Luego, como se adelantó, atendiendo al análisis previamente realizado, es dable considerar que a ningún fin práctico conduciría conceder la protección constitucional solicitada, para el único efecto de que se desahogue la prueba de inspección ocular que durante el trámite del juicio laboral le fue admitida a la parte demandada, aquí quejosa, pues:

1. En relación con la fecha de ini

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29642-0c980c7c/violaciones-procesales-la-obligacion-del-quejoso-de-precisar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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