TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DEMUESTRAN QUE SU DESPIDO FUE INJUSTIFICADO Y EN EL JUICIO TRANSCURRIERON MÁS DE 6 MESES SIN QUE DE AUTOS SE ADVIERTA UNA CONDUCTA QUE PROPICIE UNA NOTA DESFAVORABLE, CONFORME AL MÉTODO DE JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PRO PERSONA Y PRO OPERARIO, PROCEDE SU REINSTALACIÓN Y BASIFICACIÓN.
AMPARO DIRECTO 754/2021. 11 DE FEBRERO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO ACLARATORIO DEL MAGISTRADO ARTURO CEDILLO OROZCO. PONENTE: BENITO ARNULFO ZURITA INFANTE. SECRETARIO: MANUEL FARRERA ORTEGA.
CONSIDERANDO:
DÉCIMO.—Estudio del amparo principal. Los conceptos de violación conducen a determinar lo siguiente:
Expresa la justiciable, en una parte de su primer motivo de disenso, que la responsable viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 del Pacto Federal, en relación con los artículos 840 de la Ley Federal del Trabajo y 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; además, quebranta las reglas procedimentales, por lo que el acto reclamado viola sus derechos laborales.
Refiere que ello es así, toda vez que el laudo impugnado no contiene el nombre de los representantes de las partes, ni extracto de los alegatos que formularon, a pesar de que la actora los realizó con la debida oportunidad.
Esto es inoperante.
Se estima así, pues lo que alega ya fue motivo de análisis en la ejecutoria 351/2020, del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito, que en sesión de seis de noviembre del dos mil veinte, concedió la protección constitucional a la hoy quejosa.
En esa ocasión, este órgano de control constitucional determinó, en relación con lo que aquí ocupa, lo siguiente:
• Que el artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo dispone que los laudos deben contener el lugar, fecha y Junta que los pronuncie, los nombres y domicilios de las partes; así como la enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, además de señalar los hechos que deban considerarse probados.
• En el fallo laboral, la responsable estableció el nombre de las partes y precisó que promovieron por propio derecho y por conducto de sus apoderados y que, si bien no puntualizó el nombre de los apoderados de los demandados, ello en modo alguno le causaba perjuicio, en razón de que lo que realmente podría perjudicarle serían las cuestiones que se ventilen en el fondo del asunto.
• No pasó desapercibido que el guarismo de trato establece que el laudo debe contener un extracto de los alegatos, lo que la Sala no precisó de manera expresa; sin embargo, implícitamente lo llevó a cabo al efectuar el análisis de lo que las partes manifestaron, además de que detalló cada una de las probanzas que las partes ofrecieron, y estableció su apreciación en conciencia y, después de su análisis, destacó los hechos que estimó quedaron probados; por lo cual, adverso a lo que esgrimió la peticionaria de amparo, la responsable no soslayó lo previsto en la ley.(13)
Así, se desestimó el motivo de disenso de la quejosa relacionado con la violación formal en cuestión, y se concedió el amparo para que la responsable:
1. Repusiera el procedimiento y diera oportunidad a la justiciable de subsanar la imprecisión de su reclamo de tiempo extraordinario;
2. Para que la Sala desahogara el medio de perfeccionamiento de dos documentales de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México que allegó la trabajadora y,
3. A efecto de que tomara en cuenta lo que las partes manifestaron, junto con el material probatorio, para así estar en aptitud de dirimir la controversia correctamente.
Por ello, es inconcuso que la determinación que asumió la autoridad responsable y de la que ahora se inconforma la demandada lo hizo en cumplimiento a la sentencia protectora en comento, en razón de que no se le constriñó a la responsable a actuar de manera diferente sobre tal aspecto formal; es decir, debía reiterarlo para no incurrir en un exceso en el acatamiento del fallo y, por ende, los cuestionamientos que ahora se externan vía concepto de violación contra esa determinación se tornan inoperantes.
En esas condiciones, toda vez que los planteamientos que expone la impetrante están dirigidos a combatir lo que al respecto se resolvió en una diversa ejecutoria de amparo, es indudable que dicho tópico jurídico ya no puede estar a discusión, ni mucho menos reexaminarse, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el fallo constitucional constituye la verdad legal, al no admitir recurso alguno.
De ahí que resulta evidente que los motivos de disenso expresados por la quejosa son inoperantes, en virtud de que se pretende cuestionar lo que ya se sostuvo en la ejecutoria pronunciada el seis de noviembre del dos mil veinte.
En esos términos, al haber sido materia de estudio lo destacado vía conceptos de violación en el aludido juicio constitucional, este Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra impedido para hacer un nuevo pronunciamiento sobre el extremo cuestionado, que la solicitante de la tutela federal aduce en esta instancia pues, de lo contrario, se harían nugatorios los efectos de la institución de cosa juzgada, con el consecuente quebranto a la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada 1a. LXVI/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de junio de 2017 a las 10:36 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo I, junio de 2017, página 576, con número de registro digital: 2014643, de contenido siguiente:
"COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional."
Lo anterior, sin que se soslaye que la responsable no reiteró lo que expresó en el apartado de resultandos de la sentencia anterior ya que, en todo caso, la quejosa tenía expedito su derecho de inconformarse con el fallo protector mediante el recurso de inconformidad correspondiente, en términos del artículo 25 de la Ley de Amparo.
Es igualmente inoperante lo que la justiciable combate en el párrafo cuarto de su segundo concepto de violación, en el cual subraya que la calidad de confianza de la operaria no estaba sujeta a escrutinio, ya que las funciones que materializó en la prestación de sus servicios no formaron parte de la litis, en tanto que en su libelo actio dejó en claro haber tenido un nombramiento y actividades inherentes a las de **********, en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Indica también en el quinto párrafo de dicho motivo de inconformidad, que era deber de la autoridad verificar si de las normas complementarias se advertían las funciones que la actora tenía encomendadas en el ejercicio de sus funciones, para así estar en aptitud de fallar a verdad sabida y buena fe guardada, fundada y motivadamente.
Se afirma lo anterior, ya que la Sala laboral estaba constreñida a analizar la calidad de confianza de la operaria, atento a la concesión del amparo directo 352/2020, en el cual este cuerpo colegiado determinó:
"4. También, tome en cuenta lo vertido por las partes y el material probatorio ofrecido en autos, para poder establecer si en el caso quedó o no demostrado el vínculo laboral entre las partes, así como también deberá determinar quién es el responsable de la relación de trabajo; y una vez hecho lo anterior, emprender el análisis relativo a la calidad o no de confianza de la accionante, precisando que la carga de la prueba le corresponde al patrón y, posteriormente, atender lo tocante a la renuncia."
De ahí que, como se explicó en líneas superiores, si lo que pretende combatir a través de su concepto de violación guarda relación con el cumplimiento de una ejecutoria anterior, es que este tribunal se encuentra técnicamente imposibilitado para emprender el estudio correspondiente; por ello la calificativa que antecede.
En otra parte del primer motivo de inconstitucionalidad, indica la peticionaria de la tutela federal que el tribunal burocrático valoró indebidamente el acervo probatorio de sus contendientes, cuando éstos debían acreditar la procedencia de sus excepciones y defensas. Asimismo, invoca la tesis de jurisprudencia XXXI. J/8 (9a.), de rubro: "SÉPTIMOS DÍAS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO. SI SE SUSCITA CONTROVERSIA RESPECTO DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL PAGO DE DICHAS PRESTACIONES, LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TRABAJADOR AFIRMA QUE LOS LABORÓ CORRESPONDE AL PATRÓN."
Lo antelado es infundado.
Calificativa que se otorga, habida cuenta que contrario a lo que manifiesta la disconforme, la responsable valoró debidamente el material probatorio.
En efecto, se recapitula que la actora demandó de las secretarías demandadas, su reinstalación en el puesto de **********, en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas, ello con motivo del despido que refiere sufrió, así como el reconocimiento de que es una trabajadora de base, y demás prestaciones que estimó pertinentes.
Expresó que el siete de diciembre de dos mil dieciocho comenzó a prestar sus servicios dentro de las instalaciones que ocupaba la extinta Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, con el cargo en mención, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Que las actividades de la coordinación en donde se desempeñaba se encontraban suspendidas, ello en razón de que conforme al Acuerdo por el que se suspende la obligación de realizar de manera previa la evaluación preventiva integral para el ingreso al servicio público de la administración pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, le fue informado que debido a la reestructuración del Gobierno de la Ciudad de México, la coordinación a la que fue adscrita formaría parte de la nueva Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ello conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el trece de diciembre de dos mil dieciocho, así como el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado el dos de enero de dos mil diecinueve en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Así, las facultades y obligaciones que tenía la extinta coordinación fueron asignadas a la ahora Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional de la nueva Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Con motivo de lo anterior, la actora debía acatar las órdenes de **********, quien a partir del uno de enero de dos mil diecinueve fuera la coordinadora y, en consecuencia, superior jerárquico de la actora, por lo que desde ese momento realizó diversas funciones: **********, entre otras.
Asimismo, precisó que el catorce de enero de dos mil diecinueve, ********** la despidió injustificadamente.
Por su parte, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México expresó que la actora carecía de acción y derecho para reclamar su reinstalación en el puesto que desempeñaba, bajo el argumento de que no existió vínculo laboral entre las partes, sino con la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, lo que se desprendía del nombramiento de siete de diciembre de dos mil diecisiete.
Asimismo, expresó que el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, la actora presentó su escrito de renuncia al maestro **********, secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, lo que ponía al descubierto que no fue su trabajadora.
Igualmente, manifestó que el nombramiento que se le expidió a la actora correspondía a un puesto de confianza, así como el hecho de que el nivel del puesto en el que laboraba correspondía a una jefatura de unidad departamental, de lo que acreditaba que en todo momento desempeñó sus funciones con dicho carácter, en términos de los artículos 5o., fracción II, inciso b), 8o. y 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Explicó que la contraloría le cubrió a la operaria la segunda quincena de diciembre de dos mil dieciocho.
Indicó que del recibo de pago se advertía que, en realidad, percibía un salario base quincenal de $********** (********** 00/100 M.N.), además de que laboraba en la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional hasta antes del uno de enero de dos mil diecinueve, y que las funciones que realizaba eran las relativas a la adscripción de dicha coordinación en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México adujo que la ocursante presentó su renuncia voluntaria en la data arriba indicada, además de que con la entrada en vigor de una ley, cuando se transfieran o adscriban trabajadores de una dependencia a otra, se surte el cambio de situación jurídica del titular que deberá responder de las obligaciones laborales, ya que con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el trece de diciembre de dos mil dieciocho, así como del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de enero de dos mil diecinueve, la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, –antes Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional– fue transferida a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con recursos humanos, materiales, técnicos y financieros.
Manifestó que el siete de diciembre de dos mil dieciocho, la actora ingresó a laborar en el puesto de **********, adscrita a la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, y que mediante oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0040/2019, de catorce de enero de dos mil diecinueve, remitió al director de Administración de Capital Humano en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México el expediente personal de la trabajadora, tal y como se desprende del oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0040/2019, de catorce de enero de dos mil diecinueve.
Ahora bien, para acreditar los extremos de sus posturas, las partes ofrecieron diversos medios de convicción, mismos que la Sala responsable valoró como se ilustra a continuación:
Ver valoración
Del análisis del cúmulo probatorio, la responsable llegó a las siguientes conclusiones:
• La relación laboral del siete al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se dio entre la demandante y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
• A partir del uno de enero de dos mil diecinueve, la coordinación en la que laboró la operaria se transfirió a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, quien es la responsable de la relación laboral, misma que se encargaría de responder de las condenas, en términos de lo dispuesto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el trece de diciembre de dos mil dieciocho, específicamente en los transitorios segundo, décimo octavo y vigésimo sexto.
• Quedó demostrado que la accionante se desempeñó como **********, en la Secretaría de Administración y Finanzas.
• Las demandadas no acreditaron las funciones de su contendiente, por lo que no prosperó la excepción de confianza. Sin que el hecho de que hayan manifestado que las actividades de la funcionaria estaban previstas en el artículo 119-D del Reglamento Interior de la Administración Pública de esta metrópoli haya sido suficiente, en tanto que debían acreditar que las materializó y que coincidían con las aludidas en el guarismo 5o. de la ley burocrática.
• Tampoco acreditaron la excepción de renuncia de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, toda vez que las documentales consistentes en la renuncia de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, comprobante de liquidación de pago finiquito de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve y recibo finiquito de doce de abril del mismo año, carecieron de valor probatorio; luego, la operaria no renunció ni se le dio finiquito alguno.
• En esa medida, la actora acreditó que fue despedida de manera injustificada.
Hasta aquí resulta inconcuso que, adverso a lo que manifiesta la impetrante, la Sala laboral valoró debidamente el material probatorio de sus contendientes ya que, incluso, del mismo arribó a una conclusión benéfica para la hoy quejosa, consistente en que las patronas equiparadas no demostraron los extremos de sus excepciones, consistentes en que su contraparte renunció y se le otorgó un finiquito; de ahí lo infundado de lo alegado.
Bajo el mismo contexto, en el tercer motivo de inconformidad, expresa la peticionaria de la tutela federal, que la responsable inobservó el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Explica que el guarismo de trato estipula que ningún trabajador podrá ser cesado sino por causa justificada y sin importar la temporalidad en el encargo, por lo que debe acreditarse una causal de separación y acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) para que se autorice el cese; empero, ello no aconteció, por lo que era procedente la reincorporación de la quejosa y el consecuente pago de los salarios caídos.
Continúa argumentando que toda vez que sus contendientes no cumplieron con el procedimiento administrativo en cuestión, tal acto debe considerarse nulo, por haberse efectuado por quien no tiene facultades para ello; luego, retrotraer las cosas como si nunca hubiera existido el acto impugnado, con la consecuente reinstalación y pago de las prestaciones accesorias.
Adiciona que la Sala debió tomar en cuenta el derecho que tienen los empleados a que se les instaure un procedimiento administrativo en el que se les respete su derecho de audiencia y defensa, previo a su cese. Lo blandido es fundado pero inoperante.
Al respecto, es necesario destacar que la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentó criterio en el sentido de que si del análisis de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, pero de éste claramente se desprende que por distintos motivos que ven al fondo de la cuestión, el mismo resulta ineficaz para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante.
Sustenta lo antepuesto y cobra vigencia, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1336, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Séptima Época, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común Primera Parte-SCJN. Décima Primera Sección. Sentencias de amparo y sus efectos, página 1499, con número de registro digital: 1003215, cuyos rubro y texto son:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."
En efecto, la actora demandó, en lo que interesa, su reincorporación en el puesto de **********, con motivo del despido que adujo sufrió el catorce de enero del dos mil diecinueve.
Asimismo, puntualizó que la patronal equiparada no siguió el procedimiento administrativo a que alude el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, no dio aviso al Tribunal Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (sic) con las causas o motivos de su despido.
Por ello, consideró irregulares las condiciones de su despido, y refirió que el mismo se tornó injustificado; luego, procedía la acción principal de reinstalación.
Y, ciertamente, la responsable no atendió dicha postura en el acto reclamado, ya que arrojó la carga de la prueba a las secretarías demandadas, quienes no lograron acreditar los extremos de sus excepciones, de trabajadora de confianza y renuncia de parte de la actora, pero en ningún momento se avocó a estudiar el contenido del guarismo en pugna, por lo que, en este aspecto, su planteamiento deviene fundado.
Sin embargo, a ningún fin práctico conduciría otorgarle la protección constitucional por ese motivo, en virtud de que el sentido del fallo no variaría con un nuevo estudio sobre el precepto que dejó de observar, toda vez que, como quedó asentado en líneas superiores, la responsable ya determinó que el despido fue injustificado, por lo que la pretensión constitucional de la impetrante ya está satisfecha, y sería ocioso integrar otro motivo para una conclusión ya alcanzada en el controvertido de origen; de ahí lo inoperante.
En contraste con lo anterior, en otro segmento del segundo y tercer conceptos de violación, así como en el cuarto, alega la disconforme que la potestad natural omitió analizar las prestaciones y los hechos constitutivos de su acción, lo que a la postre culminó con la absolución de las patronas equiparadas.
Manifiesta que la responsable fue incongruente al considerar, por una parte, que existió relación laboral entre la actora y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, y que dicha patronal debía cubrir las condenas que procedieran en favor de la operaria; asimismo, que no prosperó la excepción de confianza, y que tampoco se demostró la renuncia ni el supuesto finiquito; empero, por otra parte, estableció que no se acreditaron los requisitos para el otorgamiento de las prestaciones y absolvió a sus contendientes.
Indica que la responsable debió analizar la procedencia de la reinstalación con independencia de las excepciones que opusieron sus contendientes, atento a que el Tribunal Laboral está obligado a verificar si prospera la acción intentada, junto con sus accesorios.
Expresa que la Sala inobservó el principio procesal consistente en que corresponde al actor acreditar los hechos constitutivos de su acción, y al demandado sus excepciones.
De igual manera, precisa que la operaria sí demostró el vínculo laboral entre ella y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, que no renunció y que tampoco se le finiquitó, aunado a que las demandadas no demostraron que fuera trabajadora de confianza; luego, si el despido fue injustificado, correspondía a la responsable condenar a su reincorporación.
Agrega que la responsable condicionó la exigencia de la reinstalación a contar con seis meses de servicio sin nota desfavorable en su expediente, lo que es inexacto.
Planteamientos que son fundados en la medida en que se suplen.
Antes de explicar los motivos que sostienen la anterior afirmación, conviene traer a colación el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa establece:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."
Dicho numeral prevé que, tratándose de los derechos humanos, las normas se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo momento a las personas con la protección más amplia.
Lo anterior se ha comprendido en la doctrina constitucional como "principio pro homine" o "principio pro persona" el cual consiste, básicamente, en ponderar el peso de los derechos humanos a efecto de estar siempre a favor de la persona, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites a su ejercicio.
Lo anterior supone que dicho principio tiene dos variantes:
a) Directriz de preferencia interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que optimice más un derecho constitucional.
Esta variante, a su vez, se compone de:
a.1.) Principio favor libertatis, que postula la necesidad de entender al precepto normativo en el sentido más propicio a la libertad en juicio, e incluye una doble vertiente: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos humanos no deberán ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe interpretarse la norma de la manera que optimice su ejercicio;
a.2.) Principio de protección a víctimas o principio favor debilis; referente a que en la interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto, es menester considerar especialmente a la parte situada en inferioridad de condiciones, cuando las partes no se encuentran en un plano de igualdad;
b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el Juez aplicará la norma más favorable a la persona, con independencia de la jerarquía formal de aquélla.
Ahora bien, la existencia de dichas directrices, en modo alguno debe suponer el desconocimiento de las diversas reglas de carácter sustantivo ni adjetivo, o bien, de los principios de legalidad, cosa juzgada, debido proceso, etcétera, ya que así no lo previó el legislador federal, sino que, en todo caso, es una herramienta interpretativa que opera en favor de los gobernados cuando sus derechos fundamentales se encuentran en juego, frente a un acto de autoridad que estiman lesivo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 772, y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas, con número de registro digital: 2006485, cuyos título, subtítulo y texto establecen:
"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30806-465e6b8e/trabajadoras-al-servicio-del-estado-cuando-demuestran-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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