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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE BASIFICACIÓN REQUIERE LA ACREDITACIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS Y CARGAS PROBATORIAS ADICIONALES Y DIFERENCIADAS RESPECTO DE LA DIVERSA DE REINSTALACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 134/2022. · Registro digital (IUS): 30989
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-10-14
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Octubre de 2022, Tomo IV, Pág.3408.

AMPARO DIRECTO 134/2022. 18 DE AGOSTO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ. SECRETARIA: ARACELI GERALDINA AGUIRRE DÍAZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio.

I. Principio de legalidad. Acción de nulidad de renuncia por coacción frente a la defensa de renuncia voluntaria. Distribución de cargas probatorias.

18. La peticionaria del amparo aduce que el laudo es incongruente, porque la responsable condenó a la reinstalación de la actora en la plaza de **********, así como al pago de salarios caídos y prestaciones accesorias, a pesar de que no se suscitó controversia respecto de la existencia y contenido de la renuncia que obra en autos, que fue prueba en común de las partes, de la que se advierte que la actora no fue despedida, sino que renunció voluntariamente a su empleo.

19. Asimismo, la inconforme expone que es ilegal la citada condena decretada en su contra, porque el nombramiento de la reclamante llegó a su conclusión de manera anticipada, debido a que renunció de forma voluntaria, libre y expresa, con efectos al veintitrés de diciembre de dos mil quince; por tanto, el nombramiento dejó de surtir sus efectos sin responsabilidad para la demandada, en términos de lo dispuesto en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;(1) consecuentemente, la quejosa afirma que es ilegal que la responsable hubiera considerado que existió voluntad de la trabajadora de seguir prestando sus servicios hasta el diecinueve de enero de dos mil dieciséis.

20. Los argumentos son infundados, porque contrario a lo que aduce la quejosa, debe prevalecer la conclusión a la que arribó la resolutora, de condenar a la reinstalación de la accionante, por los motivos que a continuación se exponen.

21. La actora **********, demandó de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la nulidad de la renuncia de veintitrés de diciembre de dos mil quince, pues afirmó que proviene de vicios en el consentimiento, toda vez que el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la encargada de recursos humanos le informó que por órdenes del director tenía que firmar un documento, percatándose que se trataba de su renuncia con fecha retroactiva al veintitrés de diciembre de dos mil quince; a continuación, el doctor **********, en su carácter de director del Hospital Pediátrico **********, le comentó: "... que más me valía firmarlo para que pudiera continuar con mi trabajo... me grita y me dice: pues firmas y ya, o ahorita doy la orden para que ya no te dejen entrar, por lo que ante el temor fundado de perder mi trabajo firmé con la esperanza de regresar a mi horario original y, al terminar de firmar, me dijo el director que me retirara de su oficina."; finalmente, la reclamante afirmó que el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, se presentó a laborar a su centro de trabajo, y el encargado del checador le informó que ya no trabajaba en el hospital, motivo por el cual demandó su reinstalación en el puesto que venía desempeñando en el Hospital Pediátrico de **********; la expedición del nombramiento de base y el pago de salarios caídos, entre otras prestaciones.

22. En los hechos de su demanda, la actora afirmó que ingresó a prestar sus servicios para la demandada de manera ininterrumpida a partir del dieciséis de abril de dos mil doce, con el puesto y funciones de **********, adscrita al Hospital Pediátrico **********; señaló que la patronal la hizo firmar un nombramiento por tiempo fijo y vigencia determinada, lo que es ilegal, porque subsiste la materia para la que fue contratada, ya que sus actividades en el Hospital Pediátrico **********, consistían en realizar exámenes de rayos X y ultrasonidos, preparación de los materiales y suministrar las indicaciones necesarias al paciente para la toma de radiografías, estudios especiales contrastados, radiografías portátiles, toma de radiografías en quirófano, impresión de las radiografías, entre otras; por tanto, la relación laboral debe entenderse prorrogada de manera indefinida, en términos del artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

23. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, al contestar la demanda, negó que la actora hubiera sido obligada a firmar su renuncia bajo algún tipo de presión o coacción, porque la trabajadora se presentó el veintitrés de diciembre de dos mil quince en las oficinas de recursos humanos del centro de trabajo y entregó su renuncia voluntaria por escrito a su empleo, con efectos a partir del veintidós de ese mes y año, por lo que resultaba improcedente la acción ejercida; la patronal agregó que la actora ingresó a prestar sus servicios a partir del uno de julio de dos mil quince, a través de un contrato por tiempo fijo, de acuerdo con los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, publicados en la Gaceta Oficial del "Distrito Federal" el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, con base en la partida presupuestal 1211 y 1221, para cubrir una plaza por un periodo determinado e improrrogable, previamente definido y sujeto al presupuesto aprobado de manera anual por la Asamblea Legislativa del "Distrito Federal", y que se cubre con recursos del capítulo 1000 "Servicios personales", con fuente de recursos fiscales, y el cual se identifica "tipo de nómina", con dígito identificador **********, Programa de Estabilidad Laboral, en el cual se estableció la temporalidad que duraría la prestación de sus servicios, se determinó la vigencia de su contratación y, por ende, la duración de la prestación de los servicios.

24. La Sala responsable dictó el laudo impugnado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que condenó a la reinstalación de la actora en la plaza de **********, así como al otorgamiento de nombramiento de base en ese puesto, esencialmente sobre las siguientes consideraciones:

25. 1. No fue motivo de controversia la existencia y contenido de la renuncia de veintitrés de diciembre de dos mil quince, porque fue prueba en común de las partes.

26. 2. Correspondió a la accionante la carga de la prueba de demostrar que fue obligada a firmar la renuncia el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, y que subsistió la relación laboral hasta esta fecha.

27. 3. La inconforme cumplió con dicha fatiga procesal, porque de los recibos de pago de salario que obran en autos, del periodo comprendido del uno de octubre al veintiocho de diciembre de dos mil quince, firmados de puño y letra por la actora, se advierte que al veintiocho de diciembre de dos mil quince la relación contractual se encontraba vigente; por tanto, se generó la presunción de que la relación de trabajo continuó vigente después de la fecha de la renuncia (veintitrés de diciembre de dos mil quince); por tanto, dijo la Sala responsable, con independencia de la veracidad o no de este documento, el mismo quedó sin efectos, porque la demandante laboró con posterioridad a la fecha de la renuncia, lo que revela que desistió de su propósito de renunciar a su empleo, al no existir en autos algún elemento probatorio en contra.

28. 4. Las documentales que exhibió la patronal, relativas al nombramiento de la accionante y los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, publicados en la Gaceta Oficial del "Distrito Federal" el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, son insuficientes para demostrar que la relación laboral que unió a las partes fue por tiempo fijo u obra determinada; por tanto, si la patronal no demostró la causa motivadora de la contratación temporal, resulta nula la vigencia de ésta, al no haberse otorgado conforme al artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; consecuentemente, debe considerarse que la contratación fue por tiempo indefinido, ya que la naturaleza del servicio así lo requiere.

29. 5. La patronal simuló una contratación por tiempo fijo para ocultar una relación de trabajo por tiempo indeterminado; en consecuencia, debe tenerse por cierto que la actora fue separada de su empleo injustificadamente el diecinueve de enero de dos mil dieciséis; sobre esa base, la responsable condenó a la reinstalación en el puesto de **********, universo **********, grupo **********, nivel tabular **********, tipo de nómina **********, y al otorgamiento de nombramiento de base en ese puesto, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 6o. de la ley burocrática.

30. 6. Finalmente, la Sala laboral señaló que al no haber demostrado la demandada la temporalidad de la contratación, y haberse condenado a su reinstalación y basificación, quedó sin efectos la renuncia y satisfecha la pretensión de la actora, relativa a la declaratoria de nulidad de la renuncia.

31. Como se anticipó, la anterior determinación de la responsable de condenar a la demandada, aquí quejosa, debe prevalecer, pues con independencia de la forma en que distribuyó las cargas probatorias y abordó el estudio de la controversia planteada, la conclusión que alcanzó la Sala del conocimiento es correcta.

32. Lo anterior es así, porque como se puso de relieve, en el caso particular la tercero interesada alegó que fue obligada y que recibió instrucciones del director del hospital donde laboró para firmar su renuncia; mientras que la patronal, aquí demandada, afirmó que la terminación de la relación laboral fue voluntaria; por tanto, dada la forma en que quedó establecida la controversia en el juicio laboral, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que la acción principal en el juicio fue la nulidad de la renuncia que reclamó la actora, sobre la premisa de que su voluntad es inválida por haber sido dada por coacción de la patronal, pues de ello dependía la procedencia de la reinstalación, precisamente porque se puso en entredicho que la conclusión del vínculo fue producto de la voluntad genuina de la trabajadora y, una vez dilucidado ese aspecto, procedía resolver si la relación terminó por decisión de la empleada, o bien, se trató de una imposición del patrón, lo que se traduce en un despido injustificado.

33. En consecuencia, la Sala del conocimiento debió privilegiar el estudio de la nulidad de la renuncia que reclamó la accionante, y considerar que correspondió a la secretaría demandada, aquí quejosa, la carga de la prueba de acreditar que el escrito de renuncia de veintitrés de diciembre de dos mil quince, que constituyó prueba en común de las partes, contiene los elementos de certeza idóneos que reflejan, convincente y congruentemente, la voluntad, la autonomía y espontaneidad de la trabajadora para esos efectos y, una vez acreditados esos extremos, entonces, la trabajadora tendría la carga de probar la influencia y coacción que alegó, a través del ofrecimiento de indicios objetivos que razonablemente permitieran considerar cuestionable, e incierto, el consentimiento que le fue atribuido en la terminación de la relación laboral.

34. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por este Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, identificada con la clave I.5o.T. J/1 L (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 12, Tomo III, abril de 2022, página 2619, con número de registro digital: 2024400, que dice:

"RENUNCIA. ESTÁNDARES DE VALORACIÓN DE PRUEBAS QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN CONSIDERAR CUANDO EL TRABAJADOR ALEGA QUE FUE OBLIGADO E, INCLUSIVE, RECIBIÓ INSTRUCCIONES PARA FIRMARLA, Y EL PATRÓN AFIRMA QUE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL FUE VOLUNTARIA.

"Hechos: Un trabajador que fue despedido alegó que fue obligado e, inclusive, recibió instrucciones para firmar su renuncia. El patrón señaló que no existió despido, sino que aquél renunció voluntariamente. La autoridad responsable otorgó valor probatorio a la renuncia exhibida por el patrón, con la que tuvo por demostrada la inexistencia del despido, sin analizar pormenorizadamente ese escrito, los argumentos, indicios y pruebas aportados en el expediente.

"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando el trabajador alega que fue obligado e, inclusive, recibió instrucciones para firmar su renuncia, y el patrón afirma que la terminación de la relación laboral fue voluntaria, a éste corresponde: i) acreditar la existencia del escrito original de aquélla, el cual deberá contener los elementos de certeza idóneos para reflejar, convincente y congruentemente la voluntad, la autonomía y espontaneidad del trabajador para esos efectos; y, ii) una vez acreditados esos extremos, al trabajador corresponderá demostrar la influencia, engaño, coacción o intimidación física, moral o económica alegadas, para lo cual únicamente tendrá la carga de aportar indicios objetivos que razonablemente permitan considerar cuestionable e incierto el consentimiento que le es atribuido en la terminación de la relación laboral, bastando para ello que las pruebas expongan en su conjunto un escenario de sospecha, duda o mera probabilidad que apunte a la ausencia de condiciones de seguridad, autonomía y libertad en la suscripción de la renuncia, o que revelen un contexto violatorio de sus derechos humanos en ese ámbito.

"Justificación: Ello es así pues, en primer lugar, por regla general, en materia laboral existe un contexto de desigualdad y de asimetría económica, social y cultural entre el patrón y el trabajador; en segundo término, la experiencia judicial demuestra que en muchas ocasiones el despido se encubre bajo situaciones inciertas o artificiosas (como la firma de hojas en blanco como condición para ingresar a trabajar o la suscripción de formatos de renuncia bajo presiones de subordinación); en tercer término, el patrón se encuentra en una posición privilegiada de mayor poder y control sobre la prueba que nace dentro del entorno laboral, por su mayor proximidad y dominio a las fuentes probatorias (expedientes, papeles, escritos, testigos-trabajadores/administradores, controles de pagos, de jornada, de asistencias, etcétera). Por esas razones, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 142/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: ‘RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR OBJETA EL ESCRITO RELATIVO EN CUANTO A SU CONTENIDO, FIRMA O HUELLA DIGITAL, A ÉL LE CORRESPONDE LA CARGA DE PROBAR SU OBJECIÓN.’, debe interpretarse conforme al propio sistema normativo constitucional y legal, que reconoce una serie de normas de protección a la parte trabajadora, lo que justifica que, para determinar si en el caso concreto se actualiza el despido injustificado demandado o una terminación de la relación laboral consentida, es imprescindible que el órgano jurisdiccional efectúe la valoración de las pruebas a partir de dichos niveles de comprobación de los hechos controvertidos, a través de la aplicación del sistema dinámico de la prueba, complementado por un modelo probatorio de sana crítica, cuya finalidad es que el trabajador –en el contexto de un entorno probatorio hostil– tenga materialmente la posibilidad de demostrar la verdad de los hechos, de manera que su carga probatoria no se traduzca en un imposible jurídico; todo ello en cumplimiento a los artículos 784 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, interpretados a la luz de los derechos humanos a la igualdad sustantiva, a la libertad de trabajo, al debido proceso laboral, a la tutela judicial efectiva y a la estabilidad en el empleo, reconocidos en los artículos 1o., 5o., 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Amparo directo 428/2021. 12 de noviembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Silva García. Secretario: José de Jesús González Montes.

"Amparo directo 212/2021. 12 de noviembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Silva García. Secretaria: Araceli Geraldina Aguirre Díaz.

"Amparo directo 433/2021. 9 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Silva García. Secretario: Álvaro García Breña.

"Amparo directo 532/2021. 17 de febrero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Silva García. Secretaria: Araceli Geraldina Aguirre Díaz.

"Amparo directo 789/2021. 17 de febrero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Silva García. Secretario: José de Jesús González Montes."

35. Establecido lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito observa que el escrito de renuncia exhibido por ambas partes en el juicio, no refleja la voluntad, autonomía y espontaneidad de la trabajadora, ya que no contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motivaron, sino que únicamente se aprecia la manifestación de la actora de renunciar al puesto de **********, a partir del veintidós de diciembre de dos mil quince, sin que se advierta la razón por la que decidió dejar su empleo, como se ve de la citada documental que a continuación se inserta. (fojas 40 y 127 del juicio laboral)

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36. A lo anterior se suma que la secretaría demandada no acompañó al escrito de renuncia de veintitrés de diciembre de dos mil quince, algún recibo de pago o liquidación que acreditara que entregó a la actora la parte proporcional de las prestaciones legales a que tuvo derecho, que diera veracidad al documento, lo que era relevante, teniendo en cuenta que la accionante afirmó que ingresó a laborar el dieciséis de abril de dos mil doce; por tanto, no es verosímil que la trabajadora hubiera renunciado el veintitrés de diciembre de dos mil quince y poco tiempo después, hubiera demandado el despido injustificado, máxime que en los hechos de su demanda afirmó que tiene una hija menor y es la única proveedora de su familia.

37. Ahora, retomando los conceptos de violación que hace valer la quejosa, es infundado lo que alega respecto a que la Sala debió absolver por no haberse suscitado controversia en cuanto a la existencia y contenido de la renuncia que las partes exhibieron en el juicio laboral; esto es así, porque para estimar que la accionante renunció a su empleo en forma voluntaria, la demandada debió demostrar que el mencionado escrito de renuncia contiene los elementos de certeza idóneos que reflejen, convincente y congruentemente, la voluntad, la autonomía y espontaneidad de la trabajadora, lo que no hizo, por los motivos que se acaban de exponer.

38. Por tanto, dicho escrito de renuncia es nulo, aun cuando fue prueba en común de las partes, ya que una renuncia bajo coacción, presiones o engaños implica, necesariamente, la renuncia de derechos, toda vez que lesiona el derecho de la trabajadora a permanecer y mantener su empleo en condiciones de estabilidad, en contravención a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo,(2) de aplicación supletoria a la ley de la materia.

39. En este orden de ideas, igualmente carece de razón jurídica la quejosa cuando alega que la Sala del conocimiento dejó de considerar que el nombramiento de la actora dejó de surtir sus efectos sin responsabilidad para la demandada, al actualizarse la hipótesis contemplada en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dispone que el nombramiento de los trabajadores dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, entre otras causas, por renuncia.

40. Esto es así porque, se reitera, la demandada aquí quejosa, no demostró en el juicio que dicha renuncia fue voluntaria, lo que determina que la actora fue sujeta de un despido injustificado, porque derivó de la imposición del patrón.

41. Además, contrario a lo que sostiene la amparista, se advierte que el laudo no es incongruente, puesto que la responsable resolvió la controversia planteada por las partes; asimismo, ponderó la renuncia con la que la patronal pretendió acreditar que la trabajadora abdicó voluntariamente a su empleo, con las demás pruebas que obran en autos, concretamente los recibos de pago de salario, con los que tuvo por demostrado que la reclamante continuó laborando con posterioridad a la fecha en que firmó la renuncia, determinación que es correcta, conforme a las consideraciones que se expondrán más adelante. 42. Por tanto, no es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia IV.2o.T. J/44, que invoca la quejosa, de rubro: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS."

II. Justificación del motivo temporal de la contratación.

43. La peticionaria del amparo expone que las relaciones laborales temporales están permitidas conforme a lo establecido en los artículos 12 y 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que afirma que el Estado válidamente puede tener relaciones laborales temporales bajo dos modalidades; es decir, por obra determinada o por tiempo fijo, sin que se exija justificar la temporalidad del contrato, ya que la ley es clara y precisa al estipular los requisitos que han de normar los nombramientos otorgados a favor de las personas que prestan sus servicios en las dependencias.

44. La solicitante de la protección constitucional afirma que contrario a lo que sostuvo la responsable, es improcedente aplicar supletoriamente el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que al no justificarse la necesidad de contratar a un trabajador bajo la modalidad de tiempo fijo u obra determinada, la relación de trabajo debe considerarse por tiempo indefinido; esto, porque afirma que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no contiene lagunas al respecto, ya que los artículos 12 y 15 de esa ley establecen los tipos de nombramiento que pueden otorgarse a un servidor público.

45. La inconforme sostiene que debe estarse a lo dispuesto por el artículo 46, fracción II, de la mencionada ley burocrática, donde el legislador estableció como una causa la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores burocráticos, la simple conclusión de la vigencia del nombramiento que se le otorga a los trabajadores, sin responsabilidad; insiste en que el Estado puede tener relaciones laborales temporales, con la modalidad de obra determinada o por tiempo fijo, sin que proceda exigir que se justifique el motivo por el cual se otorga un nombramiento o contrato por tiempo fijo u obra determinada, ni que a su término el patrón deba demostrar la existencia de la materia de trabajo o la conclusión de la obra materia del nombramiento o contrato.

46. La quejosa refiere que la responsable debió observar la situación real en que se ubicó la actora, quien prestó sus servicios de manera temporal mediante un nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados, que estuvo constreñido a una temporalidad determinada, lo que no hizo, puesto que soslayó que dada la naturaleza o características propias de la relación que surge entre el Estado, como patrón equiparado y sus trabajadores, se toman en cuenta cuestiones presupuestarias para sustentar el mantenimiento de las plazas, y la necesidad de contratar personal para programas o actividades específicas, sin perjuicio de que una vez concluido dicho plazo, el trabajador pueda ser contratado nuevamente, a diferencia de las relaciones que se suscitan con empresas privadas, donde se toman en cuenta otro tipo de factores.

47. Los argumentos son infundados, porque en relación con la temporalidad de los nombramientos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que conforme a los artículos 15, fracción III, 46, fracción II, 63 y 64 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el nombramiento que se otorga a los servidores públicos, en atención a su temporalidad, puede ser:

48. a) Definitivo: El que se da por tiempo indefinido y para cubrir una plaza respecto de la que no existe titular.

49. b) Interino: Si se da por un plazo de hasta seis meses para cubrir una vacante temporal.

50. c) Provisional: Los que de acuerdo con el escalafón se otorgan para ocupar plazas de base vacantes, por licencias mayores de seis meses.

51. d) Por tiempo fijo: El que se otorga en una plaza temporal por un plazo previamente definido.

52. e) Por obra determinada: El que se otorga en una plaza temporal para realizar una labor o trabajo específico que no es permanente.

53. Por tanto, para determinar cuáles son los derechos que asisten a la trabajadora al servicio del Estado, tomando en cuenta el nombramiento conferido, debe considerarse la situación real en que se ubique respecto del periodo que haya permanecido en un puesto y la existencia o no de un titular de la plaza en la que se le haya nombrado, o bien, que se justifique la temporalidad a la que se sujetó la relación, independientemente de la denominación del nombramiento respectivo, pues de ello dependerá que el patrón pueda removerla libremente sin responsabilidad alguna.

54. En este sentido, para que un trabajador pueda ser considerado temporal, es indispensable que al contestar la demanda, el demandado precise el motivo de la contratación temporal y, además, acredite la justificación de la temporalidad a la que sujetó la plaza, pues sólo así se puede conocer la situación real del nombramiento, y se cumple con el extremo de evidenciar que la determinación del tiempo fijo obedece a que la plaza otorgada, por su naturaleza, era susceptible de encuadrar en tal modalidad.

55. La consideración que antecede encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia P./J. 35/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 11, con número de registro digital: 175734, de rubro y texto siguientes:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SUS DERECHOS EN VIRTUD DEL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO, ATENDIENDO A LA TEMPORALIDAD, DEBE CONSIDERARSE LA SITUACIÓN REAL EN QUE SE UBIQUEN Y NO LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. Conforme a los artículos 15, fracción III, 46, fracción II, 63 y 64 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el nombramiento que se otorga a los servidores públicos, en atención a su temporalidad, puede ser: a) definitivo, si se da por un plazo indefinido y cubre una plaza respecto de la cual no existe titular; b) interino, cuando cubre una vacante definitiva o temporal por un plazo de hasta seis meses; c) provisional, si cubre una vacante temporal mayor a seis meses respecto de una plaza en la que existe titular; d) por tiempo fijo, si se otorga en una plaza temporal por un plazo previamente definido; y, e) por obra determinada, si se confiere en una plaza temporal para realizar una labor específica por un plazo indeterminado. En tal virtud, para determinar cuáles son los derechos que asisten a un trabajador al servicio del Estado, tomando en cuenta el nombramiento conferido, debe considerarse la situación real en que se ubique respecto del periodo que haya permanecido en un puesto y la existencia o no de un titular de la plaza en la que se le haya nombrado, independientemente de la denominación del nombramiento respectivo, ya que al tenor de lo previsto en los citados preceptos legales, de ello dependerá que el patrón equiparado pueda removerlo libremente sin responsabilidad alguna.

"Conflicto de trabajo 1/2003-C. Suscitado entre Elia Elizabeth Rivera Arriaga y la Directora General de Recursos Humanos y el Director General de Inmuebles y Mantenimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1o. de abril de 2004. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios.

"Conflicto de trabajo 4/2003-C. Suscitado entre Juan Leonardo Hernández Rojas y los Directores Generales de Obras y Mantenimiento y de Desarrollo Humano, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11 de noviembre de 2004. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón.

"Conflicto de trabajo 3/2005-C. Suscitado entre Jesús Salinas Domínguez y el Director General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de noviembre de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

"Conflicto de trabajo 4/2005-C. Suscitado entre Clemente González Núñez y el Director General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro. 7 de noviembre de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

"Conflicto de trabajo 5/2005-C. Suscitado entre Enrique Aurelio Ramírez Torillo y el Director General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro. 9 de enero de 2006. Once votos."

56. Ahora bien, el artículo 46, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece lo siguiente:

"Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:

"...

"II. Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación;..."

57. Conforme a lo establecido en el citado precepto legal, el Estado, en su calidad de empleador equiparado, tiene la posibilidad de otorgar nombramientos por tiempo determinado, y prevé como causa de terminación del nombramiento de un trabajador al servicio del Estado, sin responsabilidad para éste, la conclusión del término o de la obra determinante de la designación.

58. Y, en relación con los requisitos que deben cumplir los nombramientos de los servidores públicos por tiempo determinado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 24/2021 (10a.), correspondiente a la Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo II, julio de 2021, página 1797, con número de registro digital: 2023346, de título, subtítulo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30989-cd011e1a/trabajadores-al-servicio-del-estado-el-analisis-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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