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Modo: Corpus Pro

RENUNCIA. ESTÁNDARES DE VALORACIÓN DE PRUEBAS QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN CONSIDERAR CUANDO EL TRABAJADOR ALEGA QUE FUE OBLIGADO E, INCLUSIVE, RECIBIÓ INSTRUCCIONES PARA FIRMARLA, Y EL PATRÓN AFIRMA QUE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL FUE VOLUNTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 428/2021. · Registro digital (IUS): 30479
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-04-01
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo III, Pág. 2602.

AMPARO DIRECTO 428/2021. 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO SILVA GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ MONTES.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio.

15. Los conceptos de violación que hace valer el quejoso son fundados, pero inoperantes en una parte, e infundados en otra, sin que se adviertan deficiencias que suplir, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

16. Excepción de confianza. La Sala no emprendió el estudio de la excepción relativa, ni analizó la naturaleza de las funciones desempeñadas por el actor.

17. En una parte de los motivos de disenso, el quejoso expone que ilegalmente la responsable estimó que se trató de un trabajador de confianza, sin que exista medio de prueba que lo demuestre, careciendo el laudo de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para llegar a esa conclusión.

18. Siendo inconstitucional que la Sala considerara de modo "muy simple" que se trató de un trabajador que realizó funciones de confianza, pues no existe medio probatorio alguno que acredite que efectivamente realizaba tales labores, a pesar de que en su contestación la demandada dijo que ofrecía "diversas documentales donde se desprende que el hoy actor tenía personal a su cargo", lo que no hizo.

19. Además, contradictoriamente, la Sala señaló, por una parte, que el actor estaba sujeto al Sistema Integral del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal y, por otro lado, al manual administrativo del órgano político, sin acreditar tales extremos con prueba alguna, pues en cuanto a las actividades que desarrollaba, la dependencia tuvo la carga de probar su dicho; máxime si de conformidad con la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su nombramiento debieron precisarse los servicios que debían prestarse y, en el caso, no se advierte alguna función considerada como de confianza, por lo que la responsable desatendió lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

20. Es infundado esto que se alega, porque adverso a las afirmaciones del quejoso, no es verídico que la Sala tuviera por demostrado que el actor desempeñó funciones de confianza, como se alega, sino que lo único que al efecto dijo fue lo siguiente: "Del estudio de los autos se desprende que no fueron hechos controvertidos los diversos puestos que ha desempeñado el actor al servicio del demandado, pues este último exhibe diversas constancias de nombramiento de personal; asimismo, el último puesto que ostentó fue el de coordinador Alcaldía ‘C’, puesto catalogado como de confianza, con el código de puesto **********, universo **********, nivel **********, de acuerdo con la constancia visible a foja 148 de autos.", (foja cuatrocientos cincuenta y uno –451– vuelta), pero sin mencionar las funciones desempeñadas, ni mucho menos emitir pronunciamiento sobre la naturaleza de éstas; es decir, si fueron o no de las previstas en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

21. Tampoco es verdad que la responsable asentara en el laudo, por una parte, que el actor estuviera sujeto al Sistema Integral del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal y, por otro lado, al manual administrativo del órgano político que representa, como lo afirma el peticionario, pues nada de ello se aprecia del laudo; sino que, en todo caso, la autoridad únicamente hizo alusión a lo siguiente: "Documental pública, consistente en el Manual Administrativo de Organización del Órgano Político Administrativo Gustavo A. Madero, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con número de registro MA-41/170915-OPA-GAM-12/2012, vigente en su parte conducente al puesto: Coordinación de comunicación social e imagen institucional, entre otras, la administración de recursos humanos, que implica las funciones de dirección, mando y decisión sobre el personal a su cargo (fojas 111 y 112 bis), misma que es analizada en términos del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que es eficaz para acreditar las disposiciones contenidas." (foja cuatrocientos cuarenta y ocho –448–); transcripción de la que se obtiene que, en todo caso, la Sala únicamente tuvo por demostrado el contenido de ese documento, pero no que el actor desempeñara efectivamente las labores ahí descritas.

22. De ahí que ningún agravio existe por lo que hace a la temática que expone el quejoso porque, como se ha visto, la Sala no concluyó en forma expresa que el actor hubiera desempeñado labores de confianza.

23. Excepción de renuncia verbal atribuida al trabajador. El demandado no la demostró.

24. En cambio, es fundado lo que se alega en una parte de los motivos de disenso, en donde el quejoso afirma que, de ningún modo, como lo consideró la responsable, pudo existir la supuesta renuncia verbal de treinta de septiembre de dos mil dieciocho, que adujo la demandada, porque no lo acreditó en el sumario laboral.

25. Le asiste razón legal al quejoso y, para mejor comprensión del asunto, debe anotarse que en su demanda reclamó el pago de la indemnización constitucional, salarios caídos y demás prestaciones; en el capítulo de hechos dijo que el uno de octubre de dos mil dieciocho su superior jerárquico le manifestó que necesitaba que firmara una renuncia previamente elaborada "porque así había sido ordenado en la segunda sesión de la Comisión de transición del órgano político administrativo en la Alcaldía Gustavo A. Madero" (foja cinco –5–), a lo cual el actor se negó, por lo que dicho superior le dijo que de no hacerlo se le retendría la segunda quincena de septiembre de dos mil dieciocho, así como el aguinaldo; además, le mencionó que no había problema alguno, ya que sería recontratado y sólo se trataba de trámites administrativos, en virtud de lo cual el actor "accedió a firmar y estampar su huella digital"; así, afirmó el accionante, siguió laborando hasta el quince de octubre siguiente, cuando su superior le dijo que se retirara porque estaba despedido "entregándole la renuncia que se exhibe en estos momentos que, como se dijo anteriormente, no fue obtenida de manera voluntaria". (foja seis –6–)

26. El demandado en su contestación le negó acción y derecho, al haberse desempeñado como empleado de confianza, y agregó lo siguiente: "dicha situación se robustece con el recibo de finiquito de todas y cada una de sus percepciones legales ordinarias y extraordinarias devengadas a que tuvo derecho por la prestación de sus servicios hasta la fecha de terminación de la relación laboral, que se extendió al trabajador en virtud de su renuncia verbal voluntaria, situación que se vincula con la expedición de su constancia de nombramiento de personal ‘baja por renuncia’, folio **********, de fecha 30 de septiembre de 2018" (foja noventa y cuatro –94–); más adelante, reiteró lo siguiente: "máxime si el actor renunció con fecha 30 de septiembre de 2018, causando baja en la segunda quincena de septiembre". (foja ciento dos –102–)

27. En el laudo la Sala, después de fijar la litis y relacionar las pruebas aportadas por las partes, concluyó de la siguiente forma:

28. "De las pruebas aportadas por las partes se desprende que, como manifiesta el demandado, fue el C. **********, quien renunció al puesto que desempeñaba el treinta de septiembre de dos mil dieciocho, fecha que no se contrapone y se corrobora con la documental ofrecida por el actor a fojas 15 de autos, consistente en la renuncia firmada por él, al cargo de coordinador de comunicación social e imagen institucional, surtiendo efecto a partir del primer minuto hábil del día primero de octubre de dos mil dieciocho, libre de toda coacción física o moral, por lo que se concluye que el último día que el trabajador laboró para la dependencia fue el treinta de septiembre de dos mil dieciocho, como argumenta el demandado, causando baja desde la fecha señalada, como se observa de la constancia de movimiento de personal exhibida por el demandado a foja 148 de autos; consecuentemente, no se configura el despido injustificado aducido por el actor, resultando procedente absolver al titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero, del pago de la indemnización constitucional y salarios vencidos." (foja cuatrocientos cincuenta y dos –452–)

29. Determinación que, como alega el quejoso es incorrecta, pues dada la forma en que se integró la litis correspondió a la demandada aportar medios de convicción para sustentar su afirmación, en el sentido de que el actor renunció verbalmente al empleo el treinta de septiembre de dos mil dieciocho.

30. Al caso se invoca, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 4a./J. 36/94, de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 81, septiembre de 1994, materia laboral, página 22, con número de registro digital: 207685, de rubro y texto siguientes:

31. "RENUNCIA VERBAL. LA PRUEBA TESTIMONIAL PUEDE SER EFICAZ PARA ACREDITARLA. La renuncia de un trabajador a seguir prestando sus servicios, resultante del libre ejercicio de un derecho constitucional, produce la terminación del vínculo contractual laboral. La circunstancia de que dicha renuncia se realice verbalmente, no le resta validez en tanto se pruebe fehacientemente tal decisión y, particularmente, si es apreciada directamente por personas que en ese momento se encuentren presentes. Por ello, en caso de controversia, al negar el trabajador ante una Junta de Conciliación y Arbitraje el haber renunciado verbalmente, corresponde al patrón probar lo contrario y así, entre otras, una prueba testimonial fidedigna puede ser eficaz para evidenciar la manifestación oral de la renuncia, siempre que dicha probanza llene las características que le son propias y se desahogue con justificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectuó dicha renuncia, y se encuentre adminiculada con otras pruebas." (el subrayado es propio)

32. Sin que el demandado demostrara la renuncia verbal que adujo en su contestación, ya que además de que se limitó a afirmar que existió por parte del actor una "renuncia verbal voluntaria" el treinta de septiembre de dos mil dieciocho, pero sin precisar las circunstancias de modo y lugar en que se actualizó ese evento; esto es, cómo y de qué manera es que el actor expresó su voluntad en forma verbal de no continuar prestando sus servicios. De cualquier forma, tampoco aportó medio de convicción alguno del que se desprendiera que el actor expresara verbalmente su intención de renunciar al empleo, y que pusiera en evidencia que en esa fecha de treinta de septiembre de dos mil dieciocho diera por terminada unilateralmente la relación laboral, en tanto que sólo ofreció la confesional a cargo del actor, en la que negó las posiciones formuladas en la audiencia de uno de octubre de dos mil diecinueve (foja trescientos cinco –305–); las documentales relativas al tabulador de sueldos, el manual administrativo de la Alcaldía y la copia certificada de un cheque expedido al actor; la pericial en grafoscopia y dactiloscopia, en caso de que el accionante negara la firma contenida en ese título de crédito; instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana; medios de convicción que, como se aprecia, ninguno estuvo encaminado a demostrar la renuncia verbal atribuida al accionante.

33. Sin que sea suficiente que la demandada hubiera aportado, además, como lo adujo en su contestación, la copia certificada de la constancia de nombramiento de personal con número de folio **********, de treinta de septiembre de dos mil dieciocho, aun cuando no fue objetada por el actor, de la que se ve en el renglón de "Descripción del movimiento: baja por renuncia", y en el apartado de "vigencia", la siguiente fecha "30/09/2018" (foja ciento cuarenta y ocho –148–); pues dicha documental, en todo caso, únicamente evidencia que la demandada realizó el trámite administrativo de baja del actor, señalando como motivo una "baja por renuncia", lo que por sí mismo no demuestra que en esa fecha el accionante, de manera verbal, expresara su voluntad de no continuar prestando servicios para el patrón, pues para ello se requería, además de la documental que contiene el trámite de baja efectuado, que el patrón aportara pruebas que demostraran que el actor en la fecha descrita, efectivamente manifestó su voluntad de dar por terminada la relación de trabajo, sin que lo hubiera hecho.

34. De ahí que, contrario a lo que estimó la Sala, no quedó demostrado que el treinta de septiembre de dos mil dieciocho el actor hubiera expresado su intención de dar por terminado el vínculo de trabajo que lo unía con la Alcaldía demandada.

35. Renuncia escrita de uno de octubre de dos mil dieciocho, que no contiene la expresión de voluntad del trabajador de dar por terminada la relación laboral.

36. En otra parte, también es fundado lo que alega el quejoso, al sostener en los conceptos de violación, que tampoco se puede tomar en consideración la renuncia escrita que presentó, como lo consideró la responsable, ya que no fue voluntaria, como se advierte de su texto, del que se lee que "en el punto de acuerdo número 6", se acordó que se presentaría la renuncia de toda la estructura de la Alcaldía demandada.

37. Asiste razón legal al peticionario, porque como antes se ha visto, además de tener por demostrado que el actor renunció el treinta de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala agregó que esa fecha no se contraponía y se corroboraba con la renuncia escrita exhibida por el actor, surtiendo efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho, siendo éste el último día que laboró.

38. Determinación que es contraria a derecho porque, por una parte, si no quedó demostrada la renuncia verbal que aludió la demandada en su contestación, entonces la autoridad no podía adminicular ese evento, no probado, con la renuncia escrita exigida por el actor, y concluir así que tal renuncia verbal quedaba corroborada con dicha documental, y que el uno de octubre de dos mil dieciocho había sido el último día en que prestó sus servicios.

39. Y, por otra parte, como se alega, dicha renuncia escrita tampoco es eficaz para demostrar que, en todo caso, el uno de octubre de dos mil dieciocho el actor renunciara por escrito en forma voluntaria, pues como se verá en seguida, el documento no pone en evidencia la voluntad del trabajador de dar por terminada la relación de trabajo.

40. Para evidenciarlo, debe decirse que el derecho al trabajo es un "derecho humano", protegido constitucionalmente en el artículo 123, en cuyo primer párrafo estipula: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley."

41. Así, el derecho a la inamovilidad en el empleo se encuentra consignada por la fracción XXII del apartado A del mencionado precepto constitucional, para los trabajadores en general y, en la fracción IX del apartado B, para los trabajadores al servicio del Estado; entendido como el derecho del trabajador a permanecer en el cargo que se desempeña, a no ser despedido sin causa debidamente justificada y, en caso de despido injustificado, a ser reinstalado o indemnizado en los términos de la ley reglamentaria.

42. En este tenor, el derecho al trabajo constituye un elemento esencial para la realización de otros derechos humanos y que integra una parte inseparable e inherente de la dignidad humana; por ende, los derechos humanos, como instrumentos vivos, deben garantizarse de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad en que se hallen los justiciables, según el contexto evolutivo, histórico y fáctico que requiera su protección efectiva.

43. Por tanto, tratándose del derecho a la estabilidad en el empleo, debe protegerse en forma reforzada, en caso de despidos, cuando exista un importante grado de asimetría de poder entre el patrón y el trabajador, como ocurre en contextos donde se ven involucrados organismos públicos tanto del orden estatal como del federal, que debido a su posición de imperio y autoridad, acaecen situaciones de hecho que ponen en peligro los derechos humanos, los que deben ser protegidos como lo impone el artículo 1o. de la Constitución General.

44. De modo que tratándose de casos en los que se diluciden escritos de renuncia, para que éstos puedan ser considerados válidos y surtan todos sus efectos, deben reunir las condiciones de certeza y los elementos mínimos susceptibles que reflejen la voluntad, la autonomía y la espontaneidad de la parte trabajadora ya que, de lo contrario, se estaría vulnerando un derecho humano protegido no sólo constitucionalmente, sino convencionalmente.

45. Elementos que en el caso a estudio no se reúnen, pues a juicio de este tribunal se advierte que en el caso existen indicios que evidencian que la renuncia del trabajador no fue resultado de su libre decisión, sino de las circunstancias fácticas que rodearon al caso, como se verá a continuación.

46. Como ya se anotó en líneas precedentes, en el capítulo de hechos, el actor dijo que el uno de octubre de dos mil dieciocho su superior jerárquico le manifestó que necesitaba que firmara una renuncia previamente elaborada "porque así había sido ordenado en la segunda sesión de la Comisión de transición del órgano político administrativo en Gustavo A. Madero," (foja cinco –5–), a lo cual el actor se negó, por lo que dicho superior le dijo que de no hacerlo se le retendría la segunda quincena de septiembre de dos mil dieciocho, así como el aguinaldo; además, le mencionó que no había problema alguno, ya que sería recontratado y sólo se trataba de trámites administrativos, en virtud de lo cual el actor "accedió a firmar y estampar su huella digital" (foja seis –6–); lo que negó el demandado, ya que adujo que aquél renunció verbalmente el treinta de septiembre de dos mil dieciocho.

47. Al respecto, el propio actor aportó al juicio el acuse con sello original proveniente de la Alcaldía demandada, con firma autógrafa de recibo de su escrito de renuncia de uno de octubre de dos mil dieciocho, dirigido a alcalde electo de esa demarcación, cuyo texto es como sigue:

48. "Por este medio y por instrucciones del alcalde en funciones en Gustavo A. Madero, figura que usted representa, y de conformidad con lo solicitado en la segunda sesión de la mesa de transición, con motivo de la conclusión del periodo estatutario de la gestión delegacional en Gustavo A. Madero, en este acto presento mi renuncia al cargo de Coordinador de comunicación social e imagen institucional, unidad administrativa adscrita a la Coordinación de Comunicación Social e Imagen Institucional de este órgano político administrativo en Gustavo A. Madero, mismo que he venido desempeñando con número de empleado ********** y número de plaza **********.

49. "Lo anterior, con la finalidad de que surta efectos a partir del primer minuto hábil del día primero de octubre de dos mil dieciocho.

50. "Independientemente de lo anterior, la determinación tomada por el suscrito en relación con renunciar al cargo que ostentaba, es libre de toda coacción física o moral." (foja quince –15–); y para mayor ilustración, con auxilio de escáner, se inserta la imagen relativa:

Imagen suprimida

51. Así, de la lectura del documento, claramente se advierte la falta de voluntad del trabajador para suscribirla, pues por una parte indicó que lo hacía por instrucciones del alcalde en funciones en Gustavo A. Madero y, por otra, que lo hacía de conformidad con lo solicitado en la segunda sesión de la mesa de transición, con motivo de la conclusión del periodo estatutario de la gestión delegacional. 52. A más de que el actor aportó como prueba fotocopias simples del acta de la "segunda sesión de la Comisión de transición del órgano político administrativo en Gustavo A. Madero", que aun cuando fue objetada en términos generales por la demandada, conjuntamente con todas las pruebas del actor, pero no de forma particular, genera un indicio de su contenido, concretamente la parte que a continuación se transcribe: "6. Actas entrega-recepción (renuncias y nombramientos de los nuevos titulares). Se acuerda que se presentará la renuncia de toda la estructura que conforma la Delegación Gustavo A. Madero el día 28 de septiembre del año en curso (dos mil dieciocho) dirigido al alcalde electo, con efectos al primer minuto hábil del día 1 de octubre del año en curso." (foja ochenta y seis –86–)

53. Medio de convicción del que se advierte que, en esa sesión, se acordó la presentación de la renuncia de toda la estructura que conformaba la entonces Delegación Gustavo A. Madero, a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho, fecha que es coincidente con aquella en que el actor suscribió su renuncia que, además, dirigió al alcalde electo de esa demarcación territorial, lo que es también coincidente con lo acordado en la referida sesión de trabajo, en el sentido de que las renuncias se dirigirían a dicho funcionario; todo lo cual confirma que, como se ha dicho, no fue un acto voluntario y unilateral del accionante.

54. Acorde con lo anterior, válidamente puede concluirse que, en el caso, quedan corroboradas las afirmaciones efectuadas por el actor en la demanda, en las que, como se anotó, dijo que su superior jerárquico le manifestó que necesitaba que firmara una renuncia previamente elaborada "porque así había sido ordenado en la segunda sesión de la Comisión de transición del órgano político administrativo en Gustavo A. Madero" (foja cinco –5–); y que cuando se negó y se le dijo que de no hacerlo se retendrían salarios, además de indicarle que sólo se trataría de trámites administrativos, el actor "accedió a firmar y estampar su huella digital". (foja seis –6–)

55. Sin que obste que, en el último párrafo del escrito de renuncia también se lea lo siguiente: "Independientemente de lo anterior, la determinación tomada por el suscrito en relación con renunciar al cargo que ostentaba, es libre de toda coacción física o moral." (foja quince –15–), pues si previo a esa inserción, el actor expresó que lo hacía en cumplimiento a las instrucciones del alcalde, así como a lo acordado en la referida sesión de trabajo, ello es suficiente para evidenciar su falta de voluntad, con independencia de que al final del documento anotara que lo hacía libre de toda coacción.

56. De ahí que la decisión de la Sala de otorgar valor a la renuncia escrita y determinar que el uno de octubre de dos mil dieciocho, fecha de su suscripción, fue el último día de labores del actor, se considera incorrecta, porque la responsable, de manera dogmática, determinó que el trabajador renunció de manera voluntaria a su empleo, sin tomar en cuenta que dicho escrito no contiene los elementos mínimos susceptibles que reflejen la voluntad, la autonomía y la espontaneidad del trabajador para prescindir de su empleo, puesto que para ello se debió atender al contexto en que se dio dicha renuncia.

57. En este tenor, se concluye que el escrito de renuncia por sí solo es insuficiente para acreditar que el trabajador renunció de manera espontánea y voluntaria a su empleo, como lo avaló la autoridad del conocimiento, pues la responsable debió atender a lo que disponen los numerales 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, y realizar una ponderación de la referida documental con las manifestaciones realizadas por el trabajador, las pruebas que aportó, entre éstas, la referida acta de sesión y las excepciones opuestas, a fin de resolver la controversia planteada; pues, como ha quedado en evidencia, su suscripción se originó en el contexto de lo acordado en la mencionada reunión de trabajo y, como consecuencia, fue que se requirió al actor su suscripción en las condiciones que narró en su demanda.

58. Como sustento se cita, en lo conducente, la tesis aislada IV.3o.T.19 L (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, materia laboral, página 2101, con número de registro digital: 2002577, de rubro y texto siguientes:

59. "NULIDAD DE RENUNCIA AL EMPLEO Y REINSTALACIÓN EN EL PUESTO. AQUÉLLA CONSTITUYE LA ACCIÓN PRINCIPAL CUANDO SE DEMANDA SU INVALIDEZ POR VICIOS EN LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR. Cuando el trabajador demanda la nulidad de la renuncia por la que concluyó el vínculo laboral y la reinstalación en su puesto, bajo la premisa de que su voluntad no es válida por haber sido dada por error, arrancada por violencia o sorprendida por dolo o mala fe, la Junta debe privilegiar el estudio de la nulidad de la renuncia, ya que constituye la acción principal en el juicio y de ésta depende la procedencia de la reinstalación, porque se pone en entredicho que la conclusión del vínculo haya sido producto de la voluntad genuina del trabajador, lo que, una vez dilucidado, permitirá resolver si la relación terminó por la decisión del empleado. Esto significa que si el trabajador acredita algún vicio en su voluntad, pondrá en evidencia que ésta no se produjo libre y consciente para dar por concluida la relación del trabajo, sino que se trató de una imposición del patrón, lo que se traduce en un despido injustificado; en cambio, si no demuestra su afirmación, se pone de manifiesto que la terminación del vínculo laboral se debió a la voluntad genuina del trabajador y, en consecuencia, la acción de reinstalación resulta improcedente."

60. Por ende, para otorgar valor pleno al escrito de renuncia, las autoridades de trabajo deben analizar de manera exhaustiva y pormenorizada las manifestaciones del trabajador en las que señala que el escrito no contiene la voluntad, autonomía y espontaneidad de su parte, para resolver el asunto a verdad sabida y buena fe guardada, y no como lo hizo la responsable, que sin justificación alguna siguió el modelo civilista de valoración de la prueba, que tiene como premisa: "el que afirma está obligado a probar"; sin embargo, en materia laboral debe operar otro modelo probatorio por diversas circunstancias.

61. Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que en los casos en que se demanda despido injustificado y el trabajador objeta el escrito de renuncia exhibido por el patrón afirmando que fue engañado, asediado, arrinconado, coaccionado o presionado para suscribirlo, los órganos jurisdiccionales deben considerar los siguientes estándares de valoración de los medios de prueba: i) Corresponde al patrón acreditar la existencia del escrito original de renuncia suscrito por el trabajador, el cual deberá contener los elementos de certeza idóneos para reflejar en forma plenamente convincente y congruente la voluntad, la autonomía y espontaneidad del trabajador a esos efectos; y, ii) Una vez acreditados esos extremos, a la parte trabajadora le corresponderá demostrar la influencia, engaño, coacción o intimidación física, moral o económica alegada, para lo cual únicamente tendrá la carga de aportar indicios objetivos que razonablemente permitan considerar cuestionable e incierto el consentimiento que le es atribuido en la terminación de la relación laboral, bastando para ello que los elementos de convicción expongan en su conjunto un escenario de sospecha, duda o mera probabilidad que apunte a la ausencia de condiciones de seguridad, autonomía y libertad en la suscripción de la renuncia, o que revelen un contexto violatorio de sus derechos humanos en ese ámbito.

62. Mientras que el modelo civilista de valoración de la prueba parte del presupuesto de la existencia de igualdad material entre las partes y, en consecuencia, tiene como premisa que "el que afirma debe probar"; en cambio, en materia laboral deben operar otras reglas y estándares de valoración de pruebas, toda vez que, en primer lugar, por regla general, existe un contexto de desigualdad y de asimetría económica, social y cultural entre el patrón y el trabajador; en segundo término, la experiencia judicial demuestra que en muchas ocasiones el despido se encubre en situaciones inciertas o artificiosas; en tercer término, el patrón se encuentra en una posición privilegiada de mayor poder y control sobre la prueba que nace dentro del entorno laboral, por su mayor proximidad y dominio a las fuentes probatorias (expedientes, papeles, escritos, testigos- trabajadores/administradores, controles de pagos, de jornada, de asistencias, etcétera).

63. Por esas razones, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 142/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR OBJETA EL ESCRITO RELATIVO EN CUANTO A SU CONTENIDO, FIRMA O HUELLA DIGITAL, A ÉL LE CORRESPONDE LA CARGA DE PROBAR SU OBJECIÓN."; debe interpretarse conforme al propio sistema normativo constitucional y legal que reconoce toda una serie de normas de protección a la parte trabajadora, lo que justifica que para determinar si en el caso concreto se actualiza el despido injustificado demandado o una terminación de la relación laboral consentida, resulta imprescindible que el órgano jurisdiccional efectúe la valoración de las pruebas a partir de dichos niveles de comprobación de los hechos controvertidos, a través de la aplicación del sistema dinámico de la prueba, complementado por un modelo probatorio de sana crítica, cuya finalidad es que el trabajador –en el contexto de un entorno probatorio hostil– tenga materialmente la posibilidad de demostrar la verdad de los hechos, de manera que su carga probatoria no se traduzca en un imposible jurídico.

64. Todo ello en cumplimiento a los artículos 784 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, interpretados a la luz de los derechos humanos a la igualdad sustantiva, a la liberta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30479-54064d64/renuncia-estandares-de-valoracion-de-pruebas-que-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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