RENUNCIA AL TRABAJO, DEBE CONSTAR DE MANERA INDUBITABLE.
AMPARO DIRECTO 1457/2013. 13 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CAROLINA PICHARDO BLAKE. SECRETARIA: NORMA NELIA FIGUEROA SALMORÁN.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El estudio de los conceptos de violación, conduce a determinar lo siguiente:
Alega en esencia el quejoso en el primero, segundo y tercero de los conceptos de violación, los que se analizan en conjunto por la relación que guardan entre sí, que la responsable violó en su perjuicio las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en virtud de que emitió un laudo incongruente, pues estableció que quedó probado con el escrito de renuncia que el actor renunció a su trabajo con efectos a partir del quince de enero de dos mil once, sin tomar en consideración lo aducido por éste en el hecho 5 de su escrito de demanda, en donde dijo haber sido despedido injustificadamente el trece de enero de dos mil once y que, por ese motivo, el demandado estaba obligado a probar que siguió subsistiendo la relación de trabajo entre el día en que el hoy quejoso se dijo despedido y la data de la renuncia.
Agrega que la renuncia del actor no fue libre y espontánea ya que fue coaccionado a renunciar, pues se le pidió que entregara el mobiliario, equipo y el cubículo en el cual realizaba las actividades inherentes a su empleo, y que el actor probó con la documental que ofreció bajo el apartado V) de pruebas, consistente en un escrito de acuse de recibo de la entrega de mobiliario y equipo a su cargo, dirigido al jefe de departamento adscrito al ********** y que obra a foja 20 del expediente laboral.
Es infundado lo que expresa el quejoso.
Del expediente laboral de que se trata se desprende, que ********** demandó de la ********** reinstalación en el puesto de base de **********, código de plaza **********, nivel **********, comisionado en el **********, del cual fue despedido injustificadamente el trece de enero de dos mil once; y del hecho 5 del mismo escrito, se desprende que refirió que al solicitarle la **********, **********, la entrega de la oficina a su cargo, conjuntamente con la documentación, mobiliario y equipo a su cargo, y a ordenarse que se retirara de su centro de trabajo, lo que aconteció el trece de enero de dos mil once, aproximadamente a las diez de la mañana, lo que implica jurídicamente un despido sin justa causa, en contravención al artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.(1)
Por su parte, al dar contestación a la demanda, la ********** negó el despido alegado y refirió que de manera voluntaria y unilateral el actor decidió dar por terminada la relación jurídica laboral al presentar escrito de renuncia con efectos a partir del quince de enero de dos mil once, por lo que es improcedente su reinstalación; que siempre laboró con categoría de confianza y dejó de laborar de manera personal y derivado de una decisión unilateral dando por terminada la relación laboral.
También manifestó que, el puesto de ********** que ocupó el actor está clasificado como de confianza, ya que realizó funciones de vigilancia, pues contaba con la facultad de representación ante diversas autoridades, realizando diversas gestiones ante las mismas que consistían en: instrumentar el servicio de información para las entidades federativas para apoyar los procesos de control vehicular, revisar la evaluación de la plataforma tecnológica de las entidades federativas con el propósito de determinar tiempo e infraestructura faltante para la implementación del Repuve, revisar requerimientos para el desarrollo del sistema, revisar y estandarizar las acciones de validación, a través de medios electrónicos del Repuve, lo que lleva implícito que el propio actor tuviera facultades de representación en nombre de la demandada, por ser quien tenía a su cargo, mantener el control vehicular de la dependencia, tal y como el propio actor lo señala en su demanda laboral, lo que debe ser tomado como confesión expresa;(2) asimismo refirió que tales funciones se encuentran contempladas dentro de la fracción II, inciso b) del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Para demostrar tales aseveraciones, la aquí tercera perjudicada ofreció, entre otras pruebas, la confesional a cargo del actor; informe que rindiera la **********, y las documentales consistentes en el escrito original de renuncia con efectos a partir del quince de enero de dos mil once; formato de descripción y perfil de puestos expedido por la **********, en la que consta que el cargo desempeñado por el actor era de confianza, así como las funciones que tenía asignadas; copia de catálogo de categorías y tabulador de sueldos de servidores públicos de enlace, base y confianza de la **********, sin que la parte actora objetara las pruebas de su contrario, en virtud de que no se presentó a la audiencia de veintidós de septiembre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado, por lo que se le tuvo por perdido su derecho para realizar manifestaciones en esa diligencia.(3)
En esa tesitura, en el caso concreto importa destacar, que la renuncia consiste en la manifestación unilateral del trabajador, expresando su deseo o intención de ya no prestar sus servicios al patrón lo que, por sí solo, surte efectos para que proceda la terminación de la relación laboral, sin que para ello se requiera de determinadas formalidades o requisitos; pero para que se tenga por actualizado ese supuesto de renuncia, la misma debe acreditarse de manera fehaciente e indubitable, de modo tal que no quede lugar a dudas en cuanto a esa manifestación unilateral de la voluntad con la que el trabajador decide poner fin al referido vínculo jurídico.
Entonces, cuando el patrón demandado en un juicio laboral opone como excepción que el trabajador renunció voluntariamente en una fecha determinada, conforme a las reglas procesales de la carga de la prueba, a él le corresponde demostrar tal evento y si para ello ofrece como prueba el escrito en que consta dicha renuncia, por ser éste un documento privado, al valorarlo debe tenerse en cuenta si fue o no objetado y, en su caso, perfeccionado, para efectos de determinar su alcance probatorio, aunque el patrón no haya precisado en su contestación de demanda las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la renuncia, pues si ésta consta por escrito, los datos que puedan exigirse, constarán en el documento, o su omisión será motivo de estudio al analizar su valor probatorio, ya que las circunstancias relativas a cómo, cuándo y dónde renunció, son propias del escrito cuestionado y la procedencia de la excepción opuesta por el patrón dependerá de la valoración que se haga del referido documento.
Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial 2a./J. 2/2002,(4) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 93/2001, de los siguientes rubro y texto:
"RENUNCIA DEL TRABAJADOR. PARA OTORGARLE VALOR PROBATORIO, CUANDO CONSTA POR ESCRITO, NO ES NECESARIO QUE AL CONTESTAR LA DEMANDA EL PATRÓN PRECISE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE FUE PRESENTADA, SIN PERJUICIO DE QUE EL DOCUMENTO SE PERFECCIONE SI ES CUESTIONADO. Al tenor de lo dispuesto por los artículos 797, 798, 801 y 802 de la Ley Federal del Trabajo, los documentos privados para tener valor probatorio pleno, deben ser perfeccionados con otras probanzas, tales como el reconocimiento expreso o tácito, el cotejo, la prueba pericial, la testimonial, etcétera. Así, cuando el patrón demandado en un juicio laboral opone como excepción que el trabajador renunció voluntariamente en una fecha determinada, conforme a las reglas procesales de la carga de la prueba a él le corresponde demostrar tal evento y si para ello ofrece como prueba el escrito en que consta dicha renuncia, por ser éste un documento privado, al valorarlo debe tenerse en cuenta si fue o no objetado y, en su caso, perfeccionado, para efectos de determinar su alcance probatorio, aunque el patrón no haya precisado en su contestación de demanda las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la renuncia, pues si ésta consta por escrito, los datos que puedan exigirse, constarán en el documento, o su omisión será motivo de estudio al analizar su valor probatorio, ya que las circunstancias relativas a cómo, cuándo y dónde renunció, son propias del escrito cuestionado y la procedencia de la excepción opuesta por el patrón dependerá de la valoración que se haga del referido documento. Lo anterior deriva de que la litis queda debidamente fijada al precisar el patrón que el trabajador renunció a su empleo, correspondiéndole al primero demostrar los hechos en que funda su defensa y al segundo, en su caso, desvirtuar las pruebas que aquel presente, como sucedería si el escrito de renuncia fuera cuestionado."
Y en la tesis aislada I.6o.T.29 L,(5) de este Tribunal Colegiado de Circuito, del siguiente tenor:
" La renuncia consiste en la manifestación unilateral del trabajador, expresando su deseo o intención de ya no prestar sus servicios al patrón, según lo definió la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial por contradicción No. 37/94, publicada en la página 23, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 81, septiembre de 1994 que dice: ‘RENUNCIA VERBAL. VALIDEZ LEGAL DE LA. La renuncia a seguir prestando servicios representa el libre ejercicio de un derecho del trabajador y es un acto unilateral que por sí solo surte efectos, procediendo la terminación de la relación laboral. Dicha renuncia sea oral o por escrito no necesita del cumplimiento de posteriores formalidades o requisitos y, por lo mismo, para su validez no requiere de ratificación ni de aprobación por la autoridad laboral, puesto que no constituye un convenio de aquellos a los que alude el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.’; sin embargo, para que se tenga por actualizado ese supuesto de renuncia, la misma debe acreditarse de manera fehaciente e indubitable de modo tal, que no quede lugar a dudas en cuanto a esa manifestación unilateral de la voluntad con la que el trabajador decide poner fin a la relación laboral."
Bajo ese marco jurídico, es dable señalar que, como se refirió en párrafos precedentes, la parte demandada negó que el actor hubiera sido separado del empleo, sino que fue el trabajador quien presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al nombramiento que ostentaba, con efectos a partir del quince de enero de dos mil once, lo que quedó demostrado con el escrito de renuncia que en original exhibió el patrón equiparado, y que obra a foja 75 del expediente laboral, firmada por ********** que contiene firma autógrafa; medio de prueba que no fue motivo de objeción alguna por la parte actora, de manera que alcanzó pleno valor probatorio.
Lo que pone en evidencia que, aun cuando es verdad que del laudo se advierte que la Sala ninguna consideración expuso en cuanto a la fecha en que se afirmó ocurrió el despido y aquel otro, posterior, en el que se dijo se produjo la renuncia; ni del expediente laboral se advierte que la aquí tercera perjudicada hubiera demostrado la subsistencia de la relación laboral entre el referido lapso, lo cierto es que, en contra de lo que manifiesta el quejoso, el titular demandado desvirtuó el despido alegado con el escrito de renuncia, es suficiente para acreditar que el trabajador presentó su renuncia voluntaria a partir del quince de enero de dos mil once; e, incluso, con el recibo de pago que ofreció el propio actor, y que obra a foja 18 del expediente laboral, consta que se le pagó al actor del uno al quince enero de dos mil once, por lo que queda corroborado que el actor laboró hasta esa data.
Además, el propio actor refirió en la demanda laboral que presentó renuncia con efectos a partir del quince de enero de dos mil once, pero que ello obedeció a que fue coaccionado para tal fin, habida cuenta que la **********, **********, le solicitó la entrega de la oficina a su cargo, conjuntamente con la documentación, mobiliario y equipo a su cargo, y que le ordenó que se retirara de su centro de trabajo, lo que aconteció el trece de enero de dos mil once, aproximadamente a las diez de la mañana; sin embargo, no fue demostrado dicho aserto por el actor, pues no ofreció prueba con la que acreditase tales hechos, ya que la prueba que ofreció para tal efecto fue la confesional a cargo de **********, pero en proveído de cuatro de septiembre de dos mil doce, se decreta la deserción de la referida prueba confesional,(6) sin que el ahora quejoso se inconformara contra dicho proveído; de ahí que no se haya probado la coacción que aduce el peticionario de garantías, al referir que se le solicitó que renunciara con efectos a partir del quince de enero de dos mil once, y que ello ocurrió el trece de enero de dos mil once; ya que si el trabajador afirma que fue contra su voluntad, ello implica que le corresponde demostrar tal aseveración, si es negada por su contraparte, pero como no lo hizo, habida cuenta que la documental que obra a foja 20 del expediente laboral; resulta evidente que no se justifica lo que alega.
En virtud de lo expuesto, se concluye que no existen suficientes elementos para presumir que el actor fue coaccionado para presentar su renuncia con efectos a partir del quince de enero de dos mil once; por lo que, al haberlo considerado así la responsable, esto es, que se acreditó que el actor renunció voluntariamente mediante escrito de catorce de enero de dos mil once, con efectos a partir del quince del mismo mes y año, es evidente que el laudo reclamado no es violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 37, Tomo XLV, Quinta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, del tenor literal siguiente.
"RENUNCIA POR COACCIÓN, NECESIDAD DE PROBAR LA. Al no haber demostrado el quejoso que se ejerció violencia para hacerle firmar su renuncia al puesto que reclamó y para declarar haber recibido el importe total de los salarios caídos que le correspondían, es indiscutible que careció de elementos para llegar a una conclusión favorable."
Así como lo sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 574, Tomo CXXXI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes:
"RENUNCIA DEL TRABAJADOR, VALOR DE LA. El hecho de que el trabajador demandante en el juicio laboral no demuestre que la renuncia la hubiese firmado obligado por coacción moral o amenazas, es evidente que tiene plena validez, aunque no reconozca el contenido de la misma el firmante, si la Junta, dentro de sus facultades, le concede valor probatorio, no constituyendo esto último violación legal, por no haberse acreditado la falsedad de dicha renuncia."
En otro motivo de inconformidad planteado en el cuarto concepto de violación se aduce, en esencia, que la responsable fue omisa en pronunciarse respecto de lo aducido por el actor, ahora quejoso en el hecho uno de su demanda laboral, en donde adujo que si bien se desempeñó como **********, realizaba funciones netamente administrativas, tales como contestar llamadas, acomodar correspondencia, tomar dictados, sin que tuviera personal a su cargo ni mucho menos funciones de inspección o aplicación de recursos, por lo que el puesto resulta ser de base, sin que el tercero perjudicado acreditara que fuera de confianza, pues la calidad de confianza de los trabajadores al servicio del Estado, depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas, independientemente de la denominación que se dé en el nombramiento respectivo.
Tal alegato es fundado, pero inoperante.
Lo anterior es así, en virtud de que si bien es cierto que como lo aduce el quejoso, la responsable fue omisa en pronunciarse respecto a si el actor tenía el carácter de confianza como lo adujo en su contestación la (**********) demandada, o era trabajador de base como lo refirió en la demanda laboral, que pese a que se desempeñó en el puesto de **********, realizaba funciones netamente administrativas, tales como contestar llamadas, acomodar correspondencia, tomar dictados, sin que tuviera personal a su cargo ni mucho menos funciones de inspección o aplicación de recursos, por lo que el puesto resulta ser de base; también lo es, que a nada práctico conduciría conceder el amparo para que la Sala responsable se pronunciara al respecto, ya que de las constancias que integran el juicio laboral, se advierte que quedó plenamente demostrado que el ahora quejoso renunció a su trabajo con efectos a partir del quince de enero de dos mil once; de ahí que la reinstalación en el puesto que venía desempeñando para la secretaría demandada es improcedente, con independencia de la calidad de confianza o no que tuviera; de ahí que aunque sea fundado lo alegado en relación a la omisión en que incurrió la responsable, es inoperante.
Además de lo anterior, cabe destacar que, en la especie, contrario a lo considerado por el quejoso, la ********** demandada si ofreció pruebas para acreditar lo que refirió en la contestación a la demanda, esto es, que el puesto de ********** que ocupó el actor está clasificado como de confianza, ya que realizó funciones de vigilancia, pues contaba con la facultad de representación ante diversas autoridades, realizando diversas gestiones ante las mismas, que consistían en: instrumentar el servicio de información para las entidades federativas para apoyar los procesos de control vehicular, revisar la evaluación de la plataforma tecnológica de las entidades federativas con el propósito de determinar tiempo e infraestructura faltante para la implementación del Repuve, revisar requerimientos para el desarrollo del sistema, revisar y estandarizar las acciones de validación, a través de medios electrónicos del Repuve, lo que lleva implícito que el propio actor tuviera facultades de representación en nombre de la demandada, por ser quien tenía a su cargo, mantener el control vehicular de la dependencia, tal y como el propio actor lo señala en su demanda laboral, en el hecho 2, en el que manifestó: "con fecha 15 de noviembre de 2010, se me comisionó al Registro Público Vehicular (Repuve), del edificio que se encuentra ubicado en la calle de **********."; y que tales funciones se encuentran contempladas dentro de la fracción II, inciso b) del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Para demostrar tales aseveraciones, la aquí tercera perjudicada ofreció, entre otras pruebas, informe que rindiera la **********, el que obra a foja 171 del expediente laboral, del que se desprende que conforme al catálogo general de puestos y plazas del gobierno federal, el código de identificación "**********", con nivel salarial **********, lo tiene asignado el puesto denominado **********,(7) mismo que se clasifica como de confianza. Asimismo, ofreció bajo el apartado 4, la documental pública consistente en el formato de descripción y perfil de puestos expedido por la **********, en el que consta que el cargo que desempeñaba el actor como de confianza, se encuentra determinado por dicha dependencia como tal, derivado de las funciones que se le encomiendan desempeñar bajo la plaza presupuestal de **********, que obra a fojas 76 a 78 del expediente laboral, y dentro de las funciones encomendadas, se encuentra instrumentar el servicio de información para las entidades federativas para apoyar los procesos de control vehicular, revisar e inspeccionar el análisis y desarrollo de los proyectos de implementación y/o instrumentación del programa del registro público vehicular, a nivel nacional en las entidades federativas con el propósito de homologar criterios y procesos para el control vehicular; revisar y estandarizar las acciones de validación a través de medios electrónicos de las entidades federativas; formular, estimar y revisar los requerimientos para el desarrollo de los sistemas y aplicaciones tecnológicas: procedimientos, acciones y oportunidades de los procesos de intercambio de información; documental que quedó debidamente perfeccionado mediante su cotejo, que obra a foja 177 del juicio laboral; de ahí que merece valor probatorio; y, copia del catálogo de categorías y tabulador de sueldos de servidores públicos de enlace, base y confianza de la **********, sin que la parte actora objetara las pruebas de su contrario.
En consecuencia, quedó acreditado que el actor era trabajador de confianza, ya que las funciones que tenía asignadas conforme al catálogo de puestos, a que alude el artículo 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se encuentran contempladas, dentro de las establecidas en la fracción II, inciso b) del artículo 5o., de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ya citada, que dispone:
"Artículo 5o. Son trabajadores de confianza:
"... II. En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas dentro del régimen del apartado ‘B’ del artículo 123 constitucional, que desempeñan funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de esta ley sean de:
"a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, sub-directores y jefes de departamento.
"b) Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y sub-jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza.
"..."
Por tanto, al quedar acreditado que la tercera perjudicada también demostró que el trabajador ocupó un cargo de confianza, ningún perjuicio le ocasiona el hecho de que no se hubiera demostrado su moción ante la Sala responsable, pues el ahora quejoso, se encuentra excluido de los derechos que derivan de la estabilidad en el empleo y de la aplicación a su favor de la ley burocrática, pues de conformidad con lo previsto en la fracción XIV del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trabajadores de confianza al servicio de los Poderes de la Unión, gozan de los derechos que la Constitución concede a todos los trabajadores del Estado Federal, en lo que concierne a las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, excepto los relativos a la estabilidad en el empleo.
Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 205/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206, Tomo XXVI, noviembre de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de los siguientes rubro y texto:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-La fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al legislador la facultad de determinar en la ley los términos y condiciones en que procede la suspensión o cese de los efectos del nombramiento de los trabajadores burocráticos, por lo que al armonizar el contenido de esa fracción con el de la diversa XIV, se advierte que los trabajadores de confianza no están protegidos en lo referente a la estabilidad en el empleo, sino solamente en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prestaciones de seguridad social que se extiende, en general, a las condiciones laborales según las cuales deba prestarse el servicio, con exclusión del goce de derechos colectivos, que son incompatibles con el tipo de cargo y naturaleza de la función que desempeñan. Y si bien en ninguna de las fracciones que integran el citado apartado B se establece expresamente que los trabajadores de confianza están excluidos de la estabilidad en el empleo, ésta se infiere de lo dispuesto en la referida fracción XIV, al precisar cuáles son los derechos que pueden disfrutar, y como entre éstos no se incluyó el de la estabilidad en el empleo, no puede atribuírseles un derecho que ha sido reconocido exclusivamente a los de base. Ello es así, porque la exclusión de un derecho no necesariamente debe estar establecida expresamente en la norma constitucional, pues basta atender a los derechos que confirió el Constituyente a los trabajadores de confianza para determinar que, por exclusión, no pueden gozar de los otorgados a los de base. Por tanto, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al precisar los derechos que tiene el trabajador de base y excluir de ellos a los de confianza, no contraría el apartado B del artículo 123 de la Ley Fundamental."
Y la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 204/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 205 de la fuente antes citada, del siguiente tenor:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.-El artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus diversas fracciones, los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo que serán materia de regulación pormenorizada a través de la ley reglamentaria correspondiente. Asimismo, clasifica a dichos trabajadores en dos sectores: de base y de confianza. Ahora bien, la fracción XIV del referido artículo constitucional, al prever expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que quienes los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, limita algunos de sus derechos como el relativo a la estabilidad o inamovilidad en el empleo previsto en la fracción IX, los cuales reserva para los trabajadores de base. Sin embargo, tales limitaciones son excepcionales, pues los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en la aludida fracción XIV, conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, que no puede restringirse, así como la prerrogativa de obtener el pago de prestaciones como aguinaldo y quinquenio, además de todos los derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, dentro de los cuales se incluyen, entre otros, seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, servicios de rehabilitación, préstamos para adquisición de casa, entre otros."
En las relatadas condiciones, sin que este órgano de control constitucional y convencional, advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, de conformidad con lo establecido en la fracción IV, del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, ni violación a los derechos humanos del impetrante de garantías, lo que procede es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal.
Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 46, 158, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el laudo dictado por la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cuatro de octubre de dos mil doce, dentro del juicio laboral número **********, seguido por el actor en contra de la **********.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a la autoridad responsable; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, integrado por los ciudadanos Magistrados: presidente Marco Antonio Bello Sánchez, Carolina Pichardo Blake y Genaro Rivera, siendo relatora la segunda de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Foja 4 del expediente laboral.
2. Fojas 48 y 49 del expediente laboral.
3. Fojas 98 y 98 vuelta del expediente laboral.
4. No. Registro: 187925. Jurisprudencia. Materia(s): laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002. Página 98.
5. No. Registro 202502. Tesis aislada. Materia(s): laboral. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, mayo de 1996. Página 693.
6. Foja 199 del expediente laboral.
7. Puesto y clave que el actor tenía, y que se desprende de su propia demanda laboral, recibos de pago que el propio quejoso ofreció como pruebas.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25089-3d86ce54/renuncia-al-trabajo-debe-constar-de-manera-indubitable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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