COMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PAGADA. SI LA JUNTA CONDENA A LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR, DEBE DECLARARSE PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN RELATIVA A LA RESTITUCIÓN DEL MONTO TOTAL DEL FINIQUITO QUE RECIBIÓ EL TRABAJADOR.
AMPARO DIRECTO 920/2018. PETRÓLEOS MEXICANOS. 17 DE ENERO DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIA: CARMEN GONZÁLEZ VALDÉS.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Previo al estudio de los conceptos de violación, se destacan los siguientes antecedentes.
********** demandó de Petróleos Mexicanos, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y del Instituto Mexicano del Seguro Social:
La nulidad del convenio y recibo-finiquito del cinco (5) de julio de dos mil diez (2010), exhibido y ratificado ante la Junta Especial Número Doce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por contener renuncia de derechos, al encontrarse viciada su voluntad, pues fue obtenida mediante violencia moral, coacción, presión psicológica y engaño, la nulidad de la comparecencia del veintiséis (26) de agosto de dos mil diez (2010), realizada en la Junta Especial Número Doce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como del acuerdo dictado respecto de dicha comparecencia, en el expediente-convenio **********, por el cual se aprobó el convenio exhibido por Petróleos Mexicanos y, en consecuencia, su reinstalación en el puesto que venía ocupando de superintendente general "B", nivel 39, en el área Superintendencia General de Reclutamiento y Evaluación de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos, entre otras prestaciones.
Narró que ingresó a laborar para Petróleos Mexicanos el quince (15) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997); trabajando en forma ininterrumpida hasta el dos (2) de julio de dos mil diez (2010); fecha en que fue despedido de manera injustificada.
Añadió que el dos (2) de julio de dos mil diez (2010), siendo aproximadamente las 12:00 horas, el Lic. **********, subgerente de administración de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, le comunicó verbalmente que se encontraba en una lista de personas de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física que serían despedidos, por lo que más tarde se indicaría a qué persona debería entregar la oficina de la Superintendencia General de Información General y Laboral bajo su responsabilidad, de conformidad con el contrato de trabajo vigente que tenía signado con la empresa, y durante la tarde de ese día, aproximadamente a las 17:50 horas, el mismo Lic. **********, le comunicó telefónicamente que hiciera entrega a la C.P. **********, y a las 18:00 horas aproximadamente se reunieron en la oficina de la Superintendencia General de Reclutamiento y Evaluación de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física; hizo la entrega-recepción de dicha superintendencia, levantándose el acta respectiva, en la que se estableció que hasta el cuatro (4) de julio dejaba de ocupar su cargo.
Agregó que desde el cinco (5) de julio de dos mil diez (2010), no había cobrado salarios y carecía de los medios económicos para cubrir las necesidades mínimas de alimentación de su familia y diversos gastos y deudas, por lo que se vio en la necesidad de aceptar la liquidación que le daba Petróleos Mexicanos.
Que de no contar con liquidez corría el riesgo de incurrir en mora respecto de diversas obligaciones y tenía el temor fundado de perder el bien inmueble que había adquirido con el crédito hipotecario que le había asignado Petróleos Mexicanos, habiendo pagado más de tres años de dicho crédito, por lo que se vio presionado para firmar una supuesta renuncia de tres (3) de junio de dos mil diez (2010) y un convenio de cinco (5) de julio de dos mil diez (2010), por lo que el veintiséis (26) de agosto de dos mil diez (2010) acudió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para ratificar un convenio de cinco (5) de julio de dos mil diez (2010) por medio del cual Petróleos Mexicanos le hizo el pago de una indemnización de $**********; sin embargo, no era su voluntad dar por terminada la relación de trabajo.
Indicó que el pago que se realizó fue con motivo del reajuste de personal, pero no de una terminación voluntaria de la relación laboral con fundamento en los artículos 84 y 85 del reglamento mencionado.
Posteriormente, el actor modificó su demanda, aclarando que el dos (2) de julio de dos mil diez (2010), siendo aproximadamente las 12:00 horas, el Lic. **********, subgerente de administración de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, le comunicó verbalmente que se encontraba en una lista de personas de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física que serían despedidos, por lo que más tarde le indicaría a qué persona debería entregarle la oficina de la Superintendencia General de Reclutamiento y Evaluación que estaba bajo su responsabilidad, de conformidad con el contrato de trabajo vigente que tiene signado con la empresa, y durante la tarde del dos (2) de julio de dos mil diez (2010), aproximadamente a las 17:50 horas, el mismo Lic. **********, le comunicó telefónicamente que le hiciera entrega a la C.P. **********.
Petróleos Mexicanos, al dar contestación, manifestó que el actor, el tres (3) de junio de dos mil diez (2010) presentó escrito dirigido al Ing. **********, subdirector corporativo de recursos humanos, mediante el cual expresó, de manera libre y espontánea, que por razones personales daba por terminada la relación laboral con efectos a partir del cinco (5) de julio de dos mil diez (2010) como trabajador de planta confianza a la plaza que venía ocupando, por lo que con esa fecha suscribieron un convenio en el que manifestaron que en términos del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo se daba por concluida la relación de trabajo por mutuo consentimiento, mismo que ratificaron el veintiséis (26) de agosto de dos mil diez (2010), en el local de la Junta Especial Doce de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al dar contestación, negó acción y derecho al actor e hizo propias, en lo que le beneficiara, las excepciones y defensas que opuso Petróleos Mexicanos.
El Instituto Mexicano del Seguro Social negó todas y cada una de las prestaciones reclamadas, pues no existió relación laboral, ni como asegurado ni como órgano asegurador.
La Junta condenó a Petróleos Mexicanos a reinstalar al actor, al estimar que el convenio y finiquito suscritos por el actor de cinco (5) de julio de dos mil diez (2010), así como la renuncia de tres (3) de junio del año en cita, fueron firmados bajo coacción, por lo que declaró su nulidad y estimó que el actor había sido despedido injustificadamente el cinco (5) de julio, sin que la demandada demostrara que el reclamante realizara funciones de confianza; asimismo, condenó a diversas prestaciones. Absolvió al Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana y al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Inconforme con lo anterior, Petróleos Mexicanos y **********, promovieron demandas de amparo directo de las que tocó conocer a este Tribunal Colegiado de Circuito, con los números de amparo directo ********** y **********, respectivamente; en el primero de ellos se negó el amparo, en tanto que en el segundo, se concedió la protección de la Justicia Federal para que la Junta:
"1. Deje insubsistente el laudo.—2. Reponga el procedimiento desde el acuerdo de admisión y prevenga al actor para que precise los datos relacionados con el crédito hipotecario de vivienda del cual reclama el pago de intereses a cargo del demandado, lo anterior, en los términos de esta ejecutoria.—3. Hecho lo anterior, con lo que en su caso desahogue la parte actora, corra traslado al demandado para dar oportunidad de que efectúen su contestación únicamente en cuanto a dicho tópico, así como abrir la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas para que las partes ofrezcan las que estimen convenientes en torno a ello exclusivamente; y, 4. Al laudar, reitere los aspectos definidos en cuanto al fondo del asunto y, en su caso, resuelva lo que en derecho corresponda en cuanto a la materia de la prevención."
En cumplimiento a lo anterior, ordenó la reposición del procedimiento; en cuanto al punto de la concesión, las partes realizaron las manifestaciones que estimaron oportunas y, en el momento procesal correspondiente, dictó el laudo ahora impugnado, en el que declaró la nulidad del convenio y recibo-finiquito de cinco (5) de julio de dos mil diez (2010), así como la renuncia de tres (3) de junio del citado año y condenó a la reinstalación, al pago de los intereses por concepto de préstamo hipotecario conforme a la tabla de amortización de pagos correspondiente, así como al pago de otras prestaciones.
Inconforme con lo anterior, Petróleos Mexicanos promovió la presente demanda de amparo directo, en la que aduce como conceptos de violación los siguientes:
Reposición del procedimiento
Arguye el inconforme en el capítulo que denominó "Cuestiones previas de inconstitucionalidad", que el laudo violaba en su perjuicio el debido proceso legal y el principio de seguridad jurídica, pues fue emitido a fin de dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo **********, pero dicho cumplimiento debió realizarse conforme a la unidad sistemática del proceso y a la eficacia de la tutela judicial efectiva de la que es titular el quejoso.
Que la reposición debía realizarse respecto de todos y cada uno de los actos a partir de la etapa procesal en que se cometió la vulneración respectiva, lo que inexorablemente conducía a que la respuesta a la demanda se realizara respecto de todos y cada uno de los hechos y pretensiones aducidos por el actor en su demanda dentro del juicio natural correspondiente.
Que reponer el procedimiento sólo respecto a un acto procesal, o en relación con un solo hecho como parte de la demanda, rompía con la unidad lógica del proceso, lo que conducía a conclusiones contradictorias o a una colisión de razonamientos que destrozarían la racionalidad argumentativa y la coherencia interna de la resolución.
Que la tutela de la unidad lógica del proceso y de la coherencia interna de las resoluciones, podía desprenderse de la jurisprudencia II.1o.T. J/43, de rubro: "VIOLACIÓN PROCESAL. SE ACTUALIZA SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO, NO REPONE TODO EL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE LA DILIGENCIA EN LA CUAL SE ADVIRTIÓ LA IRREGULARIDAD PROCEDIMENTAL Y EMITE UN NUEVO LAUDO, CON BASE EN LAS PRUEBAS QUE QUEDARON INSUBSISTENTES."
Que lo anterior implicaba atender a las formalidades esenciales del procedimiento; concepto que se encontraba referido en la Carta Magna como debido proceso, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo señaló como: "...conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defenderse adecuadamente de sus derechos ante cualquier... acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal..."
Que la primera formalidad de todo procedimiento, era que la parte afectada fuera llamada ante el órgano de autoridad a fin de que pudiera defenderse, ofrecer pruebas y que éstas fueran desahogadas, ofrecer alegatos y el derecho de audiencia en el que el órgano público dicte una resolución en la que dirima las cuestiones planteadas.
Que el actuar de la Junta fue inconstitucional al emitir el laudo reclamado, el cual vulneraba el principio (sic) de debido proceso legal y, debida coherencia interna y externa del acto, al imponerle una condena vulnerando sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 14 de la Constitución, por lo que se debía reponer el procedimiento a efecto de que se aclarara la demanda y se le otorgara la oportunidad al quejoso de defenderse de la totalidad de las acciones interpuestas.
Continuó alegando el inconforme (primer concepto de violación) en el capítulo que denominó como "Violación a la integridad procesal de la litis", que la litis en el juicio natural consistía en determinar si el convenio de cinco (5) de julio de dos mil diez (2010), era legal o no, a lo cual debía avocarse la decisión de la autoridad, así como las excepciones y defensas opuestas, pero ordenar que el juicio se substanciara solamente por los intereses de un crédito hipotecario y no respecto de las condiciones de validez del convenio multicitado, destruía el principio de integridad procesal, y generaba el absurdo jurídico de valorar un acto jurídico e invalidarlo, sin que se permitiera que la parte afectada por dicha invalidez manifestara lo que a su derecho conviniera.
Que la responsable debía reponer de forma integral y completa el proceso y no sólo con la finalidad de determinar los intereses de un crédito hipotecario, cuestión parcial y accesoria de la litis.
Los anteriores argumentos son, en una parte inoperantes y, en otra infundados.
Lo anterior es así, en relación con lo que aduce en el sentido de que el laudo violaba en su perjuicio el debido proceso legal y el principio de seguridad jurídica, pues fue emitido a fin de dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo **********, pero que dicho cumplimiento debió realizarse conforme a la unidad sistemática del proceso y a la eficacia de la tutela judicial efectiva de la que es titular el quejoso, y reponer el procedimiento respecto de todos y cada uno de los actos a partir de la etapa procesal en que se cometió la vulneración respectiva; lo anterior se estima así, ya que el amparo directo no es la vía para hacer valer su inconformidad contra el cumplimiento de esa sentencia.
Lo anterior, con apoyo, por las razones que informa, y por no oponerse al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia P./J. 98/97, registro digital: 197240, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, materia común, página 22, de rubro y texto siguientes:
"SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL.—Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja."
Asimismo, se consideran inoperantes sus manifestaciones, ya que no puede ser materia de análisis en esta instancia constitucional, en virtud de que precisamente en el juicio de amparo **********, que promovió **********, resuelto en sesión de veintidós (22) de febrero de dos mil ocho (2017) se concedió el amparo para el efecto de que la responsable "...2. Reponga el procedimiento desde el acuerdo de admisión y prevenga al actor para que precise los datos relacionados con el crédito hipotecario de vivienda del cual reclama el pago de intereses a cargo del demandado; lo anterior, en los términos de esta ejecutoria..."
Y en la parte considerativa de la ejecutoria en comento se estableció lo siguiente:
"Como se observa de la cronología de las constancias que precede, el actor, en su escrito inicial de demanda no indicó los elementos necesarios para que, en su caso, la Junta pudiera determinar si era o no procedente el reclamo, esto es, no dijo a) el número de crédito que se le otorgó a través del cual la institución bancaria Banorte le realizó el préstamo; b) el importe de lo prestado; c) qué tipo de crédito hipotecario fue obtenido (vivienda, solar urbano, construcción, remodelación, lote, etc.); d) cuánto pagaba el patrón de intereses del crédito y cuánto el trabajador, tampoco indicó cuál era la tabla de amortizaciones que se acordó con el banco respecto de los descuentos tanto a capital como intereses que le correspondían cubrir a la demandada, pues el hecho de que mencionara que de forma catorcenal se le descontaban $********** por concepto de deducción ‘Sifivi Banorte’ es insuficiente para poder resolver el reclamo señalado.—Conforme a lo anterior, se colige que la autoridad responsable, al admitir el escrito inicial, y para contar con elementos suficientes para resolver en consecuencia, debió prevenir a la accionante para que aclarara ese aspecto, pues como se indicó, el señalamiento del monto que se le descontaba por el crédito de vivienda resulta insuficiente para resolver el pago de intereses reclamados.—En consecuencia, si se toma en cuenta que la autoridad responsable absolvió del concepto en cita al estimar que al actor le correspondía acreditar la existencia del crédito, ya que los recibos de pago no eran prueba suficiente, consideración que se traduce en la existencia de oscuridad en la demanda; lo que obliga a concluir que la Junta, al admitir el escrito inicial, debió prevenir a la accionante para que aclarara ese aspecto y, al no hacerlo así, contravino las normas que rigen el procedimiento, en especial lo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se actualizó el supuesto previsto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo primero del diverso 170, del mismo ordenamiento legal, lo cual trascendió al resultado del laudo, pues absolvió de su pago. ... Cabe precisar que la reposición del procedimiento, en los términos analizados deberá efectuarse sólo respecto a dicho tópico; es decir, con lo que en su caso desahogue la actora, la Junta deberá correr traslado al demandado para darle oportunidad a que efectúe su contestación, sólo en cuanto a la materia de la reposición se refiere, así como abrir la etapa probatoria para que las partes ofrezcan los medios de convicción que estimen pertinentes en torno a ello, sin trastocar el resto del procedimiento y hasta la emisión del laudo."
De ahí que resulten inoperantes los argumentos vertidos, pues los aspectos alegados por el inconforme respecto de la reposición del procedimiento, sólo por cuanto hace al reclamo del pago de intereses a cargo del demandado respecto del crédito hipotecario, lo hizo la Junta en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y no con jurisdicción propia de la responsable, por lo que, al ser así, lo que ahora alega no puede ser materia de estudio en el presente amparo.
Apoya lo anterior, conforme al artículo sexto transitorio, la jurisprudencia 755, registro digital: 915892 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia Laboral, página 630, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON LOS QUE ATACAN LAS CONSIDERACIONES EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA ANTERIOR.—Si las consideraciones de un laudo y la consiguiente decisión, en relación con uno de los puntos sobre los que versa el negocio respectivo, no fueron emitidas por la responsable con jurisdicción propia sino en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, las mismas no pueden ser objeto de estudio en un nuevo juicio de garantías, por lo que deben declararse inoperantes los conceptos de violación que respecto de aquel punto se hagan valer."
Por otro lado, se califican de inoperantes los argumentos en los que refiere que se le debió dar oportunidad de defenderse, ofrecer pruebas, que éstas fueran desahogadas, ofrecer alegatos, por lo que se debía ordenar reponer el procedimiento a efecto de que se aclarara la demanda y se le otorgara la oportunidad de defenderse de la totalidad de las acciones impuestas.
Lo anterior, ya que como se advierte de los autos del juicio laboral **********, la Junta, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo **********, mediante acuerdo de veintisiete (27) de marzo de dos mil dieciocho (2018) ordenó reponer el procedimiento y previno al actor para que en el término de tres días, precisara los datos relacionados con el crédito hipotecario de vivienda del cual reclamaba el pago de intereses a Petróleos Mexicanos. (f. 931 del expediente laboral)
Por escrito de seis (6) de abril de dos mil dieciocho (2018) **********, aclaró su escrito de demanda, únicamente respecto al crédito hipotecario de vivienda y ofreció pruebas. (f. 934 a 936 del expediente laboral)
Por acuerdo de diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018) la Junta tuvo por desahogada la prevención y ordenó dar vista a la demandada Petróleos Mexicanos para que controvirtiera lo manifestado. (f. 938 del expediente laboral)
Mediante escrito de veintitrés (23) de abril del citado año, Petróleos Mexicanos dio contestación nuevamente a toda la demanda, así como al tema de su aclaración. (f. 995 a 987 del expediente laboral)
En audiencia celebrada el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018) las partes ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes, (f. 1018 a 1021 del expediente laboral) y se turnaron los autos a proyecto de resolución.
De la cronología de las constancias se observa que, contrario a lo referido por el inconforme, la Junta sí respetó el derecho de audiencia, pues le dio vista con la aclaración de la demanda para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, mismo que hizo; asimismo, ofreció como pruebas aquellas que ya se encontraban en autos; de ahí que se estimen infundados sus argumentos, pues se le otorgó el derecho de defenderse respecto al tema de aclaración de la demanda.
Además, la autoridad no estaba en posibilidad de reponer todo el procedimiento, pues como se advierte del amparo directo **********, se concedió la protección de la Justicia Federal para que se mandara aclarar la demanda respecto del crédito hipotecario de vivienda, con ésta se diera vista a la parte demandada, y se ordenara la apertura de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas exclusivamente en torno a ello, y se ordenó a la Junta que reiterara los aspectos que ya habían quedado definidos; consecuentemente, la responsable estaba constreñida a resolver sólo respecto de la materia de la prevención; por tanto, fue correcta la actuación de la autoridad.
"Renuncia, convenio de terminación de la relación laboral y acta entrega-recepción."
Alegó el quejoso (segundo concepto de violación) que denominó "Incongruencia y violación a la garantía de seguridad jurídica" que de manera esencial la autoridad resolvió en contravención a las constancias de autos, pues el laudo reclamado no se había dictado a verdad sabida y buena fe guardada, al declarar nulo el convenio de terminación de la relación de trabajo y condenar a la reinstalación.
Que el establecimiento de la litis era incongruente ya que la autoridad, al resolver, no instaló de manera clara la naturaleza de los diversos actos jurídicos realizados durante y con posterioridad a la relación laboral, pues al establecer la litis, reconoció que existió una renuncia del trabajador, un convenio celebrado ante la autoridad laboral y un pago por recibo finiquito; sin embargo, a los tres actos les otorgó la misma naturaleza jurídica, confundiendo los momentos de la emisión, la esencia y el fin de cada uno.
Que la responsable, al realizar sus consideraciones, estimó que el convenio no surtió efectos legales a pesar de haberse perfeccionado ante la autoridad laboral al ser ratificado, además de que debió tener en consideración la secuencia de los hechos sin que fuera visto como un solo acto jurídico para dar por terminada la relación laboral.
Que el tercero interesado presentó su renuncia el tres (3) de junio de dos mil diez (2010) de forma voluntaria con efectos a partir del cinco (5) de julio de dos mil diez (2010); luego, el dos (2) de julio de dos mil diez (2010) el actor realizó un acta de entrega-recepción entregando la oficina de la Superintendencia General de Reclutamiento y Evaluación, de la que se observaba que el actor dejaría de prestar sus servicios a partir de cuatro (4) de julio de dos mil diez (2010); que el acta de entrega-recepción era un acto jurídico unilateral de carácter administrativo que perfeccionaba la conclusión del encargo de una función pública, siendo una obligación administrativa de los servidores públicos, la cual tiene como fin rendir cuentas respecto del encargo conferido.
Que la responsable debía considerar que respecto de la renuncia y el acta entrega-recepción, el segundo de los actos jurídicos mencionados invalidaba el primero (la renuncia), pues el actor, a pesar de haber manifestado su voluntad de dar por terminada la relación laboral, no se encontraba seguro de sus "causas", de donde se desprendía que la última manifestación de la voluntad es la que persistía y extinguía la primera.
Que con independencia de lo anterior, el cinco (5) de julio de dos mil diez (2010), con fundamento en el artículo 53, fracción I, de la ley laboral, el tercero interesado y Petróleos Mexicanos decidieron, por mutuo consentimiento, dar por terminada su relación laboral en la modalidad de convenio, en el cual liquidaron su relación de trabajo, es decir, que la patronal pagó al trabajador su prima de antigüedad y diversos alcances; convenio que fue ratificado ante la autoridad laboral, además, fue reconocido por ambas partes en el juicio natural y ofrecido como prueba por ambos, al cual la autoridad responsable le otorgó valor probatorio pleno.
Que de forma errónea, en el párrafo segundo de la foja 7 del laudo, se determinó que "...y del convenio mismo analizado entre todas y cada una de sus partes, no existe referencia alguna al escrito de renuncia de fecha 3 de junio de 2010, por lo cual, a criterio de esta Junta, no se tendrían por expresada la voluntad del accionante de dar por terminada la relación laboral, menos aún se tendrían por acreditadas las manifestaciones la demandada (sic) en el sentido de que el convenio es celebrado como consecuencia de la renuncia del hoy actor..."
Que conforme a lo anterior, incurrió en una interpretación errónea, ya que pretendía atribuirle nulidad a un acto jurídico consensual y bilateral con base en un documento de distinta naturaleza, como era la renuncia del tres (3) de junio de dos mil diez (2010), la cual a la fecha del convenio ya no tenía efectos jurídicos.
Que carecía de total fundamento que la autoridad responsable considerara que el convenio de cinco (5) de julio de dos mil diez (2010), era nulo porque en el mismo no se detalló la renuncia de tres (3) de junio de dos mil diez (2010) y que, por ello, no existía la voluntad de las partes de dar por terminada la relación laboral.
Que ni la Ley Federal del Trabajo en su artículo 53, fracción I, ordenaba como requisito del convenio que se hiciera referencia a las circunstancias o motivos que llevaron a la manifestación de la voluntad, ni la renuncia de tres (3) de junio contenía ningún elemento que permitiera inferir una coacción, lo cual expresó el actor en la demanda, que era una ficción creada por el tercero interesado, además de que no existían elementos objetivos para concluir que existió coacción.
Que por lo anterior se debía anular el acto reclamado por cuanto se refería a la invalidación del convenio de cinco (5) de julio de dos mil diez (2010).
Son inoperantes los argumentos vertidos, en razón de que fueron motivo de análisis por este Tribunal Colegiado de Circuito, en el amparo directo **********, promovido por el mismo quejoso, resuelto en sesión de veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), en el que se desestimaron esos argumentos bajo las siguientes consideraciones:
"Refiere el quejoso (primer concepto de violación) que la Junta realizó un indebido análisis del convenio de terminación de la relación laboral, pues se demostró la existencia del convenio que fue celebrado a voluntad de las partes, ya que fue ratificado ante la propia Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que daba pleno valor probatorio al convenio de cinco (5) de julio de dos mil diez (2010) y su ratificación de veintiséis (26) de agosto del mismo año.—Que solamente podía lograrse su invalidez, cuando alguno de los signantes demostrara fehacientemente dentro del juicio la ausencia de voluntad, o que las prestaciones materia de convenio, se encontraran afectadas de nulidad.—Que el actor estuvo en posibilidad de manifestar su inconformidad durante la ratificación del convenio, pero no lo hizo, con lo cual se convalidó ese acto jurídico, y no así la nulidad o invalidez del convenio; es decir, hubo la voluntad del trabajador para no laborar con la patronal m
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28425-3067861d/compensacion-o-devolucion-de-la-liquidacion-pagada-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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