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Modo: Corpus Pro

TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA, DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO, Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 641/2013. · Registro digital (IUS): 25325
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-11-07
Promovente: JUAN VÍCTOR OREA CAMACHO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Pág. 2802.

AMPARO DIRECTO 641/2013. JUAN VÍCTOR OREA CAMACHO. 6 DE DICIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN JOSÉ FRANCO LUNA. SECRETARIO: HÉCTOR FLORES IRENE.

CONSIDERACIONES:

QUINTA. Estudio del asunto. Los conceptos de violación son fundados, aunque para ello deba suplirse la queja deficiente en diversas fracciones de su contenido, en términos el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo,(31) por constituirse el quejoso en la parte trabajadora.

En efecto, en un segmento del segundo concepto de violación, el peticionario de derechos aduce, en esencia, que fue incorrecta la absolución al pago del fondo de ahorro por cuanto a la parte que le corresponde aportar al patrón; pues afirma que si el patrón al contestar la demanda no la controvirtió, y por el contrario confesó que la cantidad reclamada le fue cubierta al quejoso mediante el recibo finiquito correspondiente con motivo de su renuncia el veintinueve de julio de dos mil nueve, resultaba innecesaria la exhibición por parte del accionante del juicio laboral del contrato colectivo de trabajo para acreditar la procedencia de dicha prestación.

Argumentos fundados y suficientes para conceder el amparo al quejoso para que se ordene la condena por el concepto pretendido.

Lo que es así, en tanto que aun cuando la carga de la prueba para demostrar la procedencia de la prestación atinente al pago del fondo de ahorro, por cuanto a la parte que le correspondía aportar a la patronal demandada, debió ser satisfecha por el trabajador y no así por la demandada, dado que dicha prestación es de carácter extralegal; en la especie no hubo controversia sobre si se otorgaba como prestación al trabajador, como se pasa a demostrar.

Ciertamente, el aquí quejoso demandó como prestaciones bajo los incisos e) y f), las siguientes:

"e) El pago de la cantidad que resulte por concepto de fondo de ahorro que le era retenido por la demandada de su salario ordinario, a razón de $********** en forma semanal, a partir del 1 de enero a la fecha de sus (sic) injusta separación ocurrida el día 29 de julio del año 2009, y que se refleja en los recibos de pago de salarios, y que arroja la cantidad global de $**********.

"f) El pago de la cantidad de $**********, por concepto de fondo de ahorro que la persona moral y en términos del contrato colectivo de trabajo está obligada y pactada (sic) cubra a sus trabajadores una cantidad igual a la que éstos hayan aportado por dicho concepto."(32)

Como se ve, dicha prestación la actora la hace derivar por un lado del descuento semanal que se le hace de su salario ordinario y, por otro, de que se encuentra prevista en el contrato colectivo de trabajo, por lo que debe considerarse tal concepto como una prestación de carácter extralegal; por tanto, la carga de probar su dicho en el sentido de que en aquel pacto de trabajo se encuentra previsto que el patrón otorgue a los trabajadores una cantidad igual que la que se le descuenta de su salario ordinario a los operarios por concepto de fondo de ahorro, le correspondía al actor y no a la demandada.

Lo anterior, al tenor del contenido de los siguientes criterios que se comparten:

"Octava Época

"Registro: 1010084

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Jurisprudencia

"Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011

"Tomo VI. Laboral Segunda Parte-TCC Primera Sección- Relaciones laborales ordinarias Subsección 1 - Sustantivo

"Materia(s): Laboral

"Tesis: 1289

"Página: 1316

"PRESTACIONES EXTRALEGALES. CARGA DE LA PRUEBA. Si bien de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 784, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, en todo caso corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia respecto del contrato de trabajo, tal exigencia se refiere a la demostración de las condiciones individuales de labores o garantías mínimas del contrato individual de trabajo, bajo las cuales el subordinado ha de prestar sus servicios, relacionados en el artículo 25 del mismo ordenamiento legal, a cuyo caso no puede asimilarse la obligación de probar las condiciones de trabajo previstas en un contrato colectivo de trabajo, porque éstas no encuentran su origen en la ley sino en el acuerdo de voluntades tenido entre el patrón y el sindicato que representa el interés profesional de sus trabajadores, así que tratándose de prestaciones previstas en el pacto colectivo, es el actor y no el demandado quien debe soportar la carga de probar.

"Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

"Amparo directo 443/92. Alejandro Soto Carrillo. 21 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Roberto Ruiz Martínez.

"Amparo directo 625/92. Graciela Sandoval Murillo. 20 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Roberto Ruiz Martínez.

"Amparo directo 677/92. Francisco Zepeda Salguero. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez.

"Amparo directo 43/93. Ferrocarriles Nacionales de México. 31 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Roberto Ruiz Martínez.

"Amparo directo 302/93. Gabriel González Macías. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Armando Ernesto Pérez Hurtado.

"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 70, octubre de 1993, página 65, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.T. J/43; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, octubre de 1993, página 345.

"Apéndice 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, página 896, tesis 1029."

"Novena Época

"Registro: 190489

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis Aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XIII, enero de 2001

"Materia(s): Laboral

"Tesis: I.6o.T.77 L

"Página: 698

"CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. CUANDO SE RECLAME UNA PRESTACIÓN FUNDADA EN UNA DE SUS CLÁUSULAS QUE REMITE A OTRAS DIVERSAS, DEBEN OFRECERSE COMO PRUEBA TODAS AQUELLAS QUE SE VINCULAN CON LA CLÁUSULA EN QUE SE BASE LA RECLAMACIÓN. La entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que aparece publicada en la página 43 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, Volúmenes 217-228, Quinta Parte, de rubro: ‘PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE.’, sostuvo el criterio de que quien alega el otorgamiento de una prestación de carácter extralegal, debe acreditar en el juicio su procedencia. Acorde con este criterio, el trabajador está obligado a aportar en el juicio la cláusula del pacto colectivo en que base sus reclamaciones por tener la carga de la prueba para ello; ahora bien, si esa cláusula remite a otras diversas para su aplicación, deben exhibirse conjuntamente por la relación que guardan entre sí, para que el juzgador esté en aptitud de determinar la existencia del derecho ejercitado.

"Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

"Amparo directo 7066/2000. Juan Jaime Pérez Flores. 10 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Yolanda Rodríguez Posada.

"Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 594, tesis I.9o.T. J/21, de rubro: ‘CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. DEBEN APORTARSE COMO PRUEBA TODAS AQUELLAS CLÁUSULAS QUE SE RELACIONEN CON LO PRETENDIDO.’.

"Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.6o.T. J/85, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 3051, con el rubro: ‘PRESTACIONES EXTRALEGALES. SI EL TRABAJADOR LAS FUNDA EN UNA CLÁUSULA DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE REMITE A OTRAS, POR LA RELACIÓN QUE GUARDAN ENTRE SÍ DEBE EXHIBIRLAS A EFECTO DE QUE EL JUZGADOR PUEDA DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO EJERCITADO.’"

Sin embargo, no obstante que el trabajador omitió exhibir el pacto colectivo de trabajo donde dijo que se consignaba el derecho a esa prestación y la consecuente obligación del patrón a proporcionarlo, lo cierto es que fue incorrecto que la Junta lo haya absuelto de su pago.

Ello, dado que como se alega, la patronal al dar contestación a ese reclamo aceptó haber otorgado dicha prestación -fondo de ahorro por cuanto a la parte que le correspondía aportar de una cantidad igual a la que le descontaba del salario ordinario a sus trabajadores, en la especie, de $********** semanales y que, por tanto, se le adeudaban $**********, por el periodo del uno de enero al veintinueve de julio de dos mil nueve-.

Lo que hizo al referir que dicho concepto le fue cubierto al trabajador y que, por ello, no se le debía cantidad alguna, al tenor de lo siguiente:

"e) y f) El pago de del (sic) concepto de fondo de ahorro en virtud de que dicho concepto le fue pagado el día 29 de julio de 2009, fecha en la que de manera voluntaria renunció firmando su renuncia, por lo cual no se le adeuda cantidad alguna ..."(33)

De ahí que, como se anticipó, aun cuando era al actor a quien le correspondía la fatiga procesal de demostrar que la prestación en comentario le era entregada por el patrón, ello no fue necesario ante la aceptación por parte de la patronal, al referir al respecto, que ese adeudo era inexistente dado que le había sido cubierto en su oportunidad al trabajador, aunque no demostró tal aserto.

Lo que se sostiene, dado que de los recibos de pago exhibidos en juicio, sólo se aprecia la deducción por $********** que se le hacía al trabajador de su salario de manera catorcenal por concepto de fondo de ahorro; y del recibo finiquito no se aprecia que se haya entregado cantidad alguna bajo tal concepto; por tanto, debe concederse el amparo al quejoso para los efectos que se precisarán al final de la presente ejecutoria.

No pasa inadvertido que por cuanto al reclamo del fondo de ahorro, pero tocante al descuento semanal que hacía el patrón por la cantidad de $**********, la Junta sí emitió condena por el reclamo idéntico al que hizo el trabajador de $**********; no obstante, este órgano colegiado advierte que de los recibos de pago exhibidos por el propio actor se observa que el descuento que se le hacía era de manera catorcenal y no semanal, no obstante, al no haber controversia en ese aspecto por la parte a quien le perjudica, debe subsistir dicha condena.

En diverso tópico, el quejoso aduce en el tercero de sus conceptos de violación, en esencia, que fue incorrecta la absolución que decretó la Junta responsable al pago de la prima de antigüedad, bajo la consideración toral de que no se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

Argumentos fundados, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja.

Cierto, en lo atinente a la procedencia de la prima de antigüedad demandada, la Junta del conocimiento absolvió de su pago bajo la consideración de que no se actualizaba la hipótesis contenida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, pues agregó que quedó demostrado que la relación de trabajo concluyó por decisión del actor, esto es, de manera voluntaria y no contaba con quince años de antigüedad.

Lo anterior es inconstitucional.

Previo a justiciar el anterior aserto, conviene hacer mención que en el laudo reclamado se aplicó el numeral 162 de la Ley Federal del Trabajo y, con fundamento en él, se determinó que no procede el pago de la prima de antigüedad, ya que el actor se retiró voluntariamente por renuncia de su empleo y sólo tenía de antigüedad en servicio para la patronal catorce años, siete meses, dos días.

El citado precepto establece:

"Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:

"I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios;

"II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486;

"III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido; ...

"V. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501; y ..."

Ahora bien, en el actual artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subyace el derecho a la igualdad, al establecer:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Por su parte, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone:

"Artículo 24. Igualdad ante la ley.

"Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley."

La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que uno sólo no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro.

Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto.

Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente.

Luego, si los sujetos comparados no son iguales o no reciben trato desigual, no habrá violación a la garantía individual.

Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida, si es adecuada para el logro del fin legítimo buscado y si resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar.

Al respecto, se cita la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Registro: 164779

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXXI, abril de 2010

"Materia(s): Constitucional

"Tesis: 2a./J. 42/2010

"Página: 427

"IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia.

"Amparo en revisión 1155/2008. Ramón Ernesto Jaramillo Politrón. 21 de enero de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.

"Amparo en revisión 221/2009. Wal-Mart de México, S.A. de C.V. (ahora Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.). 20 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

"Amparo directo en revisión 1818/2008. Martha Ponce de León y otros. 24 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Amalia Tecona Silva.

"Amparo en revisión 2131/2009. Carlos Ruiz Carrillo y otros. 11 de noviembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez.

"Amparo en revisión 50/2010. Minera Peñasquito, S.A. de C.V. 3 de marzo de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

"Tesis de jurisprudencia 42/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de abril de dos mil diez."

Asimismo, en el caso Yatama vs. Nicaragua (serie C, No. 127),(34) la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que es discriminatoria una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable.

Ahora bien, el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo prevé los siguientes supuestos de procedencia para el pago de la prima de antigüedad:

1. En caso de separación voluntaria, siempre y cuando el trabajador haya cumplido quince años de servicios.

2. Cuando el trabajador se separe por causa justificada, no importa el tiempo de servicios.

3. Cuando el patrón separe al trabajador, justificada o injustificadamente, sin importar el tiempo de servicios.

4. En caso de muerte, cualquiera que sea la antigüedad.

De los supuestos en que procede el pago de la prima de antigüedad, se da como elemento común en que se paga al trabajador cuando se concluye la relación laboral independientemente en la forma en que ocurra, esto es, (i) que el trabajador se separe de forma voluntaria; (ii) que se separe por causa justificada; (iii) que el patrón lo separe ya sea de forma justificada o injustificada; o, (iv) en caso de muerte del trabajador.

Sin embargo, se establece un trato diferenciado, pues tratándose de la separación voluntaria se exige que el trabajador tenga quince años de servicios, por lo menos, mientras que en los otros supuestos no se exige algún requisito de antigüedad, sino que se les paga independientemente del tiempo de servicios prestados.

La diferencia de trato no está justificada, ya que la prima de antigüedad surgió como una prestación legal concomitantemente con la entrada en vigor de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del uno de mayo de mil novecientos setenta, pues anteriormente sólo constituía una prestación de naturaleza extralegal contemplada en los contratos colectivos de trabajo, por lo que el legislador lo único que hizo fue incorporar tal prestación a la ley.

En la exposición de motivos que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, el doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, se expuso con claridad la incorporación de ese beneficio en la nueva Ley Federal del Trabajo, en los términos siguientes:

"El artículo 162 acoge una práctica que está adoptada en diversos contratos colectivos y que constituye una aspiración legítima de los trabajadores: la permanencia en la empresa debe ser fuente de un ingreso anual, al que se da el nombre de prima de antigüedad, cuyo monto será el equivalente a doce días de salario por cada año de servicios. La prima deberá pagarse cuando el trabajador se retire voluntariamente del servicio o cuando sea separado o se separe con causa justificada. Sin embargo, en los casos de retiro voluntario de los trabajadores se estableció una modalidad, consistente en que la prima sólo se pagará si el trabajador se retira después de quince años de servicios, modalidad que tiene por objeto evitar, en la medida de lo posible, lo que se conoce con el nombre de deserción de los trabajadores. Por tanto, los trabajadores que se retiren antes de cumplir quince años de servicios, no tendrán derecho a percibir la prima de antigüedad. En el mismo artículo 162 y para evitar que en un momento determinado la empresa se vea obligada a cubrir la prima a un número grande de trabajadores, se introdujeron ciertas reglas que permiten diferir parcialmente los pagos.

"La prima de antigüedad tiene un fundamento distinto del que corresponde a las prestaciones de la seguridad social; éstas tienen su fuente en los riesgos a que están expuestos los hombres, riesgos que son los naturales, como la vejez, la muerte, la invalidez, etcétera, o los que se relacionen con el trabajo. Se trata de una prestación que se deriva del solo hecho del trabajo, por lo que, al igual que las vacaciones, debe otorgarse a los trabajadores por el transcurso del tiempo, sin que en ella entre la idea de riesgo; o expresado en otras palabras, es una institución emparentada con la que se conoce con el nombre de fondo de ahorro, que es también independiente de las prestaciones otorgadas por el Seguro Social."

De esa forma, se colige que la finalidad que persiguió el reconocer el derecho a la prima de antigüedad por retiro voluntario hasta que se cumpla con quince años, fue la de evitar, en la medida de lo posible, la deserción de los trabajadores.

Sin embargo, este órgano de control constitucional no advierte causa objetiva y razonable para que trabajadores que tengan menos de quince años de servicio y decidan separarse voluntariamente, no reciban el pago de esta prestación.

En efecto, la prima de antigüedad es un derecho de los trabajadores por el desgaste físico que sufren durante la relación laboral que se obtiene por el solo transcurso del tiempo, la cual se genera por cada año de servicios, cuyo objetivo consiste en reconocer el esfuerzo y colaboración permanente del trabajador por los servicios prestados al concluir su relación laboral; dicha prestación no constituye un incremento al salario que se pague periódicamente, sino que se entrega en una sola ocasión cuando concluye la relación laboral.

Por ello, un derecho que se obtiene únicamente por el transcurso del tiempo no puede perderse porque el trabajador decida separarse voluntariamente de su fuente de ingresos sin haber cumplido quince años, pues con dicha disposición se intenta obligar, aun contra la voluntad de los trabajadores, a que éstos permanezcan durante quince años en un empleo a fin de obtener el pago de un derecho que ya generaron por el simple transcurso del tiempo.

En efecto, la inconstitucionalidad de este artículo resulta porque el legislador da un trato diferente a trabajadores en igualdad de circunstancias, sin que esa diferencia de trato se encuentre justificada por el hecho de buscar que los trabajadores se abstengan de separarse voluntariamente de su trabajo; pues resulta desmedida la sanción consistente en perder un derecho que ya adquirieron.

Aunado a lo anterior, no se explica la diferencia de trato, porque en el supuesto de que el trabajador dé lugar a que el patrón lo separe de forma justificada por incurrir en alguna causal para terminar la relación sin responsabilidad para el patrón (despido justificado), éste de cualquier forma se encuentra obligado a pagar la prima de antigüedad, independientemente del tiempo de servicios.

Esto es, resulta absurdo que, por un lado, trabajadores que son separados por el patrón con causa justificada, reciban la prima de antigüedad independientemente del tiempo de servicios prestados y, por otro, trabajadores que deciden voluntariamente dejar el empleo no reciban el pago de este derecho por no contar como mínimo con los quince años establecidos en la ley.

Por ello, si el patrón está obligado a pagar esta prima de antigüedad cuando el trabajador es separado de su empleo con causa justificada, es decir, aun cuando el trabajador cometa faltas que ameriten la terminación de la relación laboral sin responsabilidad del patrón, resulta que también debe estar obligado a pagar la prima de antigüedad cuando los trabajadores que se separan voluntariamente de su empleo, sin importar su antigüedad, pues el derecho a su pago ya se generó por el simple transcurso del tiempo.

Considerar lo contrario, ocasionaría que en caso de que el trabajador decida separarse de la fuente de trabajo, prefiriera cometer una falta para que sea despedido en forma justificada y, de esa forma, obtener el pago de la prima de antigüedad; lo que no obtendría en caso de que se separara de forma voluntaria, razón por la cual no se consigue el fin buscado con la implementación del requisito de quince años para el pago de esa prestación.

Lo mismo puede decirse de los otros supuestos, en que se paga la prima de antigüedad a los trabajadores que se separen por causa justificada; son separados por el patrón por causa injustificada (despido injustificado) o muerte, ya que se trata de un derecho que los trabajadores generaron por el transcurso del tiempo, lo cual les genera un beneficio que indebidamente se restringe a los trabajadores que se separan voluntariamente de su empleo, para el caso de que tengan menos de quince años de servicio.

Por ello, el hecho de que a través del mencionado requisito se busque la permanencia en el empleo de los trabajadores, no puede constituir una base objetiva y razonable para privarlos del derecho de obtener el pago de una prestación que generaron por el transcurso del tiempo, ya que si la prima de antigüedad se paga por los años de servicio que presta un trabajador una vez que se termina la relación laboral, no existe ninguna razón para establecer el requisito de quince años de servicio si el trabajador decide voluntariamente dejar su empleo.

Se cita por las razones que en ella se contienen, la siguiente tesis que se comparte.

"Novena Época

"Registro: 162508

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis Aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXXIII, marzo de 2011

"Materia(s): Constitucional

"Tesis: XV.2o.15 L

"Página: 2399

"PR

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25325-ff954c67/tiempo-extra-inverosimil-para-resolver-la-controversia-relativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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