SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y LOS SALARIOS VENCIDOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, EN AUXILIO DEL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE ABRIL DE 2014. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CASIMIRO BARRÓN TORRES, MAURICIO BARAJAS VILLA, VÍCTOR ERNESTO MALDONADO LARA, ANTONIO REBOLLO TORRES, SALVADOR CASTRO ZAVALETA, EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER, RICARDO CASTILLO MUÑOZ, ÁNGEL PONCE PEÑA, FELIPE EDUARDO AGUILAR ROSETE, MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS, SERGIO PALLARES Y LARA Y JUAN MANUEL ALCÁNTARA MORENO. VOTOS ACLARATORIOS: VÍCTOR ERNESTO MALDONADO LARA, RICARDO CASTILLO MUÑOZ Y MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. DISIDENTES: JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ Y ELÍAS ÁLVAREZ TORRES. PONENTE: SALVADOR CASTRO ZAVALETA. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1 y 3 del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y su anexo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece.
SEGUNDO. Legitimación. En el caso, debe estimarse que la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por los Magistrados y secretario en funciones de Magistrado, integrantes del entonces Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, actualmente Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, que emitió el criterio antagonista.
TERCERO. Postura del tribunal denunciante. El entonces Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, al resolver el juicio de amparo directo 206/2013, promovido por la Secretaría de Economía, en lo que interesa al tema de esta contradicción, sostuvo lo siguiente:
"... Por otro lado, también debe desestimarse el motivo de disenso en el que la secretaría quejosa, en síntesis, refiere que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su caso, sólo prevé el derecho a una indemnización, pero no a que se paguen salarios caídos, ello de conformidad con lo previsto por el artículo 10, fracción X, del citado ordenamiento legal; de ahí que sostenga que, en el caso, la autoridad señalada como responsable hizo extensivos principios regulados en la Ley Federal del Trabajado a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, lo cual es contra natura, dado que si el legislador los hubiera querido establecer como una consecuencia de un despido injustificado, lo hubiera hecho así en las leyes y ordenamientos relativos, por lo que en este caso no hay laguna al respecto dado que las leyes sustantivas prevén en forma expresa la regulación de la figura jurídica de la indemnización, y no así el pago de salarios caídos de proceder aquélla, la cual está reservada para los casos del apartado A del artículo 123 constitucional.
"En principio debe establecerse que es cierto que en la ley en análisis no se prevé lo concerniente al tópico de salarios caídos, no menos lo es que el numeral 10, fracciones X y XI, respectivamente, establecen:
"‘Artículo 10. Los servidores públicos de carrera tendrán los siguientes derechos:
"‘...
"‘X. Recibir una indemnización en los términos de ley, cuando sea despedido injustificadamente, y
"‘XI. Las demás que se deriven de los preceptos del presente ordenamiento, de su reglamento y demás disposiciones aplicables.’
"En ese tenor, se tiene que en el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en La Administración Pública Federal, específicamente en el dispositivo 81, se establece lo siguiente:
"‘Artículo 81. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine la separación del servidor público de carrera, realizará de inmediato los trámites necesarios para solicitar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento correspondiente.
"‘En el caso de que se hubiere suspendido al servidor público de carrera y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no autorice su separación del sistema, la dependencia deberá restituirlo en el goce de sus derechos y cubrirle las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se encontró suspendido.
"‘Cuando el tribunal resuelva autorizar la separación, el servidor público no tendrá derecho al pago de salarios u otra cantidad equivalente.’
"Como se observa de lo anterior, el legislador previó que en caso de que se hubiere suspendido a un trabajador sujeto a la ley que reglamenta y se negare su separación deberá de pagársele las percepciones que debió recibir durante el tiempo que estuvo suspendido, lo que encuentra su justificación en el hecho de que el trabajador está separado de su empleo sin percibir ningún salario por causa no imputable a él, por lo que la dependencia incurre en una ineludible responsabilidad si se demuestra lo injustificado de la suspensión, pues durante la tramitación del juicio que se lleve ante el tribunal laboral, generalmente el trabajador se encuentra desprotegido sin percibir salarios para satisfacer sus necesidades.
"Del precepto transcrito se advierte que en el caso que se hubiere suspendido al servidor público de carrera y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no autorice su separación, la dependencia deberá restituirlo en el goce de sus derechos y cubrirle las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se encontró suspendido y que en caso contrario, es decir, cuando se apruebe la separación, el servidor público no tendrá derecho al pago de salarios u otra cantidad equivalente.
"En ese orden de ideas, si bien el numeral se refiere a la suspensión de un trabajador respecto del cual posteriormente no se admite su separación por el órgano competente, por analogía y mayoría de razón debe considerarse que en caso de que exista un despido injustificado también se tiene derecho a que se le cubran las percepciones que debió recibir desde la ruptura de la relación laboral y hasta que se cumplimente el laudo que en su caso se dicte.
"Ello pues del numeral transcrito del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se hace patente la decisión legislativa que tiende a promover el derecho fundamental de toda persona al goce y protección efectiva del salario como remuneración justa derivada de la actividad laboral, cuya efectividad permite el desempeño del trabajo en libertad, el respeto a la dignidad de la persona, así como la efectividad del derecho a un nivel de vida individual y/o familiar adecuado, lo que conlleva deberes de abstención y promoción dirigidos a los poderes públicos y particulares a esos efectos, así como medidas prohibitivas tendentes a evitar todo tipo de actos que induzcan al patrón a privar del salario al trabajador.
"Dentro de dicho derecho fundamental, se encuentran los salarios caídos puesto que suponen, que durante el lapso transcurrido entre el despido y la cumplimentación de la resolución que ordene la indemnización correspondiente, el trabajador ha estado en condiciones de prestar sus servicios personales al patrón y que ha sido por causas imputables a éste que el trabajo no se ha desempeñado, por ende, es dable entender que están comprendidos dentro del ámbito de protección del derecho fundamental de los trabajadores al goce y protección efectiva del salario, máxime que su adecuada tutela frente a todos los poderes públicos y particulares permite el desempeño del trabajo en libertad, el respeto a la dignidad de la persona, así como la efectividad del derecho a un nivel de vida individual y/o familiar adecuado, como se dijo.
"Debe sumarse a las consideraciones que preceden, que los salarios caídos son una consecuencia inmediata y directa de la acción consistente en indemnización originada por el despido o en la rescisión del contrato por culpa del patrón, puesto que el derecho a la indemnización y el pago de salarios vencidos, constituye una sola obligación jurídica, a la que corresponde una acción principal y otra derivada, de manera que cuando se ejercita la de indemnización en forma precisa, también se debe condenar al pago de dichos salarios.
"Ello es así, pues la naturaleza jurídica de la indemnización es la de una acción, entendida como tal, aquel derecho del que goza cualquier trabajador para acceder a la justicia cuando se considere despedido en forma injustificada, teniendo una naturaleza diversa el pago de salarios caídos; es decir, no es una acción, sino una sanción que impone la ley laboral al patrón para el caso de que no logre acreditar la separación del trabajador en el empleo.
"Por tanto, estimar que un trabajador burocrático de confianza que pertenece a un régimen de tutela especial, como lo es el servicio profesional de carrera en la administración pública federal, que fue despedido injustificadamente y, por ende, con derecho al pago de la indemnización prevista en la legislación que regula su estatus, no tenga derecho a los salarios que dejó de percibir, pues ello implica estimular la impunidad del patrón que lo separó ilegalmente.
"Es por ello, que no le irroga perjuicio a la peticionaria del amparo la condena al pago de salarios caídos, pues en la especie, la situación jurídica especial que tiene el actor, hace que dichos salarios sean una consecuencia jurídica directa e inmediata de la indemnización a que tiene derecho por la ruptura del vínculo laboral, por no haberse comprobado que la rescisión llevada a cabo por el patrón, se ajustó a lo previsto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera, sin que esto último tienda a proteger la estabilidad en el empleo de un trabajador de confianza, sino que obedece a la ilegalidad de la remoción, así como a resguardar el derecho fundamental de toda persona al goce y protección efectiva del salario.
"Apoya lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 92/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 223, que dice:
"‘SALARIOS CAÍDOS. LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DERIVA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO, AUN CUANDO EL TRABAJADOR NO LO DEMANDE EXPRESAMENTE.’ (la transcribe)." Folios veinticinco a veintiocho del expediente de amparo.
De lo anterior se obtiene, que el tribunal denunciante estimó en el criterio opositor, sustancialmente, que de conformidad con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y su reglamento, todo trabajador burócrata de confianza que pertenece a ese régimen especial -servicio profesional de carrera-, tiene el derecho a la protección al salario, dentro del cual se encuentran los salarios vencidos, en caso de ser separados injustificadamente de su cargo, por ser una consecuencia jurídica directa e inmediata de la acción de indemnización.
CUARTO. Postura del tribunal opositor. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de garantías 532/2010 promovido por **********, en lo tocante al tema de contradicción, sostuvo lo siguiente:
"... Sin que por otra parte resulte fundado lo que también alega el quejoso, en el sentido de que la Sala responsable al emitir el laudo reclamado debió aplicar el principio de supremacía constitucional que establece el artículo 133 de la Constitución General de la República, el cual dispone que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión, y que los Jueces de cada Estado se arreglarán a la Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados; y que por ello, a su vez, debió aplicar en su favor la resolutora, el principio que regula los derechos mínimos establecidos por el artículo 123, apartado B, fracción IX, constitucional, en la que se prevé, que en caso de separación injustificada, el trabajador tiene derecho a dos tipos de acciones: la de reinstalación y la de indemnización; asimismo, que debió aplicar lo dispuesto por los artículos 10, fracción I, 63 y 75, fracción IX, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y el último párrafo del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en forma supletoria, por disposición del diverso 79 del primero de los ordenamientos legales inmediatamente citados, en virtud de que esta ley dispone que los servidores públicos de carrera, tienen derecho a la estabilidad en el empleo.
"En efecto, lo anterior es así, toda vez que si bien es verdad que el artículo 133 de la Constitución General de la República prevé el principio de supremacía constitucional que señala el quejoso, en el sentido de que la Constitución, las leyes que emita el Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que celebre el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión; y que los Jueces de cada entidad federativa se arreglarán a lo previsto por la Constitución, leyes y tratados, a pesar de lo que dispongan en contrario las Constituciones o leyes locales; asimismo, que en la fracción IX del diverso artículo 123, apartado B, de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que invoca el quejoso, se establece como derechos mínimos para los trabajadores al servicio del Estado que: ‘Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley’; y que en caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento que establece la ley; y que en los artículos 10, fracción I, 63 y 75, fracción IX, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal se establece, respectivamente, lo atinente a la estabilidad relativa en el empleo de los servidores públicos que contempla dicha ley (10, fracción I y 63), así como la determinación de procedencia para su separación por el comité que se hubiera nombrado (75, fracción IX); no es menos verdad que, como también lo señala el impetrante en sus motivos de inconformidad, los derechos que se establecen en el artículo 123, apartado B, aludido, son derechos mínimos para los trabajadores al servicio del Estado, que no es dable que puedan ser aplicados de manera directa, sino de conformidad con lo dispuesto por la ley reglamentaria que los regula, atento lo establecido por el segundo párrafo del citado precepto constitucional que dice: ‘El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo las cuales regirán ...’, de donde se sigue, entonces, que no es posible jurídicamente que en aras de la supremacía constitucional se establezca el derecho del ahora quejoso a la reinstalación, con base en lo previsto por el aludido artículo 10, fracción I, en relación con los diversos 63 y 75, fracción IX, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que contemplan la estabilidad relativa en el empleo, y el procedimiento para su separación; pues si el legislador ordinario consideró, con base en las características propias de los puestos contemplados en esta ley, que los servidores públicos de carrera que los ocupen en caso de despido injustificado, sólo tendrán derecho a una indemnización, debe estarse a esta disposición, al encontrar justificación constitucional en los términos descritos. Por tanto, tampoco es dable la pretensión del quejoso en el sentido de que se aplique supletoriamente a su favor lo previsto por el artículo 46, último párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el 79 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para tener derecho al pago de los salarios caídos, aun interpretado en sentido contrario, por cuanto dicho precepto establece, en la parte que invoca el quejoso lo siguiente: ‘... Cuando el tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos de nombramiento sin responsabilidad para el Estado el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos’, pues como ya quedó establecido, en caso de despido injustificado de un servidor público de carrera, sólo tendrá derecho a una indemnización, sin que se hubiera previsto el pago de los salarios caídos, de ahí que tampoco procedería la aplicación supletoria pretendida, porque sería tanto como crear un derecho que no previó el legislador, de ahí lo infundado de los argumentos que se atienden." (folios ochenta y siete vuelta a noventa vuelta del expediente de amparo).
De lo anterior se obtiene, que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró respecto del criterio contendiente, en esencia, que en caso de despido injustificado, un servidor público de carrera sólo tendrá derecho a la indemnización, sin comprender el pago de salarios vencidos, pues considerarlos en la indemnización, sería tanto como crear un derecho que no previó el legislador.
QUINTO. Existencia de contradicción de tesis. Conviene hacer alusión al contenido de la jurisprudencia 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, del mes de agosto de dos mil diez, Novena Época, que dispone lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que, ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Así como a la jurisprudencia 22/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 122 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, correspondiente al mes de marzo de dos mil diez, Novena Época, que estableció lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron' que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
Como se observa de las anteriores jurisprudencias, la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que dicten sostengan "tesis contradictorias", entendiendo por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.
Asimismo, en la referida tesis por contradicción se deben tratar criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales. Pues, generalmente, se denuncian cuestiones secundarias o accidentales.
Así, de conformidad con la doctrina legal contenida en la segunda jurisprudencia ut supra indicada, una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, requiere de los siguientes requisitos:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto, respectivamente, alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron su arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, cualquiera que fuese el método adoptado;
2. Que las interpretaciones respectivas contengan un razonamiento diferente en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea que la interpretatio iuris incida sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad pretendida de una institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible (sic).
Bajo ese contexto, se configura la denuncia de contradicción de tesis a que este expediente se refiere, en virtud de que los dos órganos jurisdiccionales terminales adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que los hechos que lo contienen no son exactamente iguales.
Lo anterior, porque la litis sobre la que versa la presente contradicción de tesis, consiste en determinar: si un trabajador burócrata de confianza que pertenece al Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, despedido injustificadamente de su empleo, tiene o no derecho a percibir, además de una indemnización, el pago de los salarios vencidos.
En principio, ambos tribunales en sus respectivos fallos, coinciden en que aquel grupo de servidores públicos -de carrera-, tiene derecho a la indemnización cuando sean separados injustificadamente de su empleo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, fracción X, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, como lo invocó el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, actualmente Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal. Lo anterior determina que este tópico no es objeto de especulación de la presente sentencia, dado que no se produjo alguna contradicción de criterios entre los tribunales contendientes.
Sin embargo, fueron discordantes al considerar, el tribunal auxiliar denunciante, que la sanción por despido injustificado debe incluir el pago de los salarios vencidos, por tratarse de una consecuencia directa e inmediata de la acción de indemnización; en tanto que, el Tribunal Colegiado en Materia Laboral, estimó que no está previsto el pago de salarios vencidos y que considerar lo contrario, equivaldría a crear un derecho que no previó el legislador para los citados servidores públicos de carrera.
SEXTO. Desarrollo de la investigación. El presente proyecto de resolución propone estudiar y analizar la vigencia de los salarios vencidos, desde dos puntos de vista, fundamentalmente:
a) Una cobertura constitucional, legal y jurisprudencial; y,
b) Una interpretación de los artículos 10, fracciones X y XI, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 81 del reglamento de la citada ley y 43 y 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que contienen la referencia respecto de la vigencia de los salarios vencidos.
Todo lo anterior, para arribar a la conclusión de que en tratándose de trabajadores de confianza del Servicio Profesional de Carrera, tienen a su favor, entre otras indemnizaciones, el pago de los salarios vencidos.
SÉPTIMO. A) Cobertura constitucional, legal y jurisprudencial. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
En efecto, el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, en la parte que interesa, establece lo siguiente:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"...
"IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.
"En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal.
"...
"XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social." (lo subrayado es de este Pleno)
Como se observa, est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25079-6f9b44e8/servidores-publicos-de-carrera-la-indemnizacion-prevista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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