SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS COMPRENDE LA ANTIGÜEDAD GENERADA POR EL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO, AUN EN PUESTOS QUE NO FORMAN PARTE DE AQUÉL, SALVO QUE SE TRATE DE LA SOLA CONCLUSIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL SISTEMA, CON DERECHO DE REINCORPORACIÓN A UNA PLAZA DE BASE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE FEBRERO DE 2020. MAYORÍA DE DOCE VOTOS A FAVOR DE LOS MAGISTRADOS: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA, JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ, JOEL DARÍO OJEDA ROMO, EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER, GILBERTO ROMERO GUZMÁN, HÉCTOR PÉREZ PÉREZ, SALVADOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MIGUEL BONILLA LÓPEZ, JUAN MANUEL ALCÁNTARA MORENO, JUAN MANUEL VEGA TAPIA Y ANDRÉS SÁNCHEZ BERNAL. DISIDENTES: ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE, ELISA JIMÉNEZ AGUILAR, MARÍA EUGENIA GÓMEZ VILLANUEVA, RAÚL VALERIO RAMÍREZ Y EDNA LORENA HERNÁNDEZ GRANADOS. PONENTE: JUAN MANUEL ALCÁNTARA MORENO. SECRETARIO: RITO DANIEL VILLANUEVA MAGDALENO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, 227, fracción III, de la Ley de Amparo; y, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, pues se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de este Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. Por cuanto hace a la denuncia de posible contradicción de tesis que formula Diego Orlando Carrasco Hinojosa, apoderado de **********, debe considerarse que proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que ********** tuvo la calidad de quejoso en el juicio de amparo directo número 281/2018 del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, criterio contendiente en la presente contradicción de tesis.
En cambio, no están legitimados los Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para denunciar la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Tercero, Cuarto y Décimo Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues de acuerdo con dicha normatividad, solamente se encuentran legitimados para efectuar la denuncia de una contradicción de tesis:
• El fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones;
• El Ejecutivo Federal, por conducto del consejero Jurídico del Gobierno;
• Los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes;
• Los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito;
• Los Jueces de Distrito; y,
• Las partes que intervinieron en los juicios de amparo en que tales criterios hubieren sido sustentados, quedando incluidas entre aquéllas, conforme a la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo,(1) las autoridades responsables.
Sin embargo, de autos se advierte que la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no tiene la calidad de autoridad responsable en los juicios de amparo directo número 305/2018 del Tercer Tribunal Colegiado; 1054/2018 del Cuarto Tribunal Colegiado; 281/2018 del Octavo Tribunal Colegiado y 691/2016 del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito; de donde derivaron los criterios contendientes, pues únicamente manifiesta que en un juicio laboral aplicaron el criterio de uno de los Tribunales Colegiados contendientes y advirtieron la existencia de una contradicción, por lo que, en esas condiciones, su denuncia deviene improcedente, máxime que del oficio sin número que remitieron a este Pleno, no se advierten los datos del juicio laboral del que emanó el laudo de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, en donde señalan que condenaron al pago de indemnización de veinte días por cada año laborado, tomando en cuenta la fecha de ingreso del servidor público como trabajador al servicio del Estado y no aquella en la que ingresó al régimen de excepción del servicio profesional de carrera; o bien, el número de amparo directo en que pudiera haber sido autoridad responsable.
Por lo anterior, al no estar legitimada la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para denunciar la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Tercero, Cuarto y Décimo Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; es que en el caso dicha denuncia resulta improcedente y, por tanto, la contradicción de tesis se ocupará únicamente de la denuncia formulada por Diego Orlando Carrasco Hinojosa, apoderado del quejoso **********.
Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 77/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 5, Novena Época, registro: 163384, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva."
TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como opositores, son los siguientes:
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT. 305/2018, promovido por **********, en ejecutoria de catorce de junio de dos mil dieciocho, determinó conceder el amparo a la quejosa, y en lo conducente sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente, los conceptos de violación expresados en los apartados del primero al octavo del escrito de demanda, serán analizados conjuntamente dada su estrecha vinculación, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.
"...
"En cambio, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, en suplencia de la queja deficiente, por tratarse de la trabajadora inconforme; este Tribunal Colegiado advierte a la Sala responsable (sic) incurrió en una violación en su perjuicio al calcular el importe de la indemnización de veinte días por cada año de servicios; pues lo hizo de la manera siguiente:
"‘...en relación al pago de veinte días de salario por cada año de servicios prestados, debe atenderse a la fecha en que la actora ostentó el puesto de subdirectora de Responsabilidades y Quejas, como servidora pública de carrera, el cual (sic) a partir del dieciséis de octubre de dos mil once, hecho que no fue controvertido por el demandado. Por lo anterior, la fecha referida en el párrafo que antecede, es la que se le debe computar para efecto de cubrir el pago de veinte días de salario por cada año de servicios prestados. En ese orden de ideas, si tomamos en cuenta la fecha referida en la que se le otorgó la calidad de servidora pública de carrera a la del momento en que ocurrió el despido, esto es el dieciséis de julio de dos mil doce, se colige que laboró con tal calidad nueve meses, por tal virtud, le corresponde la parte proporcional de los veinte días de salario por cada año de servicios prestados, por lo que si a 12 meses le corresponde 20 días de salario por cada año de servicios prestados, a los meses laborados le corresponden 15 días que multiplicados por el salario diario de $********** (********** moneda nacional), da el importe de $********** (********** moneda nacional), importe que le deberá cubrir por el concepto de veinte días de salario por cada año de servicios prestados, tomando en consideración el periodo del dieciséis de octubre de dos mil once al dieciséis de julio de dos mil doce’ (foja 449 frente y vuelta)
"De lo anterior se colige la juzgadora efectuó el cálculo de la indemnización de mérito a partir del dieciséis de octubre de dos mil once, fecha en que la trabajadora fue nombrada subdirectora de Responsabilidades y Quejas, como servidora pública de carrera.
"Lo anterior, a juicio de este órgano colegiado es incorrecto; ya que, como se desprende de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/2016 (10a.), tiene derecho a la indemnización más amplia prevista por el artículo 123 de la Constitución Federal, la cual comprende, en lo que interesa, el pago de veinte días de salario por cada año de servicios prestados; pero no distingue sean únicamente los años de servicios prestados dentro del sistema del servicio profesional de carrera, por lo cual no es válido hacer esta diferenciación, atento el principio jurídico que donde la ley no distingue no debe hacerlo el juzgador; con mayor razón, como se apuntó, el Más Alto Tribunal del País estableció el derecho de los servidores públicos de carrera despedidos injustificadamente a obtener la indemnización más amplia, por lo cual no debe escatimársele, aparte de que la antigüedad de un trabajador, que toma en cuenta dicha indemnización al considerar los años de servicios prestados, no puede dividirse; máxime en atención al principio in dubio pro operario previsto en el artículo 18 de la ley laboral, de aplicación supletoria en la materia, en el sentido que ante dos interpretaciones a la ley, debe adoptarse la que más beneficie al trabajador; lo cual está consignado también como un derecho humano en el artículo 1o. de la Carta Magna.
"En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo para que la Sala responsable deje insubsistente el laudo reclamado; en su lugar, atendiendo lo resuelto en el juicio de amparo DT. 392/2018, conexo con este asunto; efectué nuevamente el cálculo de la indemnización de veinte días de salario por cada año de servicios prestados por la actora, a partir de su ingreso el dieciséis de mayo de dos mil diez, al dieciséis de julio de dos mil doce, en que fue despedida; resuelva lo que corresponda; y reitere los aspectos ajenos a la concesión."
La citada resolución dio lugar a la tesis aislada número I.3o.T.55 L (10a.), publicada el viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho «a las 10:25 horas», en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo III, agosto de 2018, materia laboral, página 3058, «con número de registro digital: 2017639», de rubro y texto siguiente:
"SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS COMPRENDE LA ANTIGÜEDAD GENERADA POR EL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO, AUN EN PUESTOS QUE NO FORMABAN PARTE DE AQUÉL. En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/2016 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando un servidor público de carrera es despedido injustificadamente, tiene derecho a recibir la indemnización prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de despido injustificado, configurada en su proyección más amplia, en atención al principio de interpretación más favorable a la persona, así como a la disposición más benéfica para el trabajador, de manera que, efectivamente, sea susceptible de resarcir plenamente la afectación causada al derecho a la estabilidad y permanencia en el empleo que asiste a los trabajadores públicos de carrera, la cual comprende el pago de 3 meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicios prestados. Aplicando el mismo principio al cálculo de la parte de la indemnización correspondiente a los 20 días de salario por cada año de servicios prestados, ésta debe comprender la antigüedad generada por el trabajador al servicio del Estado, aun en puestos que no formaban parte del servicio profesional mencionado, pues la ley no distingue; además, la antigüedad del servidor público, la cual es el factor que se tiene en cuenta para la cuantificación relativa, es una sola."
II. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT. 281/2018, promovido por **********, por conducto de su apoderado Diego Orlando Carrasco Hinojosa, en ejecutoria de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, determinó conceder el amparo al quejoso, y en la parte conducente, determinó lo siguiente:
"SEXTO. Estudio del amparo principal. Resultan por una parte ineficaces, y por otra fundados los argumentos expuestos por la parte quejosa, aunque para esto último se tenga que suplir la queja deficiente en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como enseguida se verá.
"...
"En otro orden, el quejoso en el tercer concepto de violación indica en esencia que el laudo es ilegal, toda vez que la responsable le reconoció una antigüedad genérica para efectos indemnizatorios a partir del trece de diciembre de dos mil siete, cuando se le certificó como servidor público de carrera, soslayando periodos anteriores cuando fungió como trabajador de base reservado.
"Aduce, que la Sala soslayó que la antigüedad es un derecho establecido en el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que deben tomarse en cuenta los diferentes periodos que la integran aunque sean discontinuos, por lo que en el caso el actor ingresó a laborar desde el uno de abril de mil novecientos ochenta y nueve, por lo que debió haberse considerado tal día para efectos indemnizatorios y no sólo el segundo periodo relativo al último puesto desempeñado, en virtud de que ya se habían generado derechos y situaciones de desgaste.
"Es infundado lo vertido por el quejoso en atención a lo siguiente.
"...
"En efecto, contrario a lo que alude el quejoso, se considera correcta la determinación de la Sala responsable, en cuanto a que para la cuantificación de la indemnización consistente en tres meses de salario y el pago de veinte días de salario por cada año de servicios prestados, los cuales precisó la Sala del conocimiento que deberán ser contabilizados a partir del trece de diciembre de dos mil siete, fecha a partir de la cual el actor ingresó al Servicio Profesional de Carrera, tal como se advierte del nombramiento expedido por el oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, que es necesario reproducir nuevamente:
"(Reproduce nombramiento)
"Lo anterior es así, toda vez que el derecho a recibir la indemnización de que se trata, no lo confiere la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (que fue la legislación que resultó aplicable al actor desde que comenzó a laborar como servidor público para el Gobierno Federal y hasta antes de tener la calidad de servidor público de carrera), por lo que es evidente que en el lapso en que el actor le (sic) resultó aplicable dicha ley burocrática (1 de abril de 1989 al 12 de diciembre de 2007), no generó derechos en relación con tal prestación –indemnización de 20 días de salario por año de servicios–, ni aun suponiendo o ponderando que hubiere laborado como trabajador de base al servicio del Estado durante todo ese periodo, ya que se reitera, ese tipo de indemnización, no la prevé la ley en comento, sino únicamente la atinente al importe de tres meses de salario.
"Por lo que, si el derecho a recibir la referida indemnización –20 días de salario por año de servicios–, lo confiere la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para los servidores públicos de carrera que hubieren sido despedidos injustificadamente, al indicar que en ese supuesto, tales trabajadores ‘tendrán derecho a recibir una indemnización en los términos de ley’, como se explica en la referida jurisprudencia 2a./J. 23/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 842, del siguiente contenido:
"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS. El artículo citado establece que los servidores públicos de carrera tendrán derecho a recibir una indemnización en los términos de ley, cuando sean despedidos injustificadamente; sin embargo, no se advierte claramente qué conceptos la integran, por lo que deberá configurarse en su proyección más amplia, en atención al principio de interpretación más favorable a la persona, así como a la disposición más benéfica para el trabajador, de manera que en forma efectiva sea susceptible de resarcir plenamente la afectación causada. Así, la protección al núcleo esencial del derecho a la estabilidad y permanencia en el empleo que asiste a los trabajadores de confianza pertenecientes al Sistema de Servicio Profesional de Carrera, no puede frustrarse ante la omisión del legislador de establecer los términos precisos para el pago por concepto de indemnización ante el despido injustificado. En esa medida, la prestación mínima es la indemnización más amplia prevista por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de despido injustificado y, por ende, la indemnización que corresponde, por asimilación, está contenida en el referido precepto 123, apartados A, fracción XXII y B, fracción IX, en relación con los numerales 49 y 50, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, y comprende el pago de 3 meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicios prestados.’
"Entonces, resulta inconcuso que los derechos de antigüedad que a través de dicha indemnización se pretenden compensar o resarcir a ese tipo de servidores públicos que sean separados ilegalmente, sólo los generan los trabajadores que se desempeñan como servidores públicos de carrera y, por ello, en el caso, la antigüedad que debe computarse para efectos de fijar el importe de la prestación de que se trata, debe comprender la generada por el trabajador al desempeñarse como servidor público de carrera, ya que sólo al tener tal calidad, es que surgió su derecho a recibir la referida indemnización.
"En tales condiciones, si el actor comenzó a laborar para la Secretaría de Gobernación como Servidor Público de Carrera Profesional en el puesto de jefe de departamento de Recursos Humanos y Normatividad, adscrito al Archivo General de la Nación órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, como se desprende del nombramiento de trece de diciembre de dos mil siete, reproducido en páginas precedentes, y tomando en cuenta que fue un hecho aceptado por las partes que perteneció a dicho sistema, a partir de la fecha señalada, lo que se corrobora con el nombramiento en cuestión.
"En ese sentido, es evidente que para efectos de determinar el importe que le corresponde por la indemnización relativa al pago de veinte (20) días por año de prestación de servicios, sólo debe considerarse la antigüedad que generó a partir del trece de diciembre de dos mil siete, como trabajador de carrera profesional."
CUARTO.—Existencia de la contradicción. Con la finalidad de establecer si se configura la contradicción de criterios denunciada, se toma en cuenta la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 7, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, registro digital: 164120, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Con relación a esta tesis de jurisprudencia se destaca que la misma se encuentra integrada conforme a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, continúa siendo aplicable de conformidad a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse al contenido de la ley vigente.
Del citado criterio jurisprudencial se obtiene que, para que se actualice la contradicción de criterios, es necesario que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
a) Examinado temas jurídicos esencialmente iguales respecto a un punto de derecho.
b) Lleguen a criterios jurídicos discrepantes, respecto a la solución de los temas jurídicos examinados.
Luego, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que obste que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
Bajo esos parámetros, Diego Orlando Carrasco Hinojosa, apoderado de **********, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en el juicio de amparo directo DT. 281/2018, en el cual tuvo la calidad de quejoso, contra la postura contenida en el DT. 305/2018 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dio origen a la tesis I.3o.T.55 L (10a.), de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS COMPRENDE LA ANTIGÜEDAD GENERADA POR EL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO, AUN EN PUESTOS QUE NO FORMABAN PARTE DE AQUÉL."
Derivado de lo anterior, se advierte que en el criterio que actualmente sustenta el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en la ejecutoria atinente (DT. 281/2018) se determinó que de acuerdo a la jurisprudencia 2a./J. 23/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS.", para efectos de determinar el importe que corresponde a la indemnización prevista en el artículo 10, fracción X, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, sólo debe considerarse la antigüedad generada por el trabajador en el Servicio Profesional de Carrera y no así la antigüedad generada con anterioridad a ingresar al servicio profesional de carrera, pues dicha indemnización no la confiere la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es la legislación que les resulta aplicable a los trabajadores burocráticos que no formen parte del servicio público de carrera; por lo que, en el lapso en que les resultó aplicable la ley burocrática federal a los trabajadores al servicio del Estado, no generaron los derechos en relación con la indemnización prevista por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Ahora bien, se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT. 305/2018, sostuvo un criterio antagónico al sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado, ya referido; ello, pues dicho órgano colegiado consideró que, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 23/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los trabajadores del servicio profesional de carrera tienen derecho a la indemnización más amplia, la cual debe comprender el pago de veinte días de salario por cada año de servicios prestados, aun en puestos que no formen parte del servicio profesional de carrera, pues atendiendo al principio jurídico que donde la ley no distingue no debe hacerlo el juzgador, estableció que no es válido hacer tal diferenciación; aunado a que, si el Más Alto Tribunal del País ya estableció el derecho de los servidores públicos de carrera despedidos injustificadamente a obtener la indemnización más amplia, dicha indemnización no debe escatimárseles, pues la antigüedad del trabajador no puede dividirse; por tanto, consideró que, de conformidad con el principio in dubio pro operario previsto en el artículo 18 de la ley laboral, de aplicación supletoria en la materia y el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante dos interpretaciones de la ley, debe adoptarse la que más beneficie al trabajador.
Consecuentemente, debe concluirse que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios que sustentan los Tribunales Colegiados, Octavo, al fallar el DT. 281/2018 en contra del criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado, al fallar el diverso DT. 305/2018, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, porque en las resoluciones respectivas se examinaron temas jurídicos esencialmente iguales respecto a un punto de derecho, el cual consistió en analizar a partir de qué fecha se debe de empezar a computar la antigüedad del trabajador incorporado al Servicio Profesional de Carrera que hubiere sido despedido injustificadamente, para efectos del pago de los veinte días de salario por ca
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29478-67936f03/servicio-profesional-de-carrera-en-la-administracion-publica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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