Corpus
Modo: Corpus Pro

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. PROCEDE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL TRABAJADOR HAYA RECLAMADO LA REINSTALACIÓN EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN Y ESA PRESTACIÓN NO LA HUBIERE SEÑALADO EXPRESAMENTE EN SU DEMANDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2016. · Registro digital (IUS): 27073
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-04-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO QUINTO¸ AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Pág. 1414.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO QUINTO¸ AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN MANUEL ALCÁNTARA MORENO, JOSÉ MORALES CONTRERAS, CASIMIRO BARRÓN TORRES, MARÍA EUGENIA OLASCUAGA GARCÍA, ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, ELÍAS ÁLVAREZ TORRES, JORGE FARRERA VILLALOBOS, RANULFO CASTILLO MENDOZA, RICARDO CASTILLO MUÑOZ, ARISTEO MARTÍNEZ CRUZ, TARSICIO AGUILERA TRONCOSO, HÉCTOR ARTURO MERCADO LÓPEZ Y ANDRÉS SÁNCHEZ BERNAL. DISIDENTES: JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, VÍCTOR AUCENCIO ROMERO HERNÁNDEZ Y HÉCTOR LANDA RAZO. PONENTE: MARÍA EUGENIA OLASCUAGA GARCÍA. SECRETARIO: JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CASOLUENGO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis, 41 Ter y 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los artículos 13 fracciones VI y VII, 28 y 46 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del primero de marzo del dos mil quince.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que fue realizada por el Magistrado Víctor Aucencio Romero Hernández, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DT. 146/2016 del índice de dicho órgano, en el que se emitió uno de los criterios denunciados por los Tribunales Colegiados referidos en párrafos precedentes.

TERCERO.-Criterios denunciados. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presente las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, atendiendo a su orden cronológico.

a) En sesión de veintiocho de febrero de dos mil catorce, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resolvió el juicio de amparo directo DT. 1679/2013, promovido por **********, determinando concederle la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el laudo reclamado (de veintiséis de febrero de dos mil trece) y dictara otro en el que, considerara que el titular demandado no demostró una causa que justificara la separación del actor, que es un trabajador del Servicio Profesional de Carrera, por lo que procede el pago de una indemnización en términos de ley, así como salarios caídos; ello, con independencia de que el accionante no reclamó expresamente la indemnización establecida en el artículo 10, fracción X, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en su demanda, pero al haber quedado acreditado que fue despedido injustificadamente, la acción principal ejercida, que fue la reinstalación, queda sustituida por el pago de la indemnización indicada, con sus salarios caídos.

La ejecutoria que resolvió el juicio de amparo directo DT. 1679/2013 referido, en la parte que interesa, para efectos de esta contradicción de tesis, contiene las siguientes consideraciones:

"CUARTO.- ... En esencia, sostiene el quejoso que la responsable incorrectamente consideró que el actor era trabajador de confianza de conformidad con el artículo 5o., inciso c), de la ley burocrática federal y, que por tanto, no gozaba de estabilidad en el empleo, consideración que en su opinión es incorrecta, toda vez que el accionante tenía la calidad de servidor profesional de carrera y, por consiguiente, estaba sujeto al principio de estabilidad y permanencia en el empleo.-Los conceptos del resumen son en parte infundados, y en otra, fundados, supliendo en parte la queja deficiente con apoyo en lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.-En principio, debe estudiarse si el trabajador que prestó sus servicios para la Secretaría de Educación Pública, con el nombramiento de titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit, tenía el carácter de base o de confianza.-Conforme al artículo 4o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. Asimismo, el numeral 5o., fracción II, de la indicada ley, establece quiénes serán considerados trabajadores de confianza en el Poder Ejecutivo, al tenor siguiente: ‘Artículo 5o.’ (lo transcribe).-En relación con lo anterior, el demandado ofreció entre otras pruebas, la copia certificada de la constancia de nombramiento (foja 116), en la cual se advierte lo siguiente: Justificación director general adjunto (titular de la SEP en el Estado) ********** grado ********** nivel ********** $**********.-Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que ‘cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo’; ello se sustenta en la jurisprudencia P./J. 36/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.’ (la transcribe).-Asimismo, la citada jurisprudencia debe interpretarse en relación (sic) la diversa 2a./J. 160/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enuncia: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS.’ (la transcribe).-Conforme al anterior criterio, para considerar que un trabajador es de confianza no basta que en el nombramiento aparezca la denominación formal del puesto, sino que también debe acreditarse cualquiera de las siguientes cuestiones: a) que las funciones desempeñadas están incluidas en el catálogo de puestos del Gobierno Federal que prevé el artículo 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o b) que efectivamente las funciones correspondan a la denominación del puesto.-Ahora bien, en el caso concreto, debe precisarse que el actor demandó del titular de la Secretaría de Educación Pública, su reinstalación en el puesto de titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de ********** y prestaciones accesorias, con motivo del injustificado despido del que se dijo objeto.-Por su parte, al dar contestación a la demanda, el secretario de Educación Pública, aceptó el puesto y señaló que el actor desempeñó entre otras actividades, representar a la secretaría (SEP) y a su titular ante la autoridad educativa y, en general, ante las órdenes de (sic) Gobierno del Estado de Nayarit; actuar en el Estado de Nayarit como instancia única para la atención, trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la secretaría (SEP); fungir, previa designación por el titular de la secretaría (SEP), como integrante de los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal del Estado de Nayarit; servir de enlace entre la secretaría y las autoridades educativas del Estado de Nayarit para formalizar el compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Educación; reportar periódicamente al secretario, por conducto del coordinador general de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el sector educativo federal en el Estado de Nayarit, para cuyo cumplimiento podría solicitar informes a las unidades administrativas y servidores públicos de la dependencia; responsabilizarse del fondo rotatorio que se asigna para la operatividad financiera de esta instancia, así como efectuar de ser el caso el reintegro correspondiente ante la tesorería de la Federación; autorizar la operación y pagos con recursos del fondo rotatorio, así como la revisión, fiscalización y trámite de documentos justificativos y comprobatorios; ser titular de manera mancomunada con el subdirector administrativo de la cuenta bancaria productiva en donde se deposita el fondo rotatorio; y autorizar solicitudes de licencias y oficios de comisión de los trabajadores de las oficinas de servicios federales de apoyo a la educación; por lo que era un trabajador de confianza en términos del artículo 5o., fracción II, incisos a), b), c) y e), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.-Funciones que son similares a la que adujo el actor en el libelo inicial, como se advierte de la siguiente transcripción.-‘Representar a la secretaría y a su titular ante las autoridades educativas de los Estados de la República y en general, ante los órganos de gobierno de las entidades establecidas en éstos.-Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la secretaría en el Estado respectivo.-Servir de enlace entre la secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el compromiso en relación con el plan nacional de desarrollo y con el programa nacional de educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados.-Coordinar de conformidad con los lineamientos establecidos por el secretario y con el concurso de las unidades administrativas competentes, los servicios que ofrezca la secretaría en el Estado correspondiente.-Identificar y proponer al coordinador general de Oficinas de Servicios Federales de apoyo a la educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia de servicios educativos prestados por la secretaría y facilitar la aplicación de las mismas.-Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las entidades paraestatales del sector educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa federal y del sector coordinado por ésta.-Reportar periódicamente al secretario, por conducto del coordinador general de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el sector educativo federal en sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las unidades administrativas y servidores públicos de la dependencia.-Constatar el avance de los convenios celebrados entre la secretaría y las autoridades educativas locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento.-Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional.’.- Por ello, en términos del artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley burocrática federal, se toma a manera de confesión expresa lo anteriormente transcrito; lo que evidencia que el trabajador encuadra en los supuestos del artículo 5o., fracción II, inciso a), entre otros, de la referida ley.-En consecuencia de lo anterior, es innecesario entrar al estudio de las probanzas que ofreció el demandado, toda vez que el propio actor con las funciones que adujo en el escrito inicial de demanda, se advierte que era un trabajador de confianza.-Robustece lo anterior, los recibos de pago del actor, exhibidos por éste, en los cuales se advierte que la última quincena percibida tuvo como cantidad en el concepto de percepciones de $********** (********** pesos 09/100 M.N.), descuentos $********** (********** pesos 78/100 M.N.) y neto $********** (********** pesos 31/100 M.N.); lo que se traduce, que el ingreso del actor es percibido por los funcionarios establecidos en el inciso a) de la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.-Tomando en cuenta lo anterior, si en el laudo reclamado la responsable determinó que las funciones del accionante eran de confianza; tal determinación es legalmente correcta, como se advirtió anteriormente.-Efectivamente, el actor tenía asignado el cargo de director general adjunto, el cual encuadra en el artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece: ‘Artículo 5o.’ (lo transcribe).-De lo anterior, se aprecia claramente que los trabajadores de las dependencias y entidades comprendidas dentro del régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, serán de confianza, siempre que desempeñen funciones de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento.-En ese sentido, debe considerarse que el actor era un trabajador de confianza, ya que sus funciones encuadran, entre otras, en el inciso a) de la fracción II del artículo 5o. de la ley burocrática federal.-Partiendo del hecho de que el actor era trabajador de confianza, se entrará al estudio sobre la calidad de trabajador como servidor profesional de carrera, la cual en la especie sí está acreditada en autos.-Efectivamente, con la documental exhibida por el demandado, consistente en la copia certificada de la constancia de nombramie

to (foja 116), en la parte que nos interesa, dice: ‘Observaciones. Nuevo ingreso a partir del 16/04/2010, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Servicio Profesional de Carrera.’.-Ahora, si nos remitimos al texto del artículo 33 de la Ley de Servicio Profesional de Carrera, dice: ‘Artículo 33.’ (lo transcribe).-Es decir, el actor fue nombrado como director general adjunto por ser candidato seleccionado por los comités.-Robustece lo anterior, la documental consistente en el nombramiento de fecha dieciséis de abril de dos mil diez, exhibida por el accionante, en la cual, en la parte que nos interesa, refiere: ‘... se le otorga el nombramiento como servidor público de carrera titular en el puesto de confianza denominado titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit, en el rango **********, adscrito a la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit a partir del 16 de abril del 2010 del presente.’.-En las relatadas circunstancias, debe considerase que el accionante tiene calidad de trabajador como servidor profesional de carrera.-Partiendo de ello, es pertinente transcribir los artículos 2, 4, 5, 10, 11, 59, 60 y 63 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que establecen lo siguiente: ‘Artículo 2. El Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.’.-‘Artículo 4. Los servidores públicos de carrera se clasificarán en servidores públicos eventuales y titulares. Los eventuales son aquellos que, siendo de primer nivel de ingreso se encuentran en su primer año de desempeño, los que hubieren ingresado con motivo de los casos excepcionales que señala el artículo 34 y aquellos que ingresen por motivo de un convenio.-El servidor público de carrera ingresará al sistema a través de un concurso de selección y sólo podrá ser nombrado y removido en los casos y bajo los procedimientos previstos por esta ley.’.-‘Artículo 5. El sistema comprenderá, tomando como base el Catálogo, los siguientes rangos: a) director general; b) director de área; c) subdirector de área; d) jefe de departamento, y e) enlace.-Los rangos anteriores comprenden los niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente, cualquiera que sea la denominación que se le dé.-La creación de nuevos cargos en las estructuras orgánicas en funciones equivalentes a las anteriores, sin importar su denominación, deberán estar homologados a los rangos que esta ley prevé.’.-‘Artículo 10. Los servidores públicos de carrera tendrán los siguientes derechos: I. Tener estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones que prevé esta ley; II. Recibir el nombramiento como servidor público de carrera una vez cubiertos los requisitos establecidos en esta ley; III. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los beneficios y estímulos que se prevean; IV. Acceder a un cargo distinto cuando se haya cumplido con los requisitos y procedimientos descritos en este ordenamiento; V. Recibir capacitación y actualización con carácter profesional para el mejor desempeño de sus funciones; VI. Ser evaluado con base en los principios rectores de esta ley y conocer el resultado de los exámenes que haya sustentado, en un plazo no mayor de 60 días; VII. Ser evaluado nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando en alguna evaluación no haya resultado aprobado, en los términos previstos en la presente ley; VIII. Participar en el comité de selección cuando se trate de designar a un servidor público en la jerarquía inmediata inferior; IX. Promover los medios de defensa que establece esta ley, contra las resoluciones emitidas en aplicación de la misma; X. Recibir una indemnización en los términos de ley, cuando sea despedido injustificadamente, y XI. Las demás que se deriven de los preceptos del presente ordenamiento, de su reglamento y demás disposiciones aplicables.’.-‘Artículo 11. Son obligaciones de los servidores públicos de carrera: I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia y demás que rigen el sistema; II. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos; III. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo en el sistema; IV. Aportar los elementos objetivos necesarios para la evaluación de los resultados del desempeño; V. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la actualización, especialización y educación formal, sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su nombramiento; VI. Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia; VII. Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios de actividades; VIII. Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario que se designe para suplirlo en sus ausencias temporales o definitivas; IX. Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del personal, bienes y documentación u objetos de la dependencia o de las personas que allí se encuentren; X. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de intereses con las funciones que desempeña dentro del servicio, y XI. Las demás que señalen las leyes y disposiciones aplicables.’.-‘Artículo 59. Para efectos de esta ley se entenderá por separación del servidor público de carrera la terminación de su nombramiento o las situaciones por las que dicho nombramiento deje de surtir sus efectos.’.-‘Artículo 60. El nombramiento de los servidores profesionales de carrera dejará de surtir efectos sin responsabilidad para las dependencias, por las siguientes causas: I. Renuncia formulada por el servidor público; II. Defunción; III. Sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que implique la privación de su libertad; IV. Por incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera de las obligaciones que esta ley le asigna; la valoración anterior deberá ser realizada por la secretaría de conformidad con el reglamento de esta ley, respetando la garantía de audiencia del servidor público; V. Hacerse acreedor a sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que impliquen separación del servicio o reincidencia; VI. No aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda evaluación de desempeño; y, VII. Cuando el resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente, en los términos que señale el reglamento. El oficial mayor o su homólogo en las dependencias deberá dar aviso de esta situación a la secretaría.’.-‘Artículo 63. La pertenencia al servicio no implica inamovilidad de los servidores públicos de carrera y demás categorías en la administración pública, pero sí garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en ésta o en otras leyes aplicables.’.-De lo anterior se advierte que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en la referida ley o en otras leyes aplicables; asimismo, que el servidor público de carrera ingresará al sistema a través de un concurso de selección y que dicho sistema comprenderá, tomando como base el catálogo, el rango de director general, entre otros; y, que el nombramiento de los servidores profesionales de carrera dejará de surtir efectos sin responsabilidad para las dependencias, por las siguientes causas: I. Renuncia formulada por el servidor público; II. Defunción; III. Sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que implique la privación de su libertad; IV. Por incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera de las obligaciones que esta ley le asigna; la valoración anterior deberá ser realizada por la secretaría de conformidad con el reglamento de esta ley, respetando la garantía de audiencia del servidor público; V. Hacerse acreedor a sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que impliquen separación del servicio o reincidencia; VI. No aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda evaluación de desempeño; y, VII. Cuando el resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente, en los términos que señale el reglamento. El oficial mayor o su homólogo en las dependencias deberá dar aviso de esta situación a la secretaría.-Ahora bien, si el demandado al contestar el escrito inicial de demanda, se limitó a excepcionarse que el accionante era trabajador de confianza, en términos del artículo 5o., fracción II, incisos a), b), c) y e), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que podía removerlo libremente; tal circunstancia, transgredió a lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.-En efecto, como se advierte del artículo 10 antes transcrito y como lo hace valer el quejoso en el concepto de violación que se analiza, los servidores públicos de carrera tienen el derecho a la permanencia en el servicio, en los términos y condiciones que prevé la propia Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.-De tal forma, si el demandado decidió poner fin a los efectos del nombramiento, en términos del artículo 5o., fracción II, incisos a), b), c) y e), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sin especificar cuál fue la conducta u omisión en que ocurrió el actor, de las previstas en las normas aplicables, para que se tomara la decisión de separarlo; debe considerarse que existió un despido injustificado.-En efecto, al no acreditarse la causa de cese, si bien es cierto que no procede la reinstalación, toda vez que como ya se analizó en líneas precedentes, el actor era trabajador de confianza del Servicio Profesional de Carrera, lo cierto es que ante la no procedencia de la reinstalación el titular demandado está obligado al pago de indemnización en términos de ley, como lo establece el artículo 10, fracción X, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, antes transcrito.-No es obstáculo para lo anterior el que el accionante no haya reclamado expresamente la indemnización establecida en el artículo 10, fracción X, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el escrito inicial de demanda, toda vez que al acreditarse en autos que el accionante fue despedido injustificadamente, la acción principal ejercida, que fue la reinstalación, queda sustituida por el pago de la indemnización antes mencionada, con su accesoria de salarios caídos.-Conforme a las consideraciones que anteceden, el laudo reclamado resulta violatorio de derechos, por lo que se debe conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable lo deje insubsistente y dicte otro en el que, siguiendo los lineamientos de esta resolución, considere que el titular no demostró una causa que justificara la separación del actor, que es un trabajador del Servicio Profesional de Carrera, por lo que procede el pago de una indemnización en términos de ley y salarios caídos. Lo anterior, sin perjuicio de reiterar las determinaciones que no fueron objeto de la concesión ..." (Fojas 116 vuelta a 125)

b) El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvió por mayoría de votos, en sesión de diez de marzo de dos mil dieciséis, el juicio de amparo directo DT. 529/2015, promovido por la Secretaría de la Función Pública, concediéndole la protección solicitada, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente el fallo combatido (de nueve de marzo de dos mil quince) y dictara otro, en el que subsanara la incongruencia que advirtió existente entre la acción de reinstalación reclamada y la indemnización objeto de la condena.

La ejecutoria de diez de marzo de dos mil dieciséis, por la que se resolvió el juicio de amparo directo DT. 529/2015, en la parte que interesa, para efectos de esta contradicción de tesis, contiene las siguientes consideraciones:

"... Por otra parte, la inconforme aduce sustancialmente en sus motivos de disenso, que la Sala responsable, al pronunciar el laudo reclamado, trastocó en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los numerales 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, en razón de que resulta incongruente la condena al pago de tres meses de indemnización, toda vez que dicha prestación no fue reclamada por el accionante, pues su acción consistió en la reinstalación, por lo que la responsable se sustituyó al actor ejerciendo una acción, condenando a la demandada al pago de una indemnización que no formó parte de la litis.-El aspecto conceptual en análisis resulta sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado.-Es así, en razón de que, como se precisó, el actor reclamó la reinstalación en el puesto de director de finanzas en la Dirección General de Administración y Finanzas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el pago de salarios caídos; así como la nulidad del nombramiento de quien actualmente ocupa el referido puesto, lo que se corrobora con la siguiente transcripción: ‘... Reclamando a los demandados de manera conjunta e indistinta, la reinstalación en el trabajo que venía desempeñando de director de finanzas en la Dirección General de Administración y Finanzas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y, por ende, el pago de sueldos caídos y la declaración formal de revocación y nulidad del nombramiento del C. **********, quien actualmente ocupa dicho puesto, por acuerdo de la C. **********, oficial mayor de la Secretaría de la Función Pública, a partir del seis de marzo del año en curso ...’ (fojas 1 y 1v).-Por su parte, la secretaría demandada, al contestar el escrito inicial, negó acción y derecho al actor para reclamar la reinstalación pretendida, en razón de que el accionante prestó sus servicios en un cargo de confianza, toda vez que sus funciones se encontraban comprendidas en el artículo 5o., fracción II, incisos a), b) y c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que carecía de estabilidad en el empleo; lo anterior aunado a que el actor se trató de un trabajador de confianza del servicio profesional de carrera y, por tanto, carecía del derecho a la reinstalación, en virtud de que la Ley del Servicio Profesional de la Administración Pública Federal, no la contempla.-La Sala responsable, al dictar el laudo reclamado, consideró sustancialmente que con las pruebas aportadas a juicio quedó demostrado que las funciones realizadas por el accionante en el puesto de director de finanzas, son de confianza, toda vez que las mismas encuadran dentro de lo previsto por el artículo 5o., fracción II, incisos a), b) y c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que el accionante carecía de estabilidad en el empleo y se encontraba excluido de la aplicación de la ley federal burocrática; además, la responsable estimó que si el accionante perteneció al servicio profesional de carrera, la demandada debió justificar el incumplimiento de sus obligaciones y llevar a cabo el procedimiento previsto por el artículo 60 de la Ley del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27073-7c0293c0/servicio-profesional-de-carrera-en-la-administracion-publica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.