SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS DE CONFIANZA PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE BASE. TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CON INDEPENDENCIA DE QUE PERTENEZCAN AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O HAYAN SIDO CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, NO TIENEN DERECHO A LA REINSTALACIÓN, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO. TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. DIFERENCIA ENTRE LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE LIBRE DESIGNACIÓN. TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE LIBRE DESIGNACIÓN. TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS. RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES.
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 583/2015. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. AUSENTE: JUAN N. SILVA MEZA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIOS: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO Y JORGE ANTONIO MEDINA GAONA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 9/2015, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver un juicio de amparo directo en materia laboral, y se estima innecesaria la intervención del Tribunal en Pleno para su resolución.
SEGUNDO.-Antecedentes. Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:
I. Antecedentes.
Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil doce, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ********** demandó de la Secretaría de Gobernación y/o Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y/o Dirección General de Asociaciones Religiosas y/o directora de Registro y Certificaciones, todas del Ejecutivo Federal, entre otras prestaciones, el cumplimiento del contrato individual de trabajo, la reinstalación, en virtud de haber sido despedida injustificadamente, el pago de salarios caídos desde el día en que fue despedida hasta el día en que se dé cabal cumplimiento al laudo, segundo periodo de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, etcétera (foja 1 a 20).
En los hechos, que aquí interesan, la actora manifestó que ingresó a laborar para el demandado el uno de febrero de dos mil; que el uno de marzo de dos mil siete, el entonces oficial mayor de la secretaría, le otorgó el nombramiento de "servidor público de carrera titular, en el puesto de subdirector de Registro de Asociación Religiosa, en el rango de subdirector de Área sujeto al Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal"; que durante su relación desempeñó a cabalidad con las funciones encomendadas, tan es así, que cumplió con la obligación prevista en el artículo 52 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal, esto es, aprobó los exámenes de permanencia con excelentes calificaciones; que el veintiséis de julio de dos mil doce, fue despedida de manera injustificada por la directora de Registro y de Certificaciones.
• Demanda que se admitió a trámite por la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por acuerdo de seis de diciembre de dos mil doce, y se formó el expediente ********** (foja 336).
• Por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil trece, se le tuvo al titular de la Secretaría de Gobernación, contestando la demanda en sentido afirmativo (fojas 341), y acudió a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, por conducto de su apoderado, reconociéndole la personalidad en ese acto (foja 345).
• Previos trámites legales, el cuatro de octubre de dos mil trece, se dictó el laudo correspondiente y de sus consideraciones destaca que el tribunal responsable consideró, entre otras cuestiones, que era procedente la indemnización por el importe de tres meses de salario, pero no así el pago de salarios caídos. Los puntos resolutivos son como sigue: (fojas 476 a 486 vuelta)
"PRIMERO.-La actora acreditó parcialmente la procedencia de su acción; en consecuencia:
"SEGUNDO.-Se condena al titular de la Secretaría de Gobernación a indemnizar a **********, por la cantidad de $********** (********** pesos ********** M.N.); por el concepto de vacaciones el monto de $********** (********** pesos ********** M.N.), y por prima vacacional el importe de $********** (********** pesos ********** M.N.), ambas por el periodo comprendido del primero al veintiséis de julio de dos mil doce; la cantidad de $********** (********** pesos ********** M.N.), por el concepto de aguinaldo correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al veintiséis de julio de dos mil doce; a reconocerle su antigüedad a partir del primero de febrero de dos mil al veintiséis de julio de dos mil doce, haciéndole entrega respectiva de la hoja única de servicios; absolviéndole del resto de las demás prestaciones reclamadas. Lo anterior, en términos de los considerandos II, III, IV, V y VI de la presente resolución.
"Notifíquese y personalmente a las partes ..."
• Inconforme con dicho laudo **********, por propio derecho, promovió el juicio de amparo directo a que se hizo alusión en el resultando primero de la presente ejecutoria, en el que se le concedió el amparo para efectos.
• En contra de dicha determinación, el tercero interesado, titular de la Secretaría de Gobernación, interpuso el recurso de revisión en que se actúa.
II. Conceptos de violación. De la demanda de amparo, en síntesis, se advierten las siguientes alegaciones:
• En el primero, señala la quejosa que se violan en su perjuicio las garantías individuales y derechos humanos, consistentes en el respeto a las reglas esenciales del debido proceso, de exacta aplicación de la ley, la debida valoración de las pruebas y de la correcta fundamentación y motivación del acto reclamado. Asimismo, que se suplió la queja deficiente al patrón y a ella no.
• En el segundo, combate la absolución, entre otros conceptos, del pago de los salarios caídos y demás prestaciones accesorias, lo que dice viola los derechos humanos que consagran los artículos 1o., 14 y 16 de la Carta Magna, así como el derecho de las medidas de protección al salario y a la seguridad social que consagra el numeral 123, apartado B, fracción XIV, y de los derechos humanos que consagran los preceptos 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica".
• En el tercero, alega incorrecta aplicación de los artículos 10, 60 y 63 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal, debido al procedimiento seguido para su separación, y agrega que al tener el puesto de subdirectora de Área, bajo la característica de estar dentro del Servicio Profesional de Carrera, no está dentro del régimen de excepción y, por tanto, sí es procedente la reinstalación en la plaza que tenía antes de ser despedida injustificadamente.
• En el cuarto, aduce que le causa perjuicio el laudo y es violatorio de los artículos 1o., 5o., párrafo primero, 14, 16, 17 y 123, apartado B, fracción IX, de la Carta Magna, porque ella optó por la reinstalación y, además, la responsable debió entrar al estudio de la litis planteada y no suplir la queja deficiente al demandado.
• En el quinto, indica que la responsable no apreció ni valoró las pruebas ofrecidas de su parte y desahogadas en juicio, dejando de dictar su resolución a verdad sabida, buena fe guardada; omitiendo apreciar los hechos en conciencia, máxime que la Secretaría de Gobernación no dio contestación a los hechos de la demanda, tampoco opuso e hizo valer excepción y defensa legal alguna, y mucho menos ofreció prueba alguna con las cuales desvirtuara los hechos que le imputó.
• En el sexto, se queja de que la responsable no aplicó los tratados convenidos y tratados internacionales los cuales han sido suscritos por el presidente y ratificados por el Senado de la República; agregó que reclamó la reinstalación y la demandada no lo hizo.
• En el séptimo, octavo y noveno, reitera que debió ser reinstalada, para lo cual se apoya, en su generalidad, con los mismos argumentos ya citados.
• En el décimo, insiste en que la hoy tercero interesada se sometió a la jurisdicción de la responsable y no dio contestación a los hechos de la demanda, no opuso e hizo valer excepciones ni defensa alguna, tampoco ofreció prueba alguna para desvirtuar los hechos que le imputó, por lo que se viola el artículo 17 constitucional.
III. Consideraciones de la sentencia recurrida. Al respecto, el Tribunal Colegiado consideró, en lo conducente, lo siguiente:
"Reinstalación.
"La justiciable sostiene que ...
"Son infundados los argumentos enunciados, por lo siguiente:
"...
"Como se adelantó, es legalmente correcta la conclusión alcanzada por la responsable, en el sentido que, si bien quedó acreditado el despido injustificado, en el caso particular, al ser la actora una trabajadora regida por el Servicio Profesional de Carrera, no procedía la reinstalación en la categoría que venía ocupando, sino que únicamente el pago de la indemnización prevista para casos como el presente.
"Lo anterior es así, porque no existe controversia respecto a que la actora laboró bajo esa calidad, esto es, como perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, porque así lo manifestó en su demanda inicial, e incluso por haberlo demostrado con la prueba consistente en su nombramiento y toma de protesta que, para mayor ilustración se insertan como imágenes: (reproduce).
"En tal virtud, se debe considerar que la relación de trabajo entre las partes, no sólo se regía por la ley burocrática federal, sino también por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, misma que en sus artículos 1, 2 y 3 establece:
"...
"En ese contexto, conforme al artículo 1 antes reproducido, el objetivo de la ley en consulta, es establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública centralizada; en términos de su numeral 2, se pretende que ese Sistema Profesional de Carrera constituye un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito y para impulsar el desarrollo de la función pública en beneficio de la sociedad; mientras que el precepto 3 define al servidor público de carrera; es decir, en todo caso, el ámbito personal de validez de esa ley, se refiere a servidores públicos que desempeñan un cargo de confianza, en el entendido de que por cuestión de orden jurídico, la consideración que determinada categoría es de confianza debe hacerse, acorde con las funciones precisadas en el artículo 5o., fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por ser ésta la norma jurídica que detalla y define la naturaleza de las funciones que las particularidades de los servicios prestados necesariamente deben catalogarse como de confianza.
"Sobre este aspecto, conviene establecer que, si bien es cierto, la Sala responsable no analizó las funciones desempeñadas como tales de la parte actora, no es dable conceder el amparo, para que las analice, si en aras de una pronta impartición de justicia, este tribunal advierte que, de conformidad con las manifestaciones que la propia actora realizó en su demanda laboral, éstas sí refieren a las de confianza, de conformidad con el artículo 5o., fracción II, inciso a) citado, pues en los hechos afirmó que la categoría que ostentaba era de nivel subdirección de área, encargada de: "Emitir los oficios mediante los cuales se toma nota de los cambios realizados al interior de las asociaciones religiosas; emitir los oficios mediante los cuales se previene a los representantes legales en caso de estar incompleta la solicitud de toma de nota de cambios al interior de las asociaciones religiosas; supervisar el registro en el Sistema Integral de Asociaciones Religiosas, de los cambios efectuados dentro de las asociaciones religiosas, de los cuales se haya toma nota." (folio 6), asimismo, cuando narró la forma en que ocurrió su despido (hecho 5), adujo que a petición de la directora llamó a todo el personal que estaba a su cargo, de lo que se colige que, de conformidad con las atribuciones legales, de manera general, representaba con poder de decisión en el poder del mando, al tener personal a su cargo y, además, la facultad de supervisar los registros de asociaciones religiosas y en la emisión de oficios a nombre de la secretaría. Aunado a que la propia legislación especial establece que al desempeñar una función en el Servicio Profesional de Carrera, es en una categoría de confianza, es decir, la ley constituye una aportación al derecho laboral burocrático, antes inexistente, pues establece la base legal para organizar y regular el desarrollo profesional de los servidores públicos que tienen un cargo de confianza en la administración pública federal centralizada.
"Continuando con el análisis de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, los artículos 10 y 11 disponen:
"...
"Como se observa, el numeral 10 reconoce derechos a los servidores públicos de carrera, entre los cuales destacan, para efecto del presente asunto, el derecho a la estabilidad y permanencia en el servicio (fracción I), a percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo (fracción III) y a recibir una indemnización cuando sean despedidos injustificadamente (fracción X); en tanto que el último de los transcritos indica cuáles son las obligaciones de estos servidores públicos, que esencialmente consisten en desempeñar su trabajo de manera satisfactoria y con apego a las leyes (a la propia Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y a cualquier otra aplicable); esto es, tienen la obligación de desempeñar sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y eficiencia; de manera cuidadosa y esmerada, acatando las instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos, además, que deben someterse a las evaluaciones previstas para la permanencia y desarrollo en el sistema; aportar los elementos necesarios para realizar la evaluación de su desempeño, participar en los programas de capacitación obligatoria; guardar reserva de la información, documentación y de los asuntos de los que conozcan; asistir puntualmente a sus labores, respetando el horario de trabajo; proporcionar información al servidor público que cubra sus ausencias; deben abstenerse de colocarse o colocar a otros en situaciones de riesgo; y excusarse de conocer de asuntos respecto de los cuales podrían tener conflicto de interés, entre otras.
"Asimismo, los artículos 60 y 63, del señalado ordenamiento legal, consignan:
"...
"En este sentido, la finalidad de la ley, como se señala en el anterior numeral, no es garantizar la inamovilidad de los servidores públicos de carrera, sino establecer mecanismos para que la remoción no sea motivada por cuestiones políticas o por causas no previstas en la ley; y, se reitera, de actualizarse un despido injustificado, como lo indica la fracción X del artículo 10, el servidor público de carrera, sólo tendrá derecho a recibir una indemnización, mas no la reinstalación, por lo que, como atinadamente lo resolvió la Sala responsable, esta acción no se encuentra prevista en la ley especial en consulta.
"Así, importa destacar que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal posee una naturaleza sui géneris, lo que se debe a que regula la organización, el funcionamiento y el desarrollo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, para lo cual también se ocupa de la relación entre los servidores públicos que desempeñan cargos de confianza en la administración pública federal y la dependencia para la cual trabajan. En esta lógica, la ley confiere derechos concretos a favor de los servidores públicos de carrera y, a la vez, les impone obligaciones, es decir, se trata de una legislación que no es estrictamente laboral, porque regula estructuras y procedimientos de la administración pública federal; sin embargo, este ordenamiento no se refiere a todos los aspectos laborales que son necesarios para el trámite de un conflicto de esta naturaleza; de ahí que expresamente se establezca -artículo 79- para la resolución de los conflictos laborales deberá aplicarse la Ley Reglamentaria del apartado B del Artículo 123 Constitucional y supletoriamente la Ley Federal del Trabajo.
"Luego, se insiste, en la multicitada Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal y su reglamento, no está previsto en favor de los trabajadores al servicio del Estado que son despedidos injustificadamente, el derecho a la reinstalación, sino que sólo se consignó el derecho al pago de una indemnización -reclamada ad cautélam en el libelo laboral-; en consecuencia, es indudable que la Sala responsable actuó con apego a derecho, al absolver al titular demandado de aquel reclamo, así como del pago de las prestaciones accesorias a él, y esto conduce a estimar que no existe la violación a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que se hace valer.
"Máxime que, como se anotó con antelación, quedó demostrado que la actora fue trabajadora de confianza y, en ese supuesto, la propia Constitución Federal es determinante en establecer que los empleados de confianza no gozan de estabilidad en el empleo (artículo 123, apartado B, fracción XIV), quienes sólo tendrán derecho a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la seguridad social.
"Asimismo, es infundado el argumento de la quejosa, en el sentido que se discrimina a un individuo y se le aplica un criterio inquisitorio, al considerar que sólo le corresponde una indemnización, en términos de ley condicionada al criterio parcial del propio juzgador, contraviniendo lo que dispone el artículo 1o. de la Carta Magna.
"Se afirma lo anterior, porque en las tesis de jurisprudencia que a continuación se transcriben, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la falta de estabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, constituye una restricción constitucional coherente con el nuevo modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos, que no transgrede la prerrogativa fundamental a la igualdad y no discriminación.
"Las tesis referidas corresponden a la jurisprudencia 21/2014 (10a.), cuyos rubro y texto a la letra dicen:
"...
"Así como la tesis de jurisprudencia 22/2014 (10a.), que señala:
"...
"Finalmente, la tesis de jurisprudencia 23/2014 (10a.), del contenido siguiente:
"...
"De acuerdo también a los criterios mencionados, son infundados los asertos relativos a la transgresión de las normas internacionales, pues si bien el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en su artículo 7, apartado d, establece el derecho de las personas a una indemnización o a la readmisión en el empleo, o a cualquier otra prestación prevista en la legislación nacional, en caso de despido injustificado; lo cierto es que, esta norma de rango convencional no puede aplicarse en el régimen interno en relación con los trabajadores de confianza al servicio del Estado, porque su falta de estabilidad en el empleo constituye una restricción constitucional.
"De ahí que si bien, los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformando un mismo catálogo, sin hacer referencia a una cuestión jerárquica; cierto es que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a cualquier norma de carácter internacional; de ahí que, además de infundados, sean inoperantes los asertos planteados.
"Ilustra lo anterior, también la jurisprudencia 2a./J. 119/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"...
"Salarios caídos
"En cambio, es fundado lo que la peticionaria de amparo sostiene respecto que la responsable debió condenar al titular demandado al pago de salarios caídos.
"Cierto, en el laudo reclamado la responsable consideró que en el juicio se acreditó que la accionante fue despedida injustificadamente, por lo que procedía condenar al demandado a pagar tres meses de salario por concepto de indemnización; pero que no procedía el pago de salarios caídos, al no estar contemplados en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como que era una trabajadora de confianza que no gozaba de estabilidad en el empleo y no la protegía la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en términos del artículo 8o.
"Determinación que es legalmente incorrecta, por las consideraciones siguientes:
"Antes de dar respuesta al concepto sintetizado, es pertinente transcribir nuevamente los artículos 10, fracción X, y 63 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
"...
"De cuyo contenido se advierte que los servidores públicos de carrera no podrán ser removidos de su cargo, por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables; y cuando existiere un despido injustificado, se otorgará una indemnización en términos de ley.
"En este orden de ideas, si la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal contempla la figura de ‘indemnización en términos de ley’, debe entenderse que conlleva los salarios caídos, ya que equivalen al salario que dejó de percibir la actora durante el juicio laboral con motivo de la separación injustificada que llevó a cabo el titular demandado, por lo que constituyen una forma de resarcir dicho perjuicio.
"Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia PC.I.L. J/5 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de junio de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyos rubro y texto son: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y LOS SALARIOS VENCIDOS.’ (transcribe)
"Efectivamente, es porque el despido obedeció a una causa imputable al patrón equiparado, esto es, fue injustificado; por tanto, si como en el caso, no procede la reinstalación, entonces, lo conducente es condenar al pago de los salarios vencidos, desde la fecha que ocurrió el despido (veintiséis de julio de dos mil doce) hasta que se cumpla con el laudo, tomando en cuenta que la Sala responsable ya tiene los elementos para cuantificarlos, pues en el laudo reclamado cuando cuantificó la indemnización, estableció que el salario mensual percibido por la actora (no controvertido por el demandado) ascendió a ********** centavos ($**********) que, equivale a ********** centavos ($**********) diarios.
"En las consideraciones anotadas, lo procedente es conceder el amparo para el efecto que la Sala responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar dicte otro, en el cual reitere lo que no es materia de concesión, y condene al titular demandado al pago de salarios caídos desde la fecha del despido (veintiséis de julio de dos mil doce) hasta que se dé cumplimiento al laudo."
IV. Agravios. Al respecto, el recurrente sostuvo, en síntesis, lo siguiente:
• La sentencia recurrida causa agravio, al transgredir el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución, ya que el Tribunal Colegiado interpretó directamente ésta, al establecer que los trabajadores de confianza del Servicio Profesional de Carrera tienen derecho a la indemnización constitucional y al pago de salarios caídos en caso de ser despedidos injustificadamente, para lo cual, invocó un criterio del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
• En consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que la remoción injustificada de la parte quejosa tiene como consecuencia el pago de una indemnización constitucional, consistente en el importe de tres meses de salario y en el pago de salarios caídos.
• Contrario a lo señalado, no existen elementos para sostener que los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado B, fracción XIV, sujetos al Servicio Profesional de Carrera, cuentan con los derechos contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción IX, y apartado A, fracción XXII, de la Constitución.
• El artículo 4o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional establece sólo dos tipos de trabajadores: los de base y los de confianza. Respecto de los segundos, el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución estipula que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. En relación con lo anterior, el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte han confirmado que para considerar si un trabajador es de confianza o de base, se debe atender a las funciones que realiza, las cuales deben coincidir con lo previsto en el artículo 5, fracción segunda, de la mencionada ley reglamentaria.
• Los trabajadores de confianza ingresan a la administración pública federal mediante dos mecanismos: la libre designación y el Servicio Profesional de Carrera. Respecto del último, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que éste sólo es un mecanismo de acceso que se basa en el mérito y la igualdad de condiciones de los concursantes. Sin embargo, la pertenencia de estos trabajadores al Servicio Profesional de Carrera no implica la creación de una nueva categoría de trabajadores, ni desnaturaliza sus funciones. Es decir, no se crea una tercera categoría de trabajadores denominada "de confianza sujetos al Servicio Profesional de Carrera".
• Ahora bien, la Segunda Sala ha señalado que los trabajadores de confianza "sólo disfrutarán de las medidas de protección del salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social". La Corte señaló que, respecto de los trabajadores de confianza, la estabilidad en el empleo constituye una restricción constitucional, pues en ellos, debido a "las funciones que realizan, por su nivel y jerarquía, descansa la mayor y más importante responsabilidad de la dependencia o entidad del Estado". Lo anterior, debido a que este tipo de trabajadores son la "base y soporte fundamental para el correcto, eficiente y eficaz desempeño de la función pública".
• Sería ilógico afirmar que los trabajadores de confianza no cuentan con el derecho a la inamovilidad en el empleo, pero que sí tienen derecho a una indemnización cuando fueren removidos. Sobre todo si indemnizar significa resarcir un daño o un perjuicio, y qué daño o perjuicio se ocasionaría cuando no se viola ningún derecho.
• Los trabajadores de confianza son tales, con independencia de si fueron designados libremente o en virtud del mecanismo de profesionalización mencionado. Por tanto, el hecho de que hayan accedido a la administración pública federal por ese medio, no es motivo eficaz para hacerles extensivos derechos de los trabajadores de base y mucho menos de los que se rigen por el apartado A. En concreto, éstos no cuentan con el derecho a la indemnización de tres meses de sueldo, ni al pago de salarios caídos.
• Por tanto, la argumentación del Tribunal Colegiado a partir de la cual concluye que existe la obligación de pagar salarios caídos, parte de la premisa inexacta de que los trabajadores de confianza tienen derecho a una indemnización, situación que pugna con la restricción constitucional respecto de los derechos de estos trabajadores.
• Alternativamente, incluso, si alguno de los derechos del 123, apartado A, de la Constitución, hubieren beneficiado a los trabajadores sujetos al apartado B, ello no puede llevar al extremo de vaciar el contenido de la fracción XIV del apartado B, ya que se trata de una restricción constitucional validada por este Tribunal.
• Suponiendo que esta Suprema Corte hubiere considerado que algunos de los derechos del artículo 123, apartado A, de la Constitución, han permeado al apartado B, ello no implica: 1) que todos los derechos del apartado A hubieren beneficiado a los del B; y, 2) que estos derechos fueren aplicables para todos los trabajadores del apartado B (base y confianza).
• Para confirmar lo anterior, es menester mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el artículo 123, apartado B, fracción IX, constitucional, contiene el principio de estabilidad en el empleo para los trabajadores burócratas o de base. Ese derecho les otorga la certeza jurídica de no ser cesados ni suspendidos de su trabajo, salvo que incurran en alguna causa prevista en ley.
• Sin embargo, esa Segunda Sala especificó que los trabajadores de confianza al servicio del Estado únicamente gozan de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y en concreto les está vedado el derecho de inamovilidad o estabilidad en el empleo.
• Por tanto, al no gozar este tipo de trabajadores del derecho a la estabilidad en el empleo, sería inconstitucional indemnizarlos por la separación de su cargo.
• De donde se sigue que la condena al pago de salarios caídos, contraviene el contenido de la fracción IX apartado B del artículo 123 constitucional, del que se advierte que sólo los trabajadores de base de los Poderes de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26063-187238f7/servicio-profesional-de-carrera-en-la-administracion-publica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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