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Modo: Corpus Pro

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA. LAS MEDIDAS DE ESTABILIDAD PREVISTAS EN LA LEY RELATIVA A FAVOR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PERTENECIENTES A AQUÉL, NO MODIFICAN LA NATURALEZA LABORAL DE SU RELACIÓN CON LA DEPENDENCIA Y SU CALIDAD DE TRABAJADORES, SINO QUE PROCURAN SU PROFESIONALIZACIÓN Y CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA. CAUSAS BUROCRÁTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE TERMINACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO, DIFERENCIAS EN EL SUBSISTEMA DE SEPARACIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES PARA DIRIMIR EL CONFLICTO. SISTEMA PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA. EL OFICIO DE TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO O CESE DEL PUESTO DE UN SERVIDOR PÚBLICO PERTENECIENTE A AQUÉL, EMITIDO POR EL OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SU ADSCRIPCIÓN, SIN OTORGAR PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA PATRONAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, SINO DE SEPARACIÓN UNILATERAL DE ESTADO-PATRÓN, RESULTANDO IMPROCEDENTE DICHO JUICIO CONSTITUCIONAL. TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA FEDERAL. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SEDE PATRONAL CONSAGRADA EN LA LEY DE LA MATERIA PARA PROCURAR SU ESTABILIDAD, ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OPONIBLE CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 117/2013. · Registro digital (IUS): 25011
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-05-02
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Pág. 2166.

AMPARO EN REVISIÓN 117/2013. 5 DE DICIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: JESÚS DE ÁVILA HUERTA. SECRETARIOS: SALVADOR ORTIZ CONDE Y KARLOS ALBERTO SOTO GARCÍA.

CONSIDERANDO:

NOVENO. Estudio de los motivos de agravio expuestos por la responsable inconforme sobre no estar frente actos de autoridad sino de Estado-patrón.

En el particular el oficial mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto del director adjunto de lo Contencioso dependiente de la Oficina del Abogado General de esa secretaría, refiere que el Juez de Distrito fue incongruente en su fallo, dado que no analizó debidamente las causales de improcedencia que le fueron planteadas por dicha entidad; en el particular, la prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con los artículos 1o. y 11 del mismo cuerpo de normas; dado que el acto reclamado no es un acto de autoridad, por no derivar de una relación de supra a subordinación, sino que se trata de un acto entre particulares, esto es, entre patrón y trabajador (relación laboral).

Es fundado el motivo de disentimiento en análisis.

En dicho supuesto, este órgano colegiado observa que la responsable actúa en su calidad de unidad del ente patronal frente a la relación obrero-burocrática, dando lugar a una controversia en la que no actúa provista de imperio. Lo que a la postre hace improcedente el amparo conducente, en la medida que no actúa con potestad pública al formular la terminación de la relación obrera, es decir, como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino como Estado-patrón.

La causal de improcedencia señalada es la prevista en el precepto 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o. y 11 de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu,(4) en torno a que el juicio de amparo no procede contra actos que no sean de autoridad.

El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular.

Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra o subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal.

Esta consideración tiene origen en la tesis P. XXVII/97,(5) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."

En la misma línea interpretativa se orienta la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala del Alto Tribunal,(6) que establece:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."

De acuerdo con estos parámetros de análisis jurídico, en la especie interesa definir si existe una relación de supra a subordinación y las notas distintivas de autoridad señaladas, tratándose del vínculo que existe entre un empleado federal del servicio de carrera con la dependencia para la cual laboraba y, particularmente, si el acto por el cual da por terminada la relación existente, es un acto de autoridad o no.

Así, la cuestión a determinar es si la relación jurídica entre el servidor público que obtuvo nombramiento a través del mecanismo previsto en la legislación federal del servicio de carrera y el órgano público en el que se otorga el respectivo nombramiento, es una de supra a subordinación, donde esté de por medio una potestad pública de ejercicio irrenunciable por la dependencia, o bien, en caso contrario, establecer los motivos por los que no se reúnen las citadas notas distintivas de autoridad para efectos del amparo.

Para ello conviene distinguir que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los órganos del Estado actúan con imperio o potestad de derecho público. Una de sus características es la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales, por lo que está en condiciones de sujetar la esfera jurídica del afectado a su determinación, producto del ejercicio de una potestad pública al respecto.(7)

Luego, es fundamental que el órgano de amparo, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y a quien señala como autoridad responsable, efectivamente provenga de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado. Premisa que en la especie no satisface el acto reclamado.

Cierto, ese extremo no se cumple cuando lo combatido por el servidor público de carrera constituye la resolución de la dependencia pública mediante la cual da por terminados los efectos del nombramiento en el puesto obtenido de subdelegado administrativo adscrito a la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Jalisco, sin involucrar potestades públicas administrativas; pues el hecho de que al trabajador le sea aplicable o no la legislación federal del sistema profesional de carrera, con motivo de haber obtenido por ese mecanismo el empleo público conducente, no modifica por sí y ante sí, la naturaleza obrero-burocrática del nexo que subyace con la dependencia pública patronal y, por ende, no transforma en un acto de autoridad la separación del trabajo acontecida, como expresión de la ruptura del nexo laboral con la respectiva dependencia, desplegada desde el propio marco de relaciones de coordinación (obrero-burocráticas).

Consecuentemente, no es acertado que dicha resolución de terminación de nombramiento combatida involucre una relación de supra a subordinación con un particular, es decir, en el que esté de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, sino como su contenido lo denota, alude a un acto de conclusión de nombramiento desplegado por la dependencia pública patronal, al estimar, en su opinión, que el trabajador de confianza relativo no tenía estabilidad en el empleo conforme a la legislación burocrática federal, y que no había actuado con probidad, como causa de terminación del nexo burocrático.

Una determinación de tal orden no la define por sí y ante sí la dependencia pública, porque, como será analizado, no es quien decide con imperio en tales casos ni de manera definitiva sobre la causa de separación o terminación de la relación obrera, tampoco sobre lo justificado o injustificado de su proceder, sino que ello compete a los órganos de justicia laboral.

Para justificar lo anterior, debe destacarse que **********, por propio derecho, acudió a la instancia constitucional a demandar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), oficial mayor de dicha institución y delegado en el Estado de Jalisco de dicha secretaría; precisando como acto reclamado el cese del cargo de subdelegado administrativo de la Delegación Estatal en Jalisco de la secretaría en comento, sin que se le haya seguido en su contra el procedimiento a que alude el artículo 63 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, en relación con el capítulo décimo cuarto de su reglamento.

Ahora bien, de las constancias se advierte la existencia del oficio número **********, el cual refirió le fue notificado el treinta de mayo de dos mil doce, donde se le hizo del conocimiento el motivo de la terminación de su nombramiento, pues en la parte que interesa, se dijo:

"En ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 8o. fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2012, y considerando:

"1. Que el puesto presupuestal que usted ocupa es el de subdelegado administrativo adscrito a la Delegación Estatal de esta secretaría en Jalisco, con clave presupuestal **********, nivel **********, plaza número **********, el cual desde su creación se encuentra clasificado como de confianza, según se desprende del Catálogo General de Puestos de Gobierno Federal;

"2. Que al desempeñarse en un puesto de confianza, por así clasificarlo el citado catálogo y disponerlo los artículos 5o. último párrafo de la fracción II, 7o., 8o. y 20, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, usted se encuentra excluido del régimen tutelar de la ley de la materia, por ende, carece de estabilidad en el empleo, de conformidad en el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"3. Que se le ha perdido la confianza ya que se abstuvo de conducirse con probidad en el encargo encomendado. Al respecto resultan aplicables las siguientes jurisprudencias:

"...

"Resuelve

"Primero. Es procedente la terminación de los efectos de su nombramiento a partir del 31 de mayo de 2012, en el puesto de subdelegado administrativo adscrito a la Delegación Estatal de esta secretaría en Jalisco, con clave presupuestal **********, nivel **********, plaza número **********, con adscripción en la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Jalisco.

"Segundo. Se le solicita que a partir de la notificación del presente acuerdo, haga la entrega de todos los asuntos que le fueron asignados al personal que para tal fin señale el delegado en aquella entidad, contando para ello de un plazo improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, en el entendido que de no dar cumplimiento podría incurrir en una responsabilidad administrativa, por contravenir a lo previsto en el artículo 8o. fracción IV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos." (fojas 137 a 140 del juicio de garantías).

En principio, cabe aclarar que en la presente ejecutoria no está a discusión si fue correcta o incorrecta la causa por la cual se dio por terminado el nombramiento del quejoso (cuestión que sería materia de fondo ante el órgano jurisdiccional competente), sino lo que aquí se examina es la naturaleza de tal resolución. Si era un acto de autoridad que permitía su impugnación en juicio de amparo. O bien, si no lo era, cuáles serían las razones por las que carece de las notas distintivas de un acto de autoridad. En esa medida, determinar si opera la improcedencia del juicio de amparo instado por no ser el mecanismo jurisdiccional conducente para controvertir ese tipo de actos.

Bajo ese orden de ideas, del oficio transcrito lo que se aprecia objetivamente es que alude a la terminación del nombramiento del puesto o cargo, que tenía la parte quejosa ante la referida secretaría, al señalar el oficial mayor que había ocurrido la "pérdida de la confianza" por no conducirse con "probidad" y se le requirió de la entrega de los asuntos asignados, para lo cual se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 8, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que reza:

"Artículo 8. Además de las facultades señaladas en el artículo anterior, corresponderá al oficial mayor el ejercicio de las siguientes facultades:

"...

"III. Expedir los nombramientos del personal, cambiarlos de adscripción, así como suspenderlos o separarlos del servicio público, cuando proceda en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables."

Como se observa, dicho oficial mayor hizo uso de la facultad prevista en el artículo 8, fracción III, del reglamento interior de la aludida secretaría, esto es, separó del cargo al solicitante del amparo, al estimar que procedía, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

En ese orden, el problema jurídico que se plantea es cuál es la naturaleza de esa separación del servidor público quejoso, si obedece a un acto de autoridad bajo una relación de supra a subordinación (gobernado frente a una autoridad con potestad pública), o bien, un acto de Estado-patrón dentro del marco de relaciones de coordinación (trabajador burocrático frente a dependencia pública patronal), en el que éste unilateralmente separa a su empleado o da por terminada la relación obrera, por considerar que incurrió en alguna causa justificada de separación sin responsabilidad para el patrón, en torno a lo cual, el tribunal laboral competente tiene la última decisión sobre la calificación jurídica de tal separación, si fue justificada o no.

Atendiendo a lo anterior, la actuación del citado oficial mayor sobre dar por terminado el nombramiento del quejoso, no es un acto de autoridad sino que tiene naturaleza laboral, acorde con el marco jurídico que define la relación preexistente entre el servidor público y la dependencia patronal, es decir, tal oficio combatido constituyó aquella determinación unilateral del Estado-patrón de considerar que podía dar por concluido el nexo laboral que le unía con el trabajador, siendo una cuestión independiente y, de fondo, si su proceder fue correcto o no, si debió seguir algún procedimiento previo al trabajador para que fuera justificada esa conclusión del nombramiento.

De modo que los posibles vicios que el empleado público pudiera atribuirle al acto de terminación de su nombramiento por la dependencia pública comentada, no cambian o transforman la naturaleza de la relación obrera de coordinación, ni la convierten en una de supra a subordinación, para dar lugar a un acto de autoridad.

Ello es así, pues el quejoso reclamó la separación de su cargo dentro del esquema del servicio profesional de carrera, contenido en el oficio número **********, de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diez, signado por el oficial mayor de la comentada Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Jalisco, que dio por terminado el nombramiento de subdelegado administrativo de la delegación estatal en Jalisco de dicha secretaría.

Ahora bien, para saber cuál es el nexo que generaba dicho nombramiento con la dependencia para la cual laboraba, es oportuno atender al artículo 33 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 41 de su reglamento, que refieren:

"Artículo 33. Los candidatos seleccionados por los Comités se harán acreedores al nombramiento como Servidor Público de Carrera en la categoría que corresponda. En el caso del primer nivel de ingreso, se hará la designación por un año, al término del cual en caso de un desempeño satisfactorio a juicio del Comité, se le otorgará el nombramiento en la categoría de enlace."

"Artículo 41. La dependencia expedirá el nombramiento de quién haya sido seleccionado para ocupar el puesto, a más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que el servidor público de carrera haya tomado posesión del puesto."

Asimismo, respecto al acceso al nombramiento del quejoso, lo cual no estuvo sujeto a discusión, también se corrobora con las pruebas siguientes:

1. Copia fotostática del acta del fallo del comité técnico de selección del puesto de subdelegado administrativo, de fecha trece de septiembre de dos mil diez (fojas 24 y 25 del juicio biinstancial).

2. Copia fotostática del acta de entrevista de trece de septiembre de dos mil diez (foja 26 ídem).

3. Copia certificada del control de resultado de las evaluaciones (fojas 27 a 29).

4. Original del nombramiento otorgado al impetrante, en el cargo de subdelegado administrativo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que expidió el oficial mayor de dicha secretaría el dieciséis de septiembre de dos mil diez (foja 30 ídem).

Consecuentemente, la parte quejosa guardaba una relación de coordinación frente a la dependencia pública patronal, ya que le fue expedido un nombramiento para fungir como servidor público en la administración pública federal, dentro de la secretaría de Estado señalada y, solamente la variable fue que para acceder al puesto, cargo o comisión público, lo hizo bajo el sistema profesional de carrera; lo cual en forma alguna modifica su calidad de trabajador de la referida dependencia pública, es decir, de servidor público frente al Estado-patrón. En todo caso alude a disposiciones que regulan mecanismos para desarrollar la profesionalización de los servidores públicos que ahí se refiere, la existencia de procedimientos y subsistemas que integran el servicio profesional de carrera como formas de garantizar que las personas que van a adquirir la calidad de servidores públicos y durante su permanencia, sean idóneos para satisfacer los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, contenidos, respectivamente, en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales deben caracterizar la actividad del Estado.

Asimismo, tal ley incorpora a la esfera jurídica de los empleados de carrera una serie de prerrogativas en torno a igualdad de oportunidades para acceder al servicio público y procedimientos acordes a la normatividad conducente y, ciertos beneficios como trabajador profesional de carrera para estar en su empleo, empero, sin que ello les prive del carácter de trabajador burocrático, sino simplemente ubica a tales servidores en una determinada categoría o tipo de trabajadores del Estado, es decir, de aquellos que obtuvieron nombramiento bajo los estándares y mecanismos de selección previstos en la legislación federal en materia del servicio profesional de carrera, lo cual también incide en las condiciones aplicables para su permanencia en el puesto o su separación.

En este tenor, debe acudirse a las disposiciones que rigen dicho cargo. Por una parte, destacan los artículos 1, 2 y 13 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, los cuales establecen lo siguiente:

"Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.

"Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio profesional de carrera tomando como base los principios de la presente ley."

"Artículo 2. El Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.

"El sistema dependerá del titular del Poder Ejecutivo Federal, será dirigido por la Secretaría de la Función Pública y su operación estará a cargo de cada una de las dependencias de la Administración Pública.

"(Reformado, D.O.F. 9 de enero de 2006)

"Serán principios rectores de este sistema: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género."

"Artículo 13. El Sistema comprende los Subsistemas de Planeación de Recursos Humanos; Ingreso; Desarrollo Profesional; Capacitación y Certificación de Capacidades; Evaluación del Desempeño; Separación y Control y Evaluación, que se precisan a continuación:

"I. Subsistema de Planeación de Recursos Humanos. Determinará en coordinación con las dependencias, las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que requiera la administración pública para el eficiente ejercicio de sus funciones;

"II. Subsistema de ingreso. Regulará los procesos de reclutamiento y selección de candidatos, así como los requisitos necesarios para que los aspirantes se incorporen al Sistema;

"III. Subsistema de desarrollo profesional. Contendrá los procedimientos para la determinación de planes individualizados de carrera de los servidores públicos, a efecto de identificar claramente las posibles trayectorias de desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos de igual o mayor nivel jerárquico y sueldo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos; así como, los requisitos y las reglas a cubrir por parte de los servidores públicos pertenecientes al sistema;

"IV. Subsistema de capacitación y certificación de capacidades. Establecerá los modelos de profesionalización para los servidores públicos, que les permitan adquirir:

"a) Los conocimientos básicos acerca de la dependencia en que labora y la Administración Pública Federal en su conjunto;

"b) La especialización, actualización y educación formal en el cargo desempeñado;

"c) Las aptitudes y actitudes necesarias para ocupar otros cargos de igual o mayor responsabilidad;

"d) La posibilidad de superarse institucional, profesional y personalmente dentro de la dependencia, y (sic)

"e) Las habilidades necesarias para certificar las capacidades profesionales adquiridas.

"(Adicionado, D.O.F. 9 de enero de 2006)

"f) Las condiciones objetivas para propiciar igualdad de oportunidades de capacitación para mujeres y hombres.

"V. Subsistema de Evaluación del Desempeño. Su propósito es establecer los mecanismos de medición y valoración del desempeño y la productividad de los servidores públicos de carrera, que serán a su vez los parámetros para obtener ascensos, promociones, premios y estímulos, así como garantizar la estabilidad laboral;

"VI. Subsistema de separación. Se encarga de atender los casos y supuestos mediante los cuales un servidor público deja de formar parte del sistema o se suspenden temporalmente sus derechos, y

"VII. Subsistema de control y evaluación. Su objetivo es diseñar y operar los procedimientos y medios que permitan efectuar la vigilancia y en su caso, corrección de la operación del sistema.

"El reglamento determinará los órganos con que la secretaría operará uno o más de los anteriores procesos.

"Compete a las dependencias de la administración pública administrar el Sistema en la esfera de su competencia con base en la normatividad expedida por la secretaría."

Como se desprende de la anterior transcripción, la citada ley tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada. Es especialmente relevante para el presente caso, el artículo 2 de la ley citada, el cual establece que es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad; señalando los principios rectores (legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género). De modo que comprende los subsistemas siguientes, cuyo marco de operación lo dispone en principio el artículo 13 y luego los subsecuentes:

Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera:

• De Planeación de Recursos Humanos;

• Ingreso;

• Desarrollo profesional;

• Capacitación y certificación de capacidades;

• Evaluación del desempeño;

• Separación

• Control y evaluación.

Sin embargo, sigue prevaleciendo la existencia de dependencias públicas patronales y servidores públicos del Estado a disposición de aquéllas, aunque bajo los parámetros de lo que implica el servicio profesional de carrera. Ello, porque el artículo 3, fracciones VII, VIII y IX, retoma la noción de dependencia patronal, es decir, las secretarías de Estado, incluyendo sus órganos desconcentrados, departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; también contempla la existencia del Catálogo de Puestos de la Administración Pública Federal Centralizada, incluyendo sus órganos desconcentrados y los departamentos administrativos, y como servidor público de carrera refiere a aquella persona física integrante del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que "desempeña un cargo de confianza en alguna dependencia".(8)

Ahora bien, para saber cuáles son tales servidores públicos de carrera, los preceptos 4 y 5 de la legislación federal en consulta precisan:

"Artículo 4. Los servidores públicos de carrera se clasificarán en servidores públicos eventuales y titulares. Los eventuales son aquellos que, siendo de primer nivel de ingreso se encuentran en su primer año de desempeño, los que hubieren ingresado con motivo de los casos excepcionales que señala el artículo 34 y aquellos que ingresen por motivo de un convenio.

"El servidor público de carrera ingresará al Sistema a través de un concurso de selección y sólo podrá ser nombrado y removido en los casos y bajo los procedimientos previstos por esta ley."

"Artículo 5. El Sistema comprenderá, tomando como base el catálogo, los siguientes rangos:

"a) Director general;

"b) Director de área;

"c) Subdirector de área;

"d) Jefe de departamento, y

"e) Enlace

"Los rangos anteriores comprenden los niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente, cualquiera que sea la denominación que se le dé.

"La creación de nuevos cargos en las estructuras orgánicas en funciones equivalentes a las anteriores, sin importar su denominación, deberán estar homologados a los rangos que esta ley prevé.

"La secretaría, en el ámbito de sus atribuciones deberá emit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25011-43dff5e7/servicio-profesional-de-carrera-en-la-administracion-publica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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