TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 179/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema de la contradicción de tesis corresponde a las materias común y de trabajo, con la particularidad de que respecto a la última materia, corresponde a la especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que es uno de los Tribunales Colegiados que emitieron uno de los criterios que se denuncian como opositores.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el recurso de revisión (improcedencia) relativa al toca 120/2010, donde figura como quejoso **********, en la parte conducente, consideró:
"TERCERO. Los agravios que se hacen valer son infundados.
"En efecto, debe precisarse que el recurrente alega, en forma reiterada, las inconformidades que a continuación se enuncian, no en forma exhaustiva, por ser innecesario, sino parcialmente, dado el sentido que se da a esta ejecutoria.
"Previamente a esa enumeración, es oportuno precisar también, que el principal acto reclamado se hace consistir en:
"Del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, reclamo: El acto de autoridad, de naturaleza orgánico administrativo, que dicha autoridad emitió en la sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, celebrada el día 16 de febrero del año en curso, que conocí en esa misma fecha, pero que me fue notificado el día 17 del mismo mes y año, mediante oficio CJ.589/2010, suscrito por el Magistrado Ricardo Sánchez Márquez, en su calidad de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, en el que se dice lo siguiente: Por este conducto, me permito comunicar a usted que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión celebrada el día de la fecha, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 94, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado determinó concluir su nombramiento como secretario ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, y en consecuencia dar por terminada la relación laboral que lo venía vinculando con el Poder Judicial del Estado, a partir del día **********.
"Del mencionado acto reclamado, el recurrente hizo derivar otros, relativos a la privación de su nombramiento como secretario ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, sin audiencia ni juicio o procedimiento previo, la privación de sus derechos adquiridos dentro de la carrera judicial, las órdenes giradas para que se dejen de pagar sus emolumentos como secretario ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial, para que se le prive de la titularidad de la categoría y plaza de secretario de Acuerdos del Poder Judicial del Estado, para que se le prive del seguro de gastos médicos mayores, consultas médicas, urgencias y otros servicios, para que se le dé de baja como servidor del Poder Judicial del Estado y de las comisiones de las que formaba parte, y otros.
"El acto reclamado, en primer término, se plasma en el oficio número CJ.589/2010, de fecha dieciséis de febrero del presente año, firmado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Magistrado Ricardo Sánchez Márquez, que literalmente dice: Lic. **********. Presente. Por este conducto, me permito comunicar a usted que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión celebrada el día de la fecha, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 94, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, determinó concluir su nombramiento como secretario ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, y en consecuencia dar por terminada la relación laboral que lo venía vinculando con el Poder Judicial del Estado; a partir del día ********** (foja 76 del expediente de amparo 232/2010-7).
"En forma sucinta, el Juez Primero de Distrito en el Estado argumentó, en el acuerdo recurrido, que debe desecharse la demanda promovida por **********, con base en los artículos 145 y 73, fracción XVII, en relación con los diversos, 1o. y 11 de la Ley de Amparo, considerando que los actos de autoridad tiene la cualidad de ser unilaterales y coercitivos, en razón de que se imponen al particular contra su voluntad y porque su inobservancia conlleva una sanción prevista en la ley, lo cual hace que la relación que se da en la especie es de supra a subordinación; que cuando la relación se da entre dos sujetos que actúan como particulares, aun cuando uno de ellos sea oficial, se está ante una relación de coordinación que puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado. Que en dicho supuesto, los órganos del Estado adquieren también la calidad de particulares, porque no despliegan actividades unilaterales, imperativas y coercitivas frente al gobernado, y cuando celebran algún contrato con el particular, con condiciones y beneficios mutuos, concurriendo un acuerdo de voluntades, ambas partes tienen iguales deberes y prerrogativas, hipótesis en la que la autoridad pierde su calidad y adquiere la de un gobernado. Abundó en que si la autoridad no despliega en su relación con el gobernado, actos de imperio y coercitivos, para efectos del juicio de amparo, tampoco puede estimarse que actúa con el carácter de autoridad en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. En apoyo de tal argumento, invocó la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro IUS 188436, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, que dice: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ (la transcribe).
"Además, el a quo sostuvo que de los antecedentes narrados por el quejoso en el escrito de demanda de amparo, se desprendía que ingresó como servidor judicial del Poder Judicial del Estado, el quince de octubre de mil novecientos noventa y seis, adquiriendo la titularidad definitiva el dieciséis de enero de dos mil siete, adscrito a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; que el catorce de diciembre de dos mil uno, solicitó licencia por tiempo indefinido como secretario de Acuerdos adscrito a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para ocupar la plaza de secretario particular de la citada presidencia; que el veintiséis de octubre de dos mil cinco, fue nombrado titular de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y, posteriormente, a partir del primero de septiembre de dos mil siete, se le nombró titular de la Secretaría Ejecutiva de Pleno y Carrera Judicial; que en la sesión celebrada el dieciséis de febrero de dos mil diez, el presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura propuso a ese órgano colegiado la remoción del quejoso, la cual fue aceptada por unanimidad y en la propia sesión se designó para ocupar su puesto, a la licenciada **********; que al pedir explicaciones, se le comunicó que no se debía a cuestiones relacionadas con el ejercicio del encargo y les recordó que era titular de la plaza de secretario de Acuerdos adscrito a la presidencia del citado tribunal, por lo que tenía derechos adquiridos y que, en todo caso, consideraran el permiso que tenía sin goce de sueldo, negándose a reconocer cualquier derecho del promovente. Que después, el diecisiete de febrero del año en curso, se le comunicó el acuerdo que determina la conclusión de su nombramiento como secretario ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, lo que equivale a una remoción o destitución en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, además de que se da por terminada la relación laboral que lo vinculaba con el Poder Judicial del Estado.
"Al respecto, el Juez de Distrito precisó que entre el Poder Judicial del Estado y el quejoso, existió una relación entre patrón y trabajador, por lo que la controversia debía dirimirse ante la autoridad competente; que el amparo resultaba improcedente, porque el Poder Judicial del Estado fungió como patrón y el quejoso como trabajador, por lo que cualquier decisión del primero, no constituía un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral y, por ende, el juicio de amparo resultaba improcedente, de conformidad con los preceptos legales anteriormente especificados y con diversos criterios jurisprudenciales, a los que se hará alusión más adelante.
"Algunas de las cuestiones que en forma reiterada expone el quejoso en sus agravios, son en el sentido de que no se examinó con exhaustividad la demanda de amparo, porque de haberlo hecho, se habría llegado a la conclusión de que en la especie, no existe el motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que alude el Juez de Distrito; que se le priva de su nombramiento como secretario ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura y del citado cargo, sin haberlo oído en defensa, así como sin mediar juicio o procedimiento previo; que en forma equivocada, se dice que la relación existente entre el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y el quejoso, no era de supra a subordinación, sino la distinta de coordinación y naturaleza privada, carente de coercitividad, imperatividad y unilateralidad; que con toda claridad, el quejoso expuso que los actos reclamados tenían la calidad de orgánico administrativos, por lo que el órgano emisor tenía la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Que el razonamiento del Juez de Distrito, relativo al binomio patrón-trabajador, es dogmático, porque no expresó las razones y causas particulares que lo llevaran a concluir que se trate de un nexo laboral entre el Consejo de la Judicatura y el quejoso, ya que no desglosa los elementos de esa relación, ni indica cómo se surten tales elementos en el caso específico, careciendo por ello, de una adecuada fundamentación y motivación; que el recurrente nunca ha firmado algún contrato laboral con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y tampoco existe en la legislación, alguna disposición que faculte a ese poder para dar por terminada la citada relación, de manera unilateral, por lo que no puede ser manifiesto e indudable, aquello que carece de un verdadero análisis; que dejó de observar también su dicho, en el sentido de que se trata de actos materialmente administrativos, por lo que no guardan vinculación alguna con una relación de carácter laboral. Que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado emitió los actos reclamados, como una autoridad con investidura pública y no dentro del contexto de una relación laboral, toda vez que, conforme al artículo 90 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, tanto la administración del Poder Judicial, como la carrera judicial están a su cargo, de lo que se desprende que los diversos puestos que desempeñó para el Poder Judicial del Estado, fueron expedidos por el propio órgano colegiado y la remoción misma de que fue objeto, sucedió en el contexto de la administración del Poder Judicial Estatal, no pudiendo tener aplicación ninguna otra legislación que no sea la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
"El recurrente expuso también, que el a quo no tomó en consideración las disposiciones que determinan que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado es autónomo e independiente, en cuanto a sus decisiones en materia de administración del citado poder y de la carrera judicial, pues de lo contrario, concluiría que tales decisiones sí son actos de autoridad y que no son susceptibles de ser revisados por un órgano diverso del propio Gobierno Estatal. Que es evidente e indudable que en la especie no tiene aplicación la ley burocrática del Estado, la cual no incluye a los servidores públicos, dado que éstos se rigen por su propia normatividad y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado actuó al margen de la voluntad del recurrente, para privarlo de sus cargos y, en razón de la coercibilidad e imperatividad de su conducta, no pudo resistirse a su acatamiento.
"Pues bien, se dice que los relatados agravios devienen infundados, atento a las consideraciones siguientes:
"Según está dicho, en la especie se trata de dilucidar si la relación existente entre el inconforme y el Poder Judicial del Estado es de naturaleza administrativa o laboral, con el fin de determinar si el acto que se reclama es susceptible de combatirse en la vía constitucional y si la autoridad que lo emitió, lo es para los efectos del juicio de amparo.
"Igualmente, quedó asentado que el recurrente es un servidor público al servicio del Poder Judicial del Estado, específicamente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en el que se desempeñaba como secretario ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial, previamente a lo que considera una ilegal remoción.
"Una vez precisado lo anterior y a efecto de dilucidar si la relación existente entre las partes en conflicto es de naturaleza administrativa, como se alega, o bien laboral, como consideró el a quo, conviene precisar la naturaleza jurídica del ente denominado Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
"El mencionado Consejo de la Judicatura tiene su fundamento en los artículos 90, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en vigor, 4o. y 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Tales preceptos previenen:
"Constitución Política del Estado de San Luis Potosí
"‘Artículo 90. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado, en un Supremo Tribunal de Justicia, un Tribunal Electoral, en juzgados de primera instancia y en juzgados menores. ... La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, así como la carrera judicial, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos de esta Constitución y conforme lo establezcan las leyes. La vigilancia respecto de la función jurisdiccional de los Magistrados, así como las resoluciones disciplinarias sobre los mismos, estarán a cargo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. El Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del Poder Judicial del Estado, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; funcionará en Pleno o en comisiones, y tendrá las atribuciones que determine la ley.’
"Ley Orgánica del Estado de San Luis Potosí
"‘Artículo 4o. El Poder Judicial del Estado se integra por: I. El Supremo Tribunal de Justicia. II. El Tribunal Electoral. III. Los Jueces de primera instancia; y. IV. Los Jueces menores. Los Jueces auxiliares apoyarán al Poder Judicial cuando así lo requiera y cumplirán las funciones que determina la presente ley. El Poder Judicial contará con el Consejo de la Judicatura, que cumplirá las funciones que establecen la Constitución Política del Estado y la presente ley.’
"‘Artículo 86. El Poder Judicial del Estado contará con un Consejo de la Judicatura, encargado de la administración, vigilancia, disciplina y promoción de la carrera judicial, en los términos que establecen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y esta ley.’
"De los preceptos anteriormente transcritos se desprende que el Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí es un órgano del Poder Judicial de dicho Estado, encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de éste, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
"Asimismo, de lo anteriormente expuesto se obtiene que el Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí es una autoridad; empero, es imprescindible establecer si en el caso de que se trata, esto es, el acto consistente en la decisión de dar por terminada la relación que vinculaba al quejoso con el Poder Judicial del Estado, el mencionado consejo actuó como autoridad, con el estigma del ius imperium, o en su carácter de igualdad en una relación bilateral, es decir, como una parte del binomio patrón-trabajador.
"Es de precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el artículo 11 de la Ley de Amparo, el cual se refiere al carácter de autoridad para los efectos del juicio de garantías, estableció que como autoridad debe considerase a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración la voluntad del afectado. Así lo estableció en la tesis del Pleno de ese Máximo Tribunal de la Nación, registro IUS 199459, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, página 118, Novena Época, que dice: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (la transcribe).
"En relación con este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció cuáles son las notas distintivas de los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en la diversa tesis registro IUS 188436, que se consulta en el Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, de la citada compilación, del tenor siguiente: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ (la transcribe).
"En este contexto, se debe analizar el caso concreto, con el fin de determinar si efectivamente la autoridad señalada como responsable en el juicio de garantías actuó como autoridad al emitir la orden que constituye el principal acto reclamado, advirtiendo este Primer Tribunal Colegiado que existe un ente de derecho que establece una relación de supra a subordinación; que esa relación tuvo su origen en la ley que confiere al citado Consejo de la Judicatura una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, por ser pública la fuente de esa potestad; así como también, que con motivo de esa relación, el propio consejo emite actos unilaterales que crean, modifican o extinguen una situación jurídica que afecta la esfera legal del particular; y que para emitir dichos actos, no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa de la voluntad del afectado.
"Bajo este tópico, se concluye que cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí decidió concluir el nombramiento de **********, como secretario ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí, actuó como patrón, ya que si bien tomó tal determinación en forma unilateral, sin embargo, lo hizo con base en la relación laboral que lo une con el citado servidor público, es decir, no actuó en un plano de supra a subordinación, por lo que se está en presencia de un conflicto entre particulares que constituyen el binomio patrón-trabajador, en el que no existe la obligación de que la patronal requiera el consentimiento del afectado.
"Esto es así, puesto que el Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí tiene como finalidad, la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, con la excepción antes mencionada, y que tratándose de una autoridad, actúa en el plano de supra a subordinación frente a los empleados del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, con el fin de cumplir los propósitos para los que fue creado, es necesario que también actúe como particular, es decir, que se obliga o adquiere derechos a través de las normas de derecho privado, como en los contratos de arrendamiento, compraventa, donación, etcétera; y en esa actuación como particular, el citado consejo se vincula con sus trabajadores como patrón, hipótesis en la que puede decidir, en forma unilateral, si extiende o no el nombramiento a un determinado empleado, con o sin su voluntad.
"Así se desprende del contenido del artículo 94, fracciones IV y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que dice:
"‘Artículo 94. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura: ... IV. Nombrar, y remover por causa justificada, a los servidores judiciales. V. Designar al secretario y los titulares de los órganos auxiliares del propio consejo.’
"Luego, cabe precisar que los servidores públicos dependientes del Pleno del Consejo de la Judicatura, pueden ser nombrados y removidos, de acuerdo a lo previsto en los ordenamientos invocados en esta ejecutoria, supuestos en los que actúa como patrón, pues además, así lo estatuye el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en sus artículos 3o., fracción XIII, 9o., fracciones I, III y IV, así como 135, que por su orden previenen:
"‘Artículo 3o. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: ... XIII. Servidores judiciales: Servidores públicos que trabajan para el Poder Judicial del Estado.’
"‘Artículo 9o. El Pleno ejercerá la máxima autoridad en el Consejo y para el ejercicio de sus atribuciones, éste: I. Ejercerá y administrará las relaciones burocrático laborales establecidas con los trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado y con los organismos sindicales en que éstos se encuentren agremiados. ... III. Determinará la suspensión, terminación o cese de la relación laboral con los servidores judiciales con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado. IV. Establecerá, revisará, y en su caso actualizará las condiciones generales de trabajo del Poder Judicial, en los términos previstos en la legislación de la materia.’
"‘Artículo 135. Las relaciones y condiciones generales de trabajo del personal del Poder Judicial se regirán por lo previsto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, en la ley orgánica, este reglamento y los demás ordenamientos que sean aplicables.’
"Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 6/88 varios, entre las sustentadas por la Segunda y la Cuarta Salas de ese Máximo Tribunal, registro IUS 205875, que se publica en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, página 384, Octava Época, del tenor siguiente: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE.’ (la transcribe).
"De la propia contradicción de tesis se derivó la diversa jurisprudencia registro 205876, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación, mismo tomo, página 92, que dice: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.’ (la transcribe).
"Cabe observar que si bien en las citadas jurisprudencias que invocó el Juez de Distrito, se alude a los trabajadores de confianza al servicio del Estado, sin embargo, aun cuando en autos no obre constancia alguna de que el quejoso hubiere ostentado esa calidad u otra, lo relevante es que se trata de un trabajador al servicio del Estado de San Luis Potosí, específicamente, del Poder Judicial, observando que el propio recurrente admite que desempeñó labores de un servidor público. Por tanto, es claro que, sea que se trate de un trabajador de confianza o de cualquier otra índole, lo cierto es que de conformidad con los criterios antes transcritos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ahora quejoso debió recurrir a diverso medio de defensa, previamente a la promoción del juicio de garantías.
"También es aplicable en este asunto la jurisprudencia de este Primer Tribunal Colegiado, registro IUS 916323, que se consulta en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, página 1043, del texto siguiente: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS AUTORIDADES DE SAN LUIS POTOSÍ. EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS AUTORIDADES DE SAN LUIS POTOSÍ, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DE LOS, SEAN DE BASE O DE CONFIANZA.’ (la transcribe).
"Finalmente, tiene aplicación en este asunto, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 66/2008, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registro IUS 168970, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 218, Novena Época, del tenor siguiente: ‘CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA CUANDO DECIDE NO RENOVAR SUS NOMBRAMIENTOS.’ (la transcribe).
"En la especie, resulta intrascendente que el acto que se reclama se llame cese o conclusión del nombramiento de la relación existente entre las partes en conflicto, pues lo relevante es si el quejoso es un servidor público del Poder Judicial del Estado, cuya relación es de coordinación, en la que rige un acuerdo de voluntades entre particulares y no una decisión basada en el ius imperium y en la coercibilidad; y en todo caso, será el tribunal competente quien dirima si el acto reclamado constituye o no, un cese del quejoso, de la mencionada relación entre las partes."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el recurso de revisión 437/2007, donde actúa como quejoso **********, en sesión de dos de abril de dos mil ocho, en lo que interesa a la presente contradicción, sostuvo:
"OCTAVO. Los conceptos de violación que se transcribieron en los dos considerandos precedentes, son sustancialmente fundados y suficientes para concederle a ********** la protección de la Justicia Federal en los términos y para los efectos que se precisarán en la parte final del presente.
"Así se considera, porque en opinión de este cuerpo colegiado, le asiste la razón al referido quejoso al sostener en dichos motivos de inconformidad, que el acto que reclamó en la demanda de garantías al presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, consistente en el oficio número CJ. 925/2007 datado el doce de junio de dos mil siete, en el que le comunicó que en la sesión celebrada en esa misma fecha por el Pleno del propio consejo, se acordó dar por concluido su contrato como secretario de estudio y cuenta de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a partir del día quince de ese mes y año, que enseguida se transcribe, es violatorio, en su perjuicio, de la garantía de legalidad consagrada por el artículo 16 de la Constitución General de la República.
"Ese oficio, que obra glosado en la foja 36 del expediente del amparo indirecto con el que guarda relación este recurso de revisión, literalmente dice, en la parte que interesa para la solución del presente asunto:
"‘Por este conducto, me permito comunicar a usted, que en sesión celebrada el día de la fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura acordó dar por concluido su contrato como secretario de Estudio y Cuenta de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a partir del día ********** del año en curso, lo anterior en virtud de la reincorporación del licenciado **********, secretario de Estudio y Cuenta de esa Sala, lo anterior con fundamento en el artículo 94, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.’
"Como se aprecia de la anterior transcripción, el oficio a que venimos haciendo referencia no satisface los requisitos de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 de la Carta Magna; toda vez que éstos, según lo ha sustentado reiteradamente en criterio firme la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consisten: el primero, en la obligación de la autoridad que lo emite, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que encuentra apoyo la determinación adoptada, y el segundo, en la de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que le hubieren conducido a estimar que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa invocada.
"Y si bien el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de esta entidad federativa mencionó en ese oficio el artículo 94, fracción III, de la ley orgánica de dicho poder; sin embargo, es evidente que con ello no satisface el requisito de motivación legal, porque si, como ya se dijo, por motivación debe entenderse la expresión de las razones que llevaron a la autoridad a estimar que el caso encuadraba en la hipótesis legal, es inconcuso que el referido funcionario judicial debió explicar en ese ocurso las razones por las que afirma que los hechos que invocó, que textualmente dis
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22478-313268a2/trabajadores-al-servicio-del-poder-judicial-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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