TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. CUANDO EJERZAN LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE, CORRESPONDE A LA PARTE PATRONAL LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO CONTROVIERTA LA CALIDAD DEL PUESTO. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE CUANDO EJERZAN LA ACCIÓN PARA QUE SE LES OTORGUE NOMBRAMIENTO DE BASE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 175/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia laboral en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.
En efecto, de acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) El procurador general de la República.
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En el caso que nos ocupa la denuncia de contradicción de tesis provino, como se dijo antes, de la presidenta de uno de los tribunales cuya resolución participa en la contradicción de criterios; por tanto, queda patente que quien realiza la propuesta tiene legitimación para motivar la denuncia.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo laboral número 77/2008, promovido por **********, en fecha diez de octubre del año dos mil ocho, en lo que interesa al tema de esta contradicción, sostuvo:
"... SEXTO. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso resultan infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra.
"En síntesis, el peticionario de amparo alega que ...
"En otro aspecto, del análisis al laudo se advierte que la Sala del conocimiento sostuvo que el actor era un trabajador eventual porque así se demostró con el Proyecto Educador Comunitario Indígena, el cual tenía vigencia en tanto la patronal continuara administrando su desarrollo, por ende, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, mientras subsistieran las causas que le dieron origen a la materia del trabajo, se prorrogaría el contrato por todo el tiempo que perdurara dicha circunstancia; en consecuencia, que la patronal debía expedir nuevamente el nombramiento respectivo como educador comunitario en su calidad de becario.
"Agregó que ********** no acreditó, mediante documento idóneo, la calidad de trabajador de base que alegó; aunado a que, al oponer sus excepciones y defensas, la enjuiciada afirmó que el actor no ostentaba la calidad de trabajador en la plaza de base de director de Grupo con Funciones de Docente, pero que no justificó que la actividad desarrollada fuera distinta a la laboral.
"De lo expuesto se aprecia que, si bien es cierto (sic) la responsable no se pronunció expresamente respecto de la acreditación de los elementos que prevé el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, para efectos de determinar que no se justificó el otorgamiento del nombramiento de base; también es verdad que ello no le causa perjuicio al inconforme.
"En efecto, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que venía sosteniendo, en el sentido de que correspondía la carga de la prueba al trabajador cuando reclamara el otorgamiento del nombramiento de base, por las consideraciones siguientes:
"Este Tribunal Colegiado venía sosteniendo que de manera correcta se arrojaba la carga de la prueba al trabajador para justificar las exigencias contenidas en el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, a fin de establecer su derecho a la basificación, y ello no implicaba que se supliera la deficiencia de la queja a favor de la patronal, porque el derecho procesal del trabajo se rige por cargas probatorias, es decir, dependiendo del planteamiento de la litis corresponde a uno u otro de los contendientes cumplir con los presupuestos de la misma; esto es, se sostenía que si la parte demandada no acreditaba la temporalidad de la plaza que el actor ocupaba, ello no relevaba a éste de demostrar los elementos de su acción, precisamente porque la apoyaba en un aserto de que su empleo era de base y, por ende, tenía el deber de probarlo al tenor de lo que postula la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, marzo de 1993, página 195, del rubro y texto siguientes:
"‘ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.’ (se transcribe).
"Asimismo, se afirmaba que aun cuando en los autos del juicio laboral de origen quedaba justificado que las labores que realizaba el trabajador se encontraban excluidas de las que el artículo 6o. de la Ley del Servicio Civil para (sic) el Estado y los Municipios de Chiapas contempla como (sic) empleados de confianza, ello no traía como consecuencia que deban tenerse por demostrados los diversos elementos de la acción intentada, relativos a la acreditación de que las funciones que realizaba fueran de carácter definitivo y permanente y que la plaza que ocupaba era de base, pues un aspecto es que la naturaleza de las funciones desempeñadas y el puesto o categoría del trabajador no encajaran dentro de los supuestos contemplados por el aludido numeral, que las primeras se hayan venido realizando ininterrumpidamente por un largo periodo y que subsistiera la materia del trabajo, y otro muy distinto es que la plaza que ocupara tuviera el carácter (sic) permanente y definitiva (sic) porque desde su creación se haya establecido de esa manera, que tenga la calidad de titular de la plaza y no que la ocupe de manera interina en sustitución temporal de otro empleado.
"De tal manera que no bastaba que el trabajador acreditara las condiciones primeramente establecidas para tener por justificada la acción intentada, pues se trataba de cuestiones totalmente diversas; por el contrario, era menester que se demostrara (sic) también los dos elementos mencionados por tratarse de los presupuestos de la acción, conforme a lo dispuesto por el artículo 7o. de la ley invocada.
"Para apoyar dicha determinación, se invocaron los siguientes criterios:
"Tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, marzo de 1992, página 196, del tenor siguiente:
"‘ESCALAFÓN Y OTORGAMIENTO DE PUESTO DE BASE. CARGA DE LA PRUEBA.’ (se transcribe).
"Tesis I.6o.T.70 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 608, del tenor siguiente:
"‘TRABAJADORES INTERINOS AL SERVICIO DEL ESTADO. CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA BASE E INAMOVILIDAD EN LA PLAZA QUE OCUPAN, SI ÉSTA NO SE ENCUENTRA VACANTE EN FORMA DEFINITIVA.’ (se transcribe).
"De una nueva reflexión sobre el tópico en estudio, se advierte que, aun cuando por regla general subsiste la obligación de justificar los elementos de la acción a quien promueve, en el caso concreto, en tratándose de los requisitos establecidos en el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, tomando en cuenta que se encuentran relacionados con diversos medios de prueba que el patrón tiene la obligación legal de conservar en su poder, se estima conveniente apartarse del criterio referido para arrojar la carga probatoria a éste, por contar con mayores elementos para ello, por las consideraciones siguientes:
"De los artículos que conforman la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, se advierte que no existe señalamiento expreso respecto del procedimiento para el ofrecimiento, admisión, desahogo y perfeccionamiento de pruebas; además, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo noveno transitorio de aquélla, no contempla disposición al respecto; sin embargo, acorde con el numeral 11 del último ordenamiento mencionado, dispone que en lo no regulado por ese cuerpo legal o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos Civiles; dicho precepto establece:
"‘Artículo 11. En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad.’
"En ese orden de ideas, se estima necesario acudir a tal supletoriedad tomando en consideración que las formalidades que deben observarse para el ofrecimiento, admisión, desahogo y perfeccionamiento de los medios probatorios por parte del tribunal responsable no están contempladas en la Ley Burocrática Local, en consecuencia, es dable concluir que procede aplicar de manera supletoria a ésta, las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, en atención a la garantía de seguridad jurídica.
"Es aplicable al caso, la tesis XX.1o.94 L, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, página 1074, que se comparte, del rubro y texto siguientes:
"‘LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS, LO ES LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe).
"En esas condiciones, la carga de la prueba tiene características especiales en materia laboral, según el texto del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone lo siguiente:
"‘Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:
"‘I. Fecha de ingreso del trabajador;
"‘II. Antigüedad del trabajador;
"‘III. Faltas de asistencia del trabajador;
"‘IV. Causas de rescisión de la relación de trabajo;
"‘V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del artículo 37, fracción I y 53 fracción III de esta ley;
"‘VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido;
"‘VII. El contrato de trabajo;
"‘VIII. Duración de la jornada de trabajo;
"‘IX. Pagos de días de descanso y obligatorios;
"‘X. Disfrute y pago de las vacaciones;
"‘XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;
"‘XII. Monto y pago del salario;
"‘XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; e
"‘XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda.’
"El precepto transcrito impone a la patronal una mayor proporción en la carga probatoria dentro del procedimiento laboral, en tratándose de las prestaciones que generalmente son reclamadas por el trabajador; lo cual se encuentra robustecido con lo dispuesto en los numerales 804 y 805 del mismo ordenamiento, los cuales estatuyen:
"‘Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:
"‘I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable;
"‘II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios;
"‘III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;
"‘IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacantes, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley; y
"‘V. Los demás que señalen las leyes.
"‘Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.’
"‘Artículo. 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario.’
"Las disposiciones anteriores relevan al trabajador de la carga probatoria en aquellos casos en los que el tribunal considere que por otros medios puede llegar al conocimiento de los hechos expresados en su demanda, procediendo en esos casos a requerir la exhibición de tales elementos de prueba al patrón, con el apercibimiento que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por aquél.
"Las disposiciones invocadas confirman la calidad social del proceso laboral como un derecho que tiene por objeto garantizar una igualdad real, mediante la tutela y protección del trabajador, lo cual permite partir del hecho de que la carga de la prueba corresponde a la parte que dispone de mejores elementos para la comprobación de los hechos litigiosos, estimándose por disposición de la ley, en materia de trabajo, que se trata de aquel que de acuerdo con las leyes tiene la obligación de conservar determinados documentos vinculados con la relación de trabajo, como la antigüedad del empleado, duración de la jornada de trabajo, monto y pago del salario, entre otros, o bien aquellos relativos a la creación de plazas, ya que es de explorado derecho que los acuerdos, decretos o instrumentos que les dan origen, deben estar en poder del patrón, siendo éstos los instrumentos en que por regla general se determina si una plaza es definitiva o por el contrario, su existencia se encuentra limitada a cierta temporalidad por haber sido creada de manera provisional para cumplir determinado propósito; además, en el supuesto de no contar la patronal con tales probanzas, al tratarse de una persona moral pública, es evidente que existe una interrelación con otras dependencias gubernamentales, en las que necesariamente deben obrar esas constancias, por lo que no es difícil que las obtenga; incluso, la obligación de aportar pruebas al juicio no sólo corresponde a las partes, sino que es extensiva a cualquier autoridad o persona ajena a dicho proceso que tenga en su poder documentos relacionados con los hechos litigiosos que puedan contribuir a esclarecerlos.
"Además, esto es acorde con la relación que se establece entre los trabajadores y el Estado, pues independientemente de los fines que persigue, es claro que todo gobierno, por la naturaleza de sus funciones, está obligado a justificar sus actividades y a conservar toda la documentación que sea necesaria a efecto de demostrar la legalidad de sus actos.
"Ahora bien, en relación con el tópico en estudio, el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil para (sic) el Estado y los Municipios de Chiapas dispone:
"‘Artículo 7o. Serán considerados trabajadores de base, los no incluidos en el artículo anterior siempre y cuando las funciones o materia de trabajo sean de carácter permanente y definitivo y que la plaza que ocupen sea de base, los que serán inamovibles después de seis meses de nombrados sin nota desfavorable en su expediente.’
"De tal dispositivo resulta que los requisitos para ser considerados trabajadores de base, son los siguientes:
"a) No estar incluidos dentro de los supuestos contemplados en el artículo 6o. de la Ley del Servicio Civil del Estado y (sic) Municipios de Chiapas;
"b) Que las funciones de trabajo sean de carácter permanente y definitivo; y,
"c) Que la plaza que se esté ocupando sea de base.
"Atento a las consideraciones expuestas, este Tribunal Colegiado estima que corresponde a la patronal acreditar que el promovente está incluido en alguna de las hipótesis que contempla el numeral 6 de la ley invocada, esto es, debe demostrar que las labores que desarrolla el actor son de confianza, que las funciones que desempeña son de carácter interino en sustitución temporal de otro empleado y que la permanencia de la plaza que ocupa está condicionada a algún evento que no está sujeto a su voluntad, por ejemplo, la aprobación de la partida presupuestal correspondiente, por tanto, de conformidad con los artículos 784, fracción VII, y 804, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para estar en posibilidad de conocer la verdad de los hechos debe requerirse al patrón para que exhiba los documentos necesarios, es decir, los contratos o los acuerdos o decretos que le dieron origen, que de conformidad con las disposiciones legales invocadas tiene la obligación de conservar en sus archivos.
"Por ende, cuando la patronal manifiesta que el puesto no es de base y que las funciones o materia de trabajo no son de carácter permanente y definitivo, ello implica una negación que envuelve la afirmación expresa de un hecho, basada en el motivo por el cual se consideran que no tienen esas características, es decir, que las funciones que el trabajador desempeña son de carácter interino en sustitución temporal de otro empleado y que la permanencia de la plaza que ocupa está condicionada a algún evento que no está sujeto a su voluntad, por ejemplo, la aprobación de la partida presupuestal correspondiente, por lo que resulta aplicable, en términos del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, el principio general de derecho que retoma el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala: ‘El que niega sólo está obligado a probar: I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho’. En esa virtud, corresponde a la patronal la carga de la prueba para demostrar las circunstancias mencionadas.
"Al respecto cabe precisar que este órgano colegiado no comparte el criterio contenido en la jurisprudencia XX.1o. J/66, del Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 1714, del tenor siguiente:
"‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. CUANDO DEMANDEN EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO O NOMBRAMIENTO DE BASE Y LA PATRONAL ARGUMENTE QUE NO TIENEN DERECHO A ELLO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEBE DIVIDIRSE ENTRE AMBOS.’ (se transcribe).
"De acuerdo con el criterio transcrito, en tratándose del reclamo del otorgamiento del nombramiento de base, el Primer Tribunal Colegiado de este circuito sostiene que la obligación de la carga probatoria se encuentra dividida entre la patronal y el trabajador, que a aquélla le corresponde justificar que el empleado se encuentra comprendido dentro de la clasificación prevista en el artículo 6o. de ley de la materia, esto es, que es trabajador de confianza; que la plaza que ocupa no es de base, que existe nota desfavorable en su expediente personal o que la acción se ejerció antes de haber transcurrido seis meses de otorgado el nombramiento, por ser quien cuenta con mayores elementos para ello; mientras que al trabajador le corresponde acreditar que las funciones que desempeña y la materia del trabajo que dio origen a su contratación son de carácter permanente o definitivo.
"Criterio que no se comparte, en razón de que no es necesario justificar el supuesto de que el actor no tiene nota desfavorable en su expediente personal o que la acción se ejerció antes de los seis meses, pues tal aspecto no es presupuesto a comprobar para el nombramiento de base, sino que es una condición para que quien las ocupe sea inamovible.
"Por otra parte, si se está arrojando la carga de la prueba al patrón para que demuestre que la plaza que ocupa el empleado no es de base y que las funciones que realiza son de confianza, por ser quien cuenta con mayores elementos para ello y tiene la obligación legal de conservar los documentos donde consten dichas circunstancias; no es lógico que se le exija al trabajador que demuestre que las funciones desempeñadas y la materia del trabajo son de carácter permanente o definitivo, pues estos aspectos se encuentran estrechamente relacionados con el contrato o acuerdo de donde deriva el empleo y también pueden deducirse de dichos acuerdos o decretos que le dieron origen.
"En ese sentido, este tribunal estima que corresponde a la patronal acreditar que el trabajador no cumple con los requisitos establecidos en el precepto mencionado para que se le otorgue el nombramiento de base, salvo que alguno de estos datos deriven de la propia ley, reglamento o cualquier acuerdo de interés general, pues en ese caso no es menester justificar su existencia en autos, ya que basta que estén publicados en algún medio oficial para que la autoridad esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque su inserción en tales órganos oficiales de difusión tiene por objeto darles publicidad, y ésta determina que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argumentar su desconocimiento.
"Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, del tenor siguiente:
"‘PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe).
"Por consiguiente, con fundamento (sic) el artículo 197-A de la Ley de Amparo, por conducto de la presidenta de este tribunal, procede denunciar la posible contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"En el presente asunto, si bien es cierto que la patronal no se excepcionó, de manera específica, en relación con cada uno de los elementos de la acción intentada por el hoy quejoso, también es verdad que no por ese hecho debían tenerse por consentidos y acreditados los elementos de la acción promovida por el actor en el juicio de origen, como lo alega el quejoso, ya que corresponde a la responsable la obligación de analizar que se encuentren satisfechos los presupuestos de aquélla.
"...
"En esas condiciones, si bien es cierto que le asiste la razón al quejoso al manifestar que indebidamente se le arrojó la carga probatoria y que en el caso concreto no se exhibieron pruebas para acreditar que el cargo que ostenta es de carácter temporal; empero, como quedó demostrado en la presente ejecutoria, sus manifestaciones a la postre resultan inoperantes, porque quedó evidenciado que el programa denominado Proyecto Educador Comunitario Indígena no es permanente ni definitivo; por ende, no le asiste el derecho de reclamar el otorgamiento del nombramiento de base, por cuanto no reúne los requisitos establecidos en el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas.
"En consecuencia, al no existir deficiencia que suplir a favor del quejoso, lo que procede es negar la protección de la Justicia Federal solicitada."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver en sesión de fecha veintiuno de junio de dos mil seis, el amparo directo número 522/2005, promovido por **********, en la parte que interesa, consideró:
"SÉPTIMO. Los conceptos de violación que hace valer la apoderada legal del quejoso, son infundados en una parte, y en otra fundados, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes.
"Por razón de método, se analizarán en primer término las inconformidades que se estiman infundadas.
"...
"Por otro lado, es menester precisar que fue correcta la determinación de la responsable contenida en la primera parte del cuarto de los considerandos del laudo combatido, en el sentido de que de las pruebas aportadas a juicio por la demandada, no se demostró por la patronal que la temporalidad del contrato de trabajo haya sido por tiempo limitado y que la calidad del actor hubiera sido de trabajador interino, en consecuencia, la relación de trabajo debía estimarse de manera indefinida para los efectos legales a que hubiera lugar.
"No obstante lo anterior, fue incorrecto el proceder de la Sala responsable relativa a que correspondía al trabajador la carga de la prueba para justificar las exigencias del artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios (sic).
"En efecto, de la lectura del laudo reclamado, específicamente del considerando cuarto del mismo, se advierte que el tribunal responsable al realizar el análisis de la prestación consistente en el otorgamiento del contrato o nombramiento de base que reclamó el actor, primeramente transcribió el artículo 7o. de la ley citada, estableció los elementos de los que precisa la acción intentada y concluyó diciendo que correspondía al trabajador acreditar las exigencias del precepto aludido, sin que existiera ningún medio de convicción que llevara a tener por acreditado que las funciones fueran de carácter permanente y definitivo y que la plaza que ocupa sea de base.
"Lo anterior, como ya se dijo, resulta incorrecto, pues la acción intentada precisa de los siguientes elementos:
"a) Que el trabajador actor no se encuentre incluido dentro de la clasificación contenida en el artículo 6o. de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas.
"b) Que las funciones que desempeñe y la materia de trabajo que dio origen a su contratación sea de carácter permanente y definitivo.
"c) Que la plaza que ocupen sea de base.
"d) Que se ejerza la acción después de seis meses de nombrados sin nota desfavorable en su expediente.
"Ahora, la carga de la prueba en el caso que nos ocupa se encuentra dividida, pues por un lado es verdad que al trabajador corresponde demostrar que la naturaleza de las funciones que realizaba eran de carácter permanente y definitiva, aspecto que la responsable no analizó congruentemente, no obstante que refirió que en el caso la relación de trabajo era por tiempo indefinido, es decir, definitiva.
"Lo anterior es así, toda vez que del laudo combatido se advierte que la responsable señaló que el trabajador debía demostrar que las funciones o materia de la relación laboral eran de carácter permanente o definitivo, por tanto, si previamente había concluido que la relación laboral era de índole indefinida, es inconcuso que estaba justificado que la naturaleza de la relación laboral era de carácter definitivo, sin que ello implique que las funciones que realice sean de base, pues bien puede acontecer que el nombramiento definitivo se otorgue a un trabajador de base o uno de confianza.
"Al respecto, es de invocarse por las razones que la informan la jurisprudencia P./J. 36/2006, visible en la página 10, Tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.’ (se transcribe).
"Sin que pase inadvertido, que si la responsable implícitamente estimó que la materia de trabajo era de carácter indefinido, es decir, definitivo, de esa manera no existía ya necesidad alguna de que el trabajador acreditara lo que el propio tribunal sostuvo, consecuentemente, si con las pruebas aportadas por la patronal, como son los formatos únicos de personal, la confesional del actor y otras, el tribunal responsable llegó a la conclusión señalada, el trabajador quedó liberado de esa fatiga procesal.
"Por otro lado, debe precisarse que en materia laboral, la carga de la prueba tiene características especiales, como se advierte del texto del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en cuanto a este aspecto, cuyo texto es:
"‘Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: I. Fecha de ingreso del trabajador; II. Antigüedad del trabajador; III. Faltas de asistencia del trabajador; IV. Causas de rescisión de la relación de trabajo; V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del artícu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21456-69414cf7/trabajadores-al-servicio-del-estado-asi-como-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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