HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
AMPARO DIRECTO 968/2007.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los conceptos de violación aducidos por los quejosos resultan infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra.
En síntesis, los peticionarios de amparo alegan que del material probatorio aportado por las partes, concretamente de las documentales exhibidas, se aprecia que la relación laboral no se encuentra sujeta a término, por el contrario, que de ellas se desprende su carácter definitivo.
Que el laudo reclamado es incongruente, porque no se fijó la litis correctamente, ya que la demandada no justificó que la naturaleza del servicio fuera de manera temporal y que debido a ello se estableciera una vigencia determinada.
Que debió condenarse a la Secretaría de Educación al otorgamiento del nombramiento de base, ya que le correspondía la carga de la prueba por ser la que dispone de mejores y más elementos para la comprobación de los hechos que originan el conflicto, como aquellos relativos a la creación de plazas, pues los acuerdos, decretos o instrumentos que les dieron origen, necesariamente obran en poder del patrón, y que es en éstos donde se determina si una plaza es definitiva o no, de acuerdo con lo establecido en los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, supletoria en términos del artículo noveno transitorio de la Ley Burocrática local.
Por último, los peticionarios de amparo alegan que la enjuiciada no se excepcionó en el sentido de controvertir que no reunían los requisitos para ser considerados como trabajadores de base, sólo se concretó a negar la relación laboral; en consecuencia, que deben tenerse por consentidos tácitamente estos hechos y por cumplidos los requisitos legales respectivos.
En primer término, contrario a lo argumentado por los peticionarios de amparo, la Sala responsable fijó de manera correcta la litis en el juicio de origen, pues al respecto sostuvo:
"Del contenido de los escritos de demanda y contestación de la misma, se advierte que en el presente caso, la litis lo constituyen la pretensión de los actores de que se les reconozca la calidad de trabajadores y que por lo mismo se les expidan los nombramientos respectivos, los que reclaman sea en calidad de base, así como el beneficio de la seguridad social; y la afirmación de la patronal en el sentido de que no le une relación laboral con los accionantes, señalando que únicamente han venido prestando servicio social, en calidad de becarios en un proyecto educativo denominado Proyecto Educador Comunitario Indígena."
En otro aspecto, del análisis al laudo se advierte que la Sala del conocimiento sostuvo que los actores eran trabajadores eventuales porque así se demostró con el Proyecto Educador Comunitario Indígena, el cual tenía vigencia en tanto la patronal continuara administrando su desarrollo, por ende, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, mientras subsistieran las causas que le dieron origen a la materia del trabajo, se prorrogaría el contrato por todo el tiempo que perdurara dicha circunstancia; en consecuencia, que la patronal debía expedir a cada uno de los accionantes el nombramiento respectivo como educadores comunitarios en su calidad de becarios.
Agregó que las funciones que realizaban los actores no tenían las características de permanencia y definitividad, toda vez que dependían de la continuidad de la vigencia del Proyecto Educador Comunitario Indígena, sin que se pronunciara respecto al nombramiento de base que reclamaron los aquí quejosos.
De lo expuesto se aprecia que, si bien es cierto la responsable no se pronunció respecto de la acreditación de los elementos que prevé el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, para efectos de determinar que no se justificó el otorgamiento del nombramiento de base, también es verdad que ello no le causa perjuicio a los inconformes.
Lo anterior es así, toda vez que en el juicio de amparo directo 77/2008, resuelto el diez de octubre del año en curso, este Tribunal Colegiado se apartó del criterio que venía sosteniendo, en el sentido de que correspondía la carga de la prueba al trabajador cuando reclamara el otorgamiento del nombramiento de base, atento a la naturaleza extralegal de dicha prestación; debido a que de una nueva reflexión sobre el tópico en estudio, se advirtió que, aun cuando por regla general subsiste la obligación de justificar los elementos de la acción a quien promueve, en el caso concreto, en tratándose de los requisitos establecidos en el dígito 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, tomando en cuenta que se encuentran relacionados con diversos medios de prueba que el patrón tiene la obligación legal de conservar en su poder, estimó arrojarse la carga probatoria a éste, por contar con mayores elementos para ello, por las consideraciones siguientes:
De los dispositivos que conforman la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, se colige que no existe señalamiento expreso respecto del procedimiento para el ofrecimiento, admisión, desahogo y perfeccionamiento de pruebas, además, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo noveno transitorio de aquélla, no contempla disposición al respecto; sin embargo, el ordinal 11 del último ordenamiento mencionado, dispone que en lo no regulado por ese cuerpo legal o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente y, en su orden, la Ley Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos Civiles; dicho precepto establece:
"Artículo 11. En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad."
En ese orden de ideas, se estima necesario acudir a tal supletoriedad tomando en consideración que las formalidades que deben observarse para el ofrecimiento, admisión, desahogo y perfeccionamiento de los medios probatorios por parte del tribunal responsable no están contempladas en la Ley Burocrática local; en consecuencia, es dable concluir que procede aplicar de manera supletoria a ésta, las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, en atención a la garantía de seguridad jurídica.
Es aplicable al caso, la tesis XX.1o.94 L sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, página 1074, del rubro y texto siguientes:
"LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS, LO ES LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De acuerdo con el catálogo de normas que contempla la Ley del Servicio del Estado y los Municipios de Chiapas, en ninguno de sus supuestos otorga un título específico del procedimiento a seguir para el ofrecimiento, admisión, desahogo y perfeccionamiento de pruebas; en esa virtud, en su artículo noveno transitorio establece: ‘En lo no previsto y que no se oponga a esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores del Estado.’; sin embargo, la legislación que conforme al transcrito precepto es supletoria de la ley burocrática del Estado, tampoco consagra disposiciones específicas que prevean lo relativo. No obstante ello, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 11 preceptúa: ‘En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.’, hipótesis que válidamente da la pauta a considerar, que si para la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en lo no previsto, es supletoria la ley reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, en tanto no exista conflicto entre ambas legislaciones, y ésta a su vez, contempla la factibilidad de acudir a la supletoriedad de otras legislaciones, destacando en orden de aplicación preferente, la Ley Federal del Trabajo, ello conduce a establecer que no existe obstáculo legal para considerar que esta última, al ser supletoria de aquélla, también pueda serlo de la ley del servicio civil en comento, para el fin de resolver lo inherente a las formalidades que se deban observar en el procedimiento laboral burocrático en cuanto al desahogo de pruebas. Por lo anterior, quienes actualmente integran este órgano colegiado, con fundamento en lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, estiman procedente interrumpir el criterio sustentado por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la jurisprudencia J/37, visible en la página 402, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, intitulada: ‘LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES SUPLETORIA DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).’, ya que como se advierte de su contenido, para rechazar la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo sólo se atiende a lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la ley burocrática local, sin que se ocupe de mencionar por qué, ante la falta de disposiciones en una y otra legislación sobre aspectos básicos del proceso burocrático, como el relativo al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, no pueda acudirse supletoriamente a la Ley Federal del Trabajo, no obstante lo que establece el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado."
En esas condiciones, la carga de la prueba tiene características especiales en materia laboral, según el texto del normativo 784 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone lo siguiente:
"Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:
"I. Fecha de ingreso del trabajador;
"II. Antigüedad del trabajador;
"III. Faltas de asistencia del trabajador;
"IV. Causas de rescisión de la relación de trabajo;
"V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del artículo 37, fracción I y 53 fracción III de esta ley;
"VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido;
"VII. El contrato de trabajo;
"VIII. Duración de la jornada de trabajo;
"IX. Pagos de días de descanso y obligatorios;
"X. Disfrute y pago de las vacaciones;
"XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;
"XII. Monto y pago del salario;
"XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y
"XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda."
El precepto transcrito impone a la patronal una mayor proporción en la carga probatoria dentro del procedimiento laboral, en tratándose de las prestaciones que generalmente son reclamadas por el trabajador, lo cual se encuentra robustecido con lo dispuesto en los dígitos 804 y 805 del mismo ordenamiento, los cuales estatuyen:
"Artículo. 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:
"I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable;
"II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios;
"III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;
"IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacantes, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley; y
"V. Los demás que señalen las leyes.
"Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan."
"Artículo. 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario."
Los cardinales anteriores relevan al trabajador de la carga probatoria en aquellos casos en los que el tribunal considere que por otros medios puede llegar al conocimiento de los hechos expresados en su demanda, procediendo en esos casos a requerir la exhibición de tales elementos de prueba al patrón, con el apercibimiento que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por aquél.
Las disposiciones invocadas confirman la calidad social del proceso laboral como un derecho que tiene por objeto garantizar una igualdad real, mediante la tutela y protección del trabajador, lo cual permite partir del hecho de que la carga de la prueba corresponde a la parte que dispone de mejores elementos para la comprobación de los hechos litigiosos, estimándose por disposición de la ley, en materia de trabajo, que se trata de aquel que de acuerdo con las leyes tiene la obligación de conservar determinados documentos vinculados con la relación de trabajo, como la antigüedad del empleado, la duración de la jornada de trabajo, el monto y el pago del salario, entre otros, o bien, aquellos relativos a la creación de plazas, ya que es de explorado derecho que los acuerdos, decretos o instrumentos que les dan origen, deben estar en poder del patrón, siendo éstos los instrumentos en que, por regla general, se determina si una plaza es definitiva o, por el contrario, su existencia se encuentra limitada a cierta temporalidad por haber sido creada de manera provisional para cumplir determinado propósito; además, en el supuesto de no contar la patronal con tales probanzas, al tratarse de una persona moral pública, es evidente que existe una interrelación con otras dependencias gubernamentales, en las que necesariamente deben obrar esas constancias, por lo que no es difícil que las obtenga; incluso, la obligación de aportar pruebas al juicio no sólo corresponde a las partes, sino que es extensiva a cualquier autoridad o persona ajena a dicho proceso que tenga en su poder documentos relacionados con los hechos litigiosos que puedan contribuir a esclarecerlos.
Además, esto es acorde con la relación que se establece entre los trabajadores y el Estado, pues independientemente de los fines que persigue, es claro que todo gobierno, por la naturaleza de sus funciones, está obligado a justificar sus actividades y a conservar toda la documentación que sea necesaria a efecto de demostrar la legalidad de sus actos.
Ahora bien, por lo que toca al tópico en estudio, el numeral 7o. de la Ley del Servicio Civil para el Estado y los Municipios de Chiapas dispone:
"Artículo 7o. Serán considerados trabajadores de base, los no incluidos en el artículo anterior siempre y cuando las funciones o materia de trabajo sean de carácter permanente y definitivo y que la plaza que ocupen sea de base, los que serán inamovibles después de seis meses de nombrados sin nota desfavorable en su expediente."
De tal dispositivo resulta que los requisitos para ser considerados trabajadores de base, son los siguientes:
a) No estar incluidos dentro de los supuestos contemplados en el artículo 6o. de la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas;
b) Que las funciones de trabajo sean de carácter permanente y definitivo; y,
c) Que la plaza que se esté ocupando sea de base.
Atento a las consideraciones expuestas, este Tribunal Colegiado estima que corresponde a la patronal acreditar que los promoventes están incluidos en alguna de las hipótesis que contempla el numeral 6o. de la ley invocada, esto es, debe demostrar que las labores que desarrollan los actores son de confianza, que las funciones que desempeñan son de carácter interino en sustitución temporal de otro empleado y que la permanencia de la plaza que ocupan está condicionada a algún evento que no está sujeto a su voluntad, por ejemplo, la aprobación de la partida presupuestal correspondiente, por tanto, de conformidad con los normativos 784, fracción VII, y 804, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para estar en posibilidad de conocer la verdad de los hechos, el patrón está obligado a exhibir los documentos necesarios, es decir, los contratos o los acuerdos o decretos que le dieron origen, que de conformidad con las disposiciones legales invocadas tiene la obligación de conservar en sus archivos.
Por ende, cuando la patronal manifiesta que el puesto no es de base y que las funciones o materia de trabajo no son de carácter permanente y definitivo, ello implica una negación que envuelve la afirmación expresa de un hecho basada en el motivo por el cual se consideran que no tienen esas características, es decir, que las funciones que el trabajador desempeña son de carácter interino en sustitución temporal de otro empleado y que la permanencia de la plaza que ocupa está condicionada a algún evento que no está sujeto a su voluntad, por ejemplo, la aprobación de la partida presupuestal correspondiente, por lo que resulta aplicable, en términos del precepto 17 de la Ley Federal del Trabajo, el principio general de derecho que retoma el dispositivo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala:
"El que niega sólo está obligado a probar:
"I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho."
En esa virtud, corresponde a la patronal la carga de la prueba para demostrar las circunstancias mencionadas.
Ahora, si bien es cierto que la patronal no se excepcionó de manera específica, en relación con cada uno de los elementos de la acción intentada por los hoy quejosos, también es verdad que no por ese hecho debían tenerse por consentidos y acreditados los elementos de la acción promovida por los actores en el juicio de origen, como lo alegan los quejosos, ya que corresponde a la responsable la obligación de analizar que se encuentren satisfechos los presupuestos de aquélla.
Sustenta el criterio anterior, la jurisprudencia aprobada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, página 86, del tenor siguiente:
"ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen obligación, conforme a la ley, de examinar la acción deducida y las excepciones opuestas, y si encuentran que de los hechos de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, deben absolver, pese a que sean inadecuadas las excepciones opuestas."
En el caso concreto, no pasa inadvertido que la responsable no se pronunció respecto al nombramiento de base que solicitaron los quejosos; dicha circunstancia sería suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal solicitada para que haga lo propio; empero, se estima que a ningún fin práctico conduciría, pues no se resolvería la controversia a su favor, por las consideraciones siguientes:
Del contenido de las constancias comunitarias para cobro de beca, cartas de presentación y de presentación por extemporaneidad, convenios suscritos por los educadores comunitarios con las poblaciones donde prestarían sus servicios, acuerdo de aceptación de ********** actas de ratificación de aquéllos, propuesta comunitaria, actas de solicitud de servicio educativo, relación de becarios, ratificación de contenido y firma de cada uno de los demandantes de las constancias comunitarias para cobro de becas (fojas 116 a 284), se observa que las funciones que los quejosos tenían no eran de confianza, según lo descrito en el artículo 6o. del ordenamiento burocrático estatal, pues se les otorgó el carácter de educador comunitario indígena.
Por otra parte, de los medios de convicción ofrecidos por la patronal, tampoco se advierte que haya demostrado que los trabajadores no tuvieran la calidad de titulares de la plaza cuya base se reclamó, esto es, que las ocuparan de manera interina en sustitución temporal de otro empleado.
No obstante lo anterior, ello no trae como consecuencia que deba considerarse demostrado el diverso elemento de la acción intentada, porque para definir ese punto, era menester que se justificara que las actividades realizadas son de carácter definitivo y permanente, lo que en la especie no aconteció, ya que este dato se encuentra publicado en un medio oficial, cuya existencia no puede ignorarse; además, el carácter aludido se deduce de las disposiciones legales que más adelante se citarán.
En efecto, en relación con el tópico que se analiza, la Sala responsable afirmó que los actores eran trabajadores eventuales porque así lo demostraba el Proyecto Educador Comunitario Indígena, el cual tendría vigencia hasta en tanto la demandada siguiera administrando su desarrollo, pero no precisó con qué medio probatorio se encontraba justificada tal circunstancia; sin embargo, ello no es suficiente para conceder el amparo a los quejosos, por las consideraciones siguientes:
Los artículos 25, fracción I, 26 y 27 de la Ley de Coordinación Fiscal establecen:
"Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:
"I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal."
"Artículo 26. Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos complementarios que les apoyen para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación."
"Artículo 27. El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos:
"I. El registro común de escuelas y de plantilla de personal, utilizado para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas con motivo de la suscripción de los acuerdos respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; y
"II. Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se hayan transferido a las entidades federativas de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste, adicionándole lo siguiente:
"a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación;
"b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas previsiones derivadas del ejercicio anterior; y
"c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios personales y de mantenimiento, correspondientes al Registro Común de Escuelas.
"..."
Por su parte, el numeral 13 de la Ley General de Educación, dispone:
"Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:
"I. Prestar los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros;
"..."
Ahora bien, al consultar la página electrónica de la Secretaría de Hacienda del Estado, publicada en internet con el vínculo www.finanzaschiapas.gob.mx/Contenido/Rendición_de_Cuentas/, específicamente la relativa a la "Cuenta Pública 2004" (fecha de la promoción de la demanda laboral), en la parte que aquí interesa, se advierte lo siguiente:
La Secretaría de Educación aplicó 580 millones 750 mil 50 pesos, que llegaron de la Secretaría de Educación Pública, destinados principalmente a las Universidades: Autónoma de Chiapas, Politécnica de Chiapas e Intercultural de Chiapas, a los servicios de educación de telesecundaria y telebachillerato, al programa Educador Comunitario Indígena, y para las becas a los alumnos de nivel primaria, secundaria y telesecundaria.
Asimismo, para mejor comprensión del asunto, se inserta la representación esquemática que aparece en dicha página del cuadro relativo a las aportaciones y subsidios de carácter federal a la secretaría demandada, respecto de diversos proyectos, entre los cuales se encuentra el Educador Comunitario Indígena.
Ver representación esquemática
Dicho informe puede ser invocado como hecho notorio, de conformidad con el artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o., y tiene valor probatorio de acuerdo con lo establecido en el diverso 210-A de aquel ordenamiento, el cual reconoce como medio probatorio la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología, pues debe tomarse en consideración que esos datos se encuentran en una página de internet oficial que corresponde al Gobierno del Estado de Chiapas y que es accesible para ulteriores consultas.
Es aplicable al caso, la tesis V.3o.10 C sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1306, que se comparte, del tenor siguiente:
"INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: ‘Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.’; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra ‘internet’, que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo."
Asimismo, por las razones que informa, la tesis XX.2o.33 K sostenida por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 1643, del rubro y texto siguientes:
"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público, entre otros servicios, el directorio de sus empleados, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada ‘internet’, del cual puede obtenerse el nombre del servidor público, el cargo que ocupa, así como su historial laboral; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular."
De lo expuesto, puede concluirse que el Proyecto Educador Comunitario Indígena (PECI) fue implementado por la Federación a través de la Secretaría de Educación Pública, que depende directamente de la Dirección General de Educación Indígena y que es un programa que se sostiene con recursos financieros del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Por tanto, si bien es cierto que los recursos financieros que sostienen el programa de que se trata, derivan del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (dentro de la que se contempla a la indígena) y Normal, el cual encuentra su existencia en la Ley de Coordinación Fiscal, empero, como la permanencia de dicho fondo o su monto es determinado cada año
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21281-e3f361a9/hecho-notorio-lo-constituyen-los-datos-que-aparecen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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