Corpus
Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS. CUANDO NO SE ALLEGARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES AL JUICIO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE ESE DERECHO O FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO, EL JUZGADOR DEBE SUPLIR, INCLUSO, LA FALTA DE RECLAMACIÓN DE ESE DERECHO Y LOS ARGUMENTOS QUE TIENDAN A CONSTITUIRLO, ASÍ COMO RECABAR LAS PRUEBAS NECESARIAS AL RESPECTO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 648/2007. · Registro digital (IUS): 20944
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 828.

AMPARO DIRECTO 648/2007.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa son inoperantes en parte e infundados en otra, conforme a las siguientes consideraciones.

En sus conceptos de violación primero a cuarto, cuyo análisis se hace en forma conjunta por este Tribunal Colegiado en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, dada la relación que guardan entre sí y por virtud del resultado que debe recaer a su análisis, el quejoso afirma que la Sala responsable actuó ilegalmente al emitir su fallo, porque sustentó sus consideraciones en tres tópicos incorrectos.

I. El primero cuya falacia estriba, aduce el impetrante, del hecho de que no fue parte de la litis natural la continuidad de la ingratitud del menor hijo del hoy quejoso, sino que ésta se constriñó únicamente al acreditamiento de la filiación del accionante con su progenitor y el supuesto incumplimiento de éste en su débito alimentario.

El quejoso hace depender dicha conclusión de los siguientes razonamientos:

a) De la demanda inicial se advierte que la acción ejercitada y por la que se pidieron alimentos, tiene como causal alegada la existencia de la filiación, la afirmación de ser estudiante con necesidades de alimentos y sobre todo que desde el primero de junio de dos mil cuatro el hoy quejoso había desatendido su obligación, dejando en un estado de miseria al actor.

b) Las constancias de autos permiten advertir que se intenta la demanda con mala fe y dolo, pues en el libelo inicial se omitió deliberadamente exponer hechos fundamentales en la acción intentada, que conllevarían a la negativa de otorgar alimentos, tal como hacer del conocimiento que previamente se había dictado una sentencia en donde se negó esa solicitud.

c) Resulta ilógica e ilegal la abstención del actor de mencionar ese hecho, mismo que resulta fundamental y trascendental en la acción ejercitada para obtener el derecho establecido en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, relativo a modificar una resolución previamente dictada, por lo que no puede concluirse en la sentencia impugnada que el actor sí consiguió demostrar un cambio en las circunstancias anteriores, si éste no afirmó que se hubieran producido cambios que justificaran su derecho, mucho menos los acreditó, amén de que las pruebas no pueden colmar lagunas ni invocar e inventar situaciones no argumentadas.

d) El proceder de la responsable implica un cambio ilegal en la controversia planteada al juzgador y provoca un estado de indefensión al quejoso, al no permitirle alegar sobre el particular, y menos aún oponer defensas y excepciones que demostraran lo contrario.

e) Se viola el artículo 81 del código adjetivo civil, pues no existe congruencia en la resolución, al apartarse de la litis establecida originalmente, ya que el actor pretende se le brinden alimentos y acude cual si nunca antes hubiera sido objeto de una decisión jurisdiccional, alegando un supuesto incumplimiento desde el año dos mil cuatro.

f) Si en la contestación se controvierte la existencia de la obligación y que quedó decretada la improcedencia de los alimentos a favor del tercero perjudicado, además de que no había incumplimiento, atenta la subsistencia de la medida alimentaria hasta el año dos mil seis, es claro que la litis se centró esencialmente en esos dos extremos, por lo que no puede encontrar fundamento fáctico y legal la apreciación de la autoridad responsable de que corresponde al quejoso demostrar un hecho que nunca fue alegado por ninguna de las partes y totalmente ajeno a la controversia.

g) Así, conforme el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no es válido solicitar al demandado que alegue y pruebe sobre situaciones no propuestas en la controversia.

h) Ante el reclamo del actor de alimentos, el demandado expuso su improcedencia por existir una determinación judicial firme que se los negó, aspecto que se demostró en autos con las copias certificadas de esas actuaciones, donde constan las razones que tuvo la autoridad para negarlos, por lo que la carga probatoria que correspondía al quejoso quedó acreditada.

i) Frente a la afirmación del actor de que no se le han dado alimentos desde junio de dos mil cuatro, el demandado expuso que ello era mentira, pues existía una medida alimentaria provisional que estuvo vigente a su favor hasta el año dos mil seis; cuestión que igualmente se acreditó en juicio y, por ende, la carga probatoria que le correspondía al impetrante fue cumplida.

j) Por tanto, que no es lógico ni legalmente posible que se pidan al demandado cargas probatorias sobre hechos no alegados por ninguna de las partes y decidiendo el fondo contra las actuaciones legalmente practicadas en el procedimiento.

k) Para que el actor pudiera tener el beneficio referido en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, era requisito indispensable que lo pidiera en su demanda inicial, tanto en las prestaciones como en los hechos, exponiendo debidamente la causa de su pretensión, empero si no lo hizo, según se advierte de las constancias del expediente, es claro que no se satisfizo ese requisito y, por ello, es incongruente la conclusión de ser procedente una pretensión que no fue materia de la litis; motivos que hacen violatoria de garantías la resolución reclamada.

II. El segundo tópico, utilizado por la responsable en el fallo impugnado, se tilda de incorrecto por el quejoso bajo el hecho de que a él no le correspondía la carga de la prueba de la demostración de la ingratitud del actor en el natural, sino que, en todo caso, correspondía a este último evidenciar que existió un cambio de las circunstancias que imperaban al momento de habérsele negado previamente y por sentencia los alimentos reclamados, para que en el nuevo procedimiento (juicio de origen) se estimaran procedentes sus nuevas pretensiones alimentarias.

Tal conclusión se sustenta en las siguientes manifestaciones:

a) El actor en el juicio omitió exponer hechos fundamentales de la acción intentada como es que previamente se dictó una sentencia donde se negó su derecho a percibir alimentos por el ahora quejoso por la referida ingratitud, lo que era necesario en términos del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal para estar en aptitud de modificar una resolución previamente dictada.

b) Por ello, no existe fundamento legal acerca de que al demandado correspondía acreditar un hecho que nunca fue planteado por las partes, como lo es la existencia de esa conducta por parte del acreedor alimentista.

c) Al haberse opuesto como excepción la existencia de una determinación firme anterior, que negó el derecho a recibir una pensión al actor y quedar debidamente acreditada su existencia con las copias certificadas de las actuaciones relativas, la carga probatoria que correspondía al quejoso quedó debidamente cumplida.

d) También se demostró que desde antes de la presentación de la demanda origen del litigio, el actor percibía una pensión alimenticia provisional que se canceló hasta el veintiuno de septiembre de dos mil seis, de lo que se desprende que en ningún momento ha existido incumplimiento por parte del quejoso respecto a la obligación alimentaria de su hijo, en virtud de que al momento de presentarse la demanda aún estaba vigente esa pensión.

e) Se obliga al demandado a demostrar un hecho negativo consistente en que no han cambiado las circunstancias de ingratitud de su descendiente cuando que, por el contrario, correspondía a este último acreditar los hechos de su acción.

f) El quejoso cumplió su obligación al demostrar la existencia de una sentencia firme que determinó que ... no tenía derecho a ser alimentado, por lo que el deudor alimentario está exento de evidenciar que las circunstancias por las que se negó ese derecho no han cambiado.

g) En la realidad al actor correspondía acreditar que su padre perdonó su comportamiento y que, por ello, hubo reconciliación familiar, dejándose en el pasado la conducta injuriosa; cuestión que se prevé de manera similar para los casos de donación e incapacidad para heredar en el Código Civil para el Distrito Federal, donde se hace referencia a la ingratitud, y que sólo desaparece con la reconciliación o perdón del ofendido que demuestren un cambio de circunstancias.

h) Principio sobre la carga de la prueba que opera por analogía en cualquier aspecto del orden familiar, pues sus instituciones tienen sustento en valores.

i) Se demostró estar en un caso de excepción respecto al derecho que tiene un hijo a ser alimentado si es estudiante, ya que se evidenció la existencia de una sentencia firme que así lo determinó con anterioridad.

j) Las constancias de autos revelan una conducta reprochable al actor del juicio que debe ser sancionada con la pérdida del derecho a alimentos, pues ocultó que existía esa determinación judicial anterior y, además, porque también ocultó que a la fecha de la presentación de su demanda aún estaba vigente la medida provisional de alimentos decretada en ese juicio anterior, lo que pone en evidencia que la ingratitud por parte del acreedor alimentario subsiste.

III. La falsedad del tercer tópico, el quejoso la deriva de que resultaba procedente su excepción de improcedencia de la vía porque en el caso no podía resolverse sobre los alimentos pedidos por el actor en un nuevo juicio, sino que debían reclamarse vía incidental ante el propio Juez que se los había negado previamente, dados los supuestos cambios en las circunstancias que imperaban al momento de decretarse esa negativa.

Dicha conclusión se sustenta, esencialmente, en lo siguiente:

a) El actor para poder obtener sentencia favorable a sus intereses y, en su caso, el derecho de modificación referido en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, tenía que acudir a reclamar esa pretensión ante el Juez que dictó la resolución primigenia y demostrar que las circunstancias que tomó en consideración para decidir en tal sentido se modificaron.

b) El hoy tercero perjudicado se abstuvo de cumplir con esos requisitos, ejercitando una vía totalmente impropia; obtuvo dentro de aquel procedimiento una medida alimentaria provisional a su favor, sorprendiendo a la autoridad durante todo el nuevo juicio, dicha autoridad se negó a considerar pruebas rendidas en ese procedimiento bajo el pretexto de que no se rindieron en el de origen, en concreto la pericial, a la que negó indebidamente valor probatorio, señalando que fue rendida en diverso juicio, cuando si el tercero perjudicado hubiera acudido en la vía incidental que le correspondía ejercitar, ese alegato no podría tener cabida, máxime que, contrario a lo señalado, esa pericial sí fue rendida con el conocimiento y participación del demandado.

c) De haber ejercitado el actor la vía incidental que correspondía, tenía la carga y obligación de demostrar que efectivamente había acontecido un cambio de circunstancias para que se le concedieran los alimentos, ya que existía un derecho preconstituido e indiscutible en favor del quejoso, con autoridad de cosa juzgada que, desde luego, no podía ser desconocido de ninguna manera y, por el contrario, tenía que ser la base de todo el incidente que se llegara a proponer para modificarlo; esto es, existía un marco protegido legalmente que operaba después de todo un procedimiento familiar, ya que una cosa es acudir a reclamar un derecho por vez primera y otra muy distinta es tratar de desconocer las resoluciones existentes en la misma materia, cuando así convenga a los intereses individuales de uno de sus miembros.

d) Era sólo el interés individual del actor el que estaba en juego, y una autoridad familiar había determinado mediante sentencia definitiva que no tenía derecho a obtener alimentos, por lo que no existía ninguna urgencia sobre el particular, además de que estuvo gozando todo el tiempo de una medida alimentaria a su favor hasta el momento en que se resolvió que carecía de ese derecho.

e) Una vez decretado que no tenía derecho, y aún antes de que se procediera a hacer efectivo ese derecho, presentó una demanda en un juzgado y en una vía inapropiada; luego entonces, nada justificaba el utilizar una vía distinta que evidentemente colocó al quejoso en estado de indefensión.

Los razonamientos vertidos por el impetrante del amparo para arribar a las conclusiones que asevera en los incisos I y II antes plasmados, esto es, para afirmar que no fue parte de litis natural la continuidad de la ingratitud del menor hijo del hoy quejoso (inciso I); y que a él no le correspondía la carga de la prueba de la demostración de la ingratitud del actor en el natural (inciso II); se traducen en argumentos que deben declararse inoperantes, por virtud de que están encaminados a controvertir cuestiones que ya fueron resueltas de forma definitiva por este Tribunal Colegiado en una ejecutoria de amparo anterior.

En efecto, ya se precisó en párrafos precedentes de este fallo que la sentencia que ahora se reclama fue pronunciada en cumplimiento a la diversa ejecutoria de amparo emitida en el toca ... del índice de este mismo Tribunal Federal, en sesión del treinta y uno de mayo de dos mil siete, de cuyo contenido, en lo que interesa al presente asunto, se desprende lo que enseguida se transcribe:

"... De la relatoría anterior, se advierte que en el juicio de origen del cual deriva el acto reclamado, el actor ... (hoy quejoso) demandó el pago de alimentos y su aseguramiento de su progenitor ... con base en que éste desde el día primero de junio de dos mil cuatro, había dejado de cumplir con su obligación alimentaria. También se desprende que el demandado ... al dar contestación a la demanda entablada en su contra, se defendió en el sentido de que resultaba improcedente la acción de pago de alimentos y su aseguramiento en favor de su hijo ... porque en el diverso juicio ordinario civil, divorcio necesario, expediente ... tramitado ante el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal se le absolvió del pago de los alimentos en su favor, al tenerse por demostrada la ingratitud del hoy inconforme, y por ser mayor de edad sin encontrarse realizando estudios acordes con su edad; lo que se aprecia de la copia certificada de la sentencia dictada por dicho Juez el seis de julio de dos mil cuatro en el juicio de divorcio necesario aludido, ofrecida como prueba por el citado demandado. De lo anterior se deduce que la litis en el juicio origen del presente amparo se centró específicamente en dilucidar si las circunstancias que habían imperado al emitirse la sentencia de seis de julio de dos mil cuatro habían cambiado, lo que se circunscribía, conforme al escrito inicial de demanda y su contestación, a tres puntos: 1. Si el actor necesitaba alimentos. 2. Si el actor se encontraba estudiando en un grado escolar acorde a su edad. 3. Si el actor era ingrato con su padre. ... En esa tesitura, la regla general es que las sentencias ejecutorias revisten la característica de la inmutabilidad, por disposición de la ley, pero esta misma puede eliminar esa calidad y generar un caso de excepción, permitiendo la modificación de alguna o algunas sentencias ejecutorias. Tal excepción a la regla general de inmutabilidad de las sentencias ejecutorias se contempla en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal: ‘Artículo 94. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria, o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente.’. Conforme al texto invocado, las resoluciones firmes dictadas, entre otros negocios, en los relativos a alimentos, pueden variarse cuando cambien las circunstancias a la luz de las cuales se establecieron, de modo que, ante esa eliminación expresa de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutorias, es posible plantear la acción de modificación, sujeta al presupuesto del cambio de circunstancias que afecten el ejercicio de la acción originalmente planteada. De modo que la cuestión de alimentos que ya fue materia de un juicio anterior, puede ser modificada cuando concurra un cambio en las circunstancias que imperaban en la época en que se establecieron, siempre que en el primero exista sentencia firme, y el segundo juicio se funde precisamente en el cambio de las circunstancias que prevalecían al ejercitar la acción que dio origen al juicio primigenio. En el caso sí se acreditaron los puntos sobre los que se sustentaron las pretensiones del actor ahora quejoso, por lo siguiente: Tratándose de la necesidad de los alimentos, porque si bien es cierto que en términos del artículo 311 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, los menores de edad, los incapaces, los sujetos a estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar gozan de la presunción de necesitar alimentos, también es cierto que esa presunción no se pierde por el solo hecho de que el acreedor sea mayor de dieciocho años, dado que su necesidad no se satisface automáticamente por la realización de esa circunstancia, sino que para tal efecto debe quedar acreditado que por esa mayoría de edad se encuentra capacitado para ministrarse sus propios alimentos; aunque sí tienen la carga de acreditar los ingresos o la capacidad económica del deudor, así como que se encuentran estudiando en un grado escolar adecuado a su edad. Por lo tanto, es evidente que lo resuelto por la Sala responsable en el sentido de que el actor, ahora quejoso, debía acreditar su necesidad de alimentos, independientemente de que hubiera acreditado encontrarse estudiando en un grado acorde con su edad, deviene ilegal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 41/90, visible en la página 187 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, materia civil, Octava Época, que es del tenor siguiente: ‘ALIMENTOS. CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN.’. (Se transcribe). Por otro lado, en el caso resulta innecesario hacer mención a la comprobación del tema relativo a que el ahora quejoso se encuentra estudiando en un grado escolar acorde con su edad, en tanto que dicho aspecto, como al efecto lo consideró la Sala responsable, quedó debidamente probado en autos con las constancias correspondientes a su comprobante de asignaturas del tercer semestre de la carrera de economía que cursa en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como con la constancia de inscripción al primer semestre del año dos mil siete en la propia Facultad de Economía de la citada universidad. Por otra parte, en relación al aspecto inherente a la ingratitud, debe decirse que lo resuelto por la Sala responsable resulta ilegal, por lo siguiente: En la especie, ya se vio previamente que al dar contestación a la demanda del natural, el demandado, ahora tercero perjudicado, se excepcionó en el sentido de que a su hijo le había sido negada la pensión alimenticia por el hecho de que le era ingrato, lo que acreditaba con el contenido de la sentencia de seis de julio de dos mil cuatro, dictada en el expediente ... por lo que no procedía se le otorgaran los alimentos que solicitaba. Ahora, si bien es cierto que en términos del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al instarse nuevamente el pago de alimentos una vez que éstos ya han sido negados, el actor debe demostrar que cambiaron las circunstancias que imperaron cuando se decretó esa negativa; no menos cierto es que atendiendo a las reglas de la carga de la prueba, tal circunstancia sólo procede cuando los hechos en que se hace descansar son afirmativos, mas no cuando a través de las excepciones se pretende que se demuestre un hecho negativo, pues en ese caso, corresponderá al deudor la carga de la prueba del hecho positivo contrario. De esa guisa, si en el presente asunto el demandado, ahora tercero perjudicado, introdujo a la litis natural que a su hijo le debía ser negado el derecho de alimentos porque previamente ya se le habían negado por serle ingrato; ello sólo pone de relieve que la única defensa para desvirtuar ese argumento por parte del hoy quejoso, sería el manifestar que no era ingrato, lo que constituye un hecho negativo no susceptible de probar y, en esa tesitura, correspondía al demandado la carga de la prueba de que aún existía esa ingratitud, lo que no se acreditó en autos ya que, contrario a lo estimado por la Sala responsable, con las probanzas aportadas no se demuestra esa circunstancia. Se afirma lo anterior, porque de la prueba confesional a cargo del ahora quejoso, desahogada en audiencia de fecha once de diciembre de dos mil seis, si bien se desprende que fue declarado confeso de las posiciones calificadas de legales, de entre ellas la número once, cuyo contenido es: ‘Que usted reconoció en dicho procedimiento que no le guardaba respeto alguno a su padre, amenazándolo incluso con golpearlo o mandarlo golpear cuando terminara el juicio’; sin embargo, la aludida posición sólo refleja que en el primer juicio de alimentos se había reconocido por el ahora quejoso que tenía esa ingratitud frente a su padre, pero no significa que tal ingratitud se encontrara vigente a la fecha en que se desahogó tal confesional, motivos por los que tal confesión no puede pararle perjuicio al hoy quejoso; además que la confesión ficta sólo reviste el valor de indicio que debe robustecerse con otros medios de pruebas, lo que no aconteció en la especie, puesto que los restantes medios de convicción ofrecidos por el demandado en el natural (hoy tercero perjudicado) tampoco resultan idóneos para ello, conforme se verá enseguida. La documental consistente en el informe rendido por el representante legal de la empresa donde presta sus servicios el demandado ahora tercero perjudicado ... ningún beneficio le aportó, ya que de dicho informe sólo se desprende el monto de sus ingresos. Las documentales públicas consistentes en las copias certificadas de diversas constancias del juicio ordinario civil, divorcio necesario, expediente número ... del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal (auto admisorio, incidente de cancelación de pensión, sentencias de primero y segundo grado), tampoco benefician al tercero perjudicado, en tanto que si bien de éstas, por su importancia, se aprecia la sentencia de seis de julio de dos mil cuatro, en la que se decretó la improcedencia del pago de la pensión alimenticia en favor de ... entre otras cosas, por virtud de que era ingrato con su padre; sin embargo, con la misma sólo se acredita que en aquella época existía esa ingratitud, mas no así que el hoy quejoso hubiera continuado siendo ingrato a la fecha en que se instó el juicio de origen materia del presente amparo, lo que en términos de lo ya señalado conforme a las reglas de la carga de la pruebas, correspondía acreditar al ahora tercero perjudicado ya que, se reitera, resultaba imposible al actor, hoy quejoso, la demostración del hecho negativo de que ya no era ingrato. Consecuentemente, tampoco pueden beneficiar al ahora tercero perjudicado los dictámenes periciales en psicología y poligrafía rendidos en la incidencia de cancelación de pensión alimenticia derivada de dicho procedimiento, ya que sólo se encaminaron a demostrar que en aquella época existía la ingratitud imputada al peticionario de garantías, pero no implica que por esa sola circunstancia dicha ingratitud deba estimarse prolongada indefinidamente, sino que para considerar que esa conducta seguía vigente, era necesario que en el procedimiento de origen se dictaminara sobre su existencia, lo que sólo podía realizarse a través del desahogo de las pruebas relativas (entre otras, las periciales correspondientes), y con la intervención de ambas partes, cumpliendo con el principio de igualdad procesal; más aún cuando la pericial rendida en un procedimiento no puede tomarse en consideración en otro juicio, ya que las partes tienen derecho a que el contencioso se resuelva con base en las pruebas que rindan, con su intervención, y en el que puedan usar legalmente el derecho de designar un perito de su parte, de recusar al perito designado por su contrario, o de formular preguntas a éste o al tercero en discordia, guardándose así el equilibrio probatorio que debe regir en los procedimientos jurisdiccionales. En relación con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, evidentemente que si con las pruebas aportadas al procedimiento natural no se evidenció la existencia de la ingratitud por parte del hoy quejoso hacia su padre; es inconcuso entonces que las constancias del procedimiento en que se encuentran inmersas esas pruebas tampoco la demuestran, ni puede derivarse de un hecho conocido, a través de un enlace lógico y natural, aquel que haga patente la existencia de esa conducta ingrata. Por ende, es inconcuso que en autos del procedimiento natural sí quedó demostrado que cambiaron las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el diverso juicio para absolver al demandado, hoy tercero perjudicado, del pago de los alimentos en beneficio de ... por lo que procedía en la especie se decretara una pensión alimenticia en su favor; de ahí lo fundado de los argumentos relativos expuestos por el hoy quejoso. Al no considerarlo así la Sala responsable, es obvio que transgredió en perjuicio del quejoso las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que se impone concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se deje insubsistente el fallo reclamado y, en su lugar, atendiendo a lo expuesto en esta ejecutoria, se declare procedente la pretensión de alimentos hecha valer; hecho lo anterior, la responsable deberá determinar, con plenitud de jurisdicción, y atendiendo al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, el monto que deberá fijarse por ese concepto, así como las medidas necesarias para su aseguramiento, debiendo fundar y motivar debidamente su resolución."

De la transcripción anterior se advierte que el fallo reclamado fue dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo en la que no se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad para que determinara la litis del controvertido, pues se señaló de manera expresa cuál era ella, y a quiénes correspondía la carga de la prueba de sus respectivas pretensiones.

Además, se vinculó a la responsable para que declarara procedente la acción alimenticia intentada y condenara al demandado al pago de una pensión definitiva a favor de ...

Al respecto, se sostuvo que en la especie debe condenarse al demandado al pago de una pensión alimenticia a cargo del quejoso, aun cuando en un juicio anterior se hubiera negado ese derecho, toda vez que en materia de alimentos no existe cosa juzgada.

Por ello, la litis se delimitó a demostrar si el promovente del juicio natural necesitaba de los alimentos, si se encontraba estudiando y si las circunstancias de ingratitud habían cambiado; concluyéndose que aun cuando hubiera existido ingratitud del acreedor alimentario respecto a su progenitor en tiempo anterior, el actor del juicio demostró que esa circunstancia había variado, por lo que en términos del precepto 94 del código procesal de la materia, la acción resultaba procedente, ya que la carga de la prueba para demostrar lo contrario correspondía al demandado pues, de no considerarse así, se obligaría al acreedor a evidenciar un hecho negativo.

En este orden de ideas, todas las inconformidades vertidas en los conceptos de violación sintetizados previamente para arribar a las conclusiones que afirma el quejoso en los incisos I y II que se han especificado, en su caso, son materia de un diverso medio de impugnación para combatir el cumplimiento de esa ejecutoria de amparo pues, se insiste, lo relativo a la litis del juicio, procedencia del reclamo de alimentos y a quién correspondía la carga de la prueba de sus respectivas afirmaciones, ya fue dilucidado previamente por este Tribunal Federal.

Corrobora lo anterior, el hecho de que se vinculó a la autoridad responsable a pronunciarse en ese aspecto, sin dejarle libertad de jurisdicción, pues ésta sólo se le concedió para decidir sobre el monto al que ascendería la pensión relativa.

Atento a lo expuesto, si los conceptos de violación citados sólo pueden ser objeto de un medio de impugnación distinto al presente amparo, como se dijo, deben estimarse inoperantes.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22 del Tomo VI, diciembre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:

"SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resoluc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20944-72c96b0f/alimentos-cuando-no-se-allegaron-los-elementos-suficientes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.