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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y OTORGAMIENTO DE BASE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL RELATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2011. · Registro digital (IUS): 23053
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 482.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia de trabajo, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, al haberse formulado por **********, a quien se le reconoció su calidad de apoderado legal del Poder Judicial del Estado de Baja California, parte quejosa en el juicio de amparo directo 640/2010, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, órgano contendiente en este asunto.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben:

El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver los amparos directos 127/2009, 145/2009 y 229/2009, determinó lo que se señala a continuación (sólo se transcribe lo resuelto en el primero de los juicios señalados, al contener los dos últimos consideraciones similares en cuanto al tema que a esta contradicción interesa):

"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aun analizados en términos de la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación expresados, resulta pertinente puntualizar sus antecedentes. a) Mediante escrito recibido ante el Tribunal de Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad de Mexicali, Baja California, el día veintitrés de mayo de dos mil seis, ********** demandó del Gobierno del Estado de Baja California ‘Poder Ejecutivo’ y Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, el reconocimiento de antigüedad y basificación en el puesto que desempeñaba, así como el ser miembro del sindicato demandado (fojas 1 a 2). b) Por acuerdo dictado el seis de junio de dos mil seis, el Tribunal de Arbitraje responsable admitió a trámite la referida demanda, y ordenó correr traslado a los demandados Gobierno del Estado de Baja California ‘Poder Ejecutivo’ y Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, para el efecto de que formularan la contestación de demanda respectiva, con apercibimiento que de no concurrir a la audiencia de ley, se le tendría por inconforme con todo arreglo y por contestada la demanda en sentido afirmativo (foja 3). c) En la audiencia de ley celebrada el veintiséis de junio de dos mil seis, ante el Tribunal de Arbitraje responsable, compareció la parte actora por conducto de su apoderado legal licenciado ********** y la parte demandada Gobierno del Estado, por conducto de su apoderada legal **********, asimismo, se hizo constar la inasistencia del tercero llamado a juicio Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California; se procedió a la apertura formal de la siguiente etapa de demanda y excepciones, en la que la parte actora, por conducto de su apoderado legal, ratificó en todos y cada uno de los términos el escrito inicial de demanda; y una vez que se le tuvo por ratificada la demanda se pasó a la etapa de contestación de la demanda, en la que la parte demandada dio contestación a la misma negando la procedencia de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, y basó su defensa en que el sindicato jamás propuso a la actora para que fuera considerada como trabajadora de base, agregando que la actora realizaba actividades de empleado de confianza y, que por tanto, se encontraba excluida del derecho a la estabilidad en el empleo, y opuso las excepciones de falta de legitimación pasiva, de falta de acción y de derecho y de plus petitio; además, dada su incomparecencia, se tuvo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas (fojas 25 y 27). d) En la audiencia de ofrecimiento de pruebas celebrada el siete de agosto de dos mil seis, se hizo constar la comparecencia de la parte actora y demandada por conducto de sus apoderados legales, quienes ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes, así como la inasistencia del tercero llamado a juicio (fojas 34 a 35). e) Seguido el juicio en todos sus trámites, el nueve de octubre de dos mil ocho, el Tribunal de Arbitraje del Estado, emitió el laudo correspondiente en los siguientes términos: (se transcribe) (fojas 70 a 76); por lo que, inconforme con dicho laudo, ********** promovió el presente juicio de garantías, por conducto de su apoderado legal licenciado **********. Como se anticipó al inicio del presente considerando, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, analizados en términos de la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, son infundados. En efecto, alega la peticionaria de garantías, en esencia, que el laudo reclamado es violatorio de las garantías que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, en tanto que en el considerando tercero, el tribunal responsable hizo indebida distribución de las cargas procesales imponiéndole a la actora la obligación de acreditar que las labores desarrolladas correspondían a las propias de un trabajador de base, apoyándose para ello la responsable en la tesis bajo rubro: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO EJERCITAN LA ACCIÓN TENDENTE A QUE SU PLAZA SE CONSIDERE DE BASE EN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS, A ELLOS CORRESPONDE LA CARGA DE PROBAR QUE REALIZAN FUNCIONES DE LOS DE BASE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).’; cuando aduce la impetrante que tal consideración es ilegal porque, en principio, el criterio citado es inaplicable porque parte del supuesto de un trabajador que se ostenta o funge como trabajador de confianza desempeñando funciones de un trabajador de base, cuando en el caso concreto la patronal demandada es quien atribuye a la actora la categoría de trabajador de confianza, por lo que, aduce, a la patronal correspondía probar su dicho en ese sentido, ya que de lo contrario, se obliga al trabajador a soportar una carga probatoria que no le corresponde lo cual, dice, resulta contradictorio y contrario a derecho. Agrega la promovente que el laudo resulta incongruente y ajeno a lo dispuesto por los artículos 133 de la Ley del Servicio Civil y 842 de la Ley Federal del Trabajo, ya que por una parte determina que la actora no acreditó que sus funciones ‘no sean de confianza’ y, por otra, que la trabajadora no desempeñaba funciones de un trabajador de base, al no existir en la Ley del Servicio Civil, reglamentación o catálogo de puesto alguno, respecto a qué funciones son de confianza y cuáles de base, salvo la descripción que hace el artículo 6 de la ley en cita; que al no demostrarse por la demandada que la actora tenía alguna función de confianza, por deducción lógica se llega a la conclusión que es de base, por ser de explorado derecho que la categoría de trabajador de confianza es una excepción; concluye la quejosa que se le obligó a acreditar un hecho negativo. Se afirma que los anteriores alegatos son infundados en virtud de lo siguiente. El tribunal responsable, al emitir el laudo que constituye el acto reclamado, después de fijar la litis, repartir las cargas probatorias a las partes contendientes y valorar las pruebas obrantes en el sumario que se estudia, decretó la procedencia parcial de la acción, bajo el argumento de que si bien la actora demostró la antigüedad cuyo reconocimiento demandó, no probó que realizara actividades de un empleado de base, por lo que absolvió al Municipio demandado de la prestación que aquélla le reclamó, consistente en el otorgamiento de su base; también la responsable declaró improcedente el reclamo consistente en respetar y no suprimir el pago de la compensación que recibía la actora, por las razones que expuso en la parte final de la resolución que se estudia, lo cual no fue materia de impugnación por la quejosa. Ahora bien, como se anticipó, los motivos de inconformidad expresados por la impetrante devienen infundados ya que la responsable actuó en estricto apego a derecho al pronunciar el laudo reclamado en relación con la imposición de las cargas probatorias en el juicio laboral. Así, tenemos que previo el análisis del contenido de los escritos de demanda y contestación, la responsable dividió las cargas probatorias entre las partes atendiendo a los hechos y pretensiones planteadas por la accionante y a lo argumentado por la defensa de la patronal, respectivamente; primeramente le impuso a la demandada, la carga de demostrar: ‘sus excepciones’; ello al haber controvertido la acción intentada por su adversaria y, por su parte le fincó a la accionante la carga de demostrar: ‘a) Que las labores desarrolladas corresponden a las propias de un trabajador de base y b) Que la prestación de sus labores se ha dado en forma continua e ininterrumpida por un lapso mayor a los seis meses’ por haber solicitado el reconocimiento de su antigüedad y su basificación. De lo anterior se percibe que el Tribunal de Arbitraje consideró en forma acertada, que no obstante la parte demandada negó que a su contraria le asistiera el derecho para reclamar su nombramiento como empleado de base, esta circunstancia por sí sola no logra eximir a la actora de demostrar plenamente, que las funciones por ésta realizadas en su fuente laboral, son de las consideradas como empleada de base, con independencia de que la misma haya indicado en su escrito de demanda en qué consisten dichas funciones y que éstas no se encuadran dentro de los supuestos establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa por el solo hecho de comparecer a juicio reclamando la acción de reconocimiento de antigüedad y basificación, de entrada, se le tiene por reconocido el carácter de empleado de confianza, pues esta circunstancia la legítima para demandar dichas pretensiones, atendiendo a lo previsto por el artículo 9 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio del Estado, por tanto, no le corresponde demostrar con pruebas idóneas que goza de ese carácter, antes bien debe probar que las funciones que realiza para el organismo correspondiente son de las consideradas como empleado de base, siguiendo la regla procesal de quien afirma ésta obligado a probar, pues no existe disposición legal alguna que libere a la parte actora de justificar dicho extremo, en base a la simple afirmación de que ejerce para el Estado o Municipio funciones de las que no se consideran como de empleado de confianza, para la procedencia de sus pretensiones. Se afirma lo anterior, ya que de la simple lectura del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil antes invocada, mismo que enuncia los casos en los cuales la Junta relevará al trabajador de la carga probatoria cuando por otros medios se esté en posibilidad de conocer los hechos, arrojándole la carga probatoria exclusivamente al patrón; se advierte que ninguna de las hipótesis que contempla el referido numeral encuadra en los supuestos que acontecen en la especie, a saber la antigüedad en el empleo y la acreditación del tipo de actividades que se realicen. En este sentido, este órgano judicial comparte la tesis aislada XV.4o.6 L del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 939 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, noviembre de 2005, del rubro y texto siguientes: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO EJERCITAN LA ACCIÓN TENDENTE A QUE SU PLAZA SE CONSIDERE DE BASE EN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS, A ELLOS CORRESPONDE LA CARGA DE PROBAR QUE REALIZAN FUNCIONES DE LOS DE BASE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).’ (se transcribe). Sin que pase inadvertido para este órgano revisor, la existencia de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 9/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 465 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, de febrero de dos mil nueve, cuyo rubro es el siguiente: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. CUANDO EJERZAN LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE, CORRESPONDE A LA PARTE PATRONAL LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO CONTROVIERTA LA CALIDAD DEL PUESTO.’; ya que de la lectura de la ejecutoria de la que derivó se aprecia que los empleados que intenten acciones tendentes a obtener la basificación, serán liberados de acreditar que realizan funciones de empleado de base correspondiéndole la carga de la prueba a la patronal; sin embargo, este criterio tiene sustento en las disposiciones relativas a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, disposiciones que no son compatibles con las previstas por la Ley del Servicio Civil del Estado de Baja California aplicables al caso a estudio. Lo anterior, lo podemos constatar con el siguiente cuadro comparativo: (se transcribe). Se advierte del esquema anterior, que existen diferencias trascendentales en las disposiciones contenidas en ambas legislaciones, que impiden la aplicación de la ejecutoria antes indicada, pues por una parte en la legislación del Estado de Chiapas, sí se hace la distinción en forma expresa a través de un listado numeroso, de los trabajadores que tienen el carácter de empleados de confianza, mientras que en nuestra legislación, no se plasma esa distinción, ya que únicamente se hace referencia en forma genérica a las funciones que se consideran como de empleado de confianza, precisando que los trabajadores de confianza no gozan de ese carácter en razón a la designación del puesto sino a las actividades que se realicen; asimismo en la legislación de Baja California se prevé que cualquier empleado de confianza o incluido en la lista de raya que desempeñe funciones de base, si éstas se prolongan por más de seis meses, deberá considerarse su plaza en el presupuesto de egresos correspondiente al siguiente ejercicio fiscal como trabajador de base, es decir, en tratándose de trabajadores que no necesariamente ocupen un puesto de base, con la condicionante que realicen funciones de las no consideradas como de confianza y que desempeñen el trabajo por un tiempo mayor a los seis meses; en cambio en la legislación del Estado de Chiapas se establece que serán considerados trabajadores de base, los no incluidos en el artículo octavo de la referida ley (dispositivo que enuncia los cargos de trabajador de confianza), siempre y cuando las funciones o materia de trabajo sea de carácter permanente y definitivo y que la plaza que ocupen sea de base, los que serán inamovibles después de seis meses de nombrados sin nota desfavorable en su expediente; por lo que no aplica en el caso la citada jurisprudencia, pues resulta lógico que si los trabajadores del Estado o Municipios del Estado de Chiapas, se encuentran ocupando un plaza de base, las funciones por ellos realizadas serán de base y no así de confianza, por tanto, no será necesario que acrediten que realizan funciones de base, lo que si acontece en nuestra legislación. En las relatadas condiciones, es incontrovertible que corresponde a la activo procesal, acreditar en forma indefectible que las funciones que realiza en el lugar donde labora, son aptas de acuerdo a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, para considerarla empleada de base y que por la antigüedad en el empleo, debe ser considerada para el siguiente presupuesto de egresos para obtener su basificación; sin embargo, con las pruebas que ofreció la trabajadora no logra acreditar tales extremos, pues ninguna de ellas acredita que las funciones que realizaba fueran de las consideradas como de base. ..."

El propio Tribunal Colegiado de referencia, al resolver el amparo directo 754/2010, externó las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Es fundado el primer concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, y suficiente, por cierto, para concederle la protección constitucional que impetró. Lo anterior es así, toda vez que de las diversas constancias que obran en autos naturales se obtiene que la actora **********, hoy tercero perjudicada, promovió ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, el juicio laboral número 968/2007, en el cual demandó al Poder Judicial del Estado de Baja California y al Consejo de la Judicatura del propio Estado, por las prestaciones siguientes: ‘a) La nulidad e insubsistencia para efectos laborales de la determinación contenida en el punto 3.01 del acta de 23 de mayo de 2007, tomada por el Pleno de ese órgano, en el que se decidió que había quedado rescindida la relación laboral que unía a la suscrita con el Poder Judicial del Estado de Baja California. b) La nulidad e insubsistencia para efectos laborales del oficio sin número de 31 de mayo de 2007, emitido por el secretario general del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California licenciado ... con el que se me comunicó que a partir de esa fecha había quedado rescindida la relación laboral que unía a la suscrita con el Poder Judicial del Estado de Baja California; lo cual, según me fue informado en ese oficio, tuvo su origen en cumplimiento a la determinación contenida en el punto 3.01 del acta de 23 de mayo de 2007 tomada por el Pleno de ese órgano. c) La reinstalación en el puesto de auxiliar administrativa adscrita al Servicio Médico Forense del Estado de Baja California, que la actora venía desempeñando antes de que le fuera comunicada la rescisión de su relación laboral, con el mismo goce de prestaciones y en las mismas condiciones en que se venía ejerciendo ese puesto. d) El pago de las prestaciones legales y contractuales que la suscrita ha dejado de percibir desde que le fue comunicada la rescisión de su relación laboral, hasta la fecha en que se ejecute el laudo de condena que se dicte en esta instancia; y para efectos de la fracción IV del artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Baja California, se manifiesta que el salario diario de la actora correspondía a la cantidad de 153 pesos con 76 centavos, además de percibía [sic] una compensación de 5,720.00 cada quincena, y un bono de 250 pesos al mes por eficiencia en el empleo.’. Así las cosas, la parte demandada al comparecer a juicio se excepcionó bajo el argumento de que el puesto que la actora ostenta es de confianza, conforme al párrafo tercero de la fracción I del artículo 51 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California (fojas de la 18 a la 21). La actora a fin de demostrar sus pretensiones ofreció como pruebas de su parte confesional a cargo de las demandadas, documentales públicas e informes de autoridad; por su parte, las codemandadas, hoy quejosas, ofrecieron confesional y declaración de parte a absolver por la actora, documentales públicas, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. En consecuencia, se siguió el procedimiento en todas sus etapas, desahogándose las pruebas que fueron admitidas y no declaradas desiertas con posterioridad, procediéndose a dictar el laudo respectivo el veintiocho de mayo de dos mil diez, en el que se fijaron las cargas probatorias de la manera siguiente: (se transcribe). En ese sentido, una vez analizadas las constancias de autos y valoradas las pruebas, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, determinó: (se transcribe). Siendo dicho laudo el que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del laudo reclamado y sostuvo su constitucionalidad. Sentado lo anterior, procede analizar el primer concepto de violación hecho valer por la parte impetrante del amparo. La parte quejosa argumenta que el tribunal responsable violó en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues realizó una incorrecta fijación de las cargas probatorias en el juicio, al imponerle acreditar las funciones de confianza que desarrolló la actora, cuando lo correcto era que ésta acreditara haber desarrollado funciones de base. Dice además, que tal determinación -fincarle la carga probatoria en comento- trascendió en el resultado del juicio, ya que con base en ello se determinó la procedencia de la acción de reinstalación; que dicha acción tratándose de trabajadores de confianza al servicio del Estado, presupone como elemento de procedencia que la acción se acredite previamente, lo cual debe corresponder a la parte actora, quien debe acreditarla por ser inherente al derecho que se ejerce, justificando ante el Tribunal de Arbitraje tener derecho a la estabilidad en el empleo y, por ello, ser reinstalada en el cargo. Por último, concluye la parte peticionaria de garantías, que corresponde a la activo procesal acreditar en forma indefectible que las funciones que realizó en el lugar donde laboró, son aptas de acuerdo con la Ley del Servicio Civil el Estado de Baja California, para considerarla como trabajadora de base, pues únicamente los trabajadores que cuentan con dicha categoría están legitimados para ejercer la función de reinstalación, empero, contrario a ello se condenó a la reinstalación de la actora, aun y cuando no acreditó en el juicio laboral burocrático desempeñar funciones de trabajador de base, sino que de constancias procesales se desprende que era trabajadora de confianza, debido a su calidad de pensionada que había sido recontratada por la patronal de conformidad con el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, siendo la única forma jurídica en que puede darse de nueva cuenta una relación laboral. Como se anticipó, dichos argumentos resultan fundados. Cierto, este órgano colegiado considera que el Tribunal de Arbitraje del Estado conculcó las garantías individuales de la patronal quejosa, ello al haber resuelto que el primer elemento de la acción, consistente en que la actora realizó funciones de un trabajador de base, quedó demostrado en atención a que la parte demandada no acreditó que desempeñaba actividades de confianza, pues no es al patrón a quien le corresponde esa carga probatoria, sino a su contraria. Así, de la acuciosa lectura que se hace de la resolución combatida, se obtiene que el Tribunal de Arbitraje impuso como carga probatoria al Poder Judicial del Estado de Baja California y al Consejo de la Judicatura del propio Estado, el demostrar que: ‘1. Que la actora realiza funciones de un empleado de confianza.’. Para tal efecto, la responsable se apoyó en el contenido del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, en el que se establecen los supuestos por los que se exime de la carga de la prueba al trabajador, y que es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 784.’ (se transcribe). Como se puede observar, asiste razón a las quejosas en cuanto sostienen que no correspondía relevar a la actora de la carga probatoria para que acreditara que realizó funciones de empleado de base, pues, en el caso concreto, no se está en alguno de los supuestos a que se refiere el numeral antes transcrito, en los que esa carga atañe invariablemente al patrón. También resulta fundada su refutación en el sentido de que tal determinación por parte del Tribunal de Arbitraje del Estado, es incorrecta, pues a fin de tener por acreditadas las funciones que desempeñó la actora como empleada de base, estimó que correspondía a la demandada demostrar que ésta realizaba funciones de un trabajador de confianza, y al no hacerlo así, eran manifiestas las labores de base de la actora. La violación apuntada se hizo patente cuando el tribunal laboral al analizar la carga demostrativa impuesta a la actora, consideró lo siguiente: (se transcribe). En ese sentido, es inconcuso que en el laudo reclamado se resolvió la litis de manera incongruente, contraviniendo lo previsto en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues la responsable analizó en primer término si la patronal demandada demostró la carga probatoria que le impuso -consistente en acreditar que la actora desempeñaba funciones de confianza-, cuando lo jurídico era que analizara si la trabajadora demostró o no, con las pruebas aportadas al juicio, todos los elementos de la acción que ejerció. Cierto, el tribunal responsable, equivocadamente tuvo actualizada la procedencia de la acción partiendo de la premisa de que correspondía al patrón demostrar que la actora desempeñaba funciones de confianza, por haber controvertido ese aspecto en la contestación de la demanda. Cabe señalar, que el artículo 9 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, establece: ‘Artículo 9.’ (se transcribe) El precepto transcrito señala dos calidades diversas en contraposición a los empleados de base, aquellos que son de confianza o los eventuales quienes figuran en la lista de raya; de ahí que la materia de la controversia que se suscitó en la litis ordinaria, fue la naturaleza de las funciones que realizó la actora, de lo que se sigue que correspondía a ésta la carga de probar que realizó labores de base para así poder gozar de la garantía constitucional de estabilidad en el empleo, como elemento de procedencia de la acción de reinstalación intentada. Cobra aplicación, por identidad jurídica sustancial, la tesis XV.4o.6 L, que se comparte, publicada en la página 939, Tomo XXII, noviembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO EJERCITAN LA ACCIÓN TENDENTE A QUE SU PLAZA SE CONSIDERE DE BASE EN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS, A ELLOS CORRESPONDE LA CARGA DE PROBAR QUE REALIZAN FUNCIONES DE LOS DE BASE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).’ (se transcribe). Conforme a lo antes precisado, es inconcuso que era obligación de la actora demostrar los elementos de su acción, entre ellos, el acreditar que desarrolló funciones de un trabajador de base, y, posteriormente, en su caso, al patrón le corresponde demostrar sus excepciones, esto es, que el trabajador desempeñó funciones de confianza, pero no de manera inversa. No pasa inadvertido, que la responsable ni siquiera impuso a la actora carga probatoria que demostrara que las labores que desarrolló correspondían a las propias de un trabajador de base, no obstante ello, tal circunstancia no eximió a esta última de su obligación de acreditar los elementos de la acción, menos permite a la autoridad del conocimiento tener por demostrada esa carga probatoria a favor de la actora, bajo la premisa de que la demandada no demostró que realizaba actividades de confianza. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a este fallo, deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, pronuncie otro, en el que: Establezca que la carga probatoria en lo que atañe a las funciones realizadas y que incide en la acción ejercida, corresponde al operario; y, con plena libertad de jurisdicción dicte un nuevo laudo conforme a derecho. Lo anterior hace innecesario el estudio del resto de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues será hasta que se dicte el nuevo laudo en cumplimiento a esta ejecutoria, cuando se materialicen las posibles violaciones que plantea en dichos motivos de disentimiento."

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 282/2010, sostuvo el siguiente criterio.

"SEXTO. El primer concepto de violación expresado por el quejoso, es fundado. Expresa el impetrante de garantías que la autoridad responsable violenta en su perjuicio los artículos 14, 16 y 123, apartado B, de la Constitución Política de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23053-9afd77d3/trabajadores-al-servicio-de-los-poderes-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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