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REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2005. LA REGLA 2.10.7. EXPEDIDA POR EL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y RESERVA DE LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 304/2010. · Registro digital (IUS): 22879
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, , Pág. 530.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 304/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que fue el órgano que sostuvo uno de los criterios denunciados como contradictorios.

TERCERO. Con el propósito de determinar el sentido en que habrá de resolverse la denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener en cuenta los antecedentes y criterios sustentados por los Tribunales Colegiados participantes.

Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

Amparo directo **********

El citado órgano jurisdiccional conoció de un juicio de amparo directo en el que el peticionario de garantías adujo, vía conceptos de violación, que la regla 2.10.7. de las "Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2005", publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de marzo de dos mil cinco, transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al imponer una base gravable distinta a la establecida en la Ley Aduanera, para el pago del impuesto general de importación tratándose de vehículos automotores usados destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja California Sur, la Región Parcial del Estado de Sonora y el Municipio Fronterizo de Cananea, Estado de Sonora.

Dicho concepto de violación fue declarado infundado por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, con base en las consideraciones siguientes:

"Para dar respuesta a tales planteamientos, es pertinente precisar que el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador y no las autoridades administrativas, quienes establezcan los elementos constitutivos de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones tributarias; luego, ese principio general de legalidad constituye una exigencia conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por una disposición legal anterior.

"Para una mejor comprensión del principio de legalidad tributaria, es menester invocar y transcribir la tesis número P. CXLVIII/97, donde el Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia en nuestro país, explica con claridad meridiana ese tema: ‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.’ (se transcribe). En el presente caso, debe dilucidarse si la aplicación de la regla 2.10.7. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el dos mil cinco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo de dos mil cinco, torna inconstitucional la resolución de dos de enero de dos mil ocho en los términos que lo propone el quejoso, es decir, si como dice el quejoso ‘pretende imponer una base gravable distinta a la especificada por la Ley Aduanera, para el pago del impuesto general de importación en tratándose de mercancías, en este caso, en la importación de automóviles usados a esta región fronteriza’.

"En este sentido, cabe precisar que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: (se transcribe).

"Conforme a lo antes transcrito, los tributos no sólo deben ser proporcionales y equitativos, sino también deben estar establecidos en la ley formal, en la cual se precisen los elementos del tributo, como lo son, el sujeto, objeto, tasa y época de pago, es decir, que sea el legislador y no la autoridad administrativa, quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones, lineamientos los cuales rigen el referido principio de legalidad tributaria.

"En el caso, resulta pertinente transcribir los artículos 64 y 78 de la Ley Aduanera, que dicen: (se transcriben).

"Del contenido de los preceptos legales antes reproducidos, se advierte que la base gravable para los vehículos usados será el valor en la aduana de dicha mercancía, y el hecho de que la Aduana de Mexicali haya utilizado la regla 2.10.7. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el año de dos mil cinco, para determinar el valor en la aduana del vehículo que importó el quejoso, ningún agravio ocasionó con ello, habida cuenta que dicha regla general no contraviene el principio de legalidad en comento, en virtud de que la Ley Aduanera establece la base gravable del impuesto general de importación, que será el valor en la aduana de la mercancía, y la regla de que se trata, sólo regula lo relativo a ese valor respecto a los vehículos usados automotores destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza, como lo indica de la manera siguiente: ‘2.10.7. Para los efectos de la importación definitiva de vehículos usados automotores usados destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja California Sur, la región parcial del Estado de Sonora, y Municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, publicado en el DOF el 8 de febrero de 1999, el valor en aduana será determinado utilizando la edición del mes (N.A.D.A) Official Used Car Guide (Libro Amarillo), de conformidad con lo siguiente: ...’

"Luego, la autoridad recaudadora tiene la facultad de poder utilizar como referencia para determinar el valor comercial, el que se establezca en las diversas guías y publicación sobre precio de automóviles usados, en el caso específico, precisa la regla general en comento, ‘cuando la importación se realice por una aduana limítrofe con los Estados de Arizona o California, se deberá utilizar la clasificación regional correspondiente a la edición pacífico suroeste (regional classification, pacific southwest edition)’; en virtud de que el precio en la transmisión de la propiedad de los vehículos automotores usados, se rige por la oferta y la demanda que en determinada época existe en el mercado, cuya variación de valores fluctúa de momento a momento, de acuerdo al principio en cita, y es por ello que se atiende a la realidad material y económica vigente en el momento que se realizan las operaciones de transmisión de propiedad de vehículos automotrices usados; por esas razones, sería prácticamente imposible que la ley establezca con precisión cada valor comercial de los vehículos usados, conforme a la realidad económica del mercado de ese tipo de vehículos, por ello, la autoridad administrativa válidamente puede acudir para determinar el valor de transacción, a las publicaciones que tienen indicadores reconocidos en el ámbito mercantil, respecto del valor de vehículos usados, de manera que el contribuyente, sujeto pasivo del impuesto, previa realización de la hipótesis normativa, tenga el conocimiento del valor comercial respecto del automóvil usado de procedencia extranjera que pretende adquirir.

"De lo precisado con antelación, se deduce que no queda a voluntad de la autoridad fiscalizadora determinar la afectación patrimonial de un contribuyente, al momento de importar un vehículo usado de procedencia extranjera, ni mucho menos a la voluntad de este último, sino que es la realidad económica la que ordena fijar dicho monto, al momento de realizarse la operación de importación; en esas condiciones, la regla 2.10.7. no torna inconstitucional la resolución combatida por transgredir el principio de legalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, pues se trata de un ordenamiento general que regula el procedimiento o mecanismo que incide en la base gravable del impuesto general de importación, relativo a los vehículos ya mencionados, que permite a las autoridades aduaneras, con base en un indicador económico establecido por las fuerzas del mercado en el ámbito comercial de vehículos usados, determinar el valor de transacción de esa mercancía a importar, para tener la posibilidad de establecer el valor en aduana de tal mercancía, sin que quede a su voluntad la afectación contributiva, por las razones ya precisadas.

"Resulta pertinente transcribir los siguientes criterios jurisprudenciales, emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por analogía, son aplicables al presente caso:

"Tesis de jurisprudencia 2a./J. 37/2007, resultante de la contradicción de tesis número 9/2007-SS, localizable en la página 669 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, marzo de 2007, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, de rubro y texto siguientes: ‘VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS. EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE PREVÉ LA BASE DEL IMPUESTO SOBRE LA TRANSMISIÓN DE SU PROPIEDAD, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe).

"Así como la tesis de jurisprudencia por reiteración 2a./J. 155/2006, visible en la página 196 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, noviembre de 2006, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, de rubro y contenido siguientes: ‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA.’ (se transcribe). Por las razones antes apuntadas, se estiman infundados los conceptos de violación que hizo valer el quejoso, por lo que habrá de negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que ha solicitado."

El anterior criterio fue reiterado por el indicado órgano colegiado en las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo directo **********, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias se omite su transcripción.

Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

Amparo directo **********

El citado órgano jurisdiccional conoció de un juicio de amparo directo en el que el peticionario de garantías adujo, vía conceptos de violación, que la regla 2.10.7. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2005, transgrede el principio de legalidad contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al imponer una base gravable distinta a la establecida en la Ley Aduanera, para el pago del impuesto general de importación en tratándose de vehículos automotores usados destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja California Sur, la región parcial del Estado de Sonora y el Municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora.

Dicho concepto de violación fue declarado fundado por el Tribunal Colegiado del conocimiento, con base en las consideraciones siguientes:

"Ahora bien, las reglas generales administrativas son disposiciones de observancia general cuyo dictado encuentra fundamento en una cláusula habilitante prevista en una ley o en un reglamento al tenor de la cual una autoridad administrativa diversa al presidente de la República es dotado de la atribución para emitir disposiciones generales cuya finalidad es pormenorizar lo previsto en una ley o en un reglamento, generalmente con el objeto de regular cuestiones de carácter técnico que por su complejidad o minucia es conveniente sean desarrolladas por una autoridad administrativa que atendiendo a su elevado nivel de especialización puede levantar de la realidad cambiante, con mayor oportunidad y precisión, las particularidades de los fenómenos sociales que ameriten ser normados.

"Incluso, en cuanto a su fundamento constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que de la interpretación histórica, causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el principio de división de poderes, en relación con la atribución de los órganos del Estado Mexicano para expedir disposiciones de observancia general, implica que en ningún caso, salvo lo dispuesto en los artículos 29 y 131 de esa Norma Fundamental, un órgano del Estado diverso al Congreso de la Unión o a las Legislaturas Locales, podrá ejercer las atribuciones que constitucionalmente están reservadas a éstos, es decir, la emisión de los actos formal y materialmente legislativos que, por su especial jerarquía, se ubican por encima de las disposiciones de observancia general que se emiten por el presidente de la República con base en la facultad reglamentaria que le es conferida en el artículo 89, fracción I, constitucional, por lo que si en dicho Magno Ordenamiento no se reservó al Poder Legislativo la emisión de los actos de autoridad materialmente legislativos, sino la de las disposiciones de observancia general de mayor jerarquía en el respectivo orden jurídico parcial, no existe disposición constitucional alguna que impida al Congreso de la Unión habilitar a las autoridades que orgánicamente se ubican en los Poderes Ejecutivo o Judicial, para expedir disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, derivado de lo previsto en el artículo 72, inciso h), constitucional, lo que conlleva que la regulación contenida en estas normas de rango inferior no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en los actos formalmente legislativos, que tienen sobre ellas una fuerza derogatoria y activa, pudiendo derogarlas o elevarlas de rango convirtiéndolas en ley.

"Así deriva del criterio jurisprudencial 2a./J. 143/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 239, que dice:

"‘DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).

"Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la habilitación conferida por el Congreso de la Unión a una autoridad administrativa para expedir reglas generales administrativas no conlleva una delegación de facultades legislativas, ni pugna con el principio de división de poderes, tomando en cuenta que tales disposiciones tienen una naturaleza diversa a la que corresponde a los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes dictadas por el presidente de la República.

"Al respecto, resultan ilustrativas las tesis P. XII/2002, P. XIII/2002 y P. XIV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, páginas 8, 5 y 9, que llevan por rubro y texto los siguientes:

"‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA HABILITAR A LAS SECRETARÍAS DE ESTADO A FIN DE EXPEDIRLAS, NO CONSTITUYE UNA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS.’ (se transcribe).

"‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EXPEDIRLAS EN MATERIA DE IMPORTACIÓN, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN I, Y 92 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe).

"‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LAS DICTADAS EN EJERCICIO DE UNA FACULTAD CONFERIDA POR LA LEY A UNA SECRETARÍA DE ESTADO, NO PUGNAN CON EL PRINCIPIO DE DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO.’ (se transcribe).

"En ese tenor, en el orden jurídico federal las reglas generales administrativas se ubican por debajo de las leyes del Congreso de la Unión y de los reglamentos del presidente de la República, son emitidas por autoridades administrativas diversas al titular del Ejecutivo Federal, con base en una disposición de observancia general formalmente legislativa o formalmente reglamentaria que contiene una cláusula habilitante que, a su vez, se sustenta constitucionalmente en lo dispuesto, entre otros, en los artículos 73, fracción XXX, 89, fracción I y 90 de la Constitución General de la República.

"Ahora bien, se evidencia que la emisión y publicación de la regla general cuestionada se realizaron señalando como fundamento para ello lo dispuesto en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1o. y 144 de la Ley Aduanera, 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación y 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y artículo 4o., fracción XVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

"Por consiguiente, a diferencia de los criterios de carácter interno que emiten las autoridades fiscales con el fin de lograr el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, previstos en los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del citado código tributario; las disposiciones de observancia general que una específica autoridad hacendaria puede emitir, encuentran su origen en una habilitación legal mediante la cual el Congreso de la Unión, en términos de lo previsto en los artículos 73, fracción XXX y 90 de la Constitución General de la República -en ejercicio de sus atribuciones para distribuir los negocios del orden administrativo entre los órganos que integran la administración pública federal centralizada- faculta a una autoridad administrativa para emitir disposiciones de observancia general, como sucede en el caso, en virtud de lo previsto en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación.

"Así es, las disposiciones de observancia general cuya emisión y publicación se realiza en términos de lo previsto en los citados normativos, tienen como finalidad pormenorizar y precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos que inciden en el ámbito fiscal, expedidos por el Congreso de la Unión y el presidente de la República, con el fin de lograr su eficaz aplicación y están sujetas a una serie de principios derivados del diverso de seguridad jurídica, entre otros, los de reserva de la ley, reserva reglamentaria, primacía de la ley y preferencia reglamentaria, por lo que no deben incidir en el ámbito reservado a la ley o al reglamento ni ir en contra de lo dispuesto en actos de esta naturaleza, es decir, deben ceñirse a lo previsto en el contexto formal y materialmente legislativo o reglamentario que habilita y condiciona su emisión.

"Entonces, las reglas que emite el secretario de Hacienda y Crédito Público o el jefe del Servicio de Administración Tributaria, como la cuestionada en esta instancia, constituyen disposiciones de observancia general y de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo de que alguna de ellas, en virtud de una sentencia dictada en alguno de los medios de defensa jurisdiccionales que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos total o parcialmente, por no respetar los principios que rigen su emisión.

"Con base en lo anteriormente expuesto, es dable concluir que a pesar de que la regla administrativa de que se trata no tiene el carácter de ley, de un tratado o de un reglamento, es evidente que sí resulta ser de observancia obligatoria, por tanto, no existe obstáculo para analizar su constitucionalidad.

"En esa tesitura, se reitera, no existe ningún obstáculo jurídico para emprender el estudio de los argumentos de inconstitucionalidad propuestos por la quejosa y, por ende, es procedente realizarlo en los siguientes términos:

"Ante todo debe señalarse que para efectuar en un juicio de amparo directo el análisis de una norma general, en función del aspecto de su constitucionalidad, es necesario que la impugnación relativa se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo; esto es, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII, de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante un concepto de violación suficiente.

"Es decir, la causa requerida en tal situación, se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada; y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance; por lo que partiendo del cumplimiento de tales presupuestos, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria, ya que de no satisfacerse los requisitos medulares apuntados, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, tales planteamientos resultan insuficientes para efectuar el planteamiento de inconstitucionalidad relativo.

"Encuentra aplicación el criterio jurisprudencial por contradicción 1a./J. 58/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 150, del rubro y texto:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER.’ (se transcribe).

"En ese sentido, el orden de examen de los conceptos de violación relativos a la violación de las garantías de justicia tributaria en cuestión, partirá del tópico relativo a la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud del contenido de la jurisprudencia número 77/99 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 20, que dice:

"‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTÍA EN EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEMÁS DE JUSTICIA FISCAL.’ (se transcribe).

"En tales circunstancias, es de precisar que el reclamo principal de la quejosa se hace depender de la violación al principio de legalidad tributaria, toda vez que la regla 2.10.7. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el año dos mil cinco, establece una base gravable distinta a la que prevé el artículo 64 de la Ley Aduanera, lo que de suyo implica que uno de los elementos del tributo se encuentra señalado en una norma que no fue emitida por el Congreso de la Unión, vulnerando así tal principio, mismo que exige que las contribuciones estén contenidas en un acto material y formalmente legislativo, así como todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo del tributo, fijándolos con la precisión necesaria que impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que generen al gobernado suficiente certidumbre sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado, cómo se calculará la base del tributo, qué tasa o tarifa debe aplicarse, cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en general, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse.

"Para llevar a cabo la confrontación de la regla general cuya inconstitucionalidad se alega, es pertinente indicar que para su emisión, se tomaron en cuenta los ordinales a que la misma hace referencia en su parte inicial: (se transcribe en lo conducente).

"En ese mismo tenor, resulta trascendente tener conocimiento exacto del contenido de la aludida regla 2.10.7., que en forma textual dice: (se transcribe), publicado en el DOF el 8 de febrero de 1999, el valor en aduana será determinado utilizando la edición del mes inmediato anterior a la importación del vehículo, de la National Automobile Dealers Association (N.A.D.A.) Official Used Car Guide (Libro Amarillo), de conformidad con lo siguiente:

"1. Será el 50% del valor contenido en la columna denominada ‘promedio de venta al mayoreo’ (average loan), sin aplicar deducción alguna.

"2. Cuando la importación se realice por una aduana limítrofe con el Estado de Texas, se deberá utilizar la clasificación regional correspondiente a la edición suroeste (regional classification, southwestern edition).

"3. Cuando la importación se realice por una aduana limítrofe con el Estado de Nuevo México, se deberá utilizar la clasificación regional correspondiente a la Edición Estados de Montaña (regional classification, mountain states edition).

"4. Cuando la importación se realice por una aduana limítrofe con los Estados de Arizona o California, se deberá utilizar la clasificación regional correspondiente a la edición pacífico suroeste (regional classification, pacific southwest edition).

"En los casos en que la importación se realice por una sección aduanera, se aplicará la clasificación regional, que corresponda a la aduana limítrofe de la cual dependa la sección aduanera de que se trate.

"En la manifestación de valor, deberá asentarse en la información general, como método de valoración, la leyenda ‘valor determinado conforme a los numerales 1 y ___ (el que corresponda conforme a esta regla a la aduana por la cual se efectúa la importación), de la regla 2.10.7. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2005’.

"Ahora bien, al denunciar la inconstitucionalidad de la regla de trato, la parte quejosa aduce que su contenido es contrario a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Aduanera, pues ésta fija una base gravable distinta, y es la que debe ser acatada por los contribuyentes y fijada por la autoridad correspondiente, pues es la que se encuentra establecida en un acto material y formalmente legislativo, llevado a cabo por el Congreso de la Unión, pues así se respeta el principio de legalidad contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, por lo que ante tal afirmación, es importante conocer el contenido de aquella disposición: (se transcribe).

"El artículo transcrito hace remisión expresa al contenido de los diversos 67 y 71 de la propia Ley Aduanera, cuyo texto es el siguiente: (se transcriben).

"Del análisis sistemático de los artículos transcritos, se desprende con claridad que la base gravable del impuesto general de importación, es el valor en aduana de las mercancías, entendiéndose por éste el de transacción de las mismas; a su vez, el párrafo tercero del ordinal 64 de la Ley Aduanera, define el valor de transacción de las mercancías a importar como el precio pagado por las mismas, siempre que concurran todas las circunstancias a que alude el diverso 67 del mismo ordenamiento legal, y en el caso de que no se dé alguno de los supuestos que este último numeral refiere, entonces la base gravable del impuesto general de importación será establecida de conformidad con los métodos enumerados en el numeral 71 de la legislación en cita, que en sus cinco fracciones establece que se podrá determinar: a) por el valor de transacción de mercancías idénticas (artículo 72); b) valor de transacción de mercancías similares (artículo 73); c) valor de precio unitario de venta (artículo 74); d) valor reconstruido de las mercancías importadas (artículo 77); y, e) valor determinado conforme a lo establecido en el artículo 78.

"En esa tesitura, resulta evidente que el legislador precisó con amplitud la forma en que se debe determinar el valor en aduana de la mercancía que se pretende importar al país para obtener la base gravable del impuesto general de importación, sin excluir de los métodos antes enunciados a los vehículos usados destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja California Sur, la región parcial del Estado de Sonora y Municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, pues si ésa hubiese sido su intención, así estaría contemplado en las disposiciones transcritas.

"En ese sentido, la disposición incluida en la regla 2.10.7. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el año dos mil cinco, relativa a que el valor en aduana del vehículo usado para importar, será determinado utilizando la edición del mes inmediato anterior a la importación del vehículo, de la National Automobile Dealers Association (N.A.D.A.) Official Used Car Guide (Libro Amarillo), es contraria a lo establecido en la Ley Aduanera para obtener la base gravable de la mercancía a importar que contiene una serie de métodos para determinarla, como se precisó en líneas que anteceden.

"Por otro lado, cierto es que la regla aludida hace referencia a que para los efectos de la importación definitiva de vehículos usados al amparo del decreto (1999) por el qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22879-fc74ba78/reglas-de-caracter-general-en-materia-de-comercio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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