REVISIÓN FISCAL. LOS DELEGADOS FEDERALES DEL TRABAJO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, TIENEN LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER ESE RECURSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 350/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General Plenario 5/2001, pues los criterios en estudio atañen a la materia administrativa, especialidad que corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, de acuerdo al artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito el cual sostiene uno de los criterios en pugna.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver en sesión de veintiséis de agosto de dos mil diez el recurso de revisión fiscal 52/2010, interpuesto por la directora jurídica de la Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"TERCERO. Resulta innecesario transcribir tanto la sentencia recurrida, como los agravios, toda vez que debe desecharse el presente recurso. En primer término, cabe dejar sentado, que en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las resoluciones de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden ser impugnadas por las autoridades demandadas, pero únicamente a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, siendo pertinente reproducir el contenido normativo del aludido dispositivo legal, que dice: ‘Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia. En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce. II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a: a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa. b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones. c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación. d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo. e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación. IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. V. Sea una resolución dictada en materia de comercio exterior. VI. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. VII. Sea una resolución en la cual, se declare el derecho a la indemnización, o se condene al Servicio de Administración Tributaria, en términos del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. VIII. Se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización previstas en el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. IX. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso podrá ser interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria, y por las citadas entidades federativas en los juicios que intervengan como parte. Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del término de quince días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión a defender sus derechos. En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión.’. En efecto, del numeral reproducido se colige que, al señalar expresamente en el primer párrafo que ‘podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica’, sólo dicha unidad administrativa puede interponer el recurso de revisión en representación de las autoridades demandadas, ya que éstas directamente no pueden interponer el recurso de revisión fiscal de mérito; es decir que, por regla general, los titulares de la autoridad o autoridades demandadas carecen de legitimación procesal para instar el recurso de mérito. Sobre la aludida legitimación que el dispositivo legal en cita sólo confiere a la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada, en la sede contenciosa administrativa federal, cabe decirse que obedece a la idea de que tal entidad legitimada es la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para que el citado medio de impugnación se interponga con la formalidad que requieren los asuntos respectivos a fin de asegurar la adecuada defensa de dicha autoridad enjuiciada; en ese orden, no es jurídicamente posible aceptar, en el caso, que las autoridades demandadas en los juicios ante las Salas Regionales, se encuentran legitimadas procesalmente para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que aun cuando el propio numeral en comento, les otorga la facultad de impugnar las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas que sean adversas a sus intereses, sin embargo, como ya se dijo, las constriñe a realizarlo por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. Estimar lo contrario, conllevaría a aceptar que cualquier autoridad que se encuentre facultada por la ley para defender las resoluciones que emita a través de los recursos o medios de defensa legales que resulten procedentes, se encuentra legitimada procesalmente para interponer el recurso de revisión previsto en el citado precepto legal; aseveración que resultaría contraria al verdadero espíritu del legislador, consistente en que dicho medio de impugnación con supuestos de procedencia específicamente restringidos, se emita con la formalidad y exhaustividad que requieren los asuntos respectivos, a fin de asegurar la adecuada defensa de las autoridades que obtuvieron un fallo adverso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues el referido numeral 63 de la ley aludida, expresamente dispone que las resoluciones en cuestión podrán ser impugnadas a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, lo cual evidentemente ante la claridad de dicha norma, no admite interpretación de alguna otra índole. Teniendo en cuenta las aludidas puntualizaciones en torno a la legitimación del ente, al que le corresponde instar el medio de defensa previsto en el numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se retoma la premisa relativa a que, en la especie, contrario a lo que sustenta el delegado federal del trabajo en Sinaloa de la referida secretaría, carece del mencionado presupuesto procesal para interponer el recurso en representación de la directora jurídica de la Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa, residente en la ciudad de Culiacán. Se afirma lo anterior, pues por un lado, la facultad que le es conferida a la citada autoridad demandada, en el juicio de nulidad de origen, para impugnar la legalidad de la resolución definitiva, emitida por la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, necesariamente debe ejercerla por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que por mandato expreso de la disposición legal exactamente aplicable (artículo 17, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social), es la encargada de su defensa jurídica, o bien, por el director de lo contencioso. A fin de sustentar la premisa que ha quedado expuesta, conviene tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2001, entre otras cuestiones, determinó que si bien es cierto que las autoridades demandadas en un juicio de nulidad pueden interponer el recurso de revisión fiscal, también lo es que no han de hacerlo por sí, sino por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, según puede apreciarse de la correspondiente ejecutoria que tiene aplicación al caso, porque el contenido normativo del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es idéntico a la redacción del anterior numeral 248 del Código Fiscal de la Federación que fue objeto de interpretación en la citada ejecutoria, cuya literalidad es la siguiente: ‘... De lo antes expuesto, claramente se advierte que hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, las resoluciones de las Salas Regionales del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, eran recurribles por «las autoridades» ante la Sala Superior de dicho organismo, cuando el asunto respectivo fuera de importancia y trascendencia a juicio del titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado a que el asunto correspondiera, a través del recurso de revisión, y que el escrito respectivo debía estar firmado, precisamente, por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado, según correspondiera y en su ausencia, por quienes estaban facultados para sustituirlo. A su vez, las resoluciones dictadas por la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, podían ser impugnadas por «las autoridades» a través del recurso de revisión fiscal, el cual debía interponerse mediante escrito dirigido al presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firmado por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado que correspondiera, o por quien legalmente debía sustituirlo, en los casos de ausencia. Sin embargo, acorde con las reformas al artículo 104 de la Constitución General de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y con el objeto de dar efectividad a «los postulados constitucionales de impartición de justicia pronta, completa y oportuna, mediante un sistema sencillo pero respetuoso de las formalidades esenciales del procedimiento», por decreto publicado en el citado medio informativo el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se fusionaron las instancias procesales antes precisadas en un solo recurso denominado de revisión, a través del cual, las autoridades que dictaron la resolución reclamada en el juicio de nulidad, pueden impugnar, ante el Tribunal Colegiado del Circuito que corresponda, las resoluciones definitivas correspondientes, dictadas por las Salas Regionales o la Sala Superior del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, se estableció que el citado recurso de revisión, por regla general, deberá interponerse por la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, pues de esa manera se evita el obstáculo procesal «de que sea el secretario de Estado, jefe del departamento administrativo o director del organismo descentralizado el que interponga el recurso» y, además, se asegura que el ejercicio de dicha facultad «tan importante para la defensa de las autoridades» se realice con «la seriedad y profundidad que exijan los casos que así lo ameriten». Además, se precisó que en los casos en que la resolución reclamada en el juicio de nulidad haya sido emitida por las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso de revisión sólo podrá interponerse por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De lo anterior deriva que el recurso de revisión previsto en el Código Fiscal Federal para impugnar ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones definitivas dictadas por el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se instituyó como un mecanismo de defensa excepcional en favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un fallo adverso, cuya procedencia, desde siempre, se ha condicionado a la satisfacción de ciertos requisitos formales como lo es el relativo a la legitimación y a determinados requisitos de fondo como lo son, entre otros, la cuantía e importancia y trascendencia del asunto. En efecto, por cuanto se refiere a la legitimación para hacer valer el citado medio de defensa legal, que es el punto de contradicción a dilucidar, se advierte que en un principio ésta se otorgó al titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado a que el asunto correspondiera, y no a la propia autoridad que dictó la resolución impugnada en el juicio de nulidad, pues al respecto el artículo 250 del código tributario federal vigente hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, expresamente señalaba que el escrito respectivo debía «ser firmado por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado, y en caso de ausencia, por quien legalmente deba sustituirlo». Posteriormente, con motivo de las reformas constitucionales acaecidas en el año de mil novecientos ochenta y siete, cuyo objeto primordial fue el de establecer las bases para la creación de mecanismos que permitieran una impartición de justicia pronta, completa y expedita, en el ámbito fiscal se redujeron y regionalizaron las instancias procesales y, en tal virtud, con el objeto de que el recurso de revisión ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación se formule con la formalidad y exhaustividad que requieren los asuntos respectivos, y con el fin de asegurar la adecuada defensa de las autoridades que obtuvieron un fallo adverso del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el legislador ordinario estimó conveniente que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de defensa legal, por ser ésta la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad haya sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales, pues en estos casos, el recurso de revisión necesariamente deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en los casos de ausencia. En ese orden, es dable concluir que aun cuando en términos de lo previsto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades demandadas en el juicio de nulidad tienen la facultad de impugnar las resoluciones definitivas dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que sean adversas a sus intereses; lo cierto es que por disposición expresa de la ley, dicha facultad la deben ejercer, necesariamente, por conducto del órgano encargado de su defensa jurídica o, en su caso, por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público o por quien deba suplirlo en los casos de ausencia, dado que en atención al principio de legalidad, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite ...’. Se invoca la anterior ejecutoria, ya que las publicaciones de Intranet, relativas a las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, constituyen un hecho notorio como lo sustentó el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la jurisprudencia XXI.3o. J/7, que este similar comparte ... ‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Ahora bien, para justificar cómo es que se considera que la unidad encargada de la defensa jurídica que debía promover el presente recurso de revisión, lo es la Dirección General de Asuntos Jurídicos, o bien, el director de lo Contencioso, y no la directora jurídica de la Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa, residente en la ciudad de Culiacán, por conducto del delegado federal del Trabajo en Sinaloa de la referida secretaría, es conveniente transcribir lo que al respecto disponen los numerales 2 y 17, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil ocho, bajo el tenor literal siguiente: ‘Artículo 2. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contará con los siguientes servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados: ... Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dirección de lo Contencioso ... Dirección Jurídica ...’. ‘Artículo 17. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos: ... XII. Representar al secretario y a las unidades administrativas de la secretaría ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, e interponer el recurso de revisión fiscal en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Estas facultades también podrá ejercerlas el director de lo Contencioso ...’. Teniendo en cuenta el contenido de las disposiciones legales transcritas, válidamente puede sostenerse que, conforme lo prevé el numeral 17, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el delegado federal del trabajo en Sinaloa de la referida secretaría no está facultado legalmente para instar el presente recurso de revisión, en representación de la directora jurídica de la Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa, residente en la ciudad de Culiacán, ya que, atendiendo a una interpretación literal y armónica del referido artículo 17, fracción XII, del reglamento en análisis, debe prevalecer la idea de que la unidad jurídica encargada de la defensa de dicha demandada, es la Dirección General de Asuntos Jurídicos, o bien, la Dirección de lo Contencioso, ya que no puede soslayarse que en términos de lo previsto en el artículo 2 de la propia normatividad, la Dirección Jurídica es una unidad administrativa de la propia secretaría, de tal forma que la literalidad de la disposición que impone el aludido arábigo 17, fracción XII, es la que se actualiza a plenitud en el caso de la delimitación de la legitimidad de los funcionarios que instan el recurso de revisión de que se trata y que representan al secretario y a las unidades administrativas de dicha secretaría. No escapa al análisis de este Tribunal Colegiado, que del contenido del artículo 33, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se haya señalado como una de las atribuciones de las Delegaciones Federales del Trabajo la de representar a la secretaría en la defensa de sus intereses jurídicos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa e interponer los recursos procedentes en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin embargo, por disposición expresa del artículo 17, fracción XII, del mismo ordenamiento, la facultad para interponer el recurso de revisión fiscal corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de ahí que se estime que el promovente carece de legitimación. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar el recurso de revisión fiscal promovido por la directora jurídica de la Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa, residente en la ciudad de Culiacán, por conducto del delegado federal del Trabajo en Sinaloa de la referida secretaría, atendiendo a su falta de legitimación para accionarlo. Sustenta la determinación que antecede, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 59/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... ‘REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’ (se transcribe). No impide considerar lo anterior, que mediante auto de presidencia ... se admitió el recurso de revisión fiscal ... Similar criterio emitió este Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal 149/2008, en sesión de diecinueve de febrero de dos mil nueve, así como el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en sesión correspondiente al nueve de noviembre de dos mil nueve. Finalmente, es al caso realizar la denuncia por contradicción de criterios, atento a la ejecutoria emitida en el recurso de revisión 46/2009, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, correspondiente al dieciocho de junio de dos mil nueve, pues en torno al tema de la legitimación del delegado federal del trabajo en Sinaloa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sostiene que de conformidad con el artículo 33, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al citado le corresponde la atribución de representar en la defensa jurídica a la citada secretaría."
El mismo Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el diecinueve de febrero de dos mil nueve el recurso de revisión fiscal 149/2008, interpuesto por la directora jurídica de la Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa, sostuvo idéntico criterio, por lo que resulta innecesaria su transcripción.
CUARTO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en sesión de dieciocho de junio de dos mil nueve, dictó sentencia en el recurso de revisión fiscal 46/2009, interpuesto por el delegado federal del Trabajo en Sinaloa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, resolviendo lo siguiente:
"SEGUNDO. Antes de analizar la procedencia del recurso, debe decirse que el promovente de la revisión fiscal, delegado federal del Trabajo en el Estado de Sinaloa, está legitimado para interponerla, habida cuenta que es el representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encargado de su defensa jurídica en la entidad. Así es, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente en la fecha de presentación de la demanda de nulidad que dio origen al juicio contencioso en el que se dictó la sentencia recurrida, las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación. Es oportuno decir, que sobre el tema existe la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... de acuerdo con la cual las autoridades demandadas en el contencioso administrativo carecen de legitimación para interponer la revisión fiscal, pues quien la posee, al tenor del citado numeral, es la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, tesis que ... dice: ‘REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’ (se transcribe). En la especie, de conformidad con el artículo 33, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil ocho, a las delegaciones federales del trabajo corresponden las siguientes atribuciones: ‘Artículo 33. Las delegaciones federales del trabajo para la realización de sus actividades tendrán la estructura que el secretario determine, conforme a las disposiciones legales aplicables y les corresponden en el ámbito de su circunscripción territorial, las facultades siguientes: ... IV. Representar a la secretaría en la defensa de sus intereses jurídicos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa e interponer los recursos procedentes en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; ...’. Del numeral transcrito, se desprende que la autoridad recurrente es la representante de la defensa jurídica de la citada Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de donde resulta inconcuso que aquélla se encuentra legitimada para interponer el presente recurso de revisión fiscal en nombre de la mencionada secretaría. El aspecto abordado es una cuestión de estudio preferente, puesto que previo al análisis de los requisitos de procedibilidad, se debe estudiar si quien lo promueve tiene legitimación para interponerlo, dado que la misma consiste en que la acción sea ejercida por quien legalmente tiene aptitud para ello. Cobra aplicación la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito que se comparte ... ‘REVISIÓN FISCAL. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE LA LEGITIMACIÓN PROCESAL AL DE LA PROCEDIBILIDAD CONSISTENTE EN LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO.’ (se transcribe)."
QUINTO. Al dilucidar si en el caso existe la contradicción de criterios denunciada debe atenderse a los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal(1) y 197-A de la Ley de Amparo,(2) que regulan en específico la hipótesis de tesis o criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, porque el fin de tales normas es unificar criterios entre los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico, ya que la resolución que se dicte, por mandato constitucional, sólo tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no el de afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los fallos dictados en los juicios correspondientes.
Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para que se configure la discrepancia de tesis basta que los órganos jurisdiccionales de que se trate, al resolver los negocios, hayan analizado cuestiones jurídicas sobre un tema, materia o problema jurídico respecto del que sustenten criterios contradictorios, discordantes o discrepantes, ya sea en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de los fallos respectivos, sin necesidad de que los elementos o normas examinadas sean esencialmente iguales, sino únicamente deben haberse pronunciado sobre un mismo problema jurídico, independientemente de las cuestiones fácticas que lo rodeen.(3)
SEXTO. De las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se advierte que:
A. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver los recursos de revisión fiscal 149/2008 y 52/2010 determinó desecharlos por falta de legitimación del accionante, destacando lo siguiente:
• Se promovió juicio contencioso administrativo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22703-666beb7f/revision-fiscal-los-delegados-federales-del-trabajo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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