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SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. BASTA QUE LA LISTA ELABORADA POR EL EJIDATARIO SEA RATIFICADA ANTE NOTARIO EN CUANTO A CONTENIDO Y FIRMA PARA TENERLA POR FORMALIZADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO (ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 388/2010. · Registro digital (IUS): 22771
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 850.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 388/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben:

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en el amparo directo 98/2010, es del siguiente tenor:

"SÉPTIMO. Para una mejor comprensión del asunto, conviene relatar algunos antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias que acompañó a su informe justificado el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, consistentes en las actuaciones originales que integran el procedimiento agrario 1320/2009, a las que por ser documentos públicos, se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. **********, hoy quejoso, promovió jurisdicción voluntaria en vía de sucesión agraria a bienes del extinto ejidatario **********, con derechos reconocidos en el ejido denominado ‘Buen Retiro’, Municipio de Guasave, Sinaloa, a quien le correspondió (sic) los certificados parcelarios números 171388 y 171390, que amparan las parcelas 14 Z1 P1/1 y 67 Z1 P1/1, con superficie de cuatro hectáreas, treinta y ocho áreas y treinta y cuatro punto sesenta y tres deciáreas, y dos hectáreas, ocho áreas y treinta y nueve punto ocho deciáreas, respectivamente. Como hechos adujo que el ejidatario, su tío, falleció el cuatro de septiembre de dos mil nueve, y que a él lo designó como sucesor preferente de esos derechos ejidales, conforme a la lista de sucesión elaborada ante notario público, pues dependió de manera económica del ejidatario hasta la fecha de su deceso, y que no existe ninguna otra persona con igual o mejor derecho que el promovente, por lo que solicitó el reconocimiento y adjudicación de esos derechos ejidales. Como pruebas, anexó copias certificadas de las actas de defunción del ejidatario y del nacimiento del accionante; la lista de sucesión elaborada por el ejidatario el quince de julio de dos mil nueve y ratificada el mismo día ante el notario público licenciado José Cliserio Arana Murillo; los certificados parcelarios; presuncional e instrumental (fojas 1 a 14). 2. La demanda fue admitida por auto de siete de octubre de dos mil nueve, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, con residencia en Guasave, Sinaloa, bajo expediente 1320/2009; señaló fecha para la celebración de la audiencia de ley y ordenó dar vista con el escrito de demanda a la asamblea de ejidatarios del poblado referido (fojas 15 y 16). 3. Seguido el juicio por sus demás trámites de ley, el tribunal dictó sentencia el cuatro de noviembre del año próximo pasado, en la cual determinó que el promovente, ahora quejoso, no acreditó los elementos de su acción, dado que la sustentó en una lista de sucesores que no cumplió con los requisitos a que aluden los artículos 17 de la Ley Agraria y 84 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, ya que no fue formalizada ante el notario público, puesto que la actuación de éste se redujo a dar fe de que ante él compareció ********** y que ratificó el contenido y firma de un documento dirigido al delegado estatal del Registro Agrario Nacional, sin que la actora, una vez ratificada esa lista, la depositara ante dicho registro conforme lo exige el citado artículo 84 de ese reglamento; que para la validez de la lista sucesoria no basta que exista el documento en que se consigna y que la firma estampada corresponde al puño y letra del ejidatario, sino que deba constar que la voluntad de éste fue disponer de sus derechos agrarios en la forma en que lo hizo ‘lo cual se logra únicamente, se insiste, si el campesino, en presencia del notario, manifiesta su voluntad sobre las personas que lo han de suceder en el uso, goce y disfrute de sus derechos parcelarios’ determinó el tribunal, y agregó, por lo que la ratificación de la lista de sucesión ante notario no es suficiente para que se cumpla con el requisito consistente en que se formalice ante fedatario, pues lo que debe quedar autentificado es la voluntad del autor de la herencia y no únicamente la autoría y firma de la lista, que es lo que queda evidenciado con la diligencia de ratificación, máxime que la formulación de la lista de sucesores en materia agraria, sea ante el Registro Agrario Nacional o ante fedatario público, constituye un acto solemne que para su validez, necesariamente, debe realizarse bajo la forma prevista en la ley. En consecuencia de lo anterior, la autoridad dejó a salvo los derechos del actor para que los hiciera valer en vía y forma que corresponda. Inconforme con la anterior resolución, el quejoso promovió el presente juicio de amparo directo y del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que a título de conceptos de violación aduce, en síntesis, lo siguiente. Argumenta que la sentencia es violatoria de sus garantías individuales previstas en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, toda vez que demostró ser el sucesor del extinto ejidatario mediante la lista de sucesores, cuyo documento cumple con los requisitos que señala el artículo 17 de la Ley Agraria, pues fue elaborada por notario público y fue firmada por su tío, el ejidatario; que los argumentos que expuso el tribunal responsable no son suficientes para nulificar esa lista, ya que prejuzga sobre su valor, puesto que no fue demandada previamente su nulidad, por lo que ese documento debió ser valorado adecuadamente y haberle otorgado el derecho de sucesión; que incorrectamente la autoridad funda su sentencia en una ley distinta a la agraria, por lo que no siguió los lineamientos que fija ésta; que se violó el procedimiento en su perjuicio, porque no fue escuchado ni se le dio oportunidad de desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio, como fue la testimonial, o de ofrecer otras nuevas, con lo que contravino los artículos 185 y 186 de la Ley Agraria; que no se valoraron en la sentencia las acciones ni todas las pruebas que aportó con las que acreditó los elementos de su acción; que la resolución se encuentra infundada e inmotivada y, asimismo, es contradictoria e incongruente porque estableció situaciones que no formaron parte de la litis. En la inteligencia de que en apoyo de sus agravios, el quejoso transcribe múltiples criterios que considera aplicables al caso. Son infundadas las inconformidades anteriores. Por cuestión de técnica que rige en el juicio de amparo, se analizan aquellos argumentos en los que el quejoso plantea diversas violaciones procesales que, en su opinión, acontecieron en el juicio agrario de origen; lo anterior, atento a lo que establecen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, y máxime que en la Ley Agraria no existen recursos ordinarios por medio de los cuales puedan remediarse las infracciones al procedimiento. Pues bien, de los conceptos de violación antes resumidos se advierte que el promovente del amparo expone que el tribunal responsable violó en su perjuicio el procedimiento relativo al juicio agrario 1320/2009, porque, dice, no fue escuchado; no se le dio oportunidad de desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio, como fue la testimonial, y no se le concedió el derecho de ofrecer otras nuevas probanzas, con lo que contravino los artículos 185 y 186 de la Ley Agraria, concluyó, para lo cual cita diversas tesis que considera aplicables a tales inconformidades. Al respecto, ninguna de tales violaciones expuestas resulta operante en el caso pues, en relación con su inconformidad en el sentido de que no fue escuchado durante el juicio, basta remitirse al sumario del juicio agrario para percatarse que ello no fue así, tomando en cuenta, principalmente, que el propio quejoso fue quien promovió la acción agraria, vía jurisdicción voluntaria, con la finalidad de acceder a la sucesión de los derechos del ejidatario **********, actualmente finado, reconocidos en el ejido ‘Buen Retiro’, Municipio de Guasave, Sinaloa; además se advierte del sumario que previa notificación, acudió asesorado a la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria, en la que tuvo oportunidad de ratificar su escrito de demanda y de revalidar las pruebas que anexó a su escrito para acreditar su acción, consistentes en las copias certificadas de las actas de defunción del ejidatario y del nacimiento del accionante, la lista de sucesión elaborada por el ejidatario el quince de julio de dos mil nueve y ratificada el mismo día ante el notario público licenciado José Cliserio Arana Murillo, los certificados parcelarios, presuncional e instrumental; probanzas éstas que fueron admitidas y desahogadas en su totalidad por el tribunal en la audiencia relativa por su propia naturaleza; asimismo, tuvo la oportunidad de alegar en dicha actuación judicial, y el procedimiento instaurado culminó con la sentencia motivo del acto reclamado (fojas 19 y 20). De lo anterior deriva, además, que no es verídico que la autoridad responsable dejara de desahogar las probanzas que el actor ofreció en juicio pues, como se advierte, aquellas pruebas documentales que allegó al juicio, lo mismo que la presuncional en su doble aspecto y la instrumental, fueron completamente admitidas y desahogadas por su propia naturaleza en la audiencia legal, en tanto no requerían diligencia especial para su tramitación. Si bien en la propia audiencia la autoridad responsable asentó: ‘por lo que hace a la testimonial, se tiene por perfeccionada y se procede a su desahogo’, lo que no sucedió; sin embargo, la omisión no trascendió al resultado del fallo, por la sencilla razón de que el actor en ningún momento ofreció dicha probanza, lo que significa que todo se debió a un simple error de la autoridad. Tampoco existe la violación procesal que el quejoso atribuye a la autoridad responsable, al sostener que ésta no le concedió el derecho de ofrecer nuevas probanzas; lo anterior, debido a que el actor, durante el desarrollo del juicio, no ofreció diversos medios de convicción que los antes referidos, ni existe un pronunciamiento del tribunal en el sentido negativo que se le atribuye pues, en su comparecencia en la audiencia de ley, como se dijo, reiteró aquellas que ofreció en su libelo de demanda. En tal virtud, no es exacto que el tribunal vulnerara en perjuicio del promovente las garantías de defensa y las relacionadas con las formalidades del procedimiento pues, por el contrario, aparece que se cumplieron esas máximas constitucionales; de ahí lo infundado de los agravios, cuyas tesis en que los apoya resultan inatendibles por las razones que han quedado expuestas. Tienen aplicación, los siguientes criterios del Más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen: ‘No. Registro: 200234. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, diciembre de 1995, tesis P./J. 47/95, página 133. FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ (se transcribe). ‘No. Registro: 197673. Tesis aislada. Materia(s): Común, Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, septiembre de 1997, tesis P. CXXXII/97, página 167. AUDIENCIA. EL CUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA POR EL LEGISLADOR NO IMPLICA LA POSIBILIDAD ILIMITADA DE PROBAR.’ (se transcribe). Ahora bien, una vez rebasados los aspectos procesales y determinada la inexistencia de las violaciones adjetivas alegadas por el quejoso, es dable pasar al fondo del asunto. Ya se advirtió

que el tribunal responsable en su sentencia determinó que el promovente, ahora quejoso, no acreditó los elementos de su acción, dado que la sustentó en una lista de sucesores que no cumplió con los requisitos a que aluden los artículos 17 de la Ley Agraria y 84 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, ya que no fue formalizada ante el notario público, puesto que la actuación de éste se redujo a dar fe de que ante él compareció ********** y que ratificó el contenido y firma de un documento dirigido al delegado estatal del Registro Agrario Nacional, sin que la actora, una vez ratificada esa lista, la depositara ante dicho registro conforme lo exige el citado artículo 84 de ese reglamento; que para la validez de la lista sucesoria no basta que exista el documento en que se consigna y que la firma estampada corresponde al puño y letra del ejidatario, sino que debe constar que la voluntad de éste fue disponer de sus derechos agrarios en la forma en que lo hizo ‘lo cual se logra únicamente, se insiste, si el campesino, en presencia del notario, manifiesta su voluntad sobre las personas que lo han de suceder en el uso, goce y disfrute de sus derechos parcelarios’ determinó el tribunal, y agregó, por lo que la ratificación de la lista de sucesión ante notario no es suficiente para que se cumpla con el requisito consistente en que se formalice ante fedatario, pues lo que debe quedar autentificado es la voluntad del autor de la herencia y no únicamente la autoría y firma de la lista que es lo que queda evidenciado con la diligencia de ratificación, máxime que la formulación de la lista de sucesores en materia agraria, sea ante el Registro Agrario Nacional o ante fedatario público, constituye un acto solemne que para su validez, necesariamente, debe realizarse bajo la forma prevista en la ley. En consecuencia de lo anterior, la autoridad dejó a salvo los derechos del actor para que los hiciera valer en vía y forma que corresponda. El quejoso, por su parte, en cuanto al fondo del problema, sostiene que la sentencia es violatoria de sus garantías individuales previstas en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, toda vez que demostró ser el sucesor del extinto ejidatario, mediante la lista de sucesores, cuyo documento cumple con los requisitos que señala el artículo 17 de la Ley Agraria, pues fue elaborada por notario público y fue firmada por su tío, el ejidatario; que los argumentos que expuso el tribunal responsable no son suficientes para nulificar esa lista, ya que prejuzga sobre su valor, puesto que no fue demandada previamente su nulidad, por lo que ese documento debió ser valorado adecuadamente y haberle otorgado el derecho de sucesión; que incorrectamente la autoridad funda su sentencia en una ley distinta a la agraria, por lo que no siguió los lineamientos que fija la ley relativa; que no se valoraron en la sentencia las acciones ni todas las pruebas que aportó con las que acreditó los elementos de su acción; que la resolución se encuentra infundada e inmotivada y, asimismo, es contradictoria e incongruente porque estableció situaciones que no formaron parte de la litis. Son fundados los anteriores conceptos de violación, aunque para declararlos así, es necesario suplir la queja deficiente, en términos de lo que dispone el artículo 227 de la Ley de Amparo. La litis en el presente asunto se circunscribe a dilucidar si, como consideró la responsable, la lista de sucesión formalizada ante fedatario público, a fin de que pueda considerarse válida, tiene que ser formulada ante el notario o, si bien, basta que su suscriptor ratifique ante éste el contenido y firma que calza dicho documento para que surta todos sus efectos legales correspondientes. Para darle solución a este problema, en principio, debemos acudir al texto del artículo 17 de la Ley Agraria, que establece: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). De conformidad con tal numeral, es facultad del ejidatario hacer la designación de la persona que deba sucederle en sus derechos parcelarios y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario (sucesión testamentaria), y para que ejercite ese derecho y la designación sea válida, basta que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual se deba hacer la adjudicación de derechos a su fallecimiento, y deposite esa lista en el Registro Agrario Nacional o la formalice ante fedatario público (con las mismas formalidades puede modificar esa lista, en cuyo caso es válida la de fecha posterior). El citado artículo tiene su origen en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, que dio vida a la Ley Agraria. Ahora bien, en la exposición de motivos del Ejecutivo Federal, nada se explicó en relación con la sucesión agraria, tan sólo se propuso el artículo 17 de la propia ley, en los siguientes términos: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). Luego, en el dictamen de la Cámara de Origen (de diputados) de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, no se propuso ninguna modificación al citado precepto (en lo relativo a la formalidad notarial), sólo en materia de trasmisión de derechos se indicó lo siguiente: (se transcribe). En la discusión de la Cámara de Origen celebradas los días veintiuno y veintidós de ese mismo mes y año, algunos participantes de diversos partidos propusieron una redacción al artículo 17 de la ley, dirigida más que todo al orden de preferencia en la sucesión legítima, pero conservando la figura de la protocolización inicialmente propuesta por el Ejecutivo; empero, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional propuso la siguiente: (se transcribe). De igual forma, el diputado Arturo Fuentes Benavides del Partido Acción Nacional indicó: (se transcribe). Finalmente fue aceptada la propuesta en el sentido de que la lista de sucesión debía ser formalizada ante notario público. En la Cámara Revisora, el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos, sin mayor discusión, se propuso la redacción del artículo 17 del siguiente modo: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). Sin embargo, la redacción aprobada quedó redactada tal como se propuso en la Cámara de Origen, es decir, que la lista de sucesión podía ser formalizada ante notario público. De lo anterior se observa, que el legislador dispuso que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien o quienes deban sustituirlo sucesoriamente en sus derechos sobre la parcela y en los demás que le fueren inherentes a su calidad de ejidatario. Es decir, que entre otros derechos que la Ley Agraria concede al ejidatario se encuentra el derecho de poder designar a la o a las personas que tengan que sucederle en el goce de sus derechos agrarios después de su fallecimiento, respecto de la propiedad o posesión y disfrute de su parcela ejidal. Así también, se aprecia que el legislador ordinario, atendiendo al régimen peculiar que tiene por objeto la tutela jurídica especial del ejidatario en sus derechos agrarios, y sin la necesidad de sujetarlo a determinadas reglas o formulismos que en la generalidad de los casos impera en la legislación civil en materia sucesoria, dispuso de manera ágil, sencilla y práctica, que para tal designación, bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas, así como el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Igualmente, se concede al mismo ejidatario el derecho de poder designar al cónyuge, a la concubina o concubinario, en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. Ahora bien, para que tal designación sea válida y eficaz, el mismo precepto legal establece, básicamente, dos formas de hacer la designación de sucesores, a saber: 1) Que la lista de sucesión que formule el ejidatario deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional; o bien, 2) Que esa lista de sucesión sea formalizada ante fedatario público. De lo anterior, se infiere que el ejidatario tiene la opción de manifestar su voluntad en forma expresa a través de la formulación de la lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de sus derechos a su fallecimiento, y para que esa lista tenga plena eficacia y validez, puede hacerse su depósito en el Registro Agrario Nacional, o bien, si decidiera no hacerlo de esa forma, la ley también le concede el derecho de formalizar esa misma lista de sucesión ante notario público. Pero, independientemente de estas facultades que el mencionado artículo 17 otorga al ejidatario, éste no pierde el derecho civil de otorgar testamento ordinario con todas las formalidades legales que prevalecen en esta clase de disposiciones testamentarias. Efectivamente, la Ley Agraria otorga facilidades al ejidatario para señalar a sus sucesores, pero no le impide ejercitar el derecho de otorgar testamento ordinario con las formalidades establecidas en la legislación civil respecto de todos sus derechos, incluyendo los agrarios, pues en ninguna parte del ordenamiento agrario se prohíbe que el ejidatario otorgue testamento conforme a las normas civiles, por lo que si la lista de sucesión es modificada por el propio ejidatario a través de dicho testamento posterior, éste será válido. Al respecto, resulta conveniente citar las siguientes jurisprudencias: ‘No. Registro: 192371. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, febrero de 2000, tesis 2a./J. 11/2000, página 231. SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. LA ÚLTIMA VOLUNTAD DEL EJIDATARIO FORMULADA EN TESTAMENTO NOTARIAL ES SUSCEPTIBLE DE REVOCAR O MODIFICAR LA LISTA DE SUCESIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL HECHA CON ANTERIORIDAD.’ (se transcribe). ‘No. Registro: 187564. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, marzo de 2002, tesis 2a./J. 20/2002, página 197. DERECHOS AGRARIOS. PARA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTAMENTARIA BASTA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECEN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y LOS DIVERSOS NUMERALES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.’ (se transcribe). Todo lo anterior pone de manifiesto que, en materia agraria, el ejidatario tiene la facultad de designar a las personas que habrán de sucederle en el goce de sus derechos sobre la parcela ejidal que le pertenezca, así como la de modificar la lista de sucesión hecha con anterioridad respecto de las personas y el orden de preferencia conforme al cual debe hacerse la adjudicación de tales derechos a su fallecimiento, con la obligación de depositarla en el Registro Agrario Nacional, o bien, formalizarla ante un fedatario público. Pero el hecho de que la norma legal conceda la libertad al ejidatario de formalizar ante fedatario público la lista de sucesores no implica que deba exigirse el cumplimiento de las formalidades que la ley respectiva prevé para la protocolización de actos, puesto que el legislador no lo previó finalmente así, en tanto una interpretación auténtica del numeral, se insiste, lleva a estimar que lo que se pretendió fue otorgar al ejidatario esa posibilidad de testar sus derechos en una forma ágil, práctica y sencilla, es decir, sin mayor complicaciones (sic), menos compleja y económica, tomando en cuenta la situación social del ejidatario en general, con la simple formulación de esa lista, pero con el requisito legal de formalizarla ante fedatario público, en la inteligencia de que ello no impide que el ejidatario pueda expresar su última voluntad a través de testamento, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal antes señalada. Pues bien, en la especie, quedó acreditada la calidad del ejidatario **********, toda vez que el actor anexó a su demanda sucesoria los certificados parcelarios números 171388 y 171390, que amparan las parcelas 14 Z1 P1/1 y 67 Z1 P1/1, con superficie de cuatro hectáreas, treinta y ocho áreas y treinta y cuatro punto sesenta y tres centiáreas, y dos hectáreas, ocho áreas y treinta y nueve punto ocho centiáreas, respectivamente, cuyos derechos están reconocidos en el ejido denominado ‘Buen Retiro’, Municipio de Guasave, Sinaloa. De la misma manera, quedó acreditado el fallecimiento del ejidatario, mediante el acta de defunción relativa, de la que aparece que su deceso aconteció el cuatro de septiembre de dos mil nueve. Asimismo, de la lista de sucesores que también aportó el actor, se advierte que el quince de julio de ese mismo año, **********, ante la presencia de dos testigos, dio de alta **********, como sucesor de sus derechos y aparece que ese documento fue ratificado ante el notario público licenciado Cliserio Arana Murillo, con residencia en Guasave, Sinaloa, en la misma data, ocasión en que dicho fedatario aparece envió al delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, esa lista. La lista de sucesión agraria motivo de estudio contiene los siguientes datos: ‘Delegado estatal el Registro Agrario Nacional Culiacán, Sinaloa. Presente: Por medio del presente escrito, en mi carácter de ejidatario del ejido Buen Retiro, perteneciente a este Municipio de Guasave, Sinaloa, con derechos legalmente reconocidos en dicho ejido, lo que acredito con los certificados parcelarios número 000000171388 y 000000171390, expedidos por el delegado del Registro Agrario Nacional Lic. J. Rebeca Contreras García, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con fecha 15 de agosto del 2002, habiéndose inscrito dichos certificados en el Registro Agrario Nacional bajo los folios números 25FD00155165 y 25FD00155167, que amparan las parcelas números 14 Z1 P1/1 y 67 Z1 P1/1, con superficies de 4-38-34.63 y 2-08-39.08 hectáreas, respectivamente, con las medidas y colindancias que oficialmente les corresponden; y en el uso de las facultades que me conceden los artículos 12, 14, 17, 148 y relativos a la nueva Ley Agraria, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia garatia (sic), solicito a esa secretaría se inscrita (sic) como mi sucesor, por ser mi expresa y firme voluntad, y se proceda realizar la inscripción correspondiente, en virtud de haberse cubierto los requisitos que establecen los ordenamientos legales antes invocados para designar sucesores. Causan baja como sucesores todos los inscritos de esta fecha. Firmando el interesado. Causan alta como sucesor la siguiente persona: 1. **********. En caso de que el suscrito fallezca, las parcelas de mi propiedad y descritas con anterioridad deberán adjudicarse al sucesor nombrado en este acto. Para el correcto trámite de esta solicitud, me permito acompañar copias certificadas de los certificados parcelarios que amparan los derechos que tengo sobre las parcelas anteriormente mencionadas. Atentamente. Guasave, Sinaloa, a 15 de julio de 2009. Firmando el interesado. Sr. **********.’. En foja distinta se lee: ‘El ciudadano licenciado en derecho y notario público número (171) ciento setenta y uno en el Estado, José Cliserio Arana Murillo, con residencia y ejercicio en esta municipalidad: Certifica: Que en este acto comparece ante mí: El señor **********, quien por sus generales manifestó ser mexicano, casado, mayor de edad, ejidatario, originario y vecino de Buen Retiro, de este Municipio de Guasave, Sinaloa, accidentalmente en este lugar, identificándose con credencial para votar folio número 4318066, expedida por el Instituto Federal Electoral. Dicho compareciente con (sic) manifiesta capacidad legal necesaria para contratar capacidad legal para contratar (sic) y obligarse conocido personalmente por el suscrito notario autorizante, y que en este acto vine a ratificar en todas y cada una de sus partes, el contenido del presente documento, y que la firma que lo calza es la misma que usa en todos los actos formales de su vida y que fue puesta de su puño y letra de lo que expresamente se da fe. En la ciudad de Guasave, Estado de Sinaloa, República de México, a los quince días del mes de julio del año dos mil nueve. Notario público número 171. Lic. José Cliserio Arana Murillo. Con firma y sello del notario y firma del interesado.’. Lo anterior se estima suficiente para considerar que la lista fue formalizada ante fedatario público, conforme los requisitos que exige el artículo 17 de la Ley Agraria, puesto que esta norma no exige que esa lista de sucesores deba ser protocolizada en escritura pública, ni especifíca mayores formas que no sea la formulación de una lista donde el ejidatario exprese su voluntad, en tanto el legislador no lo previó así, de manera que basta co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22771-8365b2cb/sucesion-de-derechos-agrarios-basta-que-la-lista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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