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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA ACTOS EMITIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. SI SE GENERARON CON ANTERIORIDAD AL 3 DE ABRIL DE 2013 Y EL JUICIO SE PROMOVIÓ CON POSTERIORIDAD A ESTA FECHA, EL TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA NO DEBE REGIRSE POR LA LEY VIGENTE, PUES SE APLICARÍA RETROACTIVAMENTE LA LEY EN PERJUICIO DEL QUEJOSO Y SE VIOLARÍA LA LEGALIDAD QUE RIGE AL JUICIO DE AMPARO. DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, AL DISPONER QUE LOS ACTOS QUE SE HUBIERAN DICTADO O EMITIDO CON ANTERIORIDAD A ELLA Y QUE A SU ENTRADA EN VIGOR NO HUBIERE VENCIDO EL PLAZO PARA PRESENTARLA CONFORME A LA LEY ABROGADA, ES APLICABLE PARA LOS ACTOS QUE DE ACUERDO A ÉSTA CONTABAN CON UN TÉRMINO PARA EJERCER LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, Y NO PARA AQUELLOS QUE CARECÍAN DE UNO FIJO Y PODÍAN IMPUGNARSE EN CUALQUIER MOMENTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 211/2013. · Registro digital (IUS): 24944
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-03-28
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Pág. 1191.

AMPARO EN REVISIÓN 211/2013. 13 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: TERESO RAMOS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: GUILLERMINA ALDERETE PORRAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El estudio de los agravios formulados por el quejoso recurrente, se hará atendiendo al principio de suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que quien recurre es el inculpado en la causa penal de la que deriva el acto reclamado en el juicio de garantías.

A efecto de informar el presente recurso de revisión para una mejor comprensión es necesario señalar los siguientes antecedentes:

1. El dieciséis de junio de dos mil once, el Juez Décimo Séptimo Penal del Distrito Federal, dictó en contra de **********, auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, cometido en agravio de **********.

2. El dos de mayo de dos mil doce, ********** promovió amparo indirecto contra la resolución de término constitucional mencionada, del que conoció la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, bajo el número **********, quien por resolución de siete de agosto de dos mil doce, negó el amparo al quejoso; inconforme con la determinación anterior, el impetrante promovió recurso de revisión, del que conoció este Sexto Tribunal Colegiado de Circuito, que por ejecutoria de nueve de noviembre de dos mil doce dictada en el **********, resolvió revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional a la parte quejosa, al no satisfacerse uno de los elementos del tipo de abuso de confianza, esto es, que al indiciado nunca se le transmitió la tenencia del dinero, sino que recibió éste en razón de las labores desempeñadas para la empresa ofendida.

3. El nueve de noviembre de dos mil doce, el Juez Décimo Séptimo Penal del Distrito Federal, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este Tribunal Colegiado de Circuito, decretó la libertad por falta de elementos para procesar de **********, únicamente por cuanto hacía al delito de abuso de confianza que le atribuía el Ministerio Público; asimismo, dictó formal prisión o preventiva a **********, por su probable culpabilidad penal en la comisión del delito de robo calificado (al haberse cometido por quien haya recibido la cosa en tenencia precaria), ejecutado en agravio de **********, por el cual se le instruiría el proceso.

4. Contra la determinación anterior, ********** interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que por resolución de uno de marzo de dos mil trece, dictada en el toca **********, modificó el auto de formal prisión de nueve de noviembre de dos mil doce; resolución que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de revisión.

La modificación consistió en que la Sala Penal estimó que la calificativa consistente en "por quien haya recibido la cosa en tenencia precaria", prevista en el numeral 223, fracción IV, del Código Penal del Distrito Federal, no cobraba actualidad, en virtud de que al tenerla por acreditada, implicaría hacer una reclasificación de la misma conducta; por lo que, atendiendo a los hechos advirtió que la calificativa que se actualiza es la de aprovechando alguna relación de trabajo, a que se refiere la fracción III del artículo 223 del código sustantivo en mención.

Formulados los antecedentes, se aborda el análisis de los agravios que aduce el recurrente **********, para impugnar la sentencia de veinticinco de junio de dos mil trece, los que a continuación se sintetizan.

• Que la autoridad de amparo aplica indebidamente lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que hace un pronunciamiento erróneo de la supuesta improcedencia del juicio de garantías.

• Que el "consentimiento tácito" a que alude la a quo no se actualiza en el caso en concreto, citando como sustento la tesis de rubro: "AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO, DEMANDA DE AMPARO CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO."

• Que en la especie, se actualiza una de las hipótesis salvadas por el legislador en el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el recurrente se encuentra privado de la libertad personal y con la ejecución y consumación del acto reclamado se ataca precisamente su libertad personal, por lo cual procede revocar la resolución recurrida y analizar el fondo del asunto.

• Que el criterio adoptado por la Juez constitucional de origen no otorga la protección más amplia que le asiste a estos solicitantes de derechos, al inadvertir el espíritu teleológico del arábigo 17 de la Ley de Amparo.

• Que con motivo de la reforma de derechos humanos de 10 de junio de 2011 dos mil once, se creó un bloque de constitucionalidad en relación con la protección de estos derechos, dado que el artículo 1o. constitucional indica que en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, pero además en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, en el entendido de que todas las normas relativas a los derechos humanos, se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

• Que por mandato de la propia norma constitucional en materia de derechos humanos la normatividad se conforma tanto con los derechos de esta naturaleza reconocidos por la Constitución como por los contenidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y tales preceptos que reconocen los derechos humanos, deben ser interpretados mediante un análisis conforme con la propia Constitución y con esos tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia a tales derechos.

• Que la interpretación se debe efectuar mediante la óptica jurídica de análisis interpretativo pro-persona, con base en el cual debe obtenerse el significado de las normas constitucionales y de los tratados internacionales que sea más favorable a las personas, en cuanto se logre la protección más amplia posible de sus derechos humanos.

• Que la irregularidad desplegada por el a quo hace nugatorio prácticamente el derecho de los privados de la libertad de (por su condición de desventaja) reclamar los actos de autoridad que ataquen su libertad personal.

Previo a analizar los agravios de la recurrente, como punto de partida debe decirse que la finalidad del juicio de amparo se encuentra establecida en el artículo 103 de la Ley Fundamental, mientras que su artículo 107, párrafo inicial, dispone que estarán sujetos a los procedimientos que la ley reglamentaria determine, conforme a las bases que enuncia este precepto constitucional.

Como es notorio para este Tribunal Colegiado de Circuito, el 2 dos de abril de 2013 dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que abrogó la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 10 diez de enero de 1936 mil novecientos treinta y seis, al tiempo que el decreto expidió una "nueva", la cual entró en vigor al día siguiente, esto es, el 3 tres de abril de 2013 dos mil trece.

Así, para verificar si asiste razón a **********, este órgano colegiado considera que la problemática que marca el desarrollo conceptual de este asunto, consiste en una sucesión de leyes en el tiempo, para concretamente dilucidar el siguiente punto jurídico: cuáles disposiciones legales debió aplicar la a quo y si realizó una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del recurrente; ello implica, a la vez, estudiar los preceptos concernientes de ambas Leyes de Amparo, tanto de la abrogada como de la vigente, para verificar cómo debe ser su aplicación a partir de las interpretaciones que puedan tener cabida, específicamente en lo relativo a los plazos para ejercer la acción constitucional de amparo en contra de actos que impliquen ataques a la libertad personal.

Para efectos de la diferenciación entre la retroactividad de la ley y la diferencia con su aplicación retroactiva, es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 78/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, Tomo XXXIII, abril de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular."

En el mismo tenor, es aplicable la diversa jurisprudencia 2a./J. 87/2004, ésta de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio de 2004, Tomo XX, página 415, que se transcribe enseguida:

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor."

En este asunto se analizará si fue ajustada a derecho la aplicación de los preceptos por la Juez de amparo en la sentencia recurrida, para lo cual, será necesario abordar cuestiones relacionadas con la sucesión temporal de leyes.

De ahí que, cabe hacer mención que la Ley de Amparo estatuye un sistema normativo, dirigido tanto a los sujetos procesales como a los operadores del derecho, que prescribe la acción que debe instaurarse ante la existencia de una violación constitucional, los órganos ante los que debe promoverse el juicio, las partes, las vías y los recursos; las reglas para el planteamiento, trámite y resolución de este tipo de controversias, así como los medios para la ejecución de sentencias; por ello, es válido afirmar que gran parte de esta ley reglamentaria es de carácter instrumental, pues el propio artículo 107 de la Constitución Federal le confiere tal finalidad: estatuir los procedimientos correspondientes a partir de las bases ahí establecidas.

Mas no por tratarse de disposiciones reglamentarias de artículos constitucionales ni por el hecho de ser preponderantemente instrumentales, puede concluirse que todos los dispositivos de la Ley de Amparo son de carácter procesal; más aún, puede afirmarse que no es de su calidad reglamentaria de la que emana su naturaleza adjetiva, ya que lo que le confiere a una norma tal característica es el contenido que regula y no el cuerpo legal al que pertenece.

Tales consideraciones atañen a la temática que se analizará debido a que si en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se encuentra alguna disposición que regule el término para la presentación de la demanda de amparo, será la ley reglamentaria la que prevea tal aspecto; entonces, es en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo donde tendrá alojo un aspecto contingente pero estrechamente vinculado al derecho en cuestión de carácter sustantivo de las personas: el de acción para promover amparo.

Luego, para determinar en este recurso de revisión si fue correcto el sobreseimiento decretado por la a quo, deberán tenerse como referentes los dispositivos que regulan las condiciones que debió observar el demandante en el ejercicio de su derecho de acción para incoar un juicio de amparo y verificar las cargas que debía satisfacer en el momento en que hizo uso de tal medio de defensa en contra del acto de autoridad que reclamó en su demanda.

Para ello, previamente debe establecerse en cuál Ley de Amparo, si en la abrogada o en la vigente, es en la que descansa el derecho de acción del demandante, en la medida que la aplicación de uno u otro cuerpo normativo lleva a distintas soluciones del problema.

La Ley de Amparo de 1936, abrogada, establecía en su artículo 21 como regla genérica el término para la presentación de la demanda de garantías de quince días; sin embargo, el siguiente numeral, el 22, fracción II, preveía una serie de excepciones al plazo para el ejercicio de la acción contenido en la regla general, entre las cuales se encontraba la relativa a que cuando el acto importaba ataques a la libertad personal, el amparo podría promoverse en cualquier tiempo.

Por su parte, la ley reglamentaria en vigor, establece en su artículo 17 también un plazo genérico para presentar la demanda de amparo, el cual es, al igual que en el ordenamiento abrogado, de quince días, procediendo posteriormente a señalar, en cuatro distintas fracciones, casos de excepción, entre los cuales interesa para el asunto que se resuelve, el relativo a que cuando el acto reclamado implica ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo.

Al comparar ambos dispositivos, salta a la vista una diferencia sustancial en los casos de excepción destacados, pues si bien ambas leyes prevén tiempo ilimitado para presentar una demanda de amparo en contra de actos que implican ataques a la libertad personal, la ley abrogada no precisaba característica alguna en el acto que generaba tal afectación a la libertad personal; en todo caso que el acto la implicara, no existía término para promover el juicio de amparo, mientras que en la ley en vigor, la demanda carecerá de término para su presentación exclusivamente cuando el acto implique ataques a la libertad personal, pero siempre y cuando sea "fuera de procedimiento".

En vista de lo anterior, conforme a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales vigente a partir del 3 tres de abril de 2013 dos mil trece, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier momento únicamente contra los actos que conlleven ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, mientras que si es dictado dentro de procedimiento, se infiere que el término para presentar la demanda será el genérico de quince días.

En la especie, la resolución que modifica el auto de formal prisión que reclama el quejoso fue pronunciado en un proceso que se instruye en su contra, por lo cual se está en presencia de un acto que implica, desde luego, un ataque a su libertad personal, pero no dictado fuera de procedimiento, pues emana de un causa sometida a la jurisdicción de un Juez Penal del Distrito Federal, por lo cual no puede encontrar cobijo en los casos de excepción de la nueva ley reglamentaria del juicio constitucional; en otras palabras, de ser esta ley la aplicable, el promovente del amparo habría estado obligado a impugnarlo en el término de quince días.

Por ello, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, la a quo examinó las constancias que integran el juicio de garantías y, en la audiencia constitucional determinó decretar el sobreseimiento, al advertir que se actualizaba una causa de improcedencia, a saber, la prevista en el artículo 61, fracción XIV, correlacionada con el numeral 17 del ordenamiento referido, pues consideró que el demandante consintió tácitamente el acto reclamado por no ejercer la acción constitucional en el plazo de quince días, a partir de que tuvo conocimiento del acto reclamado.

Ahora bien, entre la fecha en que se ejecutó el acto reclamado (cuando estableció que la quejosa tuvo conocimiento de él), el 5 cinco de marzo de 2013 dos mil trece, y la de la presentación de la demanda de amparo, el 24 veinticuatro de junio de 2013 dos mil trece, hubo una sucesión en el tiempo de Leyes Reglamentarias de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el 3 tres de abril de 2013 dos mil trece entró en vigor una Ley de Amparo y por virtud del artículo segundo transitorio, la predecesora ley reglamentaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 diez de enero de 1936 mil novecientos treinta y seis, quedó abrogada.

Es cierto que la persona que desea promover un juicio de amparo debe sujetarse a las disposiciones que están en vigor al momento en que decide ejercer la acción; en tal hipótesis, no se presenta ninguna problemática de que el presupuesto para entablar la controversia constitucional, es decir, el acto u omisión de la autoridad que se impugna, se origina durante la vigencia de una ley y la presentación de la demanda se efectúa dentro de ese mismo ámbito temporal de aplicación, porque no surge dificultad en torno a las condiciones que el demandante debe observar en el ejercicio de la acción: tanto en el momento en que el acto u omisión de autoridad tuvo luz, como en el que el sujeto ejerce la impugnación constitucional, las normas que rigen son las mismas.

En cambio, en casos como el que se analiza, surge una problemática porque durante la vigencia temporal de una ley se generó el acto reclamado y para cuando el gobernado decide ejercer la acción constitucional, rige un distinto cuerpo normativo, con una norma antagónica respecto de una condición que regula el ejercicio de la acción, como lo es el término para la promoción de la demanda de amparo.

Cuando el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, el 5 cinco de marzo de 2013 dos mil trece, con motivo de la notificación de la resolución mediante la cual la Sala Penal responsable, modificó el auto de formal prisión dictado por el Juez de la causa, se encontraba en vigor la Ley de Amparo, hoy abrogada, la cual le permitía impugnar ese acto en el momento que él deseara, porque implicaba una afectación a su libertad personal (artículo 22, fracción II), sin que fuera relevante si era dictado dentro o fuera de procedimiento, mientras que cuando presentó su demanda para pedir la protección federal en contra de la modificación de la formal prisión, regía ya una nueva ley con una disposición diversa que le limita el plazo para someter una determinación de tal índole a control constitucional, ya que si bien implica un ataque a la libertad personal, no es emitida fuera de procedimiento (artículo 17, fracción IV).

Ante esa circunstancia, este órgano jurisdiccional colegiado considera que tal conflicto encuentra solución en el contenido del segundo párrafo del artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo, publicado el 2 dos de abril de 2013 dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece:

"Quinto. ... Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución."

La regla que se recoge de inicio en la norma transitoria transcrita, es que para los actos dictados con anterioridad a la publicación de la ley y que al momento en que entró en vigor (3 tres de abril de 2013 dos mil trece) aún no hubiera vencido el plazo para la presentación de la demanda conforme a la Ley de Amparo abrogada, les serían aplicables los términos establecidos en la nueva ley reglamentaria.

Sin embargo, también se colige que el legislador exclusivamente reglamentó los plazos para la presentación de la demanda de amparo para aquellos actos que, conforme a la ley abrogada, contaban, precisamente, con un término para entablar la acción constitucional, no así para aquellos actos que en esa ley no fijaba un plazo y podían impugnarse en cualquier momento, es decir, para los casos de excepción, que no tenían establecido término alguno y podía promoverse el juicio de amparo en cualquier tiempo, supuesto en que esta norma transitoria no debe regir, pues la ley hace una distinción que permite al juzgador tener por diferenciados dos supuestos distintos (lo opuesto al principio de derecho de que cuando la ley no distingue no debe hacerlo el Juez).

Luego, debe estimarse que el segundo párrafo del artículo quinto transitorio, sólo establece reglas para el cómputo del plazo de presentación de la demanda, en relación con los actos generados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley reglamentaria, pero que ya en el propio cuerpo legal abrogado contaban con un término para promover amparo en su contra; sin embargo, aquellos otros actos contra los cuales la ley permitía su impugnación mediante amparo en cualquier momento, no puede regir la regla, porque específicamente el legislador hizo distingo al hablar de "los actos ... que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto", de lo que se desprende que aquellos actos, en los cuales no existía un plazo para ejercer la acción de amparo, no son susceptibles de ser abarcados por los nuevos términos estatuidos en la ley en vigor y, ante el silencio de la ley, debe realizarse la interpretación que más beneficie al eventual promovente.

Ahora bien, esta interpretación obtenida a partir de un método gramatical y lógico es suficiente para dilucidar el problema jurídico planteado; es cierto, por lo demás, que ninguna de las normas transitorias resuelve expresamente la problemática que se presenta en este asunto, pero tampoco se advierte que el artículo quinto transitorio permita que el otrora tiempo ilimitado para ejercer la acción de amparo en contra de actos que afecten la libertad personal y que fueron emitidos antes de la entrada en vigor de la nueva ley, sin importar si fue dentro o fuera de procedimiento, ahora deba ser regulado conforme a las disposiciones que rigen los nuevos plazos y que, de esa manera, hubiera comenzado a transcurrir el término para impugnarlos a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, es decir, el 3 tres de abril de 2013 dos mil trece.

De ser así, esta potestad federal se vería impedida a emitir un pronunciamiento en torno a su probable retroactividad, pero como se ha afirmado, esa disposición transitoria ni las diversas previstas en la Ley de Amparo vigente implican tales efectos y, por tanto, la problemática puede ser superada simplemente a partir de una hermenéutica gramatical y lógica del artículo quinto transitorio (que hace distinción y se refiere sólo a los actos que tienen plazo), la cual permite establecer que si para los actos que contaban con un término para impugnarse en amparo, sí hay una regla específica en torno al cómputo a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, para aquellos otros que no tenían plazo, el término para ejercer el derecho fundamental de acción con que contaba la persona antes del 3 tres de abril de 2013 dos mil trece, sigue rigiéndose conforme a la regla del ordenamiento abrogado: puede ejercerse en cualquier momento.

Por lo demás, debe quedar esclarecido por qué los actos que afectan la libertad personal, sin importar si fueron dictados dentro de procedimiento, pero emitidos con anterioridad al 3 tres de abril de 2013 dos mil trece, no deben regirse conforme a la nueva Ley de Amparo pese a su entrada en vigor, en lo relativo a los plazos para la presentación de la demanda.

Es de explorado derecho que para considerar retroactiva una norma, o bien, para determinar una aplicación de la misma naturaleza, es necesario que el precepto, o su aplicación por parte del operador jurídico, revierta su poder legal al pasado, afectando derechos adquiridos de una persona conforme a una ley o disposición anterior; pero también se conviene en que este fenómeno no se presenta con normas procesales, las cuales son, verbigracia, las que instrumentan un procedimiento, establecen términos o medios de defensa, porque tales disposiciones regulan derechos que nacen del procedimiento mismo y se agotan en una etapa procesal en que van originándose y, por ello, se rigen por la norma vigente que en ese momento los regula; de esta manera, si antes de esa etapa o fase se presenta una reforma legal que varía la instrumentación de un procedimiento, modifica un término o suprime algún recurso, no podría hablarse de aplicación retroactiva de la ley, porque no se priva de una facultad con que ya contara el individuo previamente y, por tanto, es apegado a derecho aplicar la ley vigente al momento en que se presentan los componentes de la norma, tanto el supuesto como la consecuencia.

Como se anticipó en párrafos previos, es de especial relevancia destacar que el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía el término para la interposición de la demanda, en correlación con las reglas específicas y casos de excepción marcados en el subsecuente numeral 22 para el amparo en materia penal, conforman una normativa en la que se regula un derecho fundamental de las personas: el de acceso a la justicia y a la tutela judicial, concretamente, a la justicia de carácter constitucional, impartida por los órganos del Poder Judicial de la Federación, que tutelan, en sede jurisdiccional, a través del juicio de amparo, el respeto a los derechos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte.

Se matiza que si bien es verdad que el derecho de acceder a la jurisdicción de amparo tiene su génesis primigenia en el artículo 103 de la Ley Fundamental, no menos lo es que si en la ley reglamentaria correspondiente existen normas que regulan el tiempo para accionar y la preclusión consecuente en caso de no hacerlo, resulta inconcuso que tales dispositivos inciden directamente en el aspecto toral del derecho sustantivo y, por tanto, también se incorporan a la manera o forma de hacer uso de él.

Una norma de tal carácter no debe ser confundida con una norma procesal, de cariz meramente instrumental, por el hecho de que a primera vista las disposiciones de la ley reglamentaria del juicio de amparo determinan "los procedimientos", como lo alude el artículo 107 constitucional, pues el plazo para tener acceso a la jurisdicción no es igual que aquel que regula el término, por ejemplo, para interponer un recurso (que incluso se presenta en otra etapa, una vez que ya ha sido incoado el procedimiento); esto es así porque el término que el legislador establece para acceder a la tutela judicial reviste una trascendencia mayúscula porque puntualiza y condiciona a las personas a un límite de tiempo para tal efecto; entonces, el dispositivo que exista en tal sentido da seguridad jurídica al potencial justiciable para que conozca los plazos con que cuenta y, por esa razón, una reforma legal o la abrogación de un ordenamiento, como acontece en el caso a estudio, no puede arrebatar lo que constituía ya un derecho que formaba parte de su esfera jurídica.

Al respecto, es ilustrativa la tesis aislada 1a. LXXIV/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 882, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor:

"DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24944-20db81ec/amparo-contra-actos-emitidos-dentro-de-un-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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