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Modo: Corpus Pro

ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DE PREJUBILACIÓN, PREPENSIÓN, JUBILACIÓN O PENSIÓN, POR PARTE DE LA OFICIALÍA MAYOR O SU EQUIVALENTE DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS CON AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL, MUNICIPIOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO Y LAS CORRESPONDIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE QUERÉTARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 17/2017. · Registro digital (IUS): 29332
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2020-03-06
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, Pág. 651.

AMPARO EN REVISIÓN 17/2017. 11 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GERMÁN TENA CAMPERO. SECRETARIO: SAÚL CAMACHO SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

NOVENO.—Revocación del sobreseimiento por cuanto se refiere al acto atribuido al director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Los motivos de agravio que externa el recurrente, suplidos en su deficiencia en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, son fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, en atención a lo siguiente.

I. En efecto, en contra de la determinación en la cual el Juez de Distrito sostuvo que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5o., fracción II, a contrario sentido, en virtud de que el acto reclamado no era de autoridad, por no derivar de una relación de supra a subordinación, sino que se trata de un acto entre particulares, esto es, entre patrón y trabajador (relación laboral), el recurrente expresa en su primer motivo de agravio los argumentos siguientes:

"Que los artículos 13 y 20 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, expresan que el poder público del Estado, se divide para su ejercicio, entre otras, en la función ejecutiva, y ese poder o función ejecutiva estatal, es un ente público que ejerce su función, entre otros órganos, a través de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, quien a su vez lo ejerce por medio del director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, que es una autoridad o poder público, en términos de los numerales 1, 17, 19 fracción XI y 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

"Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, anterior y posterior a las reformas realizadas el día 10 de diciembre de 2015, establecen que el titular de recursos humanos o el oficial mayor es la autoridad, o ente jurídico integrante del poder público que debe verificar que el trabajador que solicita el otorgamiento de la jubilación reúna los requisitos correspondientes, e incluso, está facultado para emitir, en un plazo determinado por la propia ley, el oficio en el que informa al jefe inmediato y al trabajador, el resultado de la decisión de la solicitud de prejubilación, remitir el expediente a la Legislatura e inclusive, facultado también para negar el otorgamiento de prejubilación, pero debidamente fundado y motivado, lo anterior, según lo dispuesto por los numerales 148 y 149 del primero de los ordenamientos jurídicos nombrados.

"Que el director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, es autoridad, al ser un órgano o poder administrativo que resuelve o decide sobre el otorgamiento de la prejubilación, y sin duda, estudia, planea, despacha y ejecuta un asunto de la administración pública del Estado en auxilio del Poder Ejecutivo, por lo que actúa provisto de imperio, pues la norma lo faculta para remitir o no remitir a la Legislatura la solicitud de jubilación, lo que afecta unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales; es decir, de forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptible de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular.

"Que, incluso, el director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, está calificado de manera expresa como autoridad responsable, puesto que el artículo 37 Bis, apartado C, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, refiere que en caso de que el ente público no dé cumplimiento al requerimiento formulado por la Legislatura estatal, a través de la comisión respectiva, es posible sancionar a la autoridad responsable, refiriéndose a ésta y pudiendo entender solamente como aquella que recibió la solicitud de jubilación.

"Que el citado director de recursos humanos no es un simple receptor de la solicitud, sino un verificador y dictaminador que filtró la solicitud y decidió no turnarla a la Legislatura del Estado, convirtiéndose en una verdadera autoridad, que decidió en definitiva negar la pensión por jubilación de manera unilateral, y además obligatoria.

"Que adicional a lo anterior, ni el oficial mayor ni el titular o director de recursos humanos, son patrones del quejoso, por lo que no existe relación de trabajo, pues su empleador es el Estado de Querétaro."

Como se adelantó, tales argumentos, analizados en su conjunto, son esencialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia en atención a lo siguiente:

A efecto de evidenciar lo anterior, es preciso señalar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, al analizar un caso análogo, como al que aquí se discute, a saber: si el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando actúa como ente asegurador, es o no autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto.

Precisado ello, durante la vigencia de la abrogada Ley de Amparo se establecieron varios criterios jurisprudenciales en el sentido de que dicho instituto, cuando actúa como ente asegurador y emite actos, ya sean de carácter positivo, negativo u omisivo, se consideraba que no ejercía actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.

Algunos de esos criterios se encuentran contenidos en las jurisprudencias 2a./J. 211/2009, 2a./J. 134/2011 y 2a./J. 12/2012, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes:

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR."

"SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL."

"SEGURO SOCIAL. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES."

Asimismo, es verdad que conforme a la abrogada Ley de Amparo, como con la nueva, las tesis de jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultan obligatorias; sin embargo, el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo dispone que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley."

Destacado lo anterior, conviene precisar ahora el contenido del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que dispone:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."

La reciente integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que, a la luz del artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la nueva Ley de Amparo, la actuación del IMSS sí puede constituir acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como lo estableció al resolver, por unanimidad de votos, el amparo en revisión 772/2015, en sesión de 28 de octubre de 2015.

En dicha resolución, la Segunda Sala emitió dos consideraciones importantes:

La primera, relativa a que el IMSS, cuando niega la pensión por viudez o cuando emite determinaciones sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social, su actuación sí es de autoridad para efectos del juicio de amparo.

La segunda, que el juicio de amparo procedía de forma excepcional, sin que mediara la jurisdicción ordinaria, cuando se reclamara la resolución que negaba la pensión por viudez, y controvirtiera la constitucionalidad del precepto en el que se fundaba dicha negativa.

Para la solución del presente asunto nos avocaremos a lo que sostuvo en relación con la primera de esas consideraciones, pues lo que nos interesa es determinar si un ente asegurador es autoridad para efectos del juicio de amparo, precisamente cuando atendiendo a esa calidad, de manera unilateral y obligatoria determina no dar trámite a la jubilación.

Precisado ello, en tal ejecutoria la citada Sala realizó un estudio sobre lo que debe entenderse actualmente por autoridad para efectos del juicio de amparo en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, para lo cual tomó en consideración dos factores: 1) El proceso legislativo que dio origen a la inclusión del nuevo concepto de autoridad; y, 2) Los criterios emitidos por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación a la luz de la Ley de Amparo anterior.

En relación con el proceso legislativo, destacó que en México era preponderante la teoría tradicional de los derechos fundamentales, cuya eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado; sin embargo, esa visión había quedado rebasada por tres razones:

a) El surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados; esto es, ya no debe verse sólo como un enemigo, sino como un aliado para hacer efectivos esos derechos.

b) La vulneración más importante de tales derechos no sólo provienen del Estado, sino también de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias.

c) La vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos, realizadas por particulares, era prácticamente nula o de una eficacia limitada.

Que, por ello, en dicho proceso legislativo se consideró que la mejor forma de plasmar el concepto en la ley era definir el acto de autoridad, y que los particulares tendrían dicha calidad cuando sus actos u omisiones fueran equivalentes a los de autoridad; que afectaran derechos en los términos del acto de autoridad, que objetivamente se definía en la fracción II, y cuya potestad o función derivara de una norma general y abstracta.

Conforme a los criterios emitidos por la propia Suprema Corte, la Segunda Sala refirió que atendiendo a éstos, las notas o elementos que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes:

a) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular;

b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad;

c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y,

d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

Por lo cual concluyó que, antes de la reforma de 2013, ya había definido las notas distintivas del carácter de autoridad, entre las cuales había superado el criterio de identificar tal calidad con la naturaleza formal del órgano, y destacó la unilateralidad de los actos por medio de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, rasgos que se contienen en la vigente Ley de Amparo, con la diferencia de que también se incluye la posibilidad de que los particulares sean llamados como autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando llevan a cabo actos equivalentes a los de autoridad.

Por tanto, bajo esa premisa, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando actúa como ente asegurador, en casos como el que resolvía (cuando niega la pensión solicitada), sí es autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque:

1) Es un ente del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de un organismo descentralizado, pues forma parte de la administración pública estatal.

2) Presta un servicio público para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado Mexicano en materia de seguridad social, cuya función está prevista y regulada por el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional y en el numeral 4o. de la Ley del Seguro Social.

3) Que en el ejercicio de esa actividad, los particulares ejercen derechos configurados legalmente y su protección se encuentra prevista en ley y, para el ejercicio de esos derechos, los particulares se encuentran en una relación de asimetría con dicho instituto, tal es el caso del derecho a las prestaciones de seguridad social previstas en la ley.

4) Que para la prestación de ese servicio el IMSS está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral u obligatoria; o, incurrir en omisiones de actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas, lo que acontecía con las determinaciones sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social, pues las emitía de forma unilateral y de manera vinculante para los particulares.

5) Que al estar prevista la función que desempeñaba el IMSS en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional y en la Ley del Seguro Social, no entablaba relaciones con los particulares en el ámbito de la autonomía de la voluntad, sino en los términos vinculantes de las propias normas que rigen su función.

Criterio que sirvió de sustento a efecto de resolver la contradicción de tesis 341/2015, la cual dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo II, junio de 2016, página 898, con número de registro digital: 2011948, de título, subtítulo y texto siguientes:

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo."

Destacado lo anterior, a criterio de este tribunal, la determinación del director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, de no dar trámite a la solicitud de pensión realizada por el quejoso, por considerar que no cumple con los requisitos previstos en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, sí es de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

Sin que pase desapercibido que este tribunal, al resolver los amparos en revisión **********, **********, entre otros, haya resuelto lo contrario, pues una nueva reflexión sobre el tema, tal y como lo hizo el Alto Tribunal, lleva a sostener una conclusión diferente, como se verá a continuación.

Para identificar dicho acto como tal, resultan aplicables las mismas distinciones que evidenció la Segunda Sala del Alto Tribunal, sin que pase desapercibido que el Juez de Distrito hubiera sostenido, en la sentencia recurrida, que no es dable aplicar por analogía lo resuelto por la citada Sala en el amparo en revisión ********** invocado, porque "...en dicho juicio se estimó que de forma excepcional, el juicio de amparo es procedente en contra de la resolución señalada como acto de aplicación de la ley (artículo 154, fracción II, de la Ley del Seguro Social), pues justamente era un amparo contra leyes, donde se atacaba en su forma destacada la norma y el acto de aplicación, aunque provenga de un particular..."

Lo anterior es así, porque contrario a ello, la Segunda Sala en ningún momento sostuvo que se trataba de un amparo contra leyes, donde se atacaba en forma destacada la norma, y como acto de aplicación el acto de un particular; y resolvió que ese acto de aplicación sí se trataba de un acto de autoridad, pues al respecto literalmente sostuvo:

"27. Por otro lado, en la resolución del recurso de revisión competencia del Tribunal Colegiado se precisó, en resumen, que la referida negativa (precisada en el precedente punto 2) no constituía un acto reclamado destacado, sino que únicamente se señaló como acto de aplicación para efecto de impugnar la constitucionalidad del artículo 154, fracción II, del ordenamiento de referencia y, por ende, se consideró que no era necesario determinar si dicho acto fue emitido con carácter de autoridad o no para afectos del juicio de amparo.

"28. En principio, ante la aludida precisión de los actos reclamados, esta Segunda Sala destaca que aun en el supuesto de que en los conceptos de violación no se reclamen vicios propios al acto de aplicación y que únicamente se señale como ‘aplicación y ejecución’, su estudio no se desvincula de la ley reclamada para efectos de la procedencia del juicio de amparo cuando se trata de prestaciones de seguridad social.

"29. Esto es así, porque la jurisprudencia 61/2000 de esta Segunda Sala, es enfática al establecer que no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación y, por ende, se debe analizar primero si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, pues de no acontecer así, el juicio de amparo resulta improcedente.

"30. La jurisprudencia es del tenor literal siguiente:

"...

"31. En esa base, puede considerarse que el acto de aplicación de una ley no siempre emana del poder de imperio que ejerce la autoridad respecto del gobernado, en una relación de supra a subordinación, sino que, incluso, en casos como el que se analiza, puede derivar de la actitud de éste frente al mandato de la norma.

"32. En efecto, de acuerdo con la litis del presente asunto, en principio procede dilucidar en qué casos el Instituto Mexicano del Seguro Social emite actos de autoridad para efectos del juicio amparo, cuando actúa como ente asegurador.

"33. En relación con esta última cuestión, esta Sala considera que el jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, de la Delegación Baja California Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí emitió un acto de autoridad, pues se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 5o., fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por las consideraciones siguientes: ..." (énfasis añadido)

Precisado ello, atendiendo al caso a estudio, el acto reclamado sí es de autoridad para efecto del juicio de amparo, al actualizarse las siguientes distinciones:

1) El director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a quien se le atribuye la calidad de autoridad responsable, es un ente del Estado.

A efecto de corroborar ello, los artículos 1, 2, 3, 17, 19, fracción XI y 32, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro prevén:

"Artículo 1. Esta ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la administración pública central del Estado.

"Forman la administración pública central del Estado de Querétaro, el gobernador y las dependencias del Poder Ejecutivo de que trata esta ley."

"Artículo 2. El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado, corresponde al gobernador, quien tendrá las atribuciones, facultades, funciones y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, esta ley y las demás disposiciones legales aplicables."

"Artículo 3. Para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias y organismos que señale la presente ley, y las demás disposiciones relativas."

"Artículo 17. Como titular de cada dependencia habrá un secretario, salvo el caso de la oficialía mayor cuyo titular se denominará oficial mayor y de la oficina de la gubernatura cuyo titular se denominará jefe de la oficina de la gubernatura, quienes, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliarán por los subsecretarios, directores generales, directores, coordinadores, subdirectores, jefes de departamento y por los demás servidores públicos que se establezcan en el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales aplicables."

"Artículo 19. Para el estudio, planeación, despacho y ejecución de los asuntos de la administración pública del Estado, auxiliarán al titular del Poder Ejecutivo las siguientes dependencias:

"...

"XI. La oficialía mayor; ..."

"Artículo 32. La oficialía mayor es el órgano encargado de prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ..." (énfasis añadido)

Transcripción de la cual se advierte que el gobernador y las dependencias del Poder Ejecutivo, entre ellas, la Oficialía Mayor, forman parte de la administración pública central del Estado de Querétaro, que el ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado, corresponde al gobernador, quien podrá auxiliarse de las dependencias y organismos que señale dicha ley, entre ellas, la Oficialía Mayor.

En relación con lo anterior, los artículos 1 y 3, fracción I, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Estado de Querétaro disponen:

"Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regir la organización y funcionamiento de la oficialía mayor, que es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, encargada de prestar el apoyo administrativo y los servicios que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado y le corresponde el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y demás actos administrativos y ordenamientos jurídicos aplicables."

"Artículo 3. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la oficialía mayor contará con las siguientes unidades administrativas:

"I. La Dirección de Recursos Humanos; ..."

Transcripción de la cual se advierte que para el despacho de los asuntos competencia de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, ésta contará con diversas unidades administrativas, entre ellas, la Dirección de Recursos Humanos.

De todos los dispositivos citados, analizados en su conjunto, evidencian que la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro es un ente del Estado, pues participa de la organización y funcionamiento de la administración pública central del Estado de Querétaro.

2) Dicho ente, presta un servicio público para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado Mexicano en materia de seguridad social.

A efecto de evidenciar lo anterior, resulta necesario traer a colación el artículo 123, apartado A, fracción XXIX y apartado B, fracción XI, en relación con los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo y 116 fracción XI, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"...

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

"...

"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"...

"XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

"a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

"b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

"c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

"d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

"e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

"f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

"Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos; ..."

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"VIII. Las leyes de los Estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los Municipios.

"Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias."

"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

"...

"VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias." (énfasis añadido)

Transcripción de la cual se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, los trabajadores de la iniciativa privada y al servicio del Estado (Poderes de la Unión y Gobierno del Distrito Federal), tienen derecho a la seguridad social, y si bien dicho precepto constitucional no es directamente aplicable a los trabajadores al servicio de los Mun

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29332-f704b126/acto-de-autoridad-para-efectos-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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