AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CUANDO ACTÚA COMO ENTE ASEGURADOR Y ORDENA EXPRESAMENTE LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE UNA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA PREVIAMENTE OTORGADA, EN VIRTUD DE ENCONTRARSE ABIERTO UN PROCESO JUDICIAL CONTRA EL PENSIONADO, POR INCONSISTENCIAS EN LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE NACIMIENTO QUE PRESENTÓ PARA OBTENER ESE DERECHO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 55/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 2 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.
Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al dos de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 55/2023, suscitada entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 69/2021, y el diverso que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al resolver los recursos de revisión 25/2022, 270/2022 y 523/2022.
2. La problemática jurídica que subyace en este caso, consiste en determinar si el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando emite un oficio en el que ordena la suspensión del pago de una pensión por cesantía en edad avanzada previamente otorgada, en virtud de encontrarse abierto un proceso judicial en contra del pensionado, por inconsistencias en el acta de nacimiento que presentó para obtener ese derecho.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio remitido vía electrónica el quince de junio de dos mil veintitrés, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 69/2021, y el diverso que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al resolver los recursos de revisión 25/2022, 270/2022 y 523/2022.
4. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, admitió a trámite la denuncia y ordenó su registro como contradicción de criterios 55/2023. En esa misma actuación, solicitó a los Tribunales Colegiados que informaran si seguían vigentes los criterios en contienda, y solicitó informe al director general de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asociada con la temática planteada.
5. Informe sobre vigencia de criterio. En auto de presidencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el que informó que el criterio sustentado en los amparos en revisión 25/2022, 270/2022 y 523/2022 de su índice, se encontraba vigente.
6. En cambio, en auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional recibió el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en el que informó que el criterio contenido en el recurso de revisión 69/2021 de su índice, ya no se encontraba vigente, debido a que en recursos de revisión posteriores (191/2021, 200/2021, 229/2021 y 260/2021), que versaban sobre el mismo problema jurídico, declaró carecer de competencia por razón de materia para resolver dichos asuntos. De lo que se hará pronunciamiento, más adelante.
7. Desahogo de la Dirección de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confirmación de turno. Mediante acuerdo de seis de julio del año en curso, el Magistrado presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el encargado del despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de tesis relacionada con la temática de este asunto, y al encontrarse debidamente integrado el expediente, se confirmó el turno del presente asunto para la ponencia A, cuya titular es la Magistrada Silvia Cerón Fernández.
II. COMPETENCIA.
8. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8o. y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 2o. del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción, territorio y domicilio, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de un Circuito (Sexto) correspondiente a esta Región.
9. Sin que pase inadvertido para este Pleno Regional que en el caso, la contradicción de criterios ocurre entre dos Tribunales Colegiados con diferente especialización, a saber, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Sexto Circuito; sin embargo, aun cuando ese supuesto no se encuentra previsto expresamente en las normas citadas con antelación, debe destacarse que de la interpretación amplia y teleológica que se efectúa a tales numerales, es factible colegir, en principio, que esta clase de contiendas debe ser resuelta por los Plenos Regionales, y luego, que dada la naturaleza de la contradicción de criterios denunciada, corresponde a este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur conocer de la presente contienda.
10. En efecto, es preciso informar que el once de marzo de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación", a través del cual, entre otros aspectos, fueron creados los Plenos Regionales, en sustitución de los Plenos de Circuito, para resolver las contradicciones de criterios que se generaran por los órganos de los distintos circuitos que conformaran su Región.
11. Derivado de esa reforma constitucional, el siete de junio de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", también conocido como la "reforma judicial".
12. En lo que a este apartado interesa, como parte de la citada reforma judicial, a través de la Ley de Amparo(1) y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) se estableció expresamente que los Plenos Regionales serían competentes para resolver las contradicciones de criterios sostenidos entre los Tribunales Colegiados de Circuito de la Región correspondiente, determinando cuál de ellas debía prevalecer.
13. En esa tesitura, los días trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales", y el "Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio."
14. Respecto del tópico relativo a la competencia, en el Acuerdo General 67/2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal replicó lo dispuesto en la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) e informó los Circuitos que comprendería cada una de las dos regiones en que se dividió el territorio de la República (Región Centro-Norte y Región Centro-Sur),(4) mientras que en el diverso Acuerdo General 108/2022, se estableció que los Plenos Regionales conocerían de los asuntos en la materia de su especialidad, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Acuerdo General 67/2022.(5)
15. De lo hasta aquí expuesto, se colige que el propósito por el cual fueron creados los Plenos Regionales, se dirige a resolver criterios contradictorios suscitados entre los Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la Región en la cual los Plenos tienen competencia, con el propósito de fomentar la producción de criterios homogéneos y permitir que sean los Plenos Regionales los que se encarguen de temas que, usualmente, comprendían interpretaciones en sede de legalidad, quitando esa carga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con ello, contribuir a su consolidación como Tribunal Constitucional.
16. En el caso, la posible contradicción denunciada ante este Pleno Regional, emana de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados con diferente especialización (laboral y administrativa), pertenecientes a un mismo Circuito que se encuentra dentro de la Región Centro-Sur, a saber, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Sexto Circuito.
17. En ese sentido, aunque es cierto que la normatividad que confiere competencia a los Plenos Regionales no prevé de manera específica quién conocerá de las contradicciones suscitadas entre criterios de Tribunales Colegiados con diferente especialización y del mismo Circuito, en ejercicio de una interpretación extensiva y teleológica, se concluye, en primer lugar, que son los Plenos Regionales los que deberán conocer de esa clase de contiendas, al tratarse de contradicciones que surgen entre órganos colegiados pertenecientes a la misma región, y en segundo término, que el Pleno Regional competente será aquel que cuente con la especialización en la materia sobre la cual versa la contradicción de que se trate.
18. Cabe precisar que el pronunciamiento aquí vertido, se estima acorde con la postura que ha adoptado la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en la contradicción de criterios 99/2023 de su índice, la presidenta del Alto Tribunal se ocupó de analizar qué sucedía con las contradicciones de criterios suscitadas entre Tribunales Colegiados con diferente especialización que pertenecían a la misma región, y en las cuales el punto a dilucidar guardaba relación con la materia común.
19. Al respecto, la presidenta del Alto Tribunal concluyó que al no existir disposición expresa que regulara aquella hipótesis, y versar la contradicción de criterios sobre aspectos comunes de la Ley de Amparo, esa clase de contiendas debía ser resuelta por el Pleno Regional que ejerciera jurisdicción por territorio y materia sobre el Tribunal Colegiado que hubiera emitido el primero de los criterios en contienda.
20. Esta decisión revela que la interpretación adoptada por la presidenta del Máximo Tribunal, sirve de pauta para sostener que son los Plenos Regionales quienes deben conocer de las posibles contradicciones de criterios sostenidas por Tribunales Colegiados con diferente especialización, pertenecientes a la misma región, atendiendo a la relevancia que posee la naturaleza del punto a dilucidar.
21. En efecto, en la aludida contradicción de criterios 99/2023, la regla que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicó para definir qué Pleno Regional era competente para conocer de la respectiva contradicción de criterios, partió de considerar la naturaleza del punto a dilucidar; sin embargo, dado que la contradicción versaba sobre la materia común (lo cual significaba que los dos Plenos Regionales que ejercían jurisdicción sobre los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados podrían tener competencia), el Alto Tribunal optó por el Pleno que ejerciera jurisdicción por territorio y materia sobre el Tribunal Colegiado que hubiera emitido el primero de los criterios en contienda.
22. Por tanto, si en la especie, no estamos frente a una aparente contradicción que esté relacionada con la materia común, sino a una cuyo punto a dilucidar corresponde a la materia administrativa, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los conflictos competenciales 155/2021(6) y 190/2021,(7) estableció que las contiendas constitucionales en las que se hubiese reclamado del Instituto Mexicano del Seguro Social la orden de suspensión de pago de una pensión por vejez y la omisión en el pago de una pensión jubilatoria, pertenecen a la materia administrativa dada la relación surgida entre el ente asegurador y el pensionado, y dado el carácter de autoridad que posee el Instituto (temas abordados en las ejecutorias contendientes), puede deducirse que es a este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, a quien le corresponde conocer de la presente contradicción, por tratarse del Pleno Regional que ejerce jurisdicción por territorio sobre los Tribunales Colegiados contendientes, al pertenecer al Sexto Circuito que forma parte de la Región Centro-Sur, y contar con la especialización en la Materia Administrativa, que posee la posible contradicción de criterios denunciada.
III. LEGITIMACIÓN
23. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.
24. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 69/2021.
25. Demanda de amparo. Una persona promovió una demanda de amparo indirecto, en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados:
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo es el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON SUBDELEGACIÓN SUR EN ESTA CIUDAD CAPITAL, siendo la ejecutora del acto administrativo que vulnera mis derechos de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso, el LIC. RAFAEL AGUILAR CERVANTES, en su carácter de Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación Puebla Sur.
"IV. ACTO RECLAMADO. Lo constituye el oficio número **********, emitido y signado por la autoridad señalada como responsable en el apartado inmediato anterior y que se acompaña a este juicio de garantías como ANEXO. Por virtud del cual, sin fundamentación y motivación suficiente, la responsable suspendió el pago de mi pensión, previamente otorgada, pagada en sus términos durante más de un año y a la que venía disfrutando como garantía constitucional en términos del artículo 4o. párrafo dieciséis de nuestro Máximo Ordenamiento Normativo, que a la letra establece:" (lo transcribe)
26. Admisión de la demanda. La demanda fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, cuya titular, en el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la admitió a trámite con el número de expediente 1101/2020, requirió su informe justificado a la autoridad responsable, y fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional.
27. Sentencia definitiva. Una vez sustanciado el procedimiento, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, la juzgadora celebró la audiencia de ley y dictó sentencia definitiva, en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio respecto del acto atribuido al titular de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por otra, otorgó la protección constitucional solicitada en contra del acto reclamado a la jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación en cita, para los siguientes efectos:
"Por tanto, al ser inconstitucional el acto atribuido de la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********** ********** ********** **********, para el efecto de que la autoridad responsable:
"a) Deje insubsistente el oficio ********** ********** por el que se comunicó a ********** ********** ********** ********** la suspensión de pago de la pensión de vejez, otorgada a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social y;
"b) Si así lo estima conducente, emita una nueva determinación en la que señale con precisión, además de las razones particulares de la suspensión de pago de la referida pensión, los fundamentos legales en que sustente su resolución."
28. Recurso de revisión. Inconforme con esa sentencia, la autoridad responsable jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, quien lo admitió a trámite con el número de expediente 69/2021, y en sesión ordinaria virtual de veinticinco de junio de dos mil veintitrés, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, revocaron la sentencia recurrida y sobreseyeron en el juicio, por las consideraciones que se transcriben a continuación:
"...
"SEXTO.—Determinación de este Tribunal Colegiado de Circuito respecto al acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social.
"En su escrito de agravios la parte recurrente afirma que fue ilegal que la A quo haya dejado de observar que en relación al acto reclamado que le fue reclamado, consistente en el oficio número ********** por el cual se determinó la suspensión de la pensión otorgada a favor del quejoso ********** ********** ********** ********** por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no fue dictado en ejercicio de una potestad pública, pues se trata de un acto emanado de la relación entre trabajador y órgano asegurador, es decir, no se trata de un acto de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo; por tanto, no tiene el carácter autoridad responsable en el juicio de amparo de origen, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. "Es fundado lo expresado por la parte recurrente ya que en efecto se actualiza una causa de improcedencia que conduce a declarar el sobreseimiento en el juicio de garantías de origen en términos del artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal.
"En efecto, en la especie se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista por el 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente:
"(Se transcribe)
"De los últimos dos preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley.
"En este sentido, destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS, se sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes:
"a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;
"b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad;
"c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y,
"d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.
"Tal criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS; cuyo rubro es ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’
"Tal necesidad de ampliar el concepto de autoridad, a fin de que el juicio de amparo cumpla con su función de tutela efectiva de los derechos humanos, fue atendida por el legislador al emitir la actual Ley de Amparo, no sólo con la adopción de las notas distintivas ya esbozadas en la jurisprudencia, sino también con la inclusión de la posibilidad de que los particulares sean llamados como autoridad al juicio de amparo, porque llevan a cabo actos equivalentes a los de autoridad.
"Ahora, en cuanto a los actos provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social debe señalarse que si bien la relación jurídica que existe entre el instituto y los asegurados no constituye, en todos los casos, una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, debe tomarse en cuenta que las prestaciones de seguridad social que derivan de esa relación se prevén en el artículo 123, apartado A, fracciones XX y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:
"‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"‘El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales se regirán:
"‘A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
"‘...
"‘XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno;
"‘XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderán seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.’
"Del precepto constitucional preinserto se coligen dos funciones esenciales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con finalidades diversas, pero ligadas.
"Una, encaminada hacia los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma, que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la Ley del Seguro Social.
"Otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar una prestación de seguridad social.
"Sobre los actos provenientes del citado Instituto en este último carácter de ente asegurador, la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 341/2015, esencialmente sostuvo:
"- Que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de organizar y administrar el seguro social, como lo dispone el artículo 5 de la Ley del Seguro Social; y que tiene su origen constitucional está previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado, pues forma parte de la administración pública estatal, de conformidad con el artículo 1o., párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
"- Que el Instituto Mexicano del Seguro Social organiza y administra el Seguro Social; que éste comprende el régimen obligatorio y el régimen voluntario; y que el régimen obligatorio incorpora los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías y prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social; por lo que en cumplimiento de lo que dispone la propia ley, debe emitir actos a través de los cuales resuelve si los asegurados o beneficiarios reúnen los requisitos legales para disfrutar de una pensión.
"- Por tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios.
"- Que cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición.
"- Que respecto de la respuesta que, en su caso, formule el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo.
"La ejecutoria de referencia dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), registro digital: 2011948, cuya fuente se ubica en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, junio de 2016, Tomo II, página 898, que dice:
"‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo.’
"Con lo reseñado hasta aquí, es posible advertir que la Segunda Sala sostiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de ente asegurador tiene la facultad para emitir actos que inciden en la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con la procedencia de pensiones que establece la ley o, incluso, puede incurrir en omisiones; motivo por el cual, excepcionalmente, será procedente el amparo cuando sea el único medio para garantizar la protección
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31913-2559dc3e/autoridad-responsable-para-efectos-del-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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