INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS DESCUENTOS QUE REALIZA A LAS PENSIONES CON MOTIVO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS, NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 223/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; LUIS MARÍA AGUILAR MORALES VOTA A FAVOR CON CONSIDERACIONES DIFERENTES. DISIDENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito (Región Centro-Norte) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito (Región Centro-Sur).
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los descuentos realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social a la pensión concedida, para el pago de los créditos otorgados por entidades financieras, deben ser o no considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Por oficio 390/2023, de seis de julio de dos mil veintitrés, el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó remitir vía MINTERSCJN a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el oficio presentado por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, mediante el cual denuncia la posible contradicción de criterios entre el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 194/2022 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 234/2022.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios con el número 223/2023 y la admitió a trámite; instruyó para que por conducto del MINTERSCJN a la presidencia de los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz y Segundo en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, remitieran, únicamente por dicho medio, la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada del escrito de agravios relativo a los amparos en revisión 234/2022 y 194/2022 de su índice, respectivamente, así como del proveído en el que informaran si el criterio sustentado en dichos asuntos se encontraba vigente(1) o, en caso de que se tuvieran por superados o abandonados, señalaran las razones que sustentaran las consideraciones respectivas y enviaran la versión digitalizada de la o las ejecutorias en las que se sostuviera el nuevo criterio, lo anterior para estar en posibilidad de integrar debidamente el expediente en que se actúa; y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
3. Avocamiento. En acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto.
4. Por diverso proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés el presidente de la Segunda Sala informó que el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que ordenó se remitiera a la Ministra ponente.
I. COMPETENCIA
5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) así como en lo establecido en los numerales 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023;(5) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios en la que se involucra la decisión de Tribunales Colegiados de diversas regiones y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. LEGITIMACIÓN
6. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II,(6) de la Ley de Amparo; ya que la formuló el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.(7)
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
7. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
• Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Amparo en revisión 194/2022.
8. Una persona jubilada, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de diversas autoridades, derivado de las indebidas retenciones y descuentos realizados a su pensión –bajo el concepto 322– por el titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de los créditos otorgados por diversas empresas financieras. Ello, debido a que éstos resultaban mayores a los permitidos en la Constitución y en la ley laboral para la recuperación de los créditos.
9. Entre los conceptos de violación que expresó la parte quejosa, señaló que las retenciones y descuentos realizados por la autoridad demandada carecían de fundamentación y motivación. Asimismo, indicó que se violaron los derechos humanos de audiencia y legalidad, toda vez que no fue llamado a un procedimiento para realizarle los descuentos señalados, ni fue notificado de un procedimiento legal o administrativo, además de que los actos reclamados no tienen origen en la ley, sino que derivan de otro acto diverso, los cuales son nulos de pleno derecho. Por último, mencionó que se violaba el derecho al mínimo vital, ya que los descuentos realizados lo dejaban sin medios para subsistir.
10. El Juzgado de Distrito resolvió sobreseer en el juicio de amparo, en virtud de que se actualizaban diversas causales de improcedencia. Entre las causales que analizó, consideró que se estaba frente a la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, esta última aplicada en sentido contrario, por no estar ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, expresó que el actuar del Instituto Mexicano del Seguro Social no fue unilateral al no proceder de iniciativa propia, sino por instrucción de la parte quejosa; además, tampoco resultaba coercitivo, pues no se empleaba la infraestructura del Estado para someter su voluntad para que se cumpliera la decisión, precisamente por ser instrucción de la propia pensionada.
11. Inconforme con esa determinación la quejosa interpuso recurso de revisión. Entre los agravios formulados indicó que, contrario a lo resuelto por el juzgador, el Instituto Mexicano del Seguro Social sí tiene el carácter de autoridad responsable de conformidad con lo que establece el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, ya que realiza y ordena los descuentos de acuerdo con la facultad que tiene como autoridad.
12. El Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió revocar la sentencia recurrida y amparar a la quejosa. Al efecto, determinó que resultaban esencialmente fundados los agravios hechos valer en relación con la causa de improcedencia mencionada. En ese sentido, consideró que conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo aquella que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
13. Conforme a lo anterior, estimó que el concepto de autoridad responsable quedaba desvinculado de su naturaleza formal y atendía a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas.
14. Asimismo, señaló que, de conformidad con lo determinado por este Alto Tribunal, así como la doctrina constitucional existen fundamentalmente tres tipos de relaciones: las de supra a subordinación, la de supraordinación y las de coordinación.
15. En ese sentido, para establecer si se trataba de un acto de autoridad susceptible de reclamarse a través del amparo constitucional se debía partir de la premisa de que sólo aquel acto dictado en el marco de una relación de supra a subordinación, entre el particular afectado y la autoridad, con motivo del ejercicio de una potestad prevista en la norma objetiva, será capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.
16. Al respecto, señaló que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 133/2021, determinó que los descuentos efectuados a jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo origen son préstamos otorgados por entidades financieras con las que ese instituto tiene convenio de colaboración, son actos administrativos, en atención a que la relación entre el pensionado y el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye una nueva relación de esta naturaleza y, con base en esa posición asimétrica (de supra a subordinación), dicho instituto puede realizar actos que crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, la situación jurídica de los pensionados, como son los descuentos a la pensión jubilatoria.
17. Consecuentemente, determinó que los descuentos reclamados por la parte quejosa, en su carácter de jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social, debían considerarse actos de autoridad para efectos del juicio constitucional, toda vez que el instituto, valiéndose de una relación de supra a subordinación, modifica, por sí y ante sí, la situación jurídica del jubilado cuando realiza los descuentos a su pensión.
• Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz. Amparo en revisión 234/2022.
18. Una persona jubilada promovió juicio de amparo indirecto, con motivo del indebido descuento y/o retención desproporcionada del pago de su pensión jubilatoria realizada por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, por concepto de un crédito contraído con una empresa financiera. Lo anterior, ya que el instituto está impedido a descontar un monto superior del treinta por ciento de la pensión jubilatoria.
19. Entre los argumentos que formuló en sus conceptos de violación, señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social violó el derecho humano de seguridad social en la vertiente de percibir una pensión jubilatoria íntegra, sin mayor restricción de las que las leyes establezcan, toda vez que sin fundamento realiza descuentos a la pensión de forma injustificada y desproporcionada. Asimismo, que la autoridad responsable carece de fundamentación alguna para descontar directamente la pensión jubilatoria en un porcentaje superior al treinta por ciento, ya que, al margen de la licitud de los créditos, el instituto demandado no puede servir de intermediario para el pago de créditos financieros celebrados entre particulares ajenos a éste y, en especial, en los montos y porcentajes efectuados.
20. El Juzgado de Distrito resolvió sobreseer en el juicio de amparo, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II del diverso artículo 5o. de la ley de la materia, esta última fracción aplicada en sentido contrario, en virtud de que no se estaba ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.
21. No conforme con dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Entre los argumentos que sostuvo, indicó que resultaba incorrecto el sobreseimiento decretado por el juzgador ya que, en el caso, el instituto no actuaba en su carácter de patrón sino como instituto garante de los derechos de seguridad social. Por lo que el instituto, como administrador de pensiones, lleva a cabo la conducta de manera unilateral, pues aun con consentimiento de la afectada, éste es nulo.
22. El Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió confirmar la resolución. En lo que interesa, indicó que contrario a lo que aducía la recurrente, en la especie, no se actualizaba uno de los requisitos que distinguen a los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, esto es, la unilateralidad del acto reclamado, entendida como la potestad de un ente para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas sin requerir para ello consenso del particular, ni acudir ante autoridad alguna, sino únicamente ejercer las facultades de las que se encuentra investido.
23. Lo anterior, ya que si bien los descuentos reclamados tenían efectos en su esfera jurídica, su origen no radicaba en el ejercicio unilateral de alguna potestad legal, sino en la ejecución de la instrucción expresa que la propia quejosa le otorgó para que lo hiciera, razón por la que la jurisprudencia invocada por la recurrente, número PC.III.A. J/1 A (11a.), de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CUANDO DECIDE SUSPENDER DERECHOS PENSIONARIOS RELACIONADOS CON LA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, DE FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA, CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE ESTABLECE LA LEY QUE LO RIGE, ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.", aplicaba en sentido opuesto a sus intereses, porque el criterio jurídico que contiene se sostiene en la circunstancia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social unilateralmente cree, modifique o extinga, ante sí, o por sí, la situación jurídica del pensionado o beneficiado, sin necesidad de contar con su consenso, o de acudir previamente a los tribunales, hipótesis que no se actualizaba ya que, en el caso, la base de los descuentos radicó en el consenso de la impetrante para que se le aplicaran los mismos.
24. Asimismo, que de la carta de instrucción se advertía que la quejosa solicitó y expresó su consentimiento, a efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social retuviera de sus percepciones en nómina, el importe y la frecuencia de pago, lo que evidenciaba que el referido instituto no actuó de forma unilateral al realizar los descuentos reclamados, ni en ejercicio de potestades derivadas del orden jurídico que le otorguen una posición de supra a subordinación, sino de conformidad con la voluntad manifestada por la recurrente, por lo que el actuar del instituto demandado no constituía una acción coercitiva desligada de la voluntad de la quejosa, por el contrario, derivaba directamente del consentimiento expreso de ésta y, por tanto, resultaba infundado lo alegado en el sentido de que el acto reclamado había sido emitido de manera unilateral.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
25. Por cuestión de orden es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso deba prevalecer como jurisprudencia.
26. Al respecto, es importante destacar que para configurar una contradicción de criterios se requiere que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de denuncia hayan:
a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean y,
b) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
27. Por tanto, hay contradicción de criterios cuando se satisfagan los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean idénticos en torno a los hechos que los sustentan.
28. En ese sentido se pronunció el Pleno de este Alto Tribunal en el criterio jurisprudencial de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8)
29. Conforme a lo anterior y, en atención a los antecedentes citados, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que en el caso sí existe la contradicción de criterios denunciada.
30. En efecto, de las sentencias emitidas por los órganos colegiados de referencia, se advierte que ambos analizaron un mismo punto de derecho, esto es, respecto a si los descuentos realizados a la pensión de los jubilados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de los créditos otorgados por diversas empresas financieras, debían considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.
31. Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, consideró que los descuentos reclamados, en su carácter de jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social, debían considerarse actos de autoridad para efectos del juicio constitucional, toda vez que el instituto, valiéndose de una relación de supra a subordinación, modificaba, por sí y ante sí, la situación jurídica del jubilado al realizar los descuentos a su pensión.
32. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, consideró que no se actualizaba uno de los requisitos que distinguen a los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, esto es, la unilateralidad del acto reclamado, entendida como la potestad de un ente para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas sin requerir para ello consenso del particular, pues de la carta de instrucción se advertía que la quejosa solicitó y expresó su consentimiento, a efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social retuviera de sus percepciones en nómina el importe para el pago, por lo que el instituto no actuó de forma unilateral al realizar los descuentos reclamados, ni en ejercicio de potestades derivadas del orden jurídico que le otorgaran una posición de supra a subordinación, sino de conformidad con la voluntad manifestada por la quejosa.
33. Con base en lo anterior, se aprecia que los órganos colegiados analizaron hipótesis jurídicas similares; no obstante, arribaron a conclusiones jurídicas divergentes.
34. Así, conforme a los criterios citados, se advierte que el punto de contradicción que subsiste y debe analizarse consiste en determinar si los descuentos realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social a la pensión de los jubilados para el pago de los créditos otorgados por entidades financieras, deben ser o no considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. V. ESTUDIO DE FONDO
35. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, de acuerdo con las siguientes consideraciones.
36. A efecto de analizar los criterios en contradicción conviene precisar el contenido del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"...
"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
"Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ..."
37. De dicho numeral se advierte, en lo que interesa, que para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo deben presentarse los siguientes supuestos: 1) tratarse de un ente u organismo del Estado (autoridad con independencia de su naturaleza formal); y 2) que dicha autoridad dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral o, en su caso, que omita el acto respectivo.
38. En ese sentido, este Alto Tribunal ha definido en diversos criterios las características que debe revestir la autoridad para efectos del juicio de amparo. Entre ellos se citan los siguientes:
"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."(9)
"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado."(10)
"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."(11)
39. De lo anterior se advierte que este Alto Tribunal a lo largo del tiempo ha definido las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado.
40. Así, se dejó de lado el concepto de fuerza pública para distinguir a las autoridades, debido a que se reconoció que la evolución de la administración pública ha originado la creación de diversos y variados entes con atribuciones y actividades distintas; de manera que se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado.(12)
41. Asimismo, se definió que para distinguir si se está frente a un acto de autoridad debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de las cuales se derivan las de coordinación, supra a subordinación y supraordinación.
42. Así, se estableció que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.
43. En cambio, se indicó que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.
44. Por último, se precisó que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de soluc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32029-e17f8fd2/instituto-mexicano-del-seguro-social-los-descuentos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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