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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CUANDO DECIDE SUSPENDER DERECHOS PENSIONARIOS RELACIONADOS CON LA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, DE FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA, CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE ESTABLECE LA LEY QUE LO RIGE, ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2020. · Registro digital (IUS): 30019
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-08-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo IV, Pág. 4239.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 31 DE MAYO DE 2021. MAYORÍA DE SEIS VOTOS, EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS, DE LOS MAGISTRADOS JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, GLORIA AVECIA SOLANO, JORGE CRISTÓBAL ARREDONDO GALLEGOS, CÉSAR THOMÉ GONZÁLEZ, LUCILA CASTELÁN RUEDA Y MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO. DISIDENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO, DE LOS MAGISTRADOS JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, GLORIA AVECIA SOLANO, CÉSAR THOMÉ GONZÁLEZ Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. DISIDENTES: JORGE CRISTÓBAL ARREDONDO GALLEGOS, LUCILA CASTELÁN RUEDA Y MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIO: ÉDGAR IVÁN ASCENCIO LÓPEZ.

Zapopan, Jalisco, resolución del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 19/2020; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.

Mediante oficio **********, suscrito por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios, entre las sustentadas por el propio órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión 68/2020; frente al diverso sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 596/2019, así como por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 70/2019 y 335/2019.

SEGUNDO.—Trámite del asunto.

Mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el presidente del Pleno de Circuito en Materia Administrativa se avocó al conocimiento, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y ordenó su registro bajo el expediente número 19/2020, en términos de lo previsto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

En el mismo acuerdo, se hizo la aclaración en el sentido de que, aunque los Tribunales Colegiados contendientes son el Primero y el Quinto, ambos en Materia Administrativa de este Circuito, lo cierto es que del análisis integral de los anexos que fueron aportados, se desprende que también forman parte de la materia de la denuncia, los amparos en revisión 70/2019 y 335/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Asimismo, se requirió a las presidencias de dichos tribunales contendientes, para el efecto de que remitieran copias certificadas de las ejecutorias pronunciadas en los amparos en revisión 68/2020, 596/2019, 70/2019 y 335/2019, de sus respectivos índices, así como de las relativas resoluciones recurridas, e informaran si los criterios sustentados en dichos asuntos se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

Mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el presidente de este Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual comunicó que de la consulta realizada en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartados plenos, sección de amparos, contradicciones de tesis y demás asuntos, así como de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte en la que el punto a dilucidar guarde relación con la temática planteada en el presente asunto.

Luego, en acuerdo de ocho de marzo siguiente, se tuvieron por recibidas las copias autorizadas de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 596/2019 y del escrito de agravios que integra ese asunto y se le tuvo informando que el criterio contenido en dicho recurso seguía vigente.

En ese mismo proveído se recibió la comunicación del secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remitió las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión 70/2019 y 335/2019 de su índice, así como las sentencias recurridas y los escritos de agravios que integran aquellos asuntos, y se informó que el criterio emitido en el amparo en revisión mencionado en último término sigue vigente.

Razón por la cual, la presidencia de este Pleno de Circuito requirió al aludido órgano colegiado para que informara si el criterio inmerso en el diverso amparo en revisión 70/2019, continuaba vigente.

Posteriormente, en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 1678/2021 firmado electrónicamente por el secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el que se le tuvo informando que el criterio contenido en dicho recurso sigue vigente.

Finalmente, en el mismo proveído se ordenó turnar el asunto a la Magistrada Claudia Mavel Curiel López, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

TERCERO.—Esquema de trabajo a distancia derivado de la contingencia de salud generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Cabe destacar que actualmente, en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación impera el esquema de trabajo a distancia por la contingencia de salud derivada del virus COVID-19, para lo cual se fijaron lineamientos para levantar la suspensión de plazos y términos procesales derivados de la citada pandemia, mediante la emisión del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, cuya vigencia se extendió del tres de agosto de dos mil veinte hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno, conforme al diverso Acuerdo General 1/2021 del mismo órgano administrativo plenario, y en términos del cual se listó y resolvió este asunto; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su texto vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno. Lo anterior, en acatamiento al punto (sic) del Acuerdo 26/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de Justicia Federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación",(1) cuya parte conducente se transcribe a continuación:

"Primera. En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y el Acuerdo General 1/2021, de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta en tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable."

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que la interponen los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Ter I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el numeral 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

Al respecto, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2019 (10a.),(2) que a la letra dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA, INCLUSO CUANDO PERTENEZCAN A ÓRGANOS DISTINTOS DE LOS CONTENDIENTES. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Fiscal General de la República, antes Procurador General de la República, los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron están legitimados para denunciar las contradicciones de tesis a que se refiere el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y si bien la fracción II del artículo 227 de esa ley confiere a los Magistrados de los Tribunales que sostuvieron los criterios discrepantes legitimación para denunciarlas, también establece que los Jueces de Distrito y los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito pueden hacerlo, sin distinguir o señalar algún límite a su legitimación; luego, por mayoría de razón, los Magistrados que pertenezcan a Tribunales Colegiados de Circuito distintos de los contendientes están legitimados para denunciarlas, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la unificación de criterios."

TERCERO.—Criterios contendientes.

Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios contendientes y las consideraciones que, respectivamente, sustentaron la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 68/2020; frente al diverso sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 596/2019, así como por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en los amparos en revisión 70/2019 y 335/2019.

Primera postura: Sentencia dictada en el amparo en revisión 68/2020 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

• Antecedentes: ********** promovió juicio de amparo indirecto contra el titular de la Subdelegación Hidalgo, a través de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, órgano operativo de la Delegación Jalisco, a quien reclamó la suspensión del pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, que le fue otorgada mediante resolución de **********, con número de folio **********, por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve, la secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, desechó la demanda de amparo, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo.

En desacuerdo con esa determinación, el quejoso interpuso el recurso de queja 260/2019, el cual en sesión de tres de octubre de dos mil diecinueve, se declaró fundado y se revocó el auto combativo para que el juzgado de amparo admitiera la demanda.

En acatamiento a dicha resolución, el secretario del juzgado, encargado del despacho, en proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, admitió la demanda, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, dio vista al fiscal de su adscripción y requirió a la autoridad responsable por su informe justificado.

El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el informe de la autoridad responsable, al que agregó copia certificada del oficio **********, de **********, suscrito por el jefe de departamento de Afiliación y Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Jalisco, Subdelegación Hidalgo, dirigido a la jefa de departamento de pensiones de la misma dependencia, donde le informa que en acatamiento al correo electrónico de veintiséis de octubre de ese año, enviado por el jefe de departamento de Supervisión, Afiliación y Vigencia, le solicita la suspensión de las prestaciones económicas que estuviera gozando el asegurado **********, con número de seguridad social **********, toda vez que de la información proporcionada por la Oficina de Catálogo de Avisos Originales (CAO) se comprobó que el número de seguridad social corresponde a otro asegurado; asimismo, con dicho informe se dio vista a las partes para su conocimiento y efectos a que hubiera lugar.

El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el quejoso presentó escrito de ampliación de demanda, pues consideró que del informe justificado se advertía la intervención de otra autoridad responsable en la emisión del acto reclamado, esto es, del jefe de departamento de Supervisión, Afiliación y Vigencia, de la Delegación Estatal en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien también le reclamó la suspensión de su pensión.

Dicho escrito fue recibido al celebrarse la audiencia constitucional de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, donde la Juez de Distrito determinó desechar la ampliación de demanda porque del estado de autos se desprendía que sobrevenía una causal de improcedencia y la ampliación no tenía incidencia alguna para evitar su actualización, cuyo estudio era de oficio.

En esa misma data, desahogada la audiencia constitucional, la a quo dictó sentencia, en la que determinó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no podía reputarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, por las razones siguientes:

a) Que el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con sus asegurados, está desprovisto del carácter de autoridad, ya que se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares que actúan en un mismo plano, de lo que se evidencia que se otorga el carácter de particular al mencionado instituto y, por ello, no podría sujetársele al juicio de derechos fundamentales;

b) Que dicho instituto tiene reconocido un doble carácter: 1) como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, caso en el que actúa como autoridad con atributos propios que la ley de (sic) otorga, bajo una relación de supra a subordinación; y, 2) como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral o con base en un acto jurídico con el que se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, caso en el que actúa en un plano de igualdad, por involucrar un acuerdo de voluntades;

c) Que debido a que el acto reclamado tiene su origen en la afectación a una prestación en dinero que otorga la Ley del Seguro Social, sí se actualiza la causa de improcedencia invocada, dado que en tales casos el instituto responsable actúa en su faceta de ente asegurador y, por ende, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo;

d) Que el Más Alto Tribunal Federal dejó establecido a la luz de la Ley de Amparo, excepcionalmente y sólo en aras de privilegiar el derecho de petición, el juicio de amparo es procedente cuando se reclama al instituto la falta de respuesta a una solicitud que le formula el gobernado, y la respuesta que recaiga a esa petición no es susceptible de impugnarse en el juicio constitucional, porque el asegurado debe actuar en la vía ordinaria laboral para dilucidar la controversia en términos del numeral 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo; y,

e) Que el instituto no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque si bien, puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación) y al resolver sólo verifica el cumplimento de los requisitos para otorgar una prestación.

Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, el que, por razón de turno le correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 68/2020.

Luego, en sesión ordinaria virtual de trece de julio de dos mil veinte, el aludido órgano colegiado dictó sentencia bajo los puntos resolutivos siguientes:

"PRIMERO.—Se revoca la interlocutoria recurrida.

"SEGUNDO.—Se ordena reponer el procedimiento en los términos precisados en el considerando noveno de esta ejecutoria.

"TERCERO.—Formúlese denuncia de la posible contradicción de criterios ante el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en términos del último de los considerandos de esta sentencia."

• Consideraciones: Para resolver en ese sentido, y en lo que interesa, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en lo que interesa para los propósitos de la presente contradicción de criterios, se apoyó en los siguientes razonamientos jurídicos:

• En principio, señaló que opuesto a lo considerado por la Juez de Distrito, la suspensión de la pensión de cesantía otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social al quejoso sí constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que la autoridad responsable lo realizó unilateral y obligatoriamente, en ejercicio de las funciones que están determinadas en la propia ley.

• Precisó que los artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; y que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por la misma ley de la materia.

• Asimismo, que es parte en el juicio la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

• Dijo que tales preceptos han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son las siguientes:

1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido.

2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas.

3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad.

• En ese mismo contexto, ponderó que en cuanto a que los actos que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de pensiones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 772/2015, consideró que:

a) En la prestación del servicio público de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral u obligatoria, o bien, puede incurrir en omisión de actos que, de realizarse, crearían, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas; caso concreto: la resolución sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social, previstas en la ley, a la que tienen derecho los particulares (asegurados o beneficiarios);

b) Que el Instituto Mexicano del Seguro Social no entabla relaciones con los particulares en el ámbito de la autonomía de la voluntad, sino en los términos vinculantes de las propias normas generales que rigen su función;

c) Que de manera excepcional, el juicio de amparo indirecto es procedente para conocer de los actos que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador y en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados; como el caso de la resolución que niega una pensión, con base en un artículo de la Ley del Seguro Social, cuya constitucionalidad es cuestionada;

d) Que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la facultad para emitir actos que incidan en la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con la procedencia de pensiones que establece la ley o, incluso, puede incurrir en omisión; motivo por el cual, excepcionalmente, será procedente el amparo para obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados; y,

e) Que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo del Estado que puede emitir actos conforme a la ley que lo regula, incluso, incurrir en omisiones, en contra de los cuales es procedente el juicio de amparo siempre que exista necesidad de proteger la efectividad de los derechos humanos involucrados.

• Derivado de lo anterior, el tribunal denunciante señaló que contrario a lo considerado por la Juez de Distrito en la sentencia recurrida, los actos reclamados sí tienen la característica de ser emitidos por una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social actuó con ese carácter frente al quejoso en su calidad de asegurado respecto de las prestaciones otorgadas por la Ley del Seguro Social, como la pensión de cesantía en edad avanzada, pues el ente asegurador reconoció expresamente que suspendió el pago de la pensión que venía percibiendo el quejoso en forma unilateral y obligatoria, en ejercicio de las funciones que están determinadas en la propia ley, lo que torna procedente el juicio de amparo.

• Que es así, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social, con independencia de su naturaleza formal como ente asegurador, actúa con el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues con el acto consistente en la suspensión de una pensión, de forma unilateral y obligatoria, esto es, no en un plano de igualdad, suspende ese beneficio que ya había sido otorgado al quejoso, con base en sus atribuciones que establece la Ley del Seguro Social, cuyo ejercicio es discrecional para actuar como una autoridad del Estado, en los términos vinculantes de las propias normas generales que rigen su función.

• Máxime que la Ley del Seguro Social en sus artículos 17, 61, 62, 114, 124, 126 y 173 establece las facultades del propio instituto para suspender las pensiones que administra el seguro social; de ahí que sí tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza, cuando en su carácter de ente asegurador suspende una pensión, de forma unilateral y obligatoria, pues al negar ese beneficio que ya había otorgado, crea, extingue o modifica una situación jurídica concreta que afecta directamente la protección y garantía constitucional y convencional del derecho humano a la seguridad social, en ejercicio de las facultades que la propia Ley del Seguro Social le confiere y, por ende, excepcionalmente, es procedente la acción constitucional.

• Conclusiones las anteriores que apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898 del Libro 31, Tomo II, junio de 2016, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro: 2011948, de rubro (sic): "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", así como en la tesis aislada (II Región) 2o.1 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, consultable en la página 1035 del Libro 44, Tomo II, julio de 2017, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro: 2014782, de rubro (sic): "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUANDO ACTÚA EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR Y NIEGA EL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN DE VIUDEZ CON FUNDAMENTO EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA, CONTRA ESA DETERMINACIÓN, EXCEPCIONALMENTE, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."

Segunda postura: Sentencia dictada en el amparo en revisión 596/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

• Antecedentes: **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del titular de la Subdelegación Juárez de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del titular del departamento de Afiliación-Vigencia de la Subdelegación Juárez de la Delegación Jalisco del referido instituto, consistentes en:

"1. A la identificada con el arábigo ‘1’ en el punto anterior, la emisión del oficio con número de referencia ********** de fecha **********.

"2. A la identificada con el arábigo ‘2’ en el punto anterior, la solicitud que elevó al titular de la Subdelegación Juárez de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sentido de que se suspenda al suscrito de sus derechos pensionarios."

El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 1668/2019, cuyo titular, el tres de octubre de dos mil diecinueve, celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia respectiva, en la que sobreseyó en el juicio de garantías, acorde a las siguientes consideraciones:

Que el acto reclamado atinente a la suspensión de la pensión por edad avanzada que se venía pagando al quejoso por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no constituye un acto de autoridad susceptible de analizarse a través del juicio de garantías, porque si bien en ciertos supuestos actúa en un plano de "supra a subordinación", lo cierto es que en el caso concreto carece de tales características, dado que actuó como ente asegurador, en cuyo supuesto se está ante una relación de coordinación entre el quejoso y las autoridades responsables.

Señaló, también, que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa frente a los derechohabientes como ente asegurador y realiza actos vinculados a las prestaciones en especie y en dinero, que reconoce la Ley del Seguro Social, tales actos no son reconocidos como de autoridad para efectos del amparo, pues si bien dicho instituto puede pronunciarse sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, al resolver no está investido de facultades de imperio y al emitir su determinación sólo verifica el cumplimiento de los requisitos legales para otorgar la prestación solicitada.

Dijo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró la postura de que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como ente fiscalizador ante los patrones (caso en el que sí tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo) y como auxiliar de la parte patronal en la proporción de las prestaciones de seguridad social, caso en el cual, no le reviste el carácter de autoridad, pues actúa en un plano de coordinación, es decir, de igualdad con los asegurados y/o sus beneficiarios.

Luego, precisó que en la hipótesis de que los asegurados estén inconformes con la determinación que emita el instituto respecto de las prestaciones que otorga, podrán acudir a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30019-382a8e7a/instituto-mexicano-del-seguro-social-imss-cuando-decide · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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